Comunicado Conjunto
Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección
y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión
Relatora Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
21 de diciembre de 2010 – Ante los acontecimientos relacionados con la divulgación de comunicaciones diplomáticas por parte de la organización Wikileaks y la posterior publicación de dicha información en los medios masivos de comunicación, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideran oportuno poner de presente una serie de principios jurídicos internacionales. Los relatores hacen un llamado a los Estados y a los demás actores relevantes para que tengan en cuenta los mencionados principios al responder a los acontecimientos mencionados.
1. El derecho de acceso a la información en poder de autoridades públicas es un derecho humano fundamental sometido a un estricto régimen de excepciones. El derecho a la libertad de expresión protege el derecho de toda persona a tener libre acceso a la información pública y a conocer las actuaciones de los gobiernos. Se trata de un derecho particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos, por lo cual ha recibido un alto grado de atención por parte de la comunidad internacional. Sin la garantía de este derecho sería imposible conocer la verdad, exigir una adecuada rendición de cuentas y ejercer de manera integral los derechos de participación política. Las autoridades nacionales deben adoptar medidas activas a fin de asegurar el principio de máxima transparencia, derrotar la cultura del secreto que todavía prevalece en muchos países y aumentar el flujo de información sujeta a divulgación.
2. En todo caso, el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un sistema limitado de excepciones, orientadas a proteger intereses públicos o privados preeminentes, como la seguridad nacional o los derechos y la seguridad de las personas. Las leyes que regulan el carácter secreto de la información deben definir con exactitud el concepto de seguridad nacional y especificar claramente los criterios que deben aplicarse para determinar si cierta información puede o no declararse secreta. Las excepciones al derecho de acceso a la información basadas, entre otras razones, en la seguridad nacional deberán aplicarse únicamente cuando exista un riesgo cierto de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea superior al interés general del público de consultar dicha información. Resulta contrario a los estándares internacionales considerar información reservada o clasificada la referente a violaciones de derechos humanos.
3. Es responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas y sus funcionarios mantener la confidencialidad de la información legítimamente reservada que se encuentre bajo su control. Las otras personas, como los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés público, no deben ser sometidas a sanciones por violación del deber de reserva, a menos que hubiesen cometido fraude u otro delito para obtenerla. Los denunciantes ("whistleblowers") que, siendo empleados gubernamentales, divulguen información sobre violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, o violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario deberán estar protegidos frente sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de buena fe. Cualquier intento de imponer sanciones ulteriores contra quienes difunden información reservada debe fundamentarse en leyes previamente establecidas aplicadas por órganos imparciales e independientes con garantías plenas de debido proceso, incluyendo el derecho de recurrir el fallo.
4. La injerencia ilegítima o las presiones directas o indirectas de los gobiernos respecto de cualquier expresión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, para incidir en su contenido por razones políticas, deben estar prohibidas por la ley. Esta injerencia ilegítima incluye las acciones interpuestas por motivos políticos contra periodistas y medios de comunicación independientes, y el bloqueo de sitios web y dominios de Internet por causas políticas. En particular, es inaceptable que los funcionarios públicos sugieran la comisión de actos ilegítimos de represalia contra quienes han difundido información reservada.
5. Los bloqueos o sistemas de filtración de Internet no controlados por usuarios finales, impuestos por un proveedor gubernamental o comercial del servicio son una forma de censura previa y no pueden ser justificados. Las empresas que proveen servicios de Internet deben esforzarse para asegurar que se respeten los derechos de sus clientes de usar Internet sin interferencias arbitrarias.
6. Los mecanismos periodísticos de autorregulación han contribuido significativamente a desarrollar buenas prácticas sobre cómo abordar y comunicar temas complejos y sensibles. La responsabilidad periodística es especialmente necesaria cuando se reporta información de fuentes confidenciales que puede afectar valiosos bienes jurídicamente protegidos como los derechos fundamentales o la seguridad de las personas. Los códigos de ética para periodistas deben contemplar la necesidad de evaluar el interés público en conocer la información. Dichos códigos también resultan de utilidad para las nuevas formas de comunicación y para los nuevos medios, los cuales deben adoptar voluntariamente buenas prácticas éticas para asegurar, entre otras cosas, que la información publicada sea precisa, presentada imparcialmente, y que no cause daño sustancial y desproporcionado a bienes jurídicos legítimamente protegidos por las leyes como los derechos humanos.
Catalina Botero Marino
Relatora Especial de la para la Libertad de Expresión
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Frank LaRue
Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección
y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión
Liga española pro derechos humanos
Liga española pro derechos humanos
sábado, 25 de diciembre de 2010
jueves, 23 de diciembre de 2010
La ‘ley Sinde’ se estrella
La llamada ley Sinde nace debido a las presiones de los lobbies de derechos de autor en España, pero sobre todo de la industria cultural de EE UU hasta el extremo de que el Gobierno norteamericano ha influenciado abiertamente sobre diversos estamentos de la administración española. A todo esto, hay que unir la patológica necesidad del propio presidente Zapatero de buscar un reconocimiento por parte de EE UU y en especial de Obama, como de manera clara y evidente revela la secuencia de documentos filtrados por WikiLeaks.
Pero éste no ha sido el único intento para introducir un procedimiento similar, recordemos que la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) ya quita a los jueces la exclusividad para retirar contenidos de las páginas web, y por dos veces durante su tramitación el Gobierno intentó introducir un procedimiento sin precedentes en el derecho español, llamado de “notificación y retirada”, es decir, una auténtica patada digital, ya que habilitaba a las gestoras de derechos de autor para que, sin declaración judicial alguna, tras unas simples notificaciones, pudieran exigir a los proveedores de Internet que retiren los contenidos de las páginas que albergan. Actualmente, tras varios intentos se logró introducir en la Ley de Economía Sostenible un paquete normativo que no tiene nada que ver con ella.
El proyecto no permite la desconexión de quienes bajen material ilícito, pero sí el cierre de las páginas que contengan material ilícito o faciliten su acceso, pero el Gobierno no ve en esto violación de derechos fundamentales, por eso no le parece necesario introducir una tutela judicial plena. Por contra, el principal partido de la oposición, el PP entiende que sí, y en su enmienda, se remite al procedimiento especial de protección reforzada de los derechos fundamentales previsto en el artículo 53.2 de la Constitución Española, introduciendo un nuevo artículo el 122 bis en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.
Tanto entonces como ahora, la movilización ciudadana ha sido notable y no ha pasado desapercibida, aunque se hayan producido comportamientos poco cívicos al haberse atacado páginas web de altos organismos de la nación, como el Congreso de los Diputados, o partidos políticos, privando a nuestros representantes de su libertad de expresión y al resto de los ciudadanos del derecho a acceder a sus servicios. Pero esta postura radical y fascista, no deslegitima para nada el discurso de defensa de las libertades. Al contrario pone en evidencia la necesidad de perfeccionar los mecanismos jurídicos para garantizar la libertad de expresión en Internet.
El motivo que ha impedido sacar la ley Sinde, ha sido la falta de apoyos del PSOE. Las razones han sido diversas: el PNV, por ejemplo, ponía el dedo en la llaga al anunciar Erkoreka “creemos que la solución que se arbitra no es la idónea, que es preciso reflexionar mucho más sobre la convergencia de las nuevas tecnologías con la propiedad intelectual, ambos bienes son dignos de ser protegidos por el ordenamiento jurídico”. Las razones de CIU fueron más interesadas al exigir a cambio un paquete de medidas fiscales en materia de vivienda e iniciativas medioambientales, educativas y energéticas. A su vez el PP, que de entrada exigía la abolición del canon, no quiso rebajar el umbral de garantías.
Pero el hecho de que la ley no haya sido aprobada, no significa que se haya resuelto el problema, al contrario el problema persiste y no sólo afecta a la industria cultural, sino también a la imagen exterior de España. Por tanto, se requiere, con premura, una solución legislativa, que respetando el sistema de garantías permita retirar de las páginas web, los contenidos ilícitos, sin necesidad de cerrarlas. Pero también es preciso articular nuevos modelos de negocio y gestión de la propiedad intelectual en sintonía con el nuevo marco tecnológico en el que se produce la creación artística y, tampoco debe olvidarse la necesidad de educar en los nuevos valores cívicos, para que la idea de que lo digital carece de valor y es gratuito, quede definitivamente desterrada.
Debe quedar claro que nadie niega a los creadores el derecho a la explotación de su obra, pero la cultura y el conocimiento también es de todos, por consiguiente es preciso compatibilizar ese derecho individual de autor, con el de general todos, y garantizar de una forma efectiva la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento y la cultura. En palabras de Víctor Hugo: “El libro, como libro, pertenece al autor, pero como pensamiento el libro pertenece al género humano. Todas las inteligencias tienen derecho de acceder a ese pensamiento. Si uno de los dos derechos, el derecho del escritor y el derecho del espíritu humano, debiera ser sacrificado, debería ser el derecho del escritor, pues el interés público es nuestra mayor preocupación, y todos, lo declaro, deben estar antes que nosotros.” (Discours d’ouverture du Congrès littéraire international de 1878.)
*Pedro Martínez es fiscal de la Comunidad de Madrid.
Pero éste no ha sido el único intento para introducir un procedimiento similar, recordemos que la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) ya quita a los jueces la exclusividad para retirar contenidos de las páginas web, y por dos veces durante su tramitación el Gobierno intentó introducir un procedimiento sin precedentes en el derecho español, llamado de “notificación y retirada”, es decir, una auténtica patada digital, ya que habilitaba a las gestoras de derechos de autor para que, sin declaración judicial alguna, tras unas simples notificaciones, pudieran exigir a los proveedores de Internet que retiren los contenidos de las páginas que albergan. Actualmente, tras varios intentos se logró introducir en la Ley de Economía Sostenible un paquete normativo que no tiene nada que ver con ella.
El proyecto no permite la desconexión de quienes bajen material ilícito, pero sí el cierre de las páginas que contengan material ilícito o faciliten su acceso, pero el Gobierno no ve en esto violación de derechos fundamentales, por eso no le parece necesario introducir una tutela judicial plena. Por contra, el principal partido de la oposición, el PP entiende que sí, y en su enmienda, se remite al procedimiento especial de protección reforzada de los derechos fundamentales previsto en el artículo 53.2 de la Constitución Española, introduciendo un nuevo artículo el 122 bis en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.
Tanto entonces como ahora, la movilización ciudadana ha sido notable y no ha pasado desapercibida, aunque se hayan producido comportamientos poco cívicos al haberse atacado páginas web de altos organismos de la nación, como el Congreso de los Diputados, o partidos políticos, privando a nuestros representantes de su libertad de expresión y al resto de los ciudadanos del derecho a acceder a sus servicios. Pero esta postura radical y fascista, no deslegitima para nada el discurso de defensa de las libertades. Al contrario pone en evidencia la necesidad de perfeccionar los mecanismos jurídicos para garantizar la libertad de expresión en Internet.
El motivo que ha impedido sacar la ley Sinde, ha sido la falta de apoyos del PSOE. Las razones han sido diversas: el PNV, por ejemplo, ponía el dedo en la llaga al anunciar Erkoreka “creemos que la solución que se arbitra no es la idónea, que es preciso reflexionar mucho más sobre la convergencia de las nuevas tecnologías con la propiedad intelectual, ambos bienes son dignos de ser protegidos por el ordenamiento jurídico”. Las razones de CIU fueron más interesadas al exigir a cambio un paquete de medidas fiscales en materia de vivienda e iniciativas medioambientales, educativas y energéticas. A su vez el PP, que de entrada exigía la abolición del canon, no quiso rebajar el umbral de garantías.
Pero el hecho de que la ley no haya sido aprobada, no significa que se haya resuelto el problema, al contrario el problema persiste y no sólo afecta a la industria cultural, sino también a la imagen exterior de España. Por tanto, se requiere, con premura, una solución legislativa, que respetando el sistema de garantías permita retirar de las páginas web, los contenidos ilícitos, sin necesidad de cerrarlas. Pero también es preciso articular nuevos modelos de negocio y gestión de la propiedad intelectual en sintonía con el nuevo marco tecnológico en el que se produce la creación artística y, tampoco debe olvidarse la necesidad de educar en los nuevos valores cívicos, para que la idea de que lo digital carece de valor y es gratuito, quede definitivamente desterrada.
Debe quedar claro que nadie niega a los creadores el derecho a la explotación de su obra, pero la cultura y el conocimiento también es de todos, por consiguiente es preciso compatibilizar ese derecho individual de autor, con el de general todos, y garantizar de una forma efectiva la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento y la cultura. En palabras de Víctor Hugo: “El libro, como libro, pertenece al autor, pero como pensamiento el libro pertenece al género humano. Todas las inteligencias tienen derecho de acceder a ese pensamiento. Si uno de los dos derechos, el derecho del escritor y el derecho del espíritu humano, debiera ser sacrificado, debería ser el derecho del escritor, pues el interés público es nuestra mayor preocupación, y todos, lo declaro, deben estar antes que nosotros.” (Discours d’ouverture du Congrès littéraire international de 1878.)
*Pedro Martínez es fiscal de la Comunidad de Madrid.
martes, 7 de diciembre de 2010
El derecho a la información diplomática
EL PAÍS - Opinión - 07-12-2010
Las últimas filtraciones de Wikileaks han aportado súbitamente una gran transparencia al campo de la diplomacia internacional. Este Cablegate plantea, entre otras, la pregunta de si quien publicó la información actuó legal o éticamente. Existe, sin embargo, otra forma de acercarse a esta cuestión: ¿actuaron legal o éticamente aquellos que a priori debían pero no hicieron pública la información?
El derecho de acceso a la información, reconocido por la legislación internacional y por más de 80 leyes a nivel nacional (no en España), nos otorga a todos el derecho a saber qué hacen nuestros Gobiernos. Incluye no solo nuestro derecho a saber lo que hacen nuestros Gobiernos a nivel nacional, sino también lo que hacen cuando nos representan a nivel internacional. Estamos en nuestro derecho a exigir a aquellos que nos representan una rendición de cuentas completa, también cuando nos representan internacionalmente, y esto implica recibir información completa.
Las solicitudes de información solo pueden ser rechazadas si su publicación pudiese causar un daño demostrable sobre ciertos intereses legítimos, tales como la seguridad nacional y la privacidad de las personas. El secreto es justificable únicamente si la publicación pudiera desencadenar un daño grave. La vergüenza pública no es un daño grave.
Muchos de los documentos de la última filtración de Wikileaks humillan directamente a algunos Gobiernos porque muestran los tejemanejes de estos detrás de los focos. Los Gobiernos no tienen un "derecho" a decir una cosa frente al público y otra a sus espaldas.
El principio fundamental del derecho a saber es que las autoridades públicas trabajan en nombre de los ciudadanos y que, en consecuencia, la transparencia debe ser la regla y el secreto la excepción. Sin embargo, algunos representantes de Gobiernos alegan la existencia de un derecho de los Gobiernos a comunicarse entre ellos en secreto y añaden que este derecho es inherente a la soberanía de los Estados. Esta postura es propia del siglo XIX. A principios del siglo XXI, los intereses de las naciones soberanas no son otros sino aquellos de sus ciudadanos, quienes tienen el derecho a saber qué es lo que se ha dicho y hecho en su nombre.
Hillary Clinton, entre otros, ha calificado esta filtración como un robo y un ataque a la comunidad internacional. Este juicio a Julian Assange, fundador de Wikileaks, y a los medios que han publicado dicha información, parece completamente injustificado. En primer lugar, Wikileaks no es más que el receptor de una información que ha difundido utilizando un criterio de periodismo profesional y ponderando el interés público de la información en cuestión. En cuanto a la posterior publicación de esta información por parte de otros medios, no es, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un delito dado que la información estaba ya en el dominio público y, además, fue previamente sometida a un exhaustivo trabajo de investigación periodística, desarrollado con diligencia y profesionalidad.
La cuestión no es quién cometió el crimen de filtrar la información, sino qué crímenes puede desvelar esta información. Si los documentos filtrados revelan que ciertos Gobiernos han estado espiando a organizaciones internacionales o que están involucrados en casos de tortura, estos serían los verdaderos crímenes. En concreto, aún no se le han exigido explicaciones a los que intentaron frenar las actuaciones de la justicia española en, por ejemplo, el caso Couso; tampoco a los que trasladaron ilegalmente a prisioneros a Guantánamo haciendo escala en España; y tampoco a los que intentaron silenciar a la ciudadanía española, que ejercía su derecho de libertad de expresión al criticar la guerra de Irak.
Un analista se refirió al lunes de la semana pasada como "el día en que la diplomacia murió". La diplomacia no ha muerto, a menos que esa sea la consecuencia del aumento de la transparencia y de la participación en los Gobiernos. Lo que sí es verdad es que la diplomacia no volverá a ser la misma porque de ahora en adelante el público exigirá mayor transparencia, más honestidad y mejor rendición de cuentas.
Cualquier Gobierno que no atienda a estas llamadas de atención se encontrará con que la presión aumentará y ocurrirán filtraciones. Access Info Europe ha sido testigo una y otra vez de cómo cuando los Gobiernos ocultan información clave para una ciudadanía responsable, la presión se acumula y las informaciones son finalmente filtradas. España es un ejemplo perfecto de un país en el que reina la cultura de las filtraciones por este mismo motivo; sin ir más lejos, el mismo proyecto de ley de transparencia tuvo que ser filtrado, ya que el Gobierno negaba a través del silencio el acceso al mismo.
La información nunca debería ser filtrada y Wikileaks no debería ser necesario. Pero hasta que los Gobiernos no apliquen las reglas adecuadas de transparencia e informen a la sociedad sobre lo que hacen con los poderes y el dinero públicos, las filtraciones seguirán existiendo. La cantidad de información filtrada no debería ser un indicador de actividad criminal por parte de los funcionarios o de los periodistas, sino un indicador del fracaso en el respeto del derecho de todos a saber.
HELEN DARBISHARE / PAM BARTLETT
Las últimas filtraciones de Wikileaks han aportado súbitamente una gran transparencia al campo de la diplomacia internacional. Este Cablegate plantea, entre otras, la pregunta de si quien publicó la información actuó legal o éticamente. Existe, sin embargo, otra forma de acercarse a esta cuestión: ¿actuaron legal o éticamente aquellos que a priori debían pero no hicieron pública la información?
El derecho de acceso a la información, reconocido por la legislación internacional y por más de 80 leyes a nivel nacional (no en España), nos otorga a todos el derecho a saber qué hacen nuestros Gobiernos. Incluye no solo nuestro derecho a saber lo que hacen nuestros Gobiernos a nivel nacional, sino también lo que hacen cuando nos representan a nivel internacional. Estamos en nuestro derecho a exigir a aquellos que nos representan una rendición de cuentas completa, también cuando nos representan internacionalmente, y esto implica recibir información completa.
Las solicitudes de información solo pueden ser rechazadas si su publicación pudiese causar un daño demostrable sobre ciertos intereses legítimos, tales como la seguridad nacional y la privacidad de las personas. El secreto es justificable únicamente si la publicación pudiera desencadenar un daño grave. La vergüenza pública no es un daño grave.
Muchos de los documentos de la última filtración de Wikileaks humillan directamente a algunos Gobiernos porque muestran los tejemanejes de estos detrás de los focos. Los Gobiernos no tienen un "derecho" a decir una cosa frente al público y otra a sus espaldas.
El principio fundamental del derecho a saber es que las autoridades públicas trabajan en nombre de los ciudadanos y que, en consecuencia, la transparencia debe ser la regla y el secreto la excepción. Sin embargo, algunos representantes de Gobiernos alegan la existencia de un derecho de los Gobiernos a comunicarse entre ellos en secreto y añaden que este derecho es inherente a la soberanía de los Estados. Esta postura es propia del siglo XIX. A principios del siglo XXI, los intereses de las naciones soberanas no son otros sino aquellos de sus ciudadanos, quienes tienen el derecho a saber qué es lo que se ha dicho y hecho en su nombre.
Hillary Clinton, entre otros, ha calificado esta filtración como un robo y un ataque a la comunidad internacional. Este juicio a Julian Assange, fundador de Wikileaks, y a los medios que han publicado dicha información, parece completamente injustificado. En primer lugar, Wikileaks no es más que el receptor de una información que ha difundido utilizando un criterio de periodismo profesional y ponderando el interés público de la información en cuestión. En cuanto a la posterior publicación de esta información por parte de otros medios, no es, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un delito dado que la información estaba ya en el dominio público y, además, fue previamente sometida a un exhaustivo trabajo de investigación periodística, desarrollado con diligencia y profesionalidad.
La cuestión no es quién cometió el crimen de filtrar la información, sino qué crímenes puede desvelar esta información. Si los documentos filtrados revelan que ciertos Gobiernos han estado espiando a organizaciones internacionales o que están involucrados en casos de tortura, estos serían los verdaderos crímenes. En concreto, aún no se le han exigido explicaciones a los que intentaron frenar las actuaciones de la justicia española en, por ejemplo, el caso Couso; tampoco a los que trasladaron ilegalmente a prisioneros a Guantánamo haciendo escala en España; y tampoco a los que intentaron silenciar a la ciudadanía española, que ejercía su derecho de libertad de expresión al criticar la guerra de Irak.
Un analista se refirió al lunes de la semana pasada como "el día en que la diplomacia murió". La diplomacia no ha muerto, a menos que esa sea la consecuencia del aumento de la transparencia y de la participación en los Gobiernos. Lo que sí es verdad es que la diplomacia no volverá a ser la misma porque de ahora en adelante el público exigirá mayor transparencia, más honestidad y mejor rendición de cuentas.
Cualquier Gobierno que no atienda a estas llamadas de atención se encontrará con que la presión aumentará y ocurrirán filtraciones. Access Info Europe ha sido testigo una y otra vez de cómo cuando los Gobiernos ocultan información clave para una ciudadanía responsable, la presión se acumula y las informaciones son finalmente filtradas. España es un ejemplo perfecto de un país en el que reina la cultura de las filtraciones por este mismo motivo; sin ir más lejos, el mismo proyecto de ley de transparencia tuvo que ser filtrado, ya que el Gobierno negaba a través del silencio el acceso al mismo.
La información nunca debería ser filtrada y Wikileaks no debería ser necesario. Pero hasta que los Gobiernos no apliquen las reglas adecuadas de transparencia e informen a la sociedad sobre lo que hacen con los poderes y el dinero públicos, las filtraciones seguirán existiendo. La cantidad de información filtrada no debería ser un indicador de actividad criminal por parte de los funcionarios o de los periodistas, sino un indicador del fracaso en el respeto del derecho de todos a saber.
HELEN DARBISHARE / PAM BARTLETT
lunes, 6 de diciembre de 2010
Comunicado en relación con la declaración del Estado de Alarma para controlar el absentismo laboral de lo controladores aéreos
Dudas sobre la procedencia oportunidad y constitucionalidad de la declaración del Estado de Alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo
Para determinar la situación jurídica de los controladores, que a partir del pasado viernes, han paralizado los aeropuertos españoles, tenemos que analizar distintas situaciones: los hechos y la reacción gubernamental.
En cuanto a lo primero. Desde el momento en que los controladores han iniciado su huelga salvaje están incurriendo en un delito de sedición previsto en el art. 20 de la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea (LPPNA), que castiga con penas de prisión de seis meses a ocho años cuando "el hecho se comete con la intención de interrumpir la navegación", ya que la LPPNA es de aplicación preferente, por aplicación del principio de especialidad, tanto ante el Código Penal Ordinario, como al Código Penal Militar. Por consiguiente se trata de una cuestión de actuación de la jurisdicción ordinaria, que debería haber reaccionado desde el primer momento y no por estímulos tan exacerbados.
¿Pero cuál ha sido la respuesta gubernamental? La militarización y, la declaración del Estado de Alarma.
A.- ) En relación con la primera cuestión. La militarización, ya hemos dicho que la LPPNA sigue siendo 'lex specialis' frente a la 'lex generalis' del Código Penal Militar y que dicha militarización se produce en base a la Ley 50/1969, de 26 de abril, Básica de Movilización Nacional, una ley preconstitucional, y, en segundo lugar, porque, como se deduce del Preámbulo de dicha Ley, estamos ante una norma que está pensando primordialmente en "la defensa de la Nación" frente a conflictos armados, lo que evidentemente no es el caso.
B.-) En cuanto a la segunda cuestión, referente a la procedencia de la declaración del estado de Alarma, es preciso recordar la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, ex artículo 4º establece que: “El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución podrá declarar el Estado de Alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:
Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.
Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.”
Evidentemente el supuesto que contempla el Real Decreto 1673/2010 prima facie quedaría amparado en el apartado, c) del artículo 4º de la referida Ley, al haberse producido la paralización de servicios públicos esenciales de la Comunidad, en este caso el transporte aéreo, ya que al ser la huelga ilegal, no se han pactado servicios mínimos para garantizar el cumplimiento de esos servicios esenciales.
Esta sería la primera puntualización que conviene tener presente para evitar situaciones equivocas, y es que estas medidas excepcionales, como es el Estado de Alarma, no es posible acordarlas para garantizar la plenitud del servicio por esencial que este sea. Si fuera así determinados colectivos como la sanidad, transportes públicos, colectivos vinculados a la protección civil, incluso los jueces no podrían hacer huelga y esto ha sucedido y no se ha declarado el Estado de Alarma. Al contrario, estos acontecimientos seguirán sucediendo gracias a que vivimos en una sociedad que gestiona sus conflictos de una forma democrática.
No se trata pues de negar a los controladores aéreos un derecho fundamental como es la huelga, sino el haberla planteado unilateralmente de forma egoísta y abusiva, con desprecio a los procedimientos legales vigentes, lo que ha impedido establecer unos servicios mínimos, y sobre todo con desprecio al resto de ciudadanos, sean o no usuarios de tales servicios públicos de transporte aéreo. Esto les acarrea unas responsabilidades penales severas establecidas en la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea (LPPNA).
En consecuencia: la Ley exige dos requisitos: el primero, consiste en que se trate de la paralización de un servicio esencial cuando no se garanticen los servicios mínimos, requisito que evidentemente se da en este caso, el segundo, ( y este es es el quid de la cuestión), consiste en que además debe concurrir alguna de las circunstancias contenidas en el referido artículo. Algo que es este caso no sucede ya que no se trata de ninguna catástrofe natural como las enumeradas, terremotos, incendios, inundaciones, ni de una grave crisis sanitaria, ni existe riesgo de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
La razón de que la Ley exija este segundo requisito, es clara desde una perspectiva constitucional y de defensa de los derechos fundamentales, en este caso la protección del derecho fundamental al derecho de huelga contenido en el artículo 28 de la C.E, ya que si no fuera así siempre que una huelga no respetara los servicios mínimos, por ejemplo la huelga reciente del metro de Madrid, conllevaría la declaración del estado de alarma y esto supondría de facto una limitación severa del derecho a la huelga.
En conclusión, el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, es desproporcionado, viola la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. Y, lo peor es inútil ya que la militarización es ficticia, pues los tipos penales aplicables como hemos referenciado son los de la LPPNA, y, no los del Código Penal de Justicia Militar que por otra parte son mucho más livianos.
La Liga Española Pro Derechos Humanos confía en que Congreso de los Diputados, impida que esta situación antijurídica e inútil persista y se vuelva a la normalidad constitucional.
LIGA ESPAÑOLA PRO DERECHOS HUMANOS
Para determinar la situación jurídica de los controladores, que a partir del pasado viernes, han paralizado los aeropuertos españoles, tenemos que analizar distintas situaciones: los hechos y la reacción gubernamental.
En cuanto a lo primero. Desde el momento en que los controladores han iniciado su huelga salvaje están incurriendo en un delito de sedición previsto en el art. 20 de la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea (LPPNA), que castiga con penas de prisión de seis meses a ocho años cuando "el hecho se comete con la intención de interrumpir la navegación", ya que la LPPNA es de aplicación preferente, por aplicación del principio de especialidad, tanto ante el Código Penal Ordinario, como al Código Penal Militar. Por consiguiente se trata de una cuestión de actuación de la jurisdicción ordinaria, que debería haber reaccionado desde el primer momento y no por estímulos tan exacerbados.
¿Pero cuál ha sido la respuesta gubernamental? La militarización y, la declaración del Estado de Alarma.
A.- ) En relación con la primera cuestión. La militarización, ya hemos dicho que la LPPNA sigue siendo 'lex specialis' frente a la 'lex generalis' del Código Penal Militar y que dicha militarización se produce en base a la Ley 50/1969, de 26 de abril, Básica de Movilización Nacional, una ley preconstitucional, y, en segundo lugar, porque, como se deduce del Preámbulo de dicha Ley, estamos ante una norma que está pensando primordialmente en "la defensa de la Nación" frente a conflictos armados, lo que evidentemente no es el caso.
B.-) En cuanto a la segunda cuestión, referente a la procedencia de la declaración del estado de Alarma, es preciso recordar la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, ex artículo 4º establece que: “El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución podrá declarar el Estado de Alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:
Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.
Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.”
Evidentemente el supuesto que contempla el Real Decreto 1673/2010 prima facie quedaría amparado en el apartado, c) del artículo 4º de la referida Ley, al haberse producido la paralización de servicios públicos esenciales de la Comunidad, en este caso el transporte aéreo, ya que al ser la huelga ilegal, no se han pactado servicios mínimos para garantizar el cumplimiento de esos servicios esenciales.
Esta sería la primera puntualización que conviene tener presente para evitar situaciones equivocas, y es que estas medidas excepcionales, como es el Estado de Alarma, no es posible acordarlas para garantizar la plenitud del servicio por esencial que este sea. Si fuera así determinados colectivos como la sanidad, transportes públicos, colectivos vinculados a la protección civil, incluso los jueces no podrían hacer huelga y esto ha sucedido y no se ha declarado el Estado de Alarma. Al contrario, estos acontecimientos seguirán sucediendo gracias a que vivimos en una sociedad que gestiona sus conflictos de una forma democrática.
No se trata pues de negar a los controladores aéreos un derecho fundamental como es la huelga, sino el haberla planteado unilateralmente de forma egoísta y abusiva, con desprecio a los procedimientos legales vigentes, lo que ha impedido establecer unos servicios mínimos, y sobre todo con desprecio al resto de ciudadanos, sean o no usuarios de tales servicios públicos de transporte aéreo. Esto les acarrea unas responsabilidades penales severas establecidas en la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea (LPPNA).
En consecuencia: la Ley exige dos requisitos: el primero, consiste en que se trate de la paralización de un servicio esencial cuando no se garanticen los servicios mínimos, requisito que evidentemente se da en este caso, el segundo, ( y este es es el quid de la cuestión), consiste en que además debe concurrir alguna de las circunstancias contenidas en el referido artículo. Algo que es este caso no sucede ya que no se trata de ninguna catástrofe natural como las enumeradas, terremotos, incendios, inundaciones, ni de una grave crisis sanitaria, ni existe riesgo de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
La razón de que la Ley exija este segundo requisito, es clara desde una perspectiva constitucional y de defensa de los derechos fundamentales, en este caso la protección del derecho fundamental al derecho de huelga contenido en el artículo 28 de la C.E, ya que si no fuera así siempre que una huelga no respetara los servicios mínimos, por ejemplo la huelga reciente del metro de Madrid, conllevaría la declaración del estado de alarma y esto supondría de facto una limitación severa del derecho a la huelga.
En conclusión, el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, es desproporcionado, viola la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. Y, lo peor es inútil ya que la militarización es ficticia, pues los tipos penales aplicables como hemos referenciado son los de la LPPNA, y, no los del Código Penal de Justicia Militar que por otra parte son mucho más livianos.
La Liga Española Pro Derechos Humanos confía en que Congreso de los Diputados, impida que esta situación antijurídica e inútil persista y se vuelva a la normalidad constitucional.
LIGA ESPAÑOLA PRO DERECHOS HUMANOS
viernes, 26 de noviembre de 2010
La Fiscalia de la Audiencia Nacional se posiciona al lado del Reino de Marruecos
CONTRA LA FALACIA
El informe emitido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional el día de ayer 25 de noviembre, sostiene el carácter preferente de las jurisdicciones del lugar donde se comete el delito por encima de la española.
Así pues, el fiscal expone que para respetar la primacía de la jurisdicción de Marruecos, es preciso que se envíe a la zona una comisión rogatoria para solicitar información sobre la realidad de la investigación anunciada por la Fiscalía de El Aaiún y sobre los hechos denunciados por los querellantes
Es cierto que el artículo 23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2009 en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial limita el alcance del principio de “Justicia Universal” exigiendo determinados puntos de conexión con España que antes no se requerían y, establece un principio de subsidiariedad de la justicia española en aplicación del principio de “justicia universal”, de forma que el proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o cuando un Tribunal internacional haya iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.
Hasta aquí llega la Ley, pero el Derecho es algo más complejo que una Ley oportunista y la reforma no desautoriza la jurisprudencia anterior sobre la Jurisdicción Universal, en particular la sentencia 237/2005, de 26 de septiembre de 2005 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, en la que asienta sus fundamentos, al decir: La jurisdicción universal "no se rige por el principio de subsidiariedad, sino por el de concurrencia, pues precisamente su finalidad es evitar la impunidad", aplicándose el principio de no necesidad de intervención cuando está actuando la jurisdicción territorial. Esto no faculta para exigir la acreditación plena de la inactividad de dicha jurisdicción territorial para admitir la querella, sino la aportación de indicios razonables de que los crímenes denunciados no han sido hasta la fecha perseguidos de modo efectivo, lo que se desprende en este caso de la documentación aportada.
Es decir se tiene que esperar para comprobar si la investigación es realmente efectiva, lo que significa que España no archivaría nunca esos procedimientos sino que se suspenden hasta que se pueda comprobar que se ha producido una investigación efectiva de los hechos.
Pero, por otra parte, es preciso resaltar que cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial en el reformado artículo 23. 4, se refiere a la previa existencia de un procedimiento, debe ser entendido como un procedimiento judicial, tal y como lo concibe nuestro Ordenamiento jurídico. Es decir que reúna los principios y garantías introducidas por la Constitución Española en su artículo 24 y desarrolladas por la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir el respeto al “procedimiento debido”, lo cual no ampara cualquier investigación, sino solo a aquellas que soportan unas exigencias jurídicas mínimas de respeto a los derechos humanos establecidas por las sociedades democráticas y plasmadas en sus documentos constitucionales, y tratados internacionales, como los Tratados de Roma de 25 de marzo de 1957, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).
Evidentemente la investigación iniciada por la fiscalía de Marruecos no cumple estos requisitos, ya que el Reino de Marruecos, no es un régimen democrático, ni es un Estado de Derecho, ni tiene un Poder Judicial independiente y, mucho menos lo es la fiscalía de ese país. Por consiguiente esa argumentación es pura falacia: Es decir la Justicia de Marruecos no inspira confianza a las sociedades democráticas, no reúne las garantías mínimas exigibles desde la comunidad democrática internacional, como lo demuestra el hecho de que el propio Parlamento de la Unión Europea en su sesión del 25 de noviembre entre otros acuerdos negó a la justicia y las instituciones de Marruecos la objetividad e imparcialidad precisa para llevar acabo una investigación veraz sobre los hechos al establecer que “las Naciones Unidas serían el órgano más adecuado para llevar a cabo una investigación independiente a nivel internacional para esclarecer los hechos, las muertes y las desapariciones y en este sentido debe ser interpretado el nuevo artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo contrario sería reconocer la vigencia de los procedimientos inquisitivos que incluyen la tortura y todo tipo de violación de los derechos humanos y tratos degradantes como técnicas de investigación.
Por otra parte se debe recordad que Marruecos, es el único país africano que actualmente no es miembro de la Unión Africana (UA) ya que en 1984 la asamblea de la Organización para la Unidad Africana (OUA) predecesora de la UA aceptó como miembro a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ocupada militarmente por Marruecos desde 1975 con los únicos votos en contra de Marruecos y su aliada Zaire.
El informe emitido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional el día de ayer 25 de noviembre, sostiene el carácter preferente de las jurisdicciones del lugar donde se comete el delito por encima de la española.
Así pues, el fiscal expone que para respetar la primacía de la jurisdicción de Marruecos, es preciso que se envíe a la zona una comisión rogatoria para solicitar información sobre la realidad de la investigación anunciada por la Fiscalía de El Aaiún y sobre los hechos denunciados por los querellantes
Es cierto que el artículo 23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2009 en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial limita el alcance del principio de “Justicia Universal” exigiendo determinados puntos de conexión con España que antes no se requerían y, establece un principio de subsidiariedad de la justicia española en aplicación del principio de “justicia universal”, de forma que el proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o cuando un Tribunal internacional haya iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.
Hasta aquí llega la Ley, pero el Derecho es algo más complejo que una Ley oportunista y la reforma no desautoriza la jurisprudencia anterior sobre la Jurisdicción Universal, en particular la sentencia 237/2005, de 26 de septiembre de 2005 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, en la que asienta sus fundamentos, al decir: La jurisdicción universal "no se rige por el principio de subsidiariedad, sino por el de concurrencia, pues precisamente su finalidad es evitar la impunidad", aplicándose el principio de no necesidad de intervención cuando está actuando la jurisdicción territorial. Esto no faculta para exigir la acreditación plena de la inactividad de dicha jurisdicción territorial para admitir la querella, sino la aportación de indicios razonables de que los crímenes denunciados no han sido hasta la fecha perseguidos de modo efectivo, lo que se desprende en este caso de la documentación aportada.
Es decir se tiene que esperar para comprobar si la investigación es realmente efectiva, lo que significa que España no archivaría nunca esos procedimientos sino que se suspenden hasta que se pueda comprobar que se ha producido una investigación efectiva de los hechos.
Pero, por otra parte, es preciso resaltar que cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial en el reformado artículo 23. 4, se refiere a la previa existencia de un procedimiento, debe ser entendido como un procedimiento judicial, tal y como lo concibe nuestro Ordenamiento jurídico. Es decir que reúna los principios y garantías introducidas por la Constitución Española en su artículo 24 y desarrolladas por la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir el respeto al “procedimiento debido”, lo cual no ampara cualquier investigación, sino solo a aquellas que soportan unas exigencias jurídicas mínimas de respeto a los derechos humanos establecidas por las sociedades democráticas y plasmadas en sus documentos constitucionales, y tratados internacionales, como los Tratados de Roma de 25 de marzo de 1957, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).
Evidentemente la investigación iniciada por la fiscalía de Marruecos no cumple estos requisitos, ya que el Reino de Marruecos, no es un régimen democrático, ni es un Estado de Derecho, ni tiene un Poder Judicial independiente y, mucho menos lo es la fiscalía de ese país. Por consiguiente esa argumentación es pura falacia: Es decir la Justicia de Marruecos no inspira confianza a las sociedades democráticas, no reúne las garantías mínimas exigibles desde la comunidad democrática internacional, como lo demuestra el hecho de que el propio Parlamento de la Unión Europea en su sesión del 25 de noviembre entre otros acuerdos negó a la justicia y las instituciones de Marruecos la objetividad e imparcialidad precisa para llevar acabo una investigación veraz sobre los hechos al establecer que “las Naciones Unidas serían el órgano más adecuado para llevar a cabo una investigación independiente a nivel internacional para esclarecer los hechos, las muertes y las desapariciones y en este sentido debe ser interpretado el nuevo artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo contrario sería reconocer la vigencia de los procedimientos inquisitivos que incluyen la tortura y todo tipo de violación de los derechos humanos y tratos degradantes como técnicas de investigación.
Por otra parte se debe recordad que Marruecos, es el único país africano que actualmente no es miembro de la Unión Africana (UA) ya que en 1984 la asamblea de la Organización para la Unidad Africana (OUA) predecesora de la UA aceptó como miembro a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ocupada militarmente por Marruecos desde 1975 con los únicos votos en contra de Marruecos y su aliada Zaire.
jueves, 25 de noviembre de 2010
Sáhara Occidental: El Parlamento Europeo pide una investigación independiente de la ONU
Estrasburgo, 25 de noviembre de 2010
La Eurocámara ha aprobado hoy una resolución en la que "condena con firmeza" los violentos incidentes que se produjeron en el campamento de Agdaym Izik en el Sáhara Occidental. Los diputados consideran que la ONU sería el órgano más adecuado para llevar a cabo "una investigación independiente a nivel internacional" para esclarecer los hechos.
El texto, aprobado en votación a mano alzada, ha sido pactado por los grupos PPE, socialistas y demócratas, liberales, verdes, izquierda unitaria y conservadores y reformistas.
En la resolución, el Parlamento Europeo manifiesta "su más profunda preocupación" por el notable deterioro de la situación en el Sáhara Occidental, y "condena con firmeza" los violentos incidentes que se produjeron el pasado 8 de noviembre, cuando un número todavía desconocido de personas murieron durante la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes dirigida a desmantelar el campamento de protesta de Agdaym Izik, cerca de El Aaiún.
Los diputados toman nota de la constitución por parte del Parlamento marroquí de una comisión de investigación encargada de investigar los hechos, pero consideran que "las Naciones Unidas serían el órgano más adecuado para llevar a cabo una investigación independiente a nivel internacional para esclarecer los hechos, las muertes y las desapariciones".
La Eurocámara también "pide a todas las partes que mantengan la calma y se abstengan de llevar a cabo cualquier nuevo acto de violencia".
Por otra parte, la resolución lamenta los ataques contra la libertad de prensa y de información que han sufrido numerosos periodistas europeos, y pide a Marruecos que permita el libre acceso de la prensa, los observadores independientes y las organizaciones humanitarias al Sáhara Occidental y su libre circulación dentro del territorio.
Próximos pasos
Además de reclamar una investigación independiente, el PE insiste en la necesidad de establecer un mecanismo de control de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Igualmente, pide a la Comisión que incremente la ayuda humanitaria destinada a los refugiados saharauis que viven en la región de Tinduf, cuyo número se estima entre 90.000 y 165.000, para ayudarles a cubrir sus necesidades básicas de alimentos, agua, alojamiento y servicios médicos.
La UE apoya plenamente los esfuerzos del Secretario General de Naciones Unidas y de su Enviado Personal en favor de una solución "política justa, duradera y mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo saharaui".
La comisión de Asuntos Exteriores acogerá el próximo 1 de diciembre un debate sobre este tema con representantes de todas las partes implicadas en el conflicto.
Debate
En el debate celebrado ayer por la tarde participaron los siguientes eurodiputados españoles (por orden de intervención):
José Ignacio SALAFRANCA (PPE) recordó que, aunque Marruecos es un socio estratégico de la UE, no por ello el PE puede "mirar a otro lado", sino que debe alzar la voz y proclamar sus principios y valores democráticos. Salafranca dijo que la moderación en la defensa de los derechos humanos "es una debilidad y una cobardía" que, como representante de los ciudadanos de la UE, no se puede permitir la Eurocámara.
Raül ROMEVA I RUEDA (Verdes/ALE) condenó "de forma alta, clara y firme" la manera en que se desmanteló el campamento de Agdaym Izik. Además, exigió una investigación independiente supervisada por la ONU. "No se puede poner al mismo nivel a las dos partes, no todos tienen la misma responsabilidad ni usan las mismas armas. Debemos pedir a Marruecos que cese su hostilidad con el pueblo saharaui".
Willy MEYER (GUE/NGL) señaló que "es inaceptable la intromisión permanente de la administración marroquí en esta institución. Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental, por lo tanto este Parlamento tiene que lanzar un mensaje muy claro a la comunidad internacional y a los saharauis, que son los que tienen que decidir su futuro mediante un referéndum de autodeterminación".
Antonio MASIP HIDALGO (S&D) recalcó que "el campamento es paradigma de la distancia entre Marruecos y el pueblo saharaui" y añadió que "Marruecos reprime con odio a quien considera pueblo distinto". "Evitemos la liquidación de un pueblo digno, heroico, amigo de Europa", concluyó.
María MUÑIZ (S&D) dejó claro que "es necesaria una resolución justa en el marco de Naciones Unidas" y pidió a Marruecos "que redoble esfuerzos para llegar a una solución negociada". También solicitó al Frente Polisario que "mantenga la calma y no recurra a la violencia". Finalmente, valoró positivamente la apertura de una investigación por parte de Marruecos, aunque "esto no reemplaza la libertad informativa", dijo.
Izaskun BILBAO (ALDE) solicitó a la ONU una investigación independiente para aclarar lo ocurrido porque "no hay información fiable". Pidió calma a las partes, pues "resolver este problema requiere un diálogo permanente entre Marruecos y el pueblo Saharaui, basado en el respeto mutuo". "Hay que denunciar siempre las vulneraciones de los derechos humanos. No importa quiénes, ni dónde, ni cómo, ni por qué las protagonicen", destacó.
Santiago FISAS (PPE) declaró que "Marruecos es un amigo de la Unión Europea y entre amigos no es bueno que haya dudas o malentendidos". Consideró "imprescindible una investigación internacional y que la MINURSO amplíe su mandato para vigilar el respeto de los derechos humanos". "El gobierno de España no puede mirar a otro lado", concluyó.
La Eurocámara ha aprobado hoy una resolución en la que "condena con firmeza" los violentos incidentes que se produjeron en el campamento de Agdaym Izik en el Sáhara Occidental. Los diputados consideran que la ONU sería el órgano más adecuado para llevar a cabo "una investigación independiente a nivel internacional" para esclarecer los hechos.
El texto, aprobado en votación a mano alzada, ha sido pactado por los grupos PPE, socialistas y demócratas, liberales, verdes, izquierda unitaria y conservadores y reformistas.
En la resolución, el Parlamento Europeo manifiesta "su más profunda preocupación" por el notable deterioro de la situación en el Sáhara Occidental, y "condena con firmeza" los violentos incidentes que se produjeron el pasado 8 de noviembre, cuando un número todavía desconocido de personas murieron durante la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes dirigida a desmantelar el campamento de protesta de Agdaym Izik, cerca de El Aaiún.
Los diputados toman nota de la constitución por parte del Parlamento marroquí de una comisión de investigación encargada de investigar los hechos, pero consideran que "las Naciones Unidas serían el órgano más adecuado para llevar a cabo una investigación independiente a nivel internacional para esclarecer los hechos, las muertes y las desapariciones".
La Eurocámara también "pide a todas las partes que mantengan la calma y se abstengan de llevar a cabo cualquier nuevo acto de violencia".
Por otra parte, la resolución lamenta los ataques contra la libertad de prensa y de información que han sufrido numerosos periodistas europeos, y pide a Marruecos que permita el libre acceso de la prensa, los observadores independientes y las organizaciones humanitarias al Sáhara Occidental y su libre circulación dentro del territorio.
Próximos pasos
Además de reclamar una investigación independiente, el PE insiste en la necesidad de establecer un mecanismo de control de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Igualmente, pide a la Comisión que incremente la ayuda humanitaria destinada a los refugiados saharauis que viven en la región de Tinduf, cuyo número se estima entre 90.000 y 165.000, para ayudarles a cubrir sus necesidades básicas de alimentos, agua, alojamiento y servicios médicos.
La UE apoya plenamente los esfuerzos del Secretario General de Naciones Unidas y de su Enviado Personal en favor de una solución "política justa, duradera y mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo saharaui".
La comisión de Asuntos Exteriores acogerá el próximo 1 de diciembre un debate sobre este tema con representantes de todas las partes implicadas en el conflicto.
Debate
En el debate celebrado ayer por la tarde participaron los siguientes eurodiputados españoles (por orden de intervención):
José Ignacio SALAFRANCA (PPE) recordó que, aunque Marruecos es un socio estratégico de la UE, no por ello el PE puede "mirar a otro lado", sino que debe alzar la voz y proclamar sus principios y valores democráticos. Salafranca dijo que la moderación en la defensa de los derechos humanos "es una debilidad y una cobardía" que, como representante de los ciudadanos de la UE, no se puede permitir la Eurocámara.
Raül ROMEVA I RUEDA (Verdes/ALE) condenó "de forma alta, clara y firme" la manera en que se desmanteló el campamento de Agdaym Izik. Además, exigió una investigación independiente supervisada por la ONU. "No se puede poner al mismo nivel a las dos partes, no todos tienen la misma responsabilidad ni usan las mismas armas. Debemos pedir a Marruecos que cese su hostilidad con el pueblo saharaui".
Willy MEYER (GUE/NGL) señaló que "es inaceptable la intromisión permanente de la administración marroquí en esta institución. Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental, por lo tanto este Parlamento tiene que lanzar un mensaje muy claro a la comunidad internacional y a los saharauis, que son los que tienen que decidir su futuro mediante un referéndum de autodeterminación".
Antonio MASIP HIDALGO (S&D) recalcó que "el campamento es paradigma de la distancia entre Marruecos y el pueblo saharaui" y añadió que "Marruecos reprime con odio a quien considera pueblo distinto". "Evitemos la liquidación de un pueblo digno, heroico, amigo de Europa", concluyó.
María MUÑIZ (S&D) dejó claro que "es necesaria una resolución justa en el marco de Naciones Unidas" y pidió a Marruecos "que redoble esfuerzos para llegar a una solución negociada". También solicitó al Frente Polisario que "mantenga la calma y no recurra a la violencia". Finalmente, valoró positivamente la apertura de una investigación por parte de Marruecos, aunque "esto no reemplaza la libertad informativa", dijo.
Izaskun BILBAO (ALDE) solicitó a la ONU una investigación independiente para aclarar lo ocurrido porque "no hay información fiable". Pidió calma a las partes, pues "resolver este problema requiere un diálogo permanente entre Marruecos y el pueblo Saharaui, basado en el respeto mutuo". "Hay que denunciar siempre las vulneraciones de los derechos humanos. No importa quiénes, ni dónde, ni cómo, ni por qué las protagonicen", destacó.
Santiago FISAS (PPE) declaró que "Marruecos es un amigo de la Unión Europea y entre amigos no es bueno que haya dudas o malentendidos". Consideró "imprescindible una investigación internacional y que la MINURSO amplíe su mandato para vigilar el respeto de los derechos humanos". "El gobierno de España no puede mirar a otro lado", concluyó.
martes, 23 de noviembre de 2010
Ciber-acción por el Sahara
Ciber-acción europarlamentarios/as: escríbeles lo que piensas y muéstrales tu repulsa
El día diez de octubre comenzó una gran protesta pacífica, en la que más de 20.000 saharauis reivindicaban su derecho al trabajo, a la no discriminación y al usufructo de sus recursos naturales, estableciendo un campamento de 7000 haimas a 15 kilómetros de la ciudad de El Aaiún. 30 días después el gobierno de Marruecos ordenó a su ejército el asalto y la destrucción del campamento saharaui de Agdaym Iziken. Ha habido 28 personas muertas, 723 heridas y 159 desaparecidas, sin contar a quienes se encuentran en los cuarteles militares o la cárcel, ni en los hospitales.
Al mismo tiempo, las fuerzas de ocupación han instigado y armado a colonos de la ciudad de El Aaiún que, junto a policías de paisano, asaltan domicilios, negocios y queman vehículos de propiedad saharaui. El ejército marroquí ha declarado el Estado de sitio en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental.
No existe la opción del silencio como no existe la posibilidad de parar las justas demandas del pueblo saharaui. Lo que sí existe es la posibilidad de proteger a quienes están sufriendo represión. Por ello hemos creado esta herramienta, para transmitir por todos los canales posibles la demanda universal de justicia, dignidad y respeto por la vida de quienes hoy son perseguidas por militares profesionales y cuadrillas paramilitares a través de las calles de El Aaiún. Entre todas las que usemos esta herramienta podemos colaborar para exigir al Europarlamento que se pronuncie.
Propuestas a tener en cuenta en la redacción de tu mensaje:
Pideles la suspension de todo acuerdo comercial con el reino de Marruecos hasta que la justici aclare lo sucedido
Explícales brevemente con tus propias palabras lo que está sucediendo, cuéntales como te sientes y que deberían hacer en tu nombre.
Pídeles que le exijan al gobierno marroquí el cese de la violencia que está ejerciendo contra la población saharaui en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental.
Explícales con tus propias palabras que la ONU debe de tomar cartas en el asunto haciendo cumplir el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como las resoluciones adoptadas para los Territorios No Autónomos.
Explícales que deben pedir a la ONU que el Consejo de Seguridad otorgue a la MINURSO la capacidad de monitorizar los Derechos Humanos, informando directamente al Consejo de Seguridad.
Recuérdales que la ONU tiene la obligación de proteger a la población de un Territorio No Autónomo, mientras permanecen a la espera de la celebración del Referéndum de Autodeterminación, en conformidad con las Resoluciones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad y de la Unión Africana.
Reclama al Gobierno de Zapatero que detenga de inmediato la venta de armas al gobierno alauita, con las que el ejército de ocupación asesina, tortura y reprime al pueblo saharaui.
Pídeles que alcen la voz para permitir la entrada de civiles que puedan hacer la labor de observación internacional, al igual que libre acceso a la prensa.
Exígeles que se pronuncien ante el Parlamento Europeo, demandando la intervención de éste y del resto de la comunidad internacional.
Pídeles que exijan la liberación inmediata de las saharauis detenidas ilegalmente, hay cientos de personas desaparecidas-detenidas.
--------------------------------------------------------------------------------
Rellenando el siguiente formulario puedes enviar un mensaje a todos tus representantes en el Europarlamento, pídeles que exijan al gobierno marroquí el cese de la violencia contra la población saharaui además de tus demandas. Escríbeles lo que consideres oportuno pero sé respetuoso, solo de esta manera nuestras peticiones serán escuchadas.
El formulario se encuentra en:
http://saharaindependiente.org/spip.php?article917
El día diez de octubre comenzó una gran protesta pacífica, en la que más de 20.000 saharauis reivindicaban su derecho al trabajo, a la no discriminación y al usufructo de sus recursos naturales, estableciendo un campamento de 7000 haimas a 15 kilómetros de la ciudad de El Aaiún. 30 días después el gobierno de Marruecos ordenó a su ejército el asalto y la destrucción del campamento saharaui de Agdaym Iziken. Ha habido 28 personas muertas, 723 heridas y 159 desaparecidas, sin contar a quienes se encuentran en los cuarteles militares o la cárcel, ni en los hospitales.
Al mismo tiempo, las fuerzas de ocupación han instigado y armado a colonos de la ciudad de El Aaiún que, junto a policías de paisano, asaltan domicilios, negocios y queman vehículos de propiedad saharaui. El ejército marroquí ha declarado el Estado de sitio en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental.
No existe la opción del silencio como no existe la posibilidad de parar las justas demandas del pueblo saharaui. Lo que sí existe es la posibilidad de proteger a quienes están sufriendo represión. Por ello hemos creado esta herramienta, para transmitir por todos los canales posibles la demanda universal de justicia, dignidad y respeto por la vida de quienes hoy son perseguidas por militares profesionales y cuadrillas paramilitares a través de las calles de El Aaiún. Entre todas las que usemos esta herramienta podemos colaborar para exigir al Europarlamento que se pronuncie.
Propuestas a tener en cuenta en la redacción de tu mensaje:
Pideles la suspension de todo acuerdo comercial con el reino de Marruecos hasta que la justici aclare lo sucedido
Explícales brevemente con tus propias palabras lo que está sucediendo, cuéntales como te sientes y que deberían hacer en tu nombre.
Pídeles que le exijan al gobierno marroquí el cese de la violencia que está ejerciendo contra la población saharaui en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental.
Explícales con tus propias palabras que la ONU debe de tomar cartas en el asunto haciendo cumplir el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como las resoluciones adoptadas para los Territorios No Autónomos.
Explícales que deben pedir a la ONU que el Consejo de Seguridad otorgue a la MINURSO la capacidad de monitorizar los Derechos Humanos, informando directamente al Consejo de Seguridad.
Recuérdales que la ONU tiene la obligación de proteger a la población de un Territorio No Autónomo, mientras permanecen a la espera de la celebración del Referéndum de Autodeterminación, en conformidad con las Resoluciones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad y de la Unión Africana.
Reclama al Gobierno de Zapatero que detenga de inmediato la venta de armas al gobierno alauita, con las que el ejército de ocupación asesina, tortura y reprime al pueblo saharaui.
Pídeles que alcen la voz para permitir la entrada de civiles que puedan hacer la labor de observación internacional, al igual que libre acceso a la prensa.
Exígeles que se pronuncien ante el Parlamento Europeo, demandando la intervención de éste y del resto de la comunidad internacional.
Pídeles que exijan la liberación inmediata de las saharauis detenidas ilegalmente, hay cientos de personas desaparecidas-detenidas.
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Rellenando el siguiente formulario puedes enviar un mensaje a todos tus representantes en el Europarlamento, pídeles que exijan al gobierno marroquí el cese de la violencia contra la población saharaui además de tus demandas. Escríbeles lo que consideres oportuno pero sé respetuoso, solo de esta manera nuestras peticiones serán escuchadas.
El formulario se encuentra en:
http://saharaindependiente.org/spip.php?article917
domingo, 21 de noviembre de 2010
NOTA DE PRENSA DE LA LIGA ESPAÑOLA PRO DERECHOS HUMANOS
En relación con la querella presentada el día 15 de noviembre ante la Audiencia Nacional por la masacre del Aaiún el pasado 8 de noviembre, quiere hacer algunas puntualizaciones: 1º).- La imposibilidad de ofrecer mayor precisión en los hechos mientras no se acuerde la protección de testigos, para no comprometer la vida, ni la integridad de quienes los presenciaron. 2ª).- Mañana lunes 24 los familiares del asesinado Baby Hamday Buyema, presentaran una querella con la misma representación y dirección letrada que la Liga Española pro Derechos Humanos. 3º).- la Liga Española pro Derechos Humanos presentara ante el Juzgado correspondiente de la Audiencia Nacional un escrito solicitando que se incorpore al procedimiento toda la información que el CNI pudiera tener sobre la masacre del Aaiún y ofrecerá la lista de aquellos testigos, que por ser personalidades de notoriedad pública y altos cargos del frente Polisario han mostrado su conformidad para declarar sin que su identidad sea mantenida en secreto. Esto demuestra la confianza puesta por la población saharaui y sus líderes en la Liga Española pro Derechos Humanos y en la Justicia española.
Es precisamente por esto, por lo que ante el llamamiento efectuado por el frente Polisario a la población saharaui para tomar las armas contra el Reino de Marruecos, la Liga Española pro Derechos Humanos quiere dejar claro que repudia toda forma de violencia, provenga de donde provenga, al tiempo que proclama el respeto por el Derecho Internacional, los derechos humanos y la Justicia como única forma de solución del conflicto y, esto no será posible hasta que el pueblo saharaui ejerza el derecho a elegir su futuro sobre su territorio por ser de Justicia y sobre todo su patria.
La Liga Española pro Derechos Humanos quiere recordar, que el Reino de Marruecos, ni cuando se firmaron los fatídicos acuerdos de Madrid de 1975 promovidos por la dictadura franquista era una democracia, ni es un Estado de Derecho de corte occidental, ni lo es ahora, ni tiene soberanía alguna en relación con el territorio del Sahara Occidental, ya que tales acuerdos carecen de validez alguna. Por consiguiente, para Naciones Unidas y el Derecho Internacional el territorio del Sahara Occidental, aun hoy, sigue estando en la lista de territorios no autónomos pendiente de descolonización y la democracia española tiene el deber de asumir sus responsabilidades con la Comunidad Internacional, y conducir el territorio a su plena emancipación.
Madrid 21 de noviembre de 2010
Es precisamente por esto, por lo que ante el llamamiento efectuado por el frente Polisario a la población saharaui para tomar las armas contra el Reino de Marruecos, la Liga Española pro Derechos Humanos quiere dejar claro que repudia toda forma de violencia, provenga de donde provenga, al tiempo que proclama el respeto por el Derecho Internacional, los derechos humanos y la Justicia como única forma de solución del conflicto y, esto no será posible hasta que el pueblo saharaui ejerza el derecho a elegir su futuro sobre su territorio por ser de Justicia y sobre todo su patria.
La Liga Española pro Derechos Humanos quiere recordar, que el Reino de Marruecos, ni cuando se firmaron los fatídicos acuerdos de Madrid de 1975 promovidos por la dictadura franquista era una democracia, ni es un Estado de Derecho de corte occidental, ni lo es ahora, ni tiene soberanía alguna en relación con el territorio del Sahara Occidental, ya que tales acuerdos carecen de validez alguna. Por consiguiente, para Naciones Unidas y el Derecho Internacional el territorio del Sahara Occidental, aun hoy, sigue estando en la lista de territorios no autónomos pendiente de descolonización y la democracia española tiene el deber de asumir sus responsabilidades con la Comunidad Internacional, y conducir el territorio a su plena emancipación.
Madrid 21 de noviembre de 2010
sábado, 20 de noviembre de 2010
ESPAÑA RESPONSABLE DE LA DESCOLONIZACIÓN DEL SAHARA
Este es un articulo de Jaime de Piniés Bianche hijo del Embajador Jaime de Pinies Rubio que cuenta de primera mano, lo que ya su padre afortunadamente dejo escrito y en un libro sobre el abandono del sahara.
Publicado en el Mundo, en la edicion del viernes 19 de noviembre de 2010
Publicado en el Mundo, en la edicion del viernes 19 de noviembre de 2010
jueves, 18 de noviembre de 2010
miércoles, 17 de noviembre de 2010
Razón de Estado y Sáhara
Publicado en la Gaceta el miercoles, 17 de noviembre de 2010
En sus orígenes, la filosofía de lo que hoy llamamos Estado de Derecho pretendía ofrecer una solución al problema de los limites que el poder político no podía transgredir y, estos, según sus principales teóricos, no podían ser más que éticos. Tras la revolución Industrial y burguesa que culmino con la independencia de las 13 colonias y el fin del absolutismo en Francia, con el ajusticiamiento de Luis XVI, el estado de derecho liberal identifica estos límites con el respeto a los derechos del hombre y del ciudadano, y establece una serie de mecanismos que imponen frenos al ejercicio del poder estatal, tales como la división de poderes, el imperio de la Ley o las independencia del poder judicial.En sus orígenes, la filosofía de lo que hoy llamamos Estado de Derecho pretendía ofrecer una solución al problema de los limites que el poder político no podía transgredir y, estos, según sus principales teóricos, no podían ser más que éticos. Tras la revolución Industrial y burguesa que culmino con la independencia de las 13 colonias y el fin del absolutismo en Francia, con el ajusticiamiento de Luis XVI, el estado de derecho liberal identifica estos límites con el respeto a los derechos del hombre y del ciudadano, y establece una serie de mecanismos que imponen frenos al ejercicio del poder estatal, tales como la división de poderes, el imperio de la Ley o las independencia del poder judicial.Estos límites, que en España nacieron viciados tras la Constitución de 1978 con una legislación especial como fue la ley antiterrorista que introdujo la excepción en la propia normalidad, fueron incapaces de evitar el GAL y los 26 asesinatos cometidos entre 1983 y 1987. Aun así, cuando los hechos irremisiblemente fueron conocidos, desde un decrépito Gobierno desbordado por los problemas de corrupción y una crisis económica galopante, se intentaron justificar, como ahora sucede con la masacre del Sáhara, en la razón de Estado. Entonces la ciudadanía dejó constancia de su madurez democrática y lo demostró rechazando esta argumentación en las elecciones de 1996. Sin embargo, ahora, cuando todos creíamos que el nuevo PSOE había aprendido la lección y estos episodios estaban asumidos, superados y por lo tanto eran irrepetibles en una democracia -si no avanzada, sí al menos madura-, las declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vertidas desde Seúl referidas a la masacre del Sáhara, producen perplejidad e inquietud. "Los intereses de España son los que el Gobierno tiene que poner por delante", declaró el jefe del Ejecutivo.
Este sentimiento fue y sigue siendo tan poderoso que a nadie extrañó la ausencia del PSOE en la multitudinaria manifestación del sábado pasado en Madrid, que aglutinó a líderes políticos, como el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons; el coordinador general de IU, Cayo Lara; la presidenta de UPyD, Rosa Díez, o los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CC OO, Ignacio Fernández Toxo. Además de a representantes del mundo de la cultura, como Pilar y Javier Bardem, y Rosa María Sardá, y de organizaciones humanitarias, como la Liga Pro Derechos Humanos, representada por su presidente, Francisco José Alonso. Pero, repito, lo que realmente resultó lacerante para los demócratas, lo que es una vergüenza dolorosa para todos los españoles, no fue la esperada ausencia del PSOE, sino el pronunciamiento del presidente Zapatero evocando la siniestra "razón de Estado" para amparar crímenes de lesa humanidad contra la nación saharaui.
El Gobierno, a través del fiscal general del Estado, debería reaccionar con el imperio de la ley, impulsando con base en el principio de justicia universal los procedimientos judiciales oportunos, sin esperar a que sean las indefensas víctimas o asociaciones como la mencionada Liga Pro Derechos Humanos quienes lo hagan. Y no sólo porque alguno de los muertos tenga la nacionalidad española, sino por los especiales vínculos del Sáhara occidental con España. Todos los saharauis son o han sido españoles real o potencialmente. Por otra parte, un informe de 2002 de Naciones Unidas señala que en el Acuerdo de Madrid (1975) España no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora. "España por sí sola no podía haber transferido unilateralmente", de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, y al hacerlo ha incurrido en dejación de funciones.
La investigación que la querella exige es complicada, ya que no se refiere sólo a hechos pasados, sino a lo que ahora mismo está sucediendo. Por otra parte, la información es difusa, imprecisa y difícil de verificar, ya que no han sido admitidos observadores imparciales, lo que resta veracidad a la versión de los querellados. Sin embargo, no es imposible, ya que estamos en la sociedad de la información y mucho material de vídeo y audio está disponible a través de Internet. Por otra parte, existen testigos presenciales, pero tienen miedo y se precisa una garantía de indemnidad para ellos y sus familias.
Pero lo prioritario en estos momentos no es la investigación de la masacre y el intento de destruir la nación saharaui, sino que ésta se detenga y que se respete el estatus jurídico establecido por las Naciones Unidas. Que esto sea posible algún día no es una cuestión de argumentos, sino de músculo. Es indispensable que una fuerza internacional evite esa masacre y haga aquello a lo que España renunció en su momento: tutelar a la nación saharaui hasta su emancipación.
*Pedro Martínez es fiscal en representación de la Liga ESpañolapro derechos humanos
En sus orígenes, la filosofía de lo que hoy llamamos Estado de Derecho pretendía ofrecer una solución al problema de los limites que el poder político no podía transgredir y, estos, según sus principales teóricos, no podían ser más que éticos. Tras la revolución Industrial y burguesa que culmino con la independencia de las 13 colonias y el fin del absolutismo en Francia, con el ajusticiamiento de Luis XVI, el estado de derecho liberal identifica estos límites con el respeto a los derechos del hombre y del ciudadano, y establece una serie de mecanismos que imponen frenos al ejercicio del poder estatal, tales como la división de poderes, el imperio de la Ley o las independencia del poder judicial.En sus orígenes, la filosofía de lo que hoy llamamos Estado de Derecho pretendía ofrecer una solución al problema de los limites que el poder político no podía transgredir y, estos, según sus principales teóricos, no podían ser más que éticos. Tras la revolución Industrial y burguesa que culmino con la independencia de las 13 colonias y el fin del absolutismo en Francia, con el ajusticiamiento de Luis XVI, el estado de derecho liberal identifica estos límites con el respeto a los derechos del hombre y del ciudadano, y establece una serie de mecanismos que imponen frenos al ejercicio del poder estatal, tales como la división de poderes, el imperio de la Ley o las independencia del poder judicial.Estos límites, que en España nacieron viciados tras la Constitución de 1978 con una legislación especial como fue la ley antiterrorista que introdujo la excepción en la propia normalidad, fueron incapaces de evitar el GAL y los 26 asesinatos cometidos entre 1983 y 1987. Aun así, cuando los hechos irremisiblemente fueron conocidos, desde un decrépito Gobierno desbordado por los problemas de corrupción y una crisis económica galopante, se intentaron justificar, como ahora sucede con la masacre del Sáhara, en la razón de Estado. Entonces la ciudadanía dejó constancia de su madurez democrática y lo demostró rechazando esta argumentación en las elecciones de 1996. Sin embargo, ahora, cuando todos creíamos que el nuevo PSOE había aprendido la lección y estos episodios estaban asumidos, superados y por lo tanto eran irrepetibles en una democracia -si no avanzada, sí al menos madura-, las declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vertidas desde Seúl referidas a la masacre del Sáhara, producen perplejidad e inquietud. "Los intereses de España son los que el Gobierno tiene que poner por delante", declaró el jefe del Ejecutivo.
Este sentimiento fue y sigue siendo tan poderoso que a nadie extrañó la ausencia del PSOE en la multitudinaria manifestación del sábado pasado en Madrid, que aglutinó a líderes políticos, como el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons; el coordinador general de IU, Cayo Lara; la presidenta de UPyD, Rosa Díez, o los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CC OO, Ignacio Fernández Toxo. Además de a representantes del mundo de la cultura, como Pilar y Javier Bardem, y Rosa María Sardá, y de organizaciones humanitarias, como la Liga Pro Derechos Humanos, representada por su presidente, Francisco José Alonso. Pero, repito, lo que realmente resultó lacerante para los demócratas, lo que es una vergüenza dolorosa para todos los españoles, no fue la esperada ausencia del PSOE, sino el pronunciamiento del presidente Zapatero evocando la siniestra "razón de Estado" para amparar crímenes de lesa humanidad contra la nación saharaui.
El Gobierno, a través del fiscal general del Estado, debería reaccionar con el imperio de la ley, impulsando con base en el principio de justicia universal los procedimientos judiciales oportunos, sin esperar a que sean las indefensas víctimas o asociaciones como la mencionada Liga Pro Derechos Humanos quienes lo hagan. Y no sólo porque alguno de los muertos tenga la nacionalidad española, sino por los especiales vínculos del Sáhara occidental con España. Todos los saharauis son o han sido españoles real o potencialmente. Por otra parte, un informe de 2002 de Naciones Unidas señala que en el Acuerdo de Madrid (1975) España no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora. "España por sí sola no podía haber transferido unilateralmente", de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, y al hacerlo ha incurrido en dejación de funciones.
La investigación que la querella exige es complicada, ya que no se refiere sólo a hechos pasados, sino a lo que ahora mismo está sucediendo. Por otra parte, la información es difusa, imprecisa y difícil de verificar, ya que no han sido admitidos observadores imparciales, lo que resta veracidad a la versión de los querellados. Sin embargo, no es imposible, ya que estamos en la sociedad de la información y mucho material de vídeo y audio está disponible a través de Internet. Por otra parte, existen testigos presenciales, pero tienen miedo y se precisa una garantía de indemnidad para ellos y sus familias.
Pero lo prioritario en estos momentos no es la investigación de la masacre y el intento de destruir la nación saharaui, sino que ésta se detenga y que se respete el estatus jurídico establecido por las Naciones Unidas. Que esto sea posible algún día no es una cuestión de argumentos, sino de músculo. Es indispensable que una fuerza internacional evite esa masacre y haga aquello a lo que España renunció en su momento: tutelar a la nación saharaui hasta su emancipación.
*Pedro Martínez es fiscal en representación de la Liga ESpañolapro derechos humanos
domingo, 14 de noviembre de 2010
El Sáhara no es un desierto, el olvido sí
Tribuna de opnio de Esteban Gonzalez Pons
El Sáhara no es un desierto. Es una tierra y una patria. Es un pueblo. Y, lo más importante, quiere seguir siendo todo eso. Hasta hace poco también fue una provincia española, pero desde hace mucho España se enfrenta al dilema de recordarlo, y amparar a quienes viven allí, o desentenderse cómodamente de lo que ocurra con ellos.
Algo así me dijo una adolescente saharaui, mientras lloraba y me apretaba la mano, y me repetía que no quería llorar. Marchábamos juntos en una manifestación para protestar una vez más por la represión que están sufriendo los habitantes de nuestra antigua colonia. Estaba muy nerviosa y hablaba deprisa, pero sus palabras se me enganchaban como anzuelos. "Pareces convencido de hacer lo correcto aunque no hagas lo suficiente, pero un político nunca hace lo correcto si no hace lo suficiente", me espetó. ¿Y si no está en mi mano?, le pregunté. Y otra vez que no lloraba aunque llorase.
A su padre lo mataron de una paliza y de su madre no tiene noticias desde que la policía asaltó el campamento en el que se encontraba refugiada. Una vez consiguió hablar con ella por teléfono pero la llamada se cortó antes de que pudiera decirle "mamá no llores", mientras lloraba. Me contaba que está acogida por una familia gallega con la que comparte sufrimiento y sueños, y que hoy la ha traído a Madrid para clamar contra la indiferencia con que el Gobierno de España contempla la destrucción a la que están sometiendo a los suyos. No comprende que podamos permanecer impasibles ante la tortura y la humillación sin límites sólo porque nos pueda convenir cerrar los ojos y silbar.
"El Presidente de tu país no condena la actitud genocida que los saharauis sufrimos por sus intereses políticos y comerciales, ¿verdad?". Mi silencio fue una respuesta elocuente. "Pues si los intereses se anteponen a los derechos humanos, ¿puedes explicarme qué tipo de lección estáis dando a vuestros hijos?". De nuevo no supe contestarle. "Mírame a los ojos. Tú y yo somos iguales y cualquiera de los dos puede morirse ahora mismo, y nada importará lo que tengas ahorrado, te tragará la tierra como a mí que soy pobre. ¿Lo entiendes?, las personas te guardarán en su corazón si les has ayudado, los objetos y el dinero no, por más atención que les dediques". Seguí callado.
Me pareció que llovía porque yo tampoco estaba dispuesto a aceptar que estuviera llorando. "Yo no quiero una bañera de mármol, ni unos zapatos de marca o una moto, me conformo con pasar las noches en una jaima junto a mi madre y mis hermanos y me parece increíble que eso pueda chocar con ningún interés nacional".
En la Cárcel Negra de El Aaiún dicen que había una higuera vieja pero generosa que quiso secarse para no escuchar cada noche hasta el alba los lamentos de los presos políticos. En la Cárcel Negra de El Aaiún dicen que los presos políticos duermen hacinados, pasan días sin comer y semanas sin ducharse, y cuando mueren desaparecen sus cuerpos. En la Cárcel Negra de El Aaiún los presos son casi todos políticos, simpatizantes con la causa de la independencia del Sáhara y dicen que sus invisibles verdugos parecen especialistas en degradar detenidos hasta dejarles la dignidad pelada de todo signo de esperanza. Si es verdad lo que dicen, esos carceleros y sus víctimas están ahí al lado, pero no miramos. O no los queremos ver.
¿Qué hacer mientras aún tenemos oportunidad? Después de 35 años de invasión lenta, continua y descarada, del Sáhara occidental ante la mirada distraída de España, potencia administradora del territorio, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, respecto de lo que ha pasado y lo que pueda pasar. Como mínimo podemos encender la luz para que el mundo vea lo que sucede, lo que están sangrando algunos de los hombres y mujeres más pobres de África. Hay naciones con el desierto afuera, en la piel, pero a otras el desierto se les puede poner adentro, en las entrañas. Y asumir que haya alguna política más importante que las personas es abrir un extenso desierto interior.
El respeto a los derechos humanos es una obligación universal y su violación nos concierne siempre. No hay razón política que justifique disimular el disgusto o taparse la nariz ante la demolición de las garantías mínimas del contrato social a nuestro alrededor. La joven saharaui tiene razón, si los intereses de España se confrontan con el respeto a los derechos humanos, el verdadero interés de todos es que prevalezcan los derechos. Por eso, debemos condenar la ocupación por la fuerza del antiguo Sahara Español, no sólo porque esté geográficamente cerca, ni siquiera porque sean nuestros hermanos, más bien porque son parte de nosotros mismos. Sí, porque muchos aún conservan su nacionalidad española, pero también porque sus derechos son nuestros derechos. Los de todos los hombres.
"No estoy llorando", me decía mientras lloraba y me clavaba sus uñas en la mano, "no quiero darte pena". Y no me la daba, sólo me entristecía pensar que, si los ingleses o los franceses hubieran sido responsables de un Sáhara con su nombre de apellido, no lo habrían desatendido como nosotros al Español. Porque el Sáhara no es un desierto, pero el olvido sí.
El Sáhara no es un desierto. Es una tierra y una patria. Es un pueblo. Y, lo más importante, quiere seguir siendo todo eso. Hasta hace poco también fue una provincia española, pero desde hace mucho España se enfrenta al dilema de recordarlo, y amparar a quienes viven allí, o desentenderse cómodamente de lo que ocurra con ellos.
Algo así me dijo una adolescente saharaui, mientras lloraba y me apretaba la mano, y me repetía que no quería llorar. Marchábamos juntos en una manifestación para protestar una vez más por la represión que están sufriendo los habitantes de nuestra antigua colonia. Estaba muy nerviosa y hablaba deprisa, pero sus palabras se me enganchaban como anzuelos. "Pareces convencido de hacer lo correcto aunque no hagas lo suficiente, pero un político nunca hace lo correcto si no hace lo suficiente", me espetó. ¿Y si no está en mi mano?, le pregunté. Y otra vez que no lloraba aunque llorase.
A su padre lo mataron de una paliza y de su madre no tiene noticias desde que la policía asaltó el campamento en el que se encontraba refugiada. Una vez consiguió hablar con ella por teléfono pero la llamada se cortó antes de que pudiera decirle "mamá no llores", mientras lloraba. Me contaba que está acogida por una familia gallega con la que comparte sufrimiento y sueños, y que hoy la ha traído a Madrid para clamar contra la indiferencia con que el Gobierno de España contempla la destrucción a la que están sometiendo a los suyos. No comprende que podamos permanecer impasibles ante la tortura y la humillación sin límites sólo porque nos pueda convenir cerrar los ojos y silbar.
"El Presidente de tu país no condena la actitud genocida que los saharauis sufrimos por sus intereses políticos y comerciales, ¿verdad?". Mi silencio fue una respuesta elocuente. "Pues si los intereses se anteponen a los derechos humanos, ¿puedes explicarme qué tipo de lección estáis dando a vuestros hijos?". De nuevo no supe contestarle. "Mírame a los ojos. Tú y yo somos iguales y cualquiera de los dos puede morirse ahora mismo, y nada importará lo que tengas ahorrado, te tragará la tierra como a mí que soy pobre. ¿Lo entiendes?, las personas te guardarán en su corazón si les has ayudado, los objetos y el dinero no, por más atención que les dediques". Seguí callado.
Me pareció que llovía porque yo tampoco estaba dispuesto a aceptar que estuviera llorando. "Yo no quiero una bañera de mármol, ni unos zapatos de marca o una moto, me conformo con pasar las noches en una jaima junto a mi madre y mis hermanos y me parece increíble que eso pueda chocar con ningún interés nacional".
En la Cárcel Negra de El Aaiún dicen que había una higuera vieja pero generosa que quiso secarse para no escuchar cada noche hasta el alba los lamentos de los presos políticos. En la Cárcel Negra de El Aaiún dicen que los presos políticos duermen hacinados, pasan días sin comer y semanas sin ducharse, y cuando mueren desaparecen sus cuerpos. En la Cárcel Negra de El Aaiún los presos son casi todos políticos, simpatizantes con la causa de la independencia del Sáhara y dicen que sus invisibles verdugos parecen especialistas en degradar detenidos hasta dejarles la dignidad pelada de todo signo de esperanza. Si es verdad lo que dicen, esos carceleros y sus víctimas están ahí al lado, pero no miramos. O no los queremos ver.
¿Qué hacer mientras aún tenemos oportunidad? Después de 35 años de invasión lenta, continua y descarada, del Sáhara occidental ante la mirada distraída de España, potencia administradora del territorio, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, respecto de lo que ha pasado y lo que pueda pasar. Como mínimo podemos encender la luz para que el mundo vea lo que sucede, lo que están sangrando algunos de los hombres y mujeres más pobres de África. Hay naciones con el desierto afuera, en la piel, pero a otras el desierto se les puede poner adentro, en las entrañas. Y asumir que haya alguna política más importante que las personas es abrir un extenso desierto interior.
El respeto a los derechos humanos es una obligación universal y su violación nos concierne siempre. No hay razón política que justifique disimular el disgusto o taparse la nariz ante la demolición de las garantías mínimas del contrato social a nuestro alrededor. La joven saharaui tiene razón, si los intereses de España se confrontan con el respeto a los derechos humanos, el verdadero interés de todos es que prevalezcan los derechos. Por eso, debemos condenar la ocupación por la fuerza del antiguo Sahara Español, no sólo porque esté geográficamente cerca, ni siquiera porque sean nuestros hermanos, más bien porque son parte de nosotros mismos. Sí, porque muchos aún conservan su nacionalidad española, pero también porque sus derechos son nuestros derechos. Los de todos los hombres.
"No estoy llorando", me decía mientras lloraba y me clavaba sus uñas en la mano, "no quiero darte pena". Y no me la daba, sólo me entristecía pensar que, si los ingleses o los franceses hubieran sido responsables de un Sáhara con su nombre de apellido, no lo habrían desatendido como nosotros al Español. Porque el Sáhara no es un desierto, pero el olvido sí.
sábado, 13 de noviembre de 2010
Miles de personas marchan en Madrid por la libertad de los saharauis
MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
Miles de personas, entre las que se encontraban líderes políticos y sindicales además de representantes del mundo de la cultura, se han manifestado por el centro de Madrid para denunciar la represión marroquí en el Sáhara Occidental y pedir al Gobierno español que no se supedite a sus intereses con el reino alauí y condene la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes en El Aaiún la última semana.
La manifestación ha comenzado en Atocha y ha estado encabezada por una pancarta que rezaba "Marruecos. Fuera del Sáhara 35 años después", tras la que se han situado el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, y el presidente de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, así como los líderes de IU y UPyD, Cayo Lara y Rosa Díez respectivamente, y los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.
Una de las personalidades políticas cuya asistencia había sido anunciada era la del secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, quien finalmente ha decidido no acudir. De hecho, a los únicos socialistas que se ha visto en la marcha, aunque fuera de la cabecera, ha sido al alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, y al diputado Antonio Gutiérrez.
En la cabecera también se han situado representantes del mundo de la cultura, principalmente actores y directores de cine, como Javier y Pilar Bardem, Rosa María Sardá, Fernando Colomo, Lola Dueñas o Eduardo Noriega.
ACTORES Y POLÍTICOS EN LA CABECERA
El actor Javier Bardem ha sido uno de los primeros en tomar la palabra para calificar al Ejecutivo marroquí como "gobierno entre comillas" y acusarle de "hacer prisionero" al pueblo saharaui durante 35 años. "La relación de interés de España con Marruecos no puede estar por encima de la violación de los Derechos Humanos, incluidos la tortura y los asesinatos. Lo que puede llegar a pasar es lo que parece que quieren que pase, que es el conflicto bélico", ha advertido.
Después de que algunos manifestantes le increparan al gritarle que se fuera, González Pons ha cargado también contra la actuación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero porque "los Derechos Humanos no pueden someterse a los intereses" de España, los cuales, ha añadido, no son los que están "manchados de sangre", sino que "tienen que estar siempre limpios".
Para Cayo Lara, es "inconcebible" que el Gobierno español no haya condenado los sucesos en El Aaiún, pero ha augurado que la "protesta popular" se irá "intensificando", ya que, en su opinión, en el Sáhara Occidental se ha cometido una "violación flagrante de los Derechos Humanos", de modo que ha exigido tanto al Ejecutivo como a la UE y la ONU que "tomen medidas" contra Rabat.
Los secretarios generales de UGT y CCOO han criticado al Gobierno español por su "indiferencia" y no tomar partido en el conflicto saharaui y le han pedido "reflexionar seriamente" en este asunto. Méndez ha ido más allá al "lamentar profundamente la indiferencia de la UE", pues el convenio de asociación que mantiene con Marruecos "exige claramente el respeto a los Derechos Humanos".
Como los demás, Rosa Díez ha hecho hincapié en la defensa de los Derechos Humanos y la legalidad internacional porque "no se puede ceder en una causa justa como esta". "Se ha masacrado a la gente más débil, los políticos no pueden poner sus intereses por encima de sus principios", ha añadido.
QUEMA DE BANDERAS
La marcha, que ha comenzado pasadas las 12.00 horas, se ha ido desarrollando lentamente debido a la gran afluencia de participantes, que han llenado la calle Atocha hasta llegar a la Puerta del Sol. Durante el recorrido, varios saharauis han quemado banderas de Marruecos y han roto varias fotos del rey Mohamed VI.
Entre gritos de 'Zapatero traidor', 'Marruecos culpable, España responsable', 'Queremos guerra' o 'Sáhara libertad, Polisario vencerá', así como pancartas con la foto del niño saharaui muerto por disparos de la Policía marroquí el pasado mes de octubre, la manifestación ha llegado a la Puerta del Sol, que ha quedado atestada de gente poco antes de las 14.00 horas. Allí, Javier Bardem y Rosa María Sardá han sido los encargados de leer el manifiesto en solidaridad con el pueblo saharaui.
"El régimen marroquí muestra una vez más al mundo entero que sólo conoce el lenguaje de la violencia, el odio y la violación de los Derechos Humanos", ha señalado Sardá. Por su parte, Bardem ha instado a la UE y al Gobierno español a condenar la "brutal represión" llevada a cabo por las fuerzas marroquíes y a "hacer un llamamiento al rey de Marruecos para que ponga fin a esta violencia injustificada, desproporcionada y cruel".
Representantes de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) han sido también muy críticos con la actuación del Gobierno español al denunciar las declaraciones de esta semana del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien dijo que el Ejecutivo no podía influir en la decisión de Marruecos de vetar el acceso a la prensa a El Aaiún porque "la admisión en territorio forma parte del núcleo de la soberanía de un país".
También han lamentado que la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, haya faltado a la manifestación, ya que, según han recordado, era habitual su asistencia a este tipo de marchas "portando la bandera saharaui".
CONCENTRACIÓN EN FERRAZ
Una vez finalizado el acto en la Puerta del Sol, alrededor de 200 personas han continuado la protesta en la sede socialista de la calle Ferraz, donde aproximadamente una veintena de agentes de la Policía Nacional se han visto obligados a cortar el tráfico.
Los policías han situado un furgón para impedir el paso al grupo de personas que avanzaba hacia la sede del PSOE. Al grito de 'PSOE patrocina, Marruecos asesina' y 'No sois socialistas, sois unos fascistas', los manifestantes, acompañados de los actores Willy Toledo y Alberto San Juan, han ocupado la calzada y, de forma pacífica, se han quedado detrás del cordón policial. Después han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas saharauis.
Miles de personas, entre las que se encontraban líderes políticos y sindicales además de representantes del mundo de la cultura, se han manifestado por el centro de Madrid para denunciar la represión marroquí en el Sáhara Occidental y pedir al Gobierno español que no se supedite a sus intereses con el reino alauí y condene la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes en El Aaiún la última semana.
La manifestación ha comenzado en Atocha y ha estado encabezada por una pancarta que rezaba "Marruecos. Fuera del Sáhara 35 años después", tras la que se han situado el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, y el presidente de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, así como los líderes de IU y UPyD, Cayo Lara y Rosa Díez respectivamente, y los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.
Una de las personalidades políticas cuya asistencia había sido anunciada era la del secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, quien finalmente ha decidido no acudir. De hecho, a los únicos socialistas que se ha visto en la marcha, aunque fuera de la cabecera, ha sido al alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, y al diputado Antonio Gutiérrez.
En la cabecera también se han situado representantes del mundo de la cultura, principalmente actores y directores de cine, como Javier y Pilar Bardem, Rosa María Sardá, Fernando Colomo, Lola Dueñas o Eduardo Noriega.
ACTORES Y POLÍTICOS EN LA CABECERA
El actor Javier Bardem ha sido uno de los primeros en tomar la palabra para calificar al Ejecutivo marroquí como "gobierno entre comillas" y acusarle de "hacer prisionero" al pueblo saharaui durante 35 años. "La relación de interés de España con Marruecos no puede estar por encima de la violación de los Derechos Humanos, incluidos la tortura y los asesinatos. Lo que puede llegar a pasar es lo que parece que quieren que pase, que es el conflicto bélico", ha advertido.
Después de que algunos manifestantes le increparan al gritarle que se fuera, González Pons ha cargado también contra la actuación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero porque "los Derechos Humanos no pueden someterse a los intereses" de España, los cuales, ha añadido, no son los que están "manchados de sangre", sino que "tienen que estar siempre limpios".
Para Cayo Lara, es "inconcebible" que el Gobierno español no haya condenado los sucesos en El Aaiún, pero ha augurado que la "protesta popular" se irá "intensificando", ya que, en su opinión, en el Sáhara Occidental se ha cometido una "violación flagrante de los Derechos Humanos", de modo que ha exigido tanto al Ejecutivo como a la UE y la ONU que "tomen medidas" contra Rabat.
Los secretarios generales de UGT y CCOO han criticado al Gobierno español por su "indiferencia" y no tomar partido en el conflicto saharaui y le han pedido "reflexionar seriamente" en este asunto. Méndez ha ido más allá al "lamentar profundamente la indiferencia de la UE", pues el convenio de asociación que mantiene con Marruecos "exige claramente el respeto a los Derechos Humanos".
Como los demás, Rosa Díez ha hecho hincapié en la defensa de los Derechos Humanos y la legalidad internacional porque "no se puede ceder en una causa justa como esta". "Se ha masacrado a la gente más débil, los políticos no pueden poner sus intereses por encima de sus principios", ha añadido.
QUEMA DE BANDERAS
La marcha, que ha comenzado pasadas las 12.00 horas, se ha ido desarrollando lentamente debido a la gran afluencia de participantes, que han llenado la calle Atocha hasta llegar a la Puerta del Sol. Durante el recorrido, varios saharauis han quemado banderas de Marruecos y han roto varias fotos del rey Mohamed VI.
Entre gritos de 'Zapatero traidor', 'Marruecos culpable, España responsable', 'Queremos guerra' o 'Sáhara libertad, Polisario vencerá', así como pancartas con la foto del niño saharaui muerto por disparos de la Policía marroquí el pasado mes de octubre, la manifestación ha llegado a la Puerta del Sol, que ha quedado atestada de gente poco antes de las 14.00 horas. Allí, Javier Bardem y Rosa María Sardá han sido los encargados de leer el manifiesto en solidaridad con el pueblo saharaui.
"El régimen marroquí muestra una vez más al mundo entero que sólo conoce el lenguaje de la violencia, el odio y la violación de los Derechos Humanos", ha señalado Sardá. Por su parte, Bardem ha instado a la UE y al Gobierno español a condenar la "brutal represión" llevada a cabo por las fuerzas marroquíes y a "hacer un llamamiento al rey de Marruecos para que ponga fin a esta violencia injustificada, desproporcionada y cruel".
Representantes de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) han sido también muy críticos con la actuación del Gobierno español al denunciar las declaraciones de esta semana del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien dijo que el Ejecutivo no podía influir en la decisión de Marruecos de vetar el acceso a la prensa a El Aaiún porque "la admisión en territorio forma parte del núcleo de la soberanía de un país".
También han lamentado que la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, haya faltado a la manifestación, ya que, según han recordado, era habitual su asistencia a este tipo de marchas "portando la bandera saharaui".
CONCENTRACIÓN EN FERRAZ
Una vez finalizado el acto en la Puerta del Sol, alrededor de 200 personas han continuado la protesta en la sede socialista de la calle Ferraz, donde aproximadamente una veintena de agentes de la Policía Nacional se han visto obligados a cortar el tráfico.
Los policías han situado un furgón para impedir el paso al grupo de personas que avanzaba hacia la sede del PSOE. Al grito de 'PSOE patrocina, Marruecos asesina' y 'No sois socialistas, sois unos fascistas', los manifestantes, acompañados de los actores Willy Toledo y Alberto San Juan, han ocupado la calzada y, de forma pacífica, se han quedado detrás del cordón policial. Después han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas saharauis.
jueves, 11 de noviembre de 2010
MÁS DE 4500 HERIDOS, MÁS DE 2000 DETENIDOS, UN NÚMERO INCALCULABLE AÚN DE MUERTOS
Jueves, 11 de noviembre 2010
La ciudad de El Aaiun durante estos días después del desmantelamiento criminal del Campamento de Gdeim Izik, se mantiene en estado de sitio. El ejército, las Fuerzas Auxiliares y la policía, continúan atacando las viviendas de los ciudadanos saharauis, deteniendo a todo el que encuentran, apaleando a familias enteras, secuestrando a los jóvenes, sobre todo en los barrios de Skeikima, Bucraa y Mattalla, mientras que en los barrios del este de la ciudad, como Raha, Duerat y otros, hasta ayer por la mañana se producían continuos allanamientos de viviendas por los distintos cuerpos de represión, que obligan a los ciudadanos a gritar “Viva el Rey”, “Sáhara marroquí” y frases por el estilo.
El ejército ha robado vehículos de saharauis para quemarlos en plena calle deteniendo a sus ocupantes y a decenas de jóvenes en cualquier rincón en donde sean localizados.
Estas detenciones abusivas e indiscriminadas que van seguidas de largas torturas, son ejercidas por el ejército y las Fuerzas Auxiliares, mientras que la policía maneja listas concretas de personas y viviendas diferenciando sus ataques entre jóvenes de la Intifada y defensores saharauis de DD.HH.
Los detenidos de los que se tiene constancia hasta el momento, sobrepasan los dos mil (2000), aunque algunos han sido liberados después de ser brutalmente torturados y un estado muy crítico, buscan refugio en sus casas o en otros lugares. Los centros de detención se encuentran localizados en:
Cuartel de la policía
Cuartel de las Fuerzas Auxiliares
Cárcel Negra de El Aaiun
Tres cuarteles del ejército
La escuela de secundaria Alal Ben Abdala
Dos espacios habilitados dentro del campo de Fútbol
Cuartel de la playa de El Aaiun
El número de heridos de distinta consideración, supera los cuatro mil quinientos (4500). Por el estado de sitio y terror que se vive en estos momentos en la ciudad de El Aaiun, los heridos se encuentran ocultos en sus viviendas sin que se pueda conocer, en todos los casos, la evolución de su estado.
La familia del joven Ali Salem Lanzari, que presentaba fractura de cuello, decidió arriesgarse a viajar hasta Agadir por su cuenta y a escondidas, para que su hijo fuera atendido en el hospital. Una vez allí, el joven falleció.
Esta situación se está repitiendo en muchos de los heridos graves que no pueden recibir atención hospitalaria.
Testigos oculares han contado decenas de muertos dispersos en los alrededores del campamento de Gdeim Izik y en la parte este de la ciudad de El Aaiun.
El número de desaparecidos es incalculable aunque se cuentan por decenas, sin saber si están muertos, heridos en cualquier lugar, o si están entre los detenidos.
La dificultad para realizar el recuento de ciudadanos saharauis en distintas circunstancias es enorme, ya que no existe seguridad para la población y todos se encuentran en situaciones similares.
En la ciudad ocupada de Smara, se produjeron manifestaciones en el día de ayer, de jóvenes estudiantes de los liceos, en solidaridad con los ciudadanos saharauis de El Aaiun. La policía los dispersó con violencia y para evitar una sublevación mayor se ha decretado estado de sitio, suspendiendo temporalmente las clases hasta el próximo día 19 de noviembre.
La ciudad de El Aaiun durante estos días después del desmantelamiento criminal del Campamento de Gdeim Izik, se mantiene en estado de sitio. El ejército, las Fuerzas Auxiliares y la policía, continúan atacando las viviendas de los ciudadanos saharauis, deteniendo a todo el que encuentran, apaleando a familias enteras, secuestrando a los jóvenes, sobre todo en los barrios de Skeikima, Bucraa y Mattalla, mientras que en los barrios del este de la ciudad, como Raha, Duerat y otros, hasta ayer por la mañana se producían continuos allanamientos de viviendas por los distintos cuerpos de represión, que obligan a los ciudadanos a gritar “Viva el Rey”, “Sáhara marroquí” y frases por el estilo.
El ejército ha robado vehículos de saharauis para quemarlos en plena calle deteniendo a sus ocupantes y a decenas de jóvenes en cualquier rincón en donde sean localizados.
Estas detenciones abusivas e indiscriminadas que van seguidas de largas torturas, son ejercidas por el ejército y las Fuerzas Auxiliares, mientras que la policía maneja listas concretas de personas y viviendas diferenciando sus ataques entre jóvenes de la Intifada y defensores saharauis de DD.HH.
Los detenidos de los que se tiene constancia hasta el momento, sobrepasan los dos mil (2000), aunque algunos han sido liberados después de ser brutalmente torturados y un estado muy crítico, buscan refugio en sus casas o en otros lugares. Los centros de detención se encuentran localizados en:
Cuartel de la policía
Cuartel de las Fuerzas Auxiliares
Cárcel Negra de El Aaiun
Tres cuarteles del ejército
La escuela de secundaria Alal Ben Abdala
Dos espacios habilitados dentro del campo de Fútbol
Cuartel de la playa de El Aaiun
El número de heridos de distinta consideración, supera los cuatro mil quinientos (4500). Por el estado de sitio y terror que se vive en estos momentos en la ciudad de El Aaiun, los heridos se encuentran ocultos en sus viviendas sin que se pueda conocer, en todos los casos, la evolución de su estado.
La familia del joven Ali Salem Lanzari, que presentaba fractura de cuello, decidió arriesgarse a viajar hasta Agadir por su cuenta y a escondidas, para que su hijo fuera atendido en el hospital. Una vez allí, el joven falleció.
Esta situación se está repitiendo en muchos de los heridos graves que no pueden recibir atención hospitalaria.
Testigos oculares han contado decenas de muertos dispersos en los alrededores del campamento de Gdeim Izik y en la parte este de la ciudad de El Aaiun.
El número de desaparecidos es incalculable aunque se cuentan por decenas, sin saber si están muertos, heridos en cualquier lugar, o si están entre los detenidos.
La dificultad para realizar el recuento de ciudadanos saharauis en distintas circunstancias es enorme, ya que no existe seguridad para la población y todos se encuentran en situaciones similares.
En la ciudad ocupada de Smara, se produjeron manifestaciones en el día de ayer, de jóvenes estudiantes de los liceos, en solidaridad con los ciudadanos saharauis de El Aaiun. La policía los dispersó con violencia y para evitar una sublevación mayor se ha decretado estado de sitio, suspendiendo temporalmente las clases hasta el próximo día 19 de noviembre.
EL principo de justicia universal en la nueva Ley española y el Sahara:
El Derecho internacional vigente obliga a todos los Estados a perseguir, por su especial gravedad, ciertos crímenes internacionales, se produzcan donde se produzcan y con independencia de la nacionalidad de los agresores y de sus víctimas, porque conductas tan odiosas –que, además, permanecen en la impunidad- trascienden a las víctimas, ofenden a toda la humanidad y ponen en peligro los principios generales de civilización consagrados por las normas protectoras de los Derechos Humanos fundamentales.
España ha sido pionera en este tipo de acciones, pero recientemente ha sido reformado el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de limitar la intervención de la Justicia española para que sólo pueda perseguir determinados tipos de delitos entre los que se encuentran genocidio y lesa humanidad, siempre que existan víctimas de nacionalidad española, o se contraste algún vínculo de conexión relevante con España o los presuntos responsables se encuentren en territorio español. Esta reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2009 ha contado con el rechazo y la crítica de diferentes organizaciones de derechos humanos.
Pues si examinamos a la luz del precepto mutilado los acontecimientos de estos días en el Aaiún, vemos que reúnen reúnen los requisititos exigidos para que la Jurisdicción española pueda conocer de la masacre.
1º).- Se trata de delitos de lesa humanidad, baste recordar que nuestro código penal dice que son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella.
En todo caso, se considerará delito de lesa humanidad la comisión de tales hechos:
1. Por razón de la pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.
2. En el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.
2º).- Algunas víctimas son españolas, concretamente tenemos identificado al ciudadano español Baby Hamday Buyema, nacido en El Aaiun, (capital de la provincia 53 española), el día 13 de febrero de 1975 y con DNI número 94.307.758-J, casado y padre de 2 hijos de corta edad: el niño Saad de 4 años y Aya, una niña de 2. Fue asesinado en la mañana del día 8, por policías del cuerpo especial (GUS, creado ex profeso para el Sahara Occidental).
3º).- Por otra parte también se cumple el requisito de la constatarse un vinculo de conexión relevante con España. Los recientes sucesos de El Aaiún han abierto el debate sobre hasta qué punto España tiene responsabilidad sobre un territorio que fue primero colonia y después provincia suya hasta 1976 y si sigue siendo potencia administradora del mismo.
Un informe de 2002 de Naciones Unidas señala que en el Acuerdo de Madrid (1975) España no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, "condición que España, por sí sola no podía haber transferido unilateralmente" de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, porque tiene asignado un territorio no autónomo que es el Sahara occidental y es responsable de su administración, y al no hacerlo ha incurrido en dejación de funciones.
Marruecos, prosigue el documento, no figura como potencia administradora en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas, pero el informe recuerda que este país ha administrado desde 1979 el territorio del Sahara Occidente por sí solo, en esto se basa el Gobierno español, que ha venido sosteniendo que son las propias Naciones Unidas las que califican a Marruecos como potencia administradora del Sahara. Pero en realidad lo que ocurrió fue que, de facto, Marruecos asumió esa administración y procedió a la ocupación.
Para el Gobierno saharaui, España ha sido y sigue siendo la potencia administradora del territorio y como tal asume la responsabilidad de conducirlo a su plena descolonización.
Sea o no, España potencia administradora, porque abandonó el territorio del Sahara, eso no significa que no tenga ningún tipo de responsabilidad internacional sobre un territorio que administró y que no condujo a su salida natural de manera legal: el referéndum.
Por consiguiente se cumplen sobradamente los requisitos para que la justicia española intervenga en la investigación para que los crímenes cometidos no queden impunes.
España ha sido pionera en este tipo de acciones, pero recientemente ha sido reformado el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de limitar la intervención de la Justicia española para que sólo pueda perseguir determinados tipos de delitos entre los que se encuentran genocidio y lesa humanidad, siempre que existan víctimas de nacionalidad española, o se contraste algún vínculo de conexión relevante con España o los presuntos responsables se encuentren en territorio español. Esta reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2009 ha contado con el rechazo y la crítica de diferentes organizaciones de derechos humanos.
Pues si examinamos a la luz del precepto mutilado los acontecimientos de estos días en el Aaiún, vemos que reúnen reúnen los requisititos exigidos para que la Jurisdicción española pueda conocer de la masacre.
1º).- Se trata de delitos de lesa humanidad, baste recordar que nuestro código penal dice que son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella.
En todo caso, se considerará delito de lesa humanidad la comisión de tales hechos:
1. Por razón de la pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.
2. En el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.
2º).- Algunas víctimas son españolas, concretamente tenemos identificado al ciudadano español Baby Hamday Buyema, nacido en El Aaiun, (capital de la provincia 53 española), el día 13 de febrero de 1975 y con DNI número 94.307.758-J, casado y padre de 2 hijos de corta edad: el niño Saad de 4 años y Aya, una niña de 2. Fue asesinado en la mañana del día 8, por policías del cuerpo especial (GUS, creado ex profeso para el Sahara Occidental).
3º).- Por otra parte también se cumple el requisito de la constatarse un vinculo de conexión relevante con España. Los recientes sucesos de El Aaiún han abierto el debate sobre hasta qué punto España tiene responsabilidad sobre un territorio que fue primero colonia y después provincia suya hasta 1976 y si sigue siendo potencia administradora del mismo.
Un informe de 2002 de Naciones Unidas señala que en el Acuerdo de Madrid (1975) España no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, "condición que España, por sí sola no podía haber transferido unilateralmente" de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, porque tiene asignado un territorio no autónomo que es el Sahara occidental y es responsable de su administración, y al no hacerlo ha incurrido en dejación de funciones.
Marruecos, prosigue el documento, no figura como potencia administradora en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas, pero el informe recuerda que este país ha administrado desde 1979 el territorio del Sahara Occidente por sí solo, en esto se basa el Gobierno español, que ha venido sosteniendo que son las propias Naciones Unidas las que califican a Marruecos como potencia administradora del Sahara. Pero en realidad lo que ocurrió fue que, de facto, Marruecos asumió esa administración y procedió a la ocupación.
Para el Gobierno saharaui, España ha sido y sigue siendo la potencia administradora del territorio y como tal asume la responsabilidad de conducirlo a su plena descolonización.
Sea o no, España potencia administradora, porque abandonó el territorio del Sahara, eso no significa que no tenga ningún tipo de responsabilidad internacional sobre un territorio que administró y que no condujo a su salida natural de manera legal: el referéndum.
Por consiguiente se cumplen sobradamente los requisitos para que la justicia española intervenga en la investigación para que los crímenes cometidos no queden impunes.
Asesinado en El Aaiun, el ciudadano español Baby Hamday Buyema
Asesinado en El Aaiun, el ciudadano español Baby Hamday Buyema, casado y padre de 2 hijos de corta edad: el niño Saad de 4 años y Aya, una niña de 2.
El ciudadano español nacido en El Aaiun, (capital de la provincia 53 española), el día 13 de febrero de 1975 y con DNI número 94.307.758-J, fue asesinado en la mañana del día 8, por policías del cuerpo especial (GUS, creado ex profeso para el Sahara Occidental).
El relato de los hechos es el siguiente, según la propia familia del fallecido: viajaba en un autobús procedente de la Empresa de fosfatos que expolia los recursos naturales del Sahara, Foss Bucraa, donde trabajaba como ingeniero eléctrico, cuando fue interceptado en las calles de El Aaiun por policías de los GUS. Siendo el único ciudadano saharaui que se encontraba en el autobús, fue obligado a bajar y con una extrema violencia fue atropellado brutalmente con unos de los furgones de la policía, pasando varias veces dicho vehículo por encima de su cuerpo cuando se encontraba tendido. La agresión acabó con su vida.
Una vez consumado el asesinato, procedieron a saquear primero y a quemar después el vehículo de su propiedad Mercedes 190, matrícula de Alemania, donde se encontraba su documentación. La familia ha manifestado a esta Fundación que tiene intención de viajar a El Aaiun para la exhumación del cadáver que se encuentran en un hospital de El Aaiun en la morgue, habiendo entrado en contacto con la policía española, que le ha explicado los trámites para realizar el entierro, estando a la espera de que el gobierno marroquí autorice la entrada de los familiares.
Ante la muerte violenta sufrida de un ciudadano español, no puede por más tiempo el gobierno de España quedarse al margen de lo que está sucediendo en las calles y en las casas de El Aaiun ocupado, de Smara, Cabo Bojador y Djala, donde se sucede y se continúa el magnicidio que se viene relatando.
Es necesaria una intervención inmediata de la Comunidad Internacional.
En el siguiente enlace firmado Thawra, podemos ver la desesperación de la población saharaui, atendiéndolo cuando agonizaba en las calles de El Aaiun.
http://www.youtube.com/watch?v=WaOiBKas_lE
El ciudadano español nacido en El Aaiun, (capital de la provincia 53 española), el día 13 de febrero de 1975 y con DNI número 94.307.758-J, fue asesinado en la mañana del día 8, por policías del cuerpo especial (GUS, creado ex profeso para el Sahara Occidental).
El relato de los hechos es el siguiente, según la propia familia del fallecido: viajaba en un autobús procedente de la Empresa de fosfatos que expolia los recursos naturales del Sahara, Foss Bucraa, donde trabajaba como ingeniero eléctrico, cuando fue interceptado en las calles de El Aaiun por policías de los GUS. Siendo el único ciudadano saharaui que se encontraba en el autobús, fue obligado a bajar y con una extrema violencia fue atropellado brutalmente con unos de los furgones de la policía, pasando varias veces dicho vehículo por encima de su cuerpo cuando se encontraba tendido. La agresión acabó con su vida.
Una vez consumado el asesinato, procedieron a saquear primero y a quemar después el vehículo de su propiedad Mercedes 190, matrícula de Alemania, donde se encontraba su documentación. La familia ha manifestado a esta Fundación que tiene intención de viajar a El Aaiun para la exhumación del cadáver que se encuentran en un hospital de El Aaiun en la morgue, habiendo entrado en contacto con la policía española, que le ha explicado los trámites para realizar el entierro, estando a la espera de que el gobierno marroquí autorice la entrada de los familiares.
Ante la muerte violenta sufrida de un ciudadano español, no puede por más tiempo el gobierno de España quedarse al margen de lo que está sucediendo en las calles y en las casas de El Aaiun ocupado, de Smara, Cabo Bojador y Djala, donde se sucede y se continúa el magnicidio que se viene relatando.
Es necesaria una intervención inmediata de la Comunidad Internacional.
En el siguiente enlace firmado Thawra, podemos ver la desesperación de la población saharaui, atendiéndolo cuando agonizaba en las calles de El Aaiun.
http://www.youtube.com/watch?v=WaOiBKas_lE
miércoles, 10 de noviembre de 2010
LIGA ESPAÑOLA PRO DERECHOS HUMANOS
El magnicidio marroquí sobre el pueblo saharaui continúa:
En la comunicacion original aparece una relaccion de 25 detenidos,14 heridios y 3 desaparecidos, omito los nombres por razones obvias de seguridad
Siguen conociéndose los nombres de los saharauis represaliados, que se cuentan por cientos.
La información es muy difícil de obtener pues no funcionan los teléfonos de los defensores de derechos humanos, en una acción más de impedir que la información salga de los territorios ocupados para consumar su represión a la población saharaui. Continúa el registro sistemático de casas saharauis buscando saharauis y extranjeros.
La política que está siguiendo Marruecos en los territorios ocupado del Sahara Occidental es considerar traidores a aquellos saharauis que ayuden o acojan a extranjeros, habiendo anunciado que aquellos que lo hagan serán juzgados por traición al Estado.
La situación es desesperada, todas las fuentes indican que los saharauis no pueden salir de sus casas, pues cuando son vistos en la calle, son atacados violentamente y llevados a lugares que se desconocen por el momento.
Ya se conocen ya se están conociendo los centros masivos de detención donde están llevando a los detenidos. Se habla de la sede central de la DST (Seguridad Marroquí de Inteligencia), situada detrás del “Hotel Almassira”, situado en la Avenida de la Mekka, de reciente construcción, donde según los testimonios existen centros de tortura en los sótanos del edificio donde están llevando a los detenidos, y donde son sometidos a torturas sistemáticas para conseguir información que usar para consumar la represión.
Otro centro es el cuartel de la Gendarmería Real, antiguo cuartel de la policía territorial en el época de España. Hay numerosos testimonios que indican que en este cuartel, en estos momentos, están torturando a decenas de saharauis.
Se han encontrado 3 cadáveres de ciudadanos saharauis en el río Saguia Elhamra, que está en la ciudad de El Aaiun y según informaciones de los territorios ocupados consultadas por esta Fundación, dos de ellos asesinados a tiros y el tercero, atropellado.
Según fuentes del Ministerio de Territorios ocupados y Salka Embarek, las víctimas mortales son 8, una de ellas un niño de 7 años.
En la comunicacion original aparece una relaccion de 25 detenidos,14 heridios y 3 desaparecidos, omito los nombres por razones obvias de seguridad
Siguen conociéndose los nombres de los saharauis represaliados, que se cuentan por cientos.
La información es muy difícil de obtener pues no funcionan los teléfonos de los defensores de derechos humanos, en una acción más de impedir que la información salga de los territorios ocupados para consumar su represión a la población saharaui. Continúa el registro sistemático de casas saharauis buscando saharauis y extranjeros.
La política que está siguiendo Marruecos en los territorios ocupado del Sahara Occidental es considerar traidores a aquellos saharauis que ayuden o acojan a extranjeros, habiendo anunciado que aquellos que lo hagan serán juzgados por traición al Estado.
La situación es desesperada, todas las fuentes indican que los saharauis no pueden salir de sus casas, pues cuando son vistos en la calle, son atacados violentamente y llevados a lugares que se desconocen por el momento.
Ya se conocen ya se están conociendo los centros masivos de detención donde están llevando a los detenidos. Se habla de la sede central de la DST (Seguridad Marroquí de Inteligencia), situada detrás del “Hotel Almassira”, situado en la Avenida de la Mekka, de reciente construcción, donde según los testimonios existen centros de tortura en los sótanos del edificio donde están llevando a los detenidos, y donde son sometidos a torturas sistemáticas para conseguir información que usar para consumar la represión.
Otro centro es el cuartel de la Gendarmería Real, antiguo cuartel de la policía territorial en el época de España. Hay numerosos testimonios que indican que en este cuartel, en estos momentos, están torturando a decenas de saharauis.
Se han encontrado 3 cadáveres de ciudadanos saharauis en el río Saguia Elhamra, que está en la ciudad de El Aaiun y según informaciones de los territorios ocupados consultadas por esta Fundación, dos de ellos asesinados a tiros y el tercero, atropellado.
Según fuentes del Ministerio de Territorios ocupados y Salka Embarek, las víctimas mortales son 8, una de ellas un niño de 7 años.
martes, 9 de noviembre de 2010
ULTIMAS NOTICIAS RECIVIDAS EN LA LIGA ESPAÑOLA PRO DERECHOS HUMANOS DESDE EL AAIUN
9 de noviembre de 2010 21:30
Asunto: OCHO MUERTOS SAHARAUIS MÁS. UNO DE ELLOS, UN NIÑO DE SIETE AÑOS
OCHO SAHARAUIS MÁS HAN MUERTO. UNO DE ELLOS, UN NIÑO DE SIETE AÑOS
Martes, 9 noviembre - 19 h.
Sobre las 15.30 h. se han encontrado los cuerpos inertes de tres saharauis a la orilla del río Saguia el Hamra. Dos de ellos muertos a disparos con arma de fuego y otro por aplastamiento con coche.
Alrededor de las cinco de la tarde, un niño saharaui de siete años ha resultado muerto en el barrio de Duerat. Esta muerte es el resultado de la violencia con la que actúan las milicias de colonos dirigidas por la policía y las agresiones que ejecutan tras los allanamientos de morada.
Entre los barrios Hay El Awda y el río Saguia el Hamra, han sido encontrados muertos cuatro saharauis de los que se está procediendo a su identificación.
Estas noticias se irán desarrollando en próximos comunicados.
Asunto: OCHO MUERTOS SAHARAUIS MÁS. UNO DE ELLOS, UN NIÑO DE SIETE AÑOS
OCHO SAHARAUIS MÁS HAN MUERTO. UNO DE ELLOS, UN NIÑO DE SIETE AÑOS
Martes, 9 noviembre - 19 h.
Sobre las 15.30 h. se han encontrado los cuerpos inertes de tres saharauis a la orilla del río Saguia el Hamra. Dos de ellos muertos a disparos con arma de fuego y otro por aplastamiento con coche.
Alrededor de las cinco de la tarde, un niño saharaui de siete años ha resultado muerto en el barrio de Duerat. Esta muerte es el resultado de la violencia con la que actúan las milicias de colonos dirigidas por la policía y las agresiones que ejecutan tras los allanamientos de morada.
Entre los barrios Hay El Awda y el río Saguia el Hamra, han sido encontrados muertos cuatro saharauis de los que se está procediendo a su identificación.
Estas noticias se irán desarrollando en próximos comunicados.
lunes, 8 de noviembre de 2010
POLICÍAS VESTIDOS DE COLONOS SAQUEAN Y DESTRUYEN VIVIENDAS DE SAHARAUIS
Esto es lo que nos envían desde el Aaiún persona de nuestra confianza
Liga española pro derechos humanos
Lunes, 8 noviembre de 2010. 20 h.
El ejército ha tomado las calles de la ciudad de El Aaiun. La avenida Smara hacia el este y la calle TanTan, está controlada por los militares a pesar de que aún quedan focos de resistencia de la Intifada.
La policía y las Fuerzas Auxiliares patrullan las calles e incitan a los supuestos colonos para que se adentren en los conocidos barrios de Hay Mattalla, las Villas y Skeikima, de población en su mayoría saharaui. Desde los vehículos policiales se les va indicando qué viviendas pertenecen a saharaui y cuales no. Las casas han sido allanadas, saqueadas y destruidas y sus moradores golpeados. Luego, se dispersan. (Desde el 2005 unos siete mil policías de paisano se mezclan con la población civil para actuar en cualquier momento).
Más tarde, destacamentos de la policía han concentrado a grupos de colonos marroquíes para indicarles un recorrido determinado por el que marchar coreando eslóganes. La misma policía les ha ido entregando banderas.
Los presos saharauis se cuentan por decenas, aunque aún se desconocen sus nombres.
Testigos oculares confirman la existencia de otro destacamento policial marroquí entre Tiznit y Gulemin, lo que indica que la represión se
Liga española pro derechos humanos
Lunes, 8 noviembre de 2010. 20 h.
El ejército ha tomado las calles de la ciudad de El Aaiun. La avenida Smara hacia el este y la calle TanTan, está controlada por los militares a pesar de que aún quedan focos de resistencia de la Intifada.
La policía y las Fuerzas Auxiliares patrullan las calles e incitan a los supuestos colonos para que se adentren en los conocidos barrios de Hay Mattalla, las Villas y Skeikima, de población en su mayoría saharaui. Desde los vehículos policiales se les va indicando qué viviendas pertenecen a saharaui y cuales no. Las casas han sido allanadas, saqueadas y destruidas y sus moradores golpeados. Luego, se dispersan. (Desde el 2005 unos siete mil policías de paisano se mezclan con la población civil para actuar en cualquier momento).
Más tarde, destacamentos de la policía han concentrado a grupos de colonos marroquíes para indicarles un recorrido determinado por el que marchar coreando eslóganes. La misma policía les ha ido entregando banderas.
Los presos saharauis se cuentan por decenas, aunque aún se desconocen sus nombres.
Testigos oculares confirman la existencia de otro destacamento policial marroquí entre Tiznit y Gulemin, lo que indica que la represión se
domingo, 7 de noviembre de 2010
Peticion desde el campamento la dignidad
Fecha: 7 de noviembre de 2010
MÁXIMA URGENCIA!!!!!!!
El Aaiún está totalmente bloqueado. Nadie puede entrar ni salir. Cientos de efectivos bloquean todas las salidas de la ciudad y todas las entradas al Campamento.
El genocidio va a ser inminente.
Cientos de camiones cisternas, fuerzas de intervención rápida, antidisturbios, gendarmería, policía y militares rodean todo el campamento y la ciudad.
Una caravana de 70-80 camiones de intervención rápida han llega al campamento, con cada diez camiones les acompañaban 3 ambulancias. A su entrada por el control de El Aaiún, han cerrado este a sus espaldas.
La ciudad de El Aaiún ya se ha levantado. Cientos de saharauis se agolpan en los controles de acceso al campamento y están siendo disueltos con gas lacrimógeno.
Los saharauis de la cuidad ya se han puesto a retirar, de forma improvisada, las banderas marroquíes que llenan la ciudad debido a la celebración de la Marcha verde. La situación en la ciudad es de máxima alerta, los saharauis intentar expresar su rechazo al bloqueo absoluto pero las fuerzas de represión marroquíes disuelven toda protesta con contundencia.
Desde anoche la policía de El Aaiún porta rifles.
Marruecos va a entrar al campamento de un momento a otro, desde altavoces los militares marroquíes amenazan con la entrada y la disolución violenta del mismo. Cada vez acercan más sus posiciones, en estos momentos se encuentran pegados a las jaimas.
Los saharauis se están reagrupando para preparar su defensa, el sentimiento es de resistencia y así actuarán.
Los saharauis se enfrentan a camiones cisternas, antidisturbios, militares, policía, gendarmes, fuerzas de intervención rápida, y todos ellos armados y preparados para el genocidio.
ENNAAMA ASFARI (CORELSO): TORTURADO HASTA PERDER EL CONOCIMIENTO
Ennaama ASFARI, copresidente de CORELSO (Comité para el Respeto de las Libertades y los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental), ha sido detenido y brutalmente torturado, alrededor de las 20 horas (hora local), en El Aaiun. Un nutrido grupo de policías secretas, GUS y otros, lo han torturado hasta que perdió el conocimiento.
Las barricadas en la Avenida de Smara se suceden con la quema de neumáticos, palos, y todo lo que se encuentra al paso para protestar por la intervención de las fuerzas marroquíes de ocupación contra la población saharaui y el campamento de Gdeim Izik.
MÁXIMA URGENCIA!!!!!!!
El Aaiún está totalmente bloqueado. Nadie puede entrar ni salir. Cientos de efectivos bloquean todas las salidas de la ciudad y todas las entradas al Campamento.
El genocidio va a ser inminente.
Cientos de camiones cisternas, fuerzas de intervención rápida, antidisturbios, gendarmería, policía y militares rodean todo el campamento y la ciudad.
Una caravana de 70-80 camiones de intervención rápida han llega al campamento, con cada diez camiones les acompañaban 3 ambulancias. A su entrada por el control de El Aaiún, han cerrado este a sus espaldas.
La ciudad de El Aaiún ya se ha levantado. Cientos de saharauis se agolpan en los controles de acceso al campamento y están siendo disueltos con gas lacrimógeno.
Los saharauis de la cuidad ya se han puesto a retirar, de forma improvisada, las banderas marroquíes que llenan la ciudad debido a la celebración de la Marcha verde. La situación en la ciudad es de máxima alerta, los saharauis intentar expresar su rechazo al bloqueo absoluto pero las fuerzas de represión marroquíes disuelven toda protesta con contundencia.
Desde anoche la policía de El Aaiún porta rifles.
Marruecos va a entrar al campamento de un momento a otro, desde altavoces los militares marroquíes amenazan con la entrada y la disolución violenta del mismo. Cada vez acercan más sus posiciones, en estos momentos se encuentran pegados a las jaimas.
Los saharauis se están reagrupando para preparar su defensa, el sentimiento es de resistencia y así actuarán.
Los saharauis se enfrentan a camiones cisternas, antidisturbios, militares, policía, gendarmes, fuerzas de intervención rápida, y todos ellos armados y preparados para el genocidio.
ENNAAMA ASFARI (CORELSO): TORTURADO HASTA PERDER EL CONOCIMIENTO
Ennaama ASFARI, copresidente de CORELSO (Comité para el Respeto de las Libertades y los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental), ha sido detenido y brutalmente torturado, alrededor de las 20 horas (hora local), en El Aaiun. Un nutrido grupo de policías secretas, GUS y otros, lo han torturado hasta que perdió el conocimiento.
Las barricadas en la Avenida de Smara se suceden con la quema de neumáticos, palos, y todo lo que se encuentra al paso para protestar por la intervención de las fuerzas marroquíes de ocupación contra la población saharaui y el campamento de Gdeim Izik.
Nuevos informes de la Liga-proderechos humanos sobre el AAIUN
Respeto los titulares y el contenido integro
ALARMANTE SITUACIÓN DE GENOCIDIO
En estos momentos el campamento de Gdeim Izik está totalmente cercado por el ejército marroquí, Fuerzas Auxiliares y policía que aumenta por momentos.
Unos setenta y cinco camiones cisternas antidisturbios cargados de efectivos, amenazan con disolver por la fuerza el campamento, gritando por altavoces que “si no se marchan tendrán que asumir las consecuencias”. Ante esta amenaza, la respuesta de los ciudadanos saharauis ha sido la de “no abandonar”.
A la entrada de El Aaiun, más de treinta camiones antidisturbios bloquean la entrada de la ciudad pero los saharauis intentan romper ese bloqueo con más de ciento veinte vehículos.
En estos precisos momentos los saharauis están sentados en el suelo haciendo una cadena de coches, unos trescientos cincuenta, y personas que se dirige hacia el primer control marroquí del Campamento.
La situación es tan alarmante que se teme se produzca un genocidio entre la población saharaui.
LA CIUDAD DE EL AAIUN ES UN INFIERNO
A pesar del fuerte bloqueo de las Fuerzas de ocupación marroquíes, la caravana saharaui logró forzar el control policial sufriendo un ataque que ha producido decenas de heridos graves. Al final, la caravana ha logrado entrar en el campamento.
En distintos barrios de la ciudad de El Aaiun se están sucediendo manifestaciones que están provocando la agresión de la policía. Estos barrios y calles son:
Calle Smara
Barrio Mattalla
Barrio Skeikima
Calle Mezwar
Barrio Erraha
Barrio El Amal
Barrio El Awda
Delante del Hotel Nagjir
Mientras los ciudadanos saharauis coreaban eslóganes como “la badil, la badil”, se produjo una intervención atroz contra ellos y los heridos son incalculables. Algunos están en el hospital y de otros no se sabe nada aún.
La situación en El Aaiún es un infierno. Según testigos (ciudadanos de Smara), han podido contar a dedo, 172 vehículos militares (camiones Gacel), y otros de marca Toyota, repletos de efectivos del ejército traídos del muro defensivo de Amgale, pertenecientes a 6º Regimiento de Infantería motorizada. Desde hace unas dos horas, se dirigen hacia El Aaiún
ALARMANTE SITUACIÓN DE GENOCIDIO
En estos momentos el campamento de Gdeim Izik está totalmente cercado por el ejército marroquí, Fuerzas Auxiliares y policía que aumenta por momentos.
Unos setenta y cinco camiones cisternas antidisturbios cargados de efectivos, amenazan con disolver por la fuerza el campamento, gritando por altavoces que “si no se marchan tendrán que asumir las consecuencias”. Ante esta amenaza, la respuesta de los ciudadanos saharauis ha sido la de “no abandonar”.
A la entrada de El Aaiun, más de treinta camiones antidisturbios bloquean la entrada de la ciudad pero los saharauis intentan romper ese bloqueo con más de ciento veinte vehículos.
En estos precisos momentos los saharauis están sentados en el suelo haciendo una cadena de coches, unos trescientos cincuenta, y personas que se dirige hacia el primer control marroquí del Campamento.
La situación es tan alarmante que se teme se produzca un genocidio entre la población saharaui.
LA CIUDAD DE EL AAIUN ES UN INFIERNO
A pesar del fuerte bloqueo de las Fuerzas de ocupación marroquíes, la caravana saharaui logró forzar el control policial sufriendo un ataque que ha producido decenas de heridos graves. Al final, la caravana ha logrado entrar en el campamento.
En distintos barrios de la ciudad de El Aaiun se están sucediendo manifestaciones que están provocando la agresión de la policía. Estos barrios y calles son:
Calle Smara
Barrio Mattalla
Barrio Skeikima
Calle Mezwar
Barrio Erraha
Barrio El Amal
Barrio El Awda
Delante del Hotel Nagjir
Mientras los ciudadanos saharauis coreaban eslóganes como “la badil, la badil”, se produjo una intervención atroz contra ellos y los heridos son incalculables. Algunos están en el hospital y de otros no se sabe nada aún.
La situación en El Aaiún es un infierno. Según testigos (ciudadanos de Smara), han podido contar a dedo, 172 vehículos militares (camiones Gacel), y otros de marca Toyota, repletos de efectivos del ejército traídos del muro defensivo de Amgale, pertenecientes a 6º Regimiento de Infantería motorizada. Desde hace unas dos horas, se dirigen hacia El Aaiún
LAS NOTICIAS QUE NOS LLEGAN DESDE EL CAMPAMENTO Y DESDE EL AAIUN SON ALARMANTES, SE PUEDE GENERAR EN UN ENFRENTAMIENTO POPULAR Y SU MASACRE, ES NECES
AGUA CALIENTE Y ATROPELLOS EN MASA CONTRA CIUDADANOS SAHARAUIS
La policía y las Fuerzas Auxiliares marroquíes, están cerrando la entrada al Campamento saharaui y han agredido a los ciudadanos que se encontraban en sus coches. Les han lanzado agua caliente provocando accidentes e hiriendo a las personas que se encontraban sentadas en el suelo en símbolo de protesta. Las fuerzas de ocupación han destruido completamente 30 coches de saharauis, los primeros que se encontraban en la caravana, fracturando a un grupo numeroso entre los que se encontraba Abdalahi Toubali, uno de los nueve miembros que componen el Comité negociador del Campamento con la administración marroquí, a Kentawi Lehsen y a Bunani Mohamed.
En estos momentos, se está produciendo una manifestación en el mismo control de la policía y otra en el interior del Campamento en protesta por esa amenaza de la fuerzas opresivas a entrar y disolverlos por la fuerza.
La policía y las Fuerzas Auxiliares marroquíes, están cerrando la entrada al Campamento saharaui y han agredido a los ciudadanos que se encontraban en sus coches. Les han lanzado agua caliente provocando accidentes e hiriendo a las personas que se encontraban sentadas en el suelo en símbolo de protesta. Las fuerzas de ocupación han destruido completamente 30 coches de saharauis, los primeros que se encontraban en la caravana, fracturando a un grupo numeroso entre los que se encontraba Abdalahi Toubali, uno de los nueve miembros que componen el Comité negociador del Campamento con la administración marroquí, a Kentawi Lehsen y a Bunani Mohamed.
En estos momentos, se está produciendo una manifestación en el mismo control de la policía y otra en el interior del Campamento en protesta por esa amenaza de la fuerzas opresivas a entrar y disolverlos por la fuerza.
viernes, 29 de octubre de 2010
Carta de la liga pro derechos humanos al Secetario General de Naciones Unidas en relaccion con la situacion que vive el Pueblo Saharahui
Excmo.Sr.Don BAN KI-MON
Secretatiro Gemeral de Naciones Unidas
The United Nations
1, United Nations Plaza
New York. New York 10017-35015
Madrid 28 de Octubre 2.010
Respetado Secretario General:
Con todo respeto en nombre de la Liga Española Pro Derechos Humanos (con Estatuto Consultivo de Naciones Unidas) y en nuestro nombre, acudimos a V.E, haciéndole un llamamiento para que convoque URGENTEMENTE el Consejo de Seguridad y ponga fin a una posible catástrofe humanitaria de consecuencias imprevisibles.
Como V.E. es conocedor de la situación que vive el Pueblo SAHARAUI desde hace 35 años por la ocupación militar de su Nación por el Reino de Marruecos, que viene haciendo oídos sordos a todas las Resoluciones que dimanan de Naciones Unidas.
El Pueblo Saharaui de los Territorios Ocupados ante la desidia que viene sufriendo desde hace 35 años se ha instalado en un Campamento a las afueras del AAIUN tomando como principal reivindicación su DIGNIDAD COMO PUEBLO, dignidad que viene siendo pisoteada por el Reino de Marruecos desde hace 35 años como V.E. es conocedor.
Sr. Secretario General, la población Saharaui en los Territorios Ocupados a decidido abandonar todas las Ciudades del Sahara Occidental, fijando su asentamiento en el CAMPAMENTO DE LA DIGNIDAD, esta medida Sr. Secretario General ha sido tomada para evidenciar ante el mundo la difícil situación económica y el empobrecimiento al que están siendo sometidos por las Autoridades Marroquís, expoliadoras desde 1975 de sus recursos naturales.
Sr. Secretario General, le conformo que la situación en el Campamento empeora considerablemente con el paso del tiempo, por la falta de medicamentos, alimentos, agua y todos los elementos básicos para vivir, ya que el Ejército y la Policía Marroquí están impidiendo la llegada de dichos alimentos al Campamento.
Rogamos a V.E. una rápida intervención por parte de Naciones Unidas y la Comunidad Internacional, para evitar choques sangrientos por parte del Ejercito Marroquí y la Policía contra el Pueblo Saharaui, impidiendo que termine en una masacre de dimensiones impredecibles, que sería un crimen de Lexa Humanidad en el que serían culpables todos los Organismos Internaciones que no lo impidan.
Atentamente
Francisco José Alonso Rodríguez (Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos)
Abdellah Labraihmani, Sidi Brahim, Suelma Amed (Observadores sobre el Terrero, Saharauis con Nacionalidad también Española)
Secretatiro Gemeral de Naciones Unidas
The United Nations
1, United Nations Plaza
New York. New York 10017-35015
Madrid 28 de Octubre 2.010
Respetado Secretario General:
Con todo respeto en nombre de la Liga Española Pro Derechos Humanos (con Estatuto Consultivo de Naciones Unidas) y en nuestro nombre, acudimos a V.E, haciéndole un llamamiento para que convoque URGENTEMENTE el Consejo de Seguridad y ponga fin a una posible catástrofe humanitaria de consecuencias imprevisibles.
Como V.E. es conocedor de la situación que vive el Pueblo SAHARAUI desde hace 35 años por la ocupación militar de su Nación por el Reino de Marruecos, que viene haciendo oídos sordos a todas las Resoluciones que dimanan de Naciones Unidas.
El Pueblo Saharaui de los Territorios Ocupados ante la desidia que viene sufriendo desde hace 35 años se ha instalado en un Campamento a las afueras del AAIUN tomando como principal reivindicación su DIGNIDAD COMO PUEBLO, dignidad que viene siendo pisoteada por el Reino de Marruecos desde hace 35 años como V.E. es conocedor.
Sr. Secretario General, la población Saharaui en los Territorios Ocupados a decidido abandonar todas las Ciudades del Sahara Occidental, fijando su asentamiento en el CAMPAMENTO DE LA DIGNIDAD, esta medida Sr. Secretario General ha sido tomada para evidenciar ante el mundo la difícil situación económica y el empobrecimiento al que están siendo sometidos por las Autoridades Marroquís, expoliadoras desde 1975 de sus recursos naturales.
Sr. Secretario General, le conformo que la situación en el Campamento empeora considerablemente con el paso del tiempo, por la falta de medicamentos, alimentos, agua y todos los elementos básicos para vivir, ya que el Ejército y la Policía Marroquí están impidiendo la llegada de dichos alimentos al Campamento.
Rogamos a V.E. una rápida intervención por parte de Naciones Unidas y la Comunidad Internacional, para evitar choques sangrientos por parte del Ejercito Marroquí y la Policía contra el Pueblo Saharaui, impidiendo que termine en una masacre de dimensiones impredecibles, que sería un crimen de Lexa Humanidad en el que serían culpables todos los Organismos Internaciones que no lo impidan.
Atentamente
Francisco José Alonso Rodríguez (Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos)
Abdellah Labraihmani, Sidi Brahim, Suelma Amed (Observadores sobre el Terrero, Saharauis con Nacionalidad también Española)
jueves, 7 de octubre de 2010
Una cosa es la razón de la fuerza y otra muy distinta la fuerza de la razón
Después del ataque de ayer contra la SGAE, el Ministerio de Cultura, y al parecer Promusicae, creo que es bueno volver a los dominios de la razón y, continuar con la defensa de los derechos fundamentales en Internet .
En el artículo anterior hemos fijado el objetivo y alcance de La LES y, como en su diarrea legislativa al introducir en la disposición final segunda una reforma de la LSI y la LPI ha evitado un debate sereno y reflexivo sobre el futuro de los derechos de autor, en especial sobre la supervivencia de los modelos de explotación actuales en la era de la sociedad de la información. Debate que aunque temido por las gestoras de derechos de autor resulta indispensable si se pretende compatibilizar el derecho de todos a la cultura con el derecho individual de autor. Que es de lo que se trata, buscar un modelo en el que todos ganemos, incluidos los autores e inventores y en el que quizá sobran los intermediarios.
Decíamos que la LES introducía una gran aportación para la implantación de la sociedad del conocimiento, que ha pasado desapercibida como es la banda ancha de una mega en el servicio universal, algo en lo que todos los grupos parlamentarios como no podía ser menos están absolutamente de acuerdo. Se dice que esa velocidad es insuficiente, quizá lo sea para descargar grandes archivos, pero en atención al estado de la red de telecomunicaciones en España garantizar un mega con independencia de la situación geográfica antes del 1 de enero de 2011 es un proyecto ambicioso y, desde luego suficiente para facilitar el acceso a los servicios públicos y al conocimiento. Esta iniciativa del Gobierno y del PSOE es un primer paso para el reconocimiento del acceso a Internet mediante banda ancha como un derecho fundamental.
La parte negativa de la LES, es que se trata de la versión española del informe Gallo, tal y como ha puesto de relieve en diversas ocasiones su ponente Marielle Gallo y, aunque no permite la desconexión, si permite el cierre de páginas no respetando otros derechos en conflicto, en especial la tutela judicial efectiva. El PP, elimina el cano digital e introduce el “derecho a un juicio justo” por la vía del procedimiento especial para la tutela de los derechos fundamentales, con lo que se salva este escollo esencial en una sociedad democrática, Sin embargo sigue manteniendo la figura de la “Comisión de propiedad Intelectual” y, la regula con esmero, algo que en principio no me gusta. Creo que tal y como esta regulado ese órgano no servirá para la mediación ni el arbitraje sino para aumentar la capacidad de presión de los Lobbies, de la propiedad intelectual, que son los únicos que junto a la Administración tienen garantizada su presencia en la citada Comisión, según la redacción del PP.
Antes de continuar con el análisis del resto de enmiendas a la disposición final segunda, es preciso señalar que no existen derechos absolutos. Las personas podemos ser privados de nuestros derechos fundamentales cuando entran en colisión con otros bienes que se consideran preferentes, pero con determinadas garantías. Nuestras comunicaciones pueden ser interceptadas, pero solo para cumplir determinados fines y con respeto a un procedimiento legalmente establecido, igualmente podemos perder nuestra libertad y ser conducidos a presidio, pero es preciso un juicio justo y la pena tiene que estar predeterminada por la Ley y cumplir determinados fines…..de la misma forma una página web puede ser cerrada o pueden retirarse los contenidos ilícitos que en ellas existan. Hace unos años un juez de la Audiencia Nacional secuestro la edición de la revista “ El Jueves” por un chiste cionsiderado ofensivoa, ayer unas personas, por su puesto anonimas,en nombre de lo que ellos entiende como “libertad de expresión” cerraron unas páginas webs, incluso una del propio Gobierno.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Presenta una enmienda a la totalidad de supresión de la disposición final segunda, esto es algo que está en sintonía con lo que defendemos la necesidad de entablar un debate amplio sobre los derechos de autor en la sociedad de la información.
Quitando esto las enmiendas son peligrosas en algún caso y otros discutibles. Según la redacción de la enmienda, subsiste la “Comisión de propiedad intelectual” y amplia su ámbito de actuación, al considerar que se pude interrumpir la prestación de un servicio de la sociedad de la información a quienes vulneren la propiedad intelectual con ánimo de lucro directo o indirecto o de quien pretenda causar un daño patrimonial, mientras que hasta ahora la Fiscalía General del Estado limitaba esas posibilidad al lucro directo, es decir el lucro comercial y desde luego la intención no delinque. Por otra parte la enmienda expresamente permite el cierre de las páginas de enlaces . En definitiva la enmienda amplia la persecución a la mera intención aunque no haya actos externos y al lucro indirecto, es decir a las páginas de enlaces y a las páginas que tengan publicidad. Eso es algo que hasta ahora nadie se había atrevido a proponer.
Por otra parte también amplia el ámbito de aplicación al sustituir la expresión en cuanto puedan afectar a los derechos y libertades del artículo 20 de la C.E. por la de, “ si pudieran afectar”.
Como punto positivo merece resaltarse que mejora, en el sentido de que democratiza la composición de la “Comisión de Propiedad Intelectual “al establecer que habrá de representar a todos los sectores implicados, incluidos los representantes de usuarios de Internet,
En el artículo anterior hemos fijado el objetivo y alcance de La LES y, como en su diarrea legislativa al introducir en la disposición final segunda una reforma de la LSI y la LPI ha evitado un debate sereno y reflexivo sobre el futuro de los derechos de autor, en especial sobre la supervivencia de los modelos de explotación actuales en la era de la sociedad de la información. Debate que aunque temido por las gestoras de derechos de autor resulta indispensable si se pretende compatibilizar el derecho de todos a la cultura con el derecho individual de autor. Que es de lo que se trata, buscar un modelo en el que todos ganemos, incluidos los autores e inventores y en el que quizá sobran los intermediarios.
Decíamos que la LES introducía una gran aportación para la implantación de la sociedad del conocimiento, que ha pasado desapercibida como es la banda ancha de una mega en el servicio universal, algo en lo que todos los grupos parlamentarios como no podía ser menos están absolutamente de acuerdo. Se dice que esa velocidad es insuficiente, quizá lo sea para descargar grandes archivos, pero en atención al estado de la red de telecomunicaciones en España garantizar un mega con independencia de la situación geográfica antes del 1 de enero de 2011 es un proyecto ambicioso y, desde luego suficiente para facilitar el acceso a los servicios públicos y al conocimiento. Esta iniciativa del Gobierno y del PSOE es un primer paso para el reconocimiento del acceso a Internet mediante banda ancha como un derecho fundamental.
La parte negativa de la LES, es que se trata de la versión española del informe Gallo, tal y como ha puesto de relieve en diversas ocasiones su ponente Marielle Gallo y, aunque no permite la desconexión, si permite el cierre de páginas no respetando otros derechos en conflicto, en especial la tutela judicial efectiva. El PP, elimina el cano digital e introduce el “derecho a un juicio justo” por la vía del procedimiento especial para la tutela de los derechos fundamentales, con lo que se salva este escollo esencial en una sociedad democrática, Sin embargo sigue manteniendo la figura de la “Comisión de propiedad Intelectual” y, la regula con esmero, algo que en principio no me gusta. Creo que tal y como esta regulado ese órgano no servirá para la mediación ni el arbitraje sino para aumentar la capacidad de presión de los Lobbies, de la propiedad intelectual, que son los únicos que junto a la Administración tienen garantizada su presencia en la citada Comisión, según la redacción del PP.
Antes de continuar con el análisis del resto de enmiendas a la disposición final segunda, es preciso señalar que no existen derechos absolutos. Las personas podemos ser privados de nuestros derechos fundamentales cuando entran en colisión con otros bienes que se consideran preferentes, pero con determinadas garantías. Nuestras comunicaciones pueden ser interceptadas, pero solo para cumplir determinados fines y con respeto a un procedimiento legalmente establecido, igualmente podemos perder nuestra libertad y ser conducidos a presidio, pero es preciso un juicio justo y la pena tiene que estar predeterminada por la Ley y cumplir determinados fines…..de la misma forma una página web puede ser cerrada o pueden retirarse los contenidos ilícitos que en ellas existan. Hace unos años un juez de la Audiencia Nacional secuestro la edición de la revista “ El Jueves” por un chiste cionsiderado ofensivoa, ayer unas personas, por su puesto anonimas,en nombre de lo que ellos entiende como “libertad de expresión” cerraron unas páginas webs, incluso una del propio Gobierno.
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Presenta una enmienda a la totalidad de supresión de la disposición final segunda, esto es algo que está en sintonía con lo que defendemos la necesidad de entablar un debate amplio sobre los derechos de autor en la sociedad de la información.
Quitando esto las enmiendas son peligrosas en algún caso y otros discutibles. Según la redacción de la enmienda, subsiste la “Comisión de propiedad intelectual” y amplia su ámbito de actuación, al considerar que se pude interrumpir la prestación de un servicio de la sociedad de la información a quienes vulneren la propiedad intelectual con ánimo de lucro directo o indirecto o de quien pretenda causar un daño patrimonial, mientras que hasta ahora la Fiscalía General del Estado limitaba esas posibilidad al lucro directo, es decir el lucro comercial y desde luego la intención no delinque. Por otra parte la enmienda expresamente permite el cierre de las páginas de enlaces . En definitiva la enmienda amplia la persecución a la mera intención aunque no haya actos externos y al lucro indirecto, es decir a las páginas de enlaces y a las páginas que tengan publicidad. Eso es algo que hasta ahora nadie se había atrevido a proponer.
Por otra parte también amplia el ámbito de aplicación al sustituir la expresión en cuanto puedan afectar a los derechos y libertades del artículo 20 de la C.E. por la de, “ si pudieran afectar”.
Como punto positivo merece resaltarse que mejora, en el sentido de que democratiza la composición de la “Comisión de Propiedad Intelectual “al establecer que habrá de representar a todos los sectores implicados, incluidos los representantes de usuarios de Internet,
miércoles, 6 de octubre de 2010
La sinrazón : Las páginas del Ministerio de Cultura y la SGAE se 'caen' por un ciberataque
Esta tarde, alrededor de las 17:30 hora española, se ha dirigido un ataque de denegación de servicio distribuido (DDOS) contra la web de la SGAE(www.sgae.es), y simultáneamente contra la del Ministerio de Cultura (www.mcu.es). El referido ataque consistente en que miles de ordenadores de todo el mundo realizan peticiones simultaneas de acceso a esa web, como si muchos usuarios decidieran visitarla simultáneamente. En consecuencia, el servidor afectado se ve incapaz de procesar tal cantidad de peticiones en tan poco tiempo y, en consecuencia, el dominio deja de estar disponible para todo
El ataque, bautizado como Operation Payback (Operación Venganza) e inicialmente previsto para la madrugada del jueves 7, se ha adelantado a la tarde de hoy y ha dejado inutilizadas ambas webs, como habrán podido comprobar todas las personas que hayan tratado de acceder a alguna de estas webs.
El grupo de activistas 'Anonymous', un grupo de ciberactivistas, convocó a los internautas a través de 4chan para realizar este ataque en su 'Operation payback' ('Operación Venganza'), la misma que en semanas anteriores afectó a las páginas de la Asociación Americana de la Industria Musical (RIAA), la Asociación Americana Cinematográfica (MPAA), la firma de abogados ACS: Law o Ministry of Sound, entre otras.
A estas horas su web muestra un comunicado explicando las razones del ataque de hoy, que son: El CANON y la Ley Sinde que permitirá el cierre de paginas web sin control judicial, lo cual consideran un ataque a la libertad de expresión .
Precisamente por esos mismo valores que dicen defender, la igualdad de oportunidades para acceder a la cultura y la libertad de expresión, este ataque carece de justificación y les deslegitima, no solo a ellos sino tambien a todos los que con honestidad combaten por la defensa de los derechos fundamentales en Internet y, la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura y el conocimiento.
La web de la SGAE y del Ministerio de Cultura es un ejerció legitimo de la libertad de expresión y por lo tanto deben respetarse y no hacer lo que ellos pretenden con sus leyes tipo Hadopy,Gallo, Sinde, Acta y lo que venga.
El ataque, bautizado como Operation Payback (Operación Venganza) e inicialmente previsto para la madrugada del jueves 7, se ha adelantado a la tarde de hoy y ha dejado inutilizadas ambas webs, como habrán podido comprobar todas las personas que hayan tratado de acceder a alguna de estas webs.
El grupo de activistas 'Anonymous', un grupo de ciberactivistas, convocó a los internautas a través de 4chan para realizar este ataque en su 'Operation payback' ('Operación Venganza'), la misma que en semanas anteriores afectó a las páginas de la Asociación Americana de la Industria Musical (RIAA), la Asociación Americana Cinematográfica (MPAA), la firma de abogados ACS: Law o Ministry of Sound, entre otras.
A estas horas su web muestra un comunicado explicando las razones del ataque de hoy, que son: El CANON y la Ley Sinde que permitirá el cierre de paginas web sin control judicial, lo cual consideran un ataque a la libertad de expresión .
Precisamente por esos mismo valores que dicen defender, la igualdad de oportunidades para acceder a la cultura y la libertad de expresión, este ataque carece de justificación y les deslegitima, no solo a ellos sino tambien a todos los que con honestidad combaten por la defensa de los derechos fundamentales en Internet y, la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura y el conocimiento.
La web de la SGAE y del Ministerio de Cultura es un ejerció legitimo de la libertad de expresión y por lo tanto deben respetarse y no hacer lo que ellos pretenden con sus leyes tipo Hadopy,Gallo, Sinde, Acta y lo que venga.
sábado, 2 de octubre de 2010
Disposición final segunda de la L.E.S. 1º
Mucho se habla estos días de la disposición final segunda de la L.E.S, que como todo el mundo sabe muy bien se refiere a la protección de la propiedad intelectual. Los comentarios que vengo leyendo en los foros internautas atacan tanto a la L.E.S como a las alternativas planteadas, en particular a las planteadas por el Grupo Parlamentario Popular. Partiendo del máximo respeto a las críticas, creo que es preciso contextualizar la referida posposición final dentro la L.E.S y esta en el momento histórico para intentar hacer un análisis en positivo ya que el momento no esta como para ir tirandonos piedras los unos a los otros.
El objeto y finalidad de la Ley es establecer un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales.
La Ley se estructura en en cuatro títulos, con un total de 116 artículos, 9 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria y 33 finales. Pero es la disposición final segunda la que aborda determinadas reformas en la Ley de Impulso a la sociedad de la Información y la Ley de Propiedad Intelectual la que está originando este debate. Lamentablemente del resto no se habla y, eso tanto si se debe a la desinformación como al desinterés es preocupante.
El impulso a la sociedad de la información se aborda en el Capítulo IV del título II. Trae causa en el paso de la televisión analógica a la digital que ha producido una liberalización del espectro radioeléctrico en la banda de frecuencias de 790-862MHz que se habilita para prestar servicios de comunicaciones electrónicas, igualmente se regula la utilización de las nuevas tecnologías en la banda de frecuencias de 900MHz., permitiéndose el uso de esta banda, no sólo por los tradicionales sistemas GSM, sino también por los sistemas UMTS. Por último, se introduce como elemento integrante del servicio universal la conexión a banda ancha a una velocidad de 1Mbit por segundo, provista a través de cualquier tecnología. Las condiciones de prestación del servicio de acceso de banda ancha a la red pública se establecerán antes del 1 de enero de 2011.
Esto último, es desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades al acceso al conocimiento y la cultura la mejor aportación que podíamos recibir desde que se estableció la tarifa plana. No es lo mismo que ha sucedido en Finlandia, en donde el derecho de acceso a internet tiene rango constitucional, aunque también se parte de una velocidad inicial de 1Mbit por segundo. Pero no es más que un caramelo para ocultar la amargura de la disposición final segunda.
Por lo demás, llama la atención que una ley con esos objetivos tan considerables, se ocupe de una cuestión tan específica y polémica como la protección de la propiedad intelectual, que por sí sola exige un debate propio. Pero si tenemos en consideración, que se trata de una de las 33 disposiciones finales y, cada una afecta a otras tantas normas de igual o mayor transcendencia en sus distintos ámbitos, la conclusión es que se trata de una diarrea legislativa que impedirá una reflexión serena y pausada sobre cada uno de estos aspectos y, permitirá que el paquete sea aprobado en bloque evitando así un debate en profundidad en relación con la protección de la propiedad intelectual.
Dicho esto, sobre la disposición final segunda poco se pude decir que no esté dicho ya: La ley no permite la desconexión de quienes bajen material ilícito, pero si el cierre de las páginas que contengan material ilícito o faciliten su acceso. Para frenar la Ley se dice que no respeta la libertad de expresión, la privacidad, el secreto de las comunicaciones, la intimidad, el principio del proceso debido.
La enmienda del PP es a la totalidad, y en relación con la disposición final segunda, que es la que interesa. Establece:
1º La derogación del canon, algo que ha sido tildado de nimio, pero no es así. Sino que se lo pregunten a las Gestoras de Derechos de Autor y a los grupos que desde años están luchando contra ese privilegio.
2º Se establece un procedimiento judicial con las garantías debidas para poder cerrar una página web o retirar sus contenidos que se rige por lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en relación con el “Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona”. Algo en sintonia con lo que reivindicaba
3º Se mantiene la Comisión de Propiedad Intelectual, compuesta de dos Secciones la primera dedicada a mediación y arbitraje y la segunda para el cierre de las paginas pero una vez autorizadas por el Juez competente, en este caso los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, algo en sintonia con lo reivindicado por Tim Berners-Lee cuando inocando "La Carta Magna" decia que al igual que ningún hombre libre debiera ser privado de libertad sin un proceso justo tampoco deberia de poder ser desconectado sin un juicio justo.
Desde esta perspectiva deben ser analizadas la reforma y la enmienda. La diferencia radica, dejando aparte la abolición del canon, en que según el proyecto gubernamental no está en juego ningún derecho fundamental y para la enmienda si, por eso se remite al procedimiento de protección de los derechos fundamentales introduciendo un nuevo artículo el 122 bis en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso admisntrativa.
Si bien el punto 3º es el mas criticable, ya que ese organismo “Comisión de Propiedad Intelectual” que introduce el proyecto y la enmienda hace suyo, no tiene ninguna razón de ser y por su regulación será un órgano parcial ya que no está prevista la presencia de colectivos de defensa de los derechos de los internautas.
El resto de enmiendas introducen aspectos interesantes. En otro momento los trataremos.
El resto de enmiendas introducen aspectos interesantes. En otro momento los trataremos.
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