Liga española pro derechos humanos

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domingo, 15 de agosto de 2010

LA E-DEMOCRACIA Y LOS NUEVOS DERECHOS



La era digital está aquí y está generando una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad, basado fundamentalmente en la capacidad de intercambio directo y en la libre aportación de contenidos y conocimiento.
La democracia no es más que un dialogo entre el Poder y los ciudadanos a través de los representantes, pero Internet ha logrado generar un sistema de información global y compartida, en donde la manipulación es cada vez más difícil y el ciudadano está dejando de ser parte de la masa indiferenciada para cobra un nuevo protagonismo.
En este nuevo escenario tecnológico es posible un diálogo directo entre los ciudadanos entre sí y, con los poderes públicos, perdiendo sentido la figura del intermediario. No se trata pues de un cambio en el marketing político que pone en manos de los políticos nuevas herramientas para transmitir sus mensajes llámense Facebook o Twitter. Si como parece, esto es lo que piensan están muy equivocados. A la democracia representativa se le agota el tiempo y debe ajustarse al nuevo escenario tecnológico y volverse más participativa, más directa, más informacional, en consonancia con la sociedad emergente.
Desde esta perspectiva, queremos decirle a los partidos políticos, al Gobierno, en definitiva a nuestros “representantes”, que nos encontramos ante un sistema agotado, que la dialéctica de izquierdas y derechas ya no es un método valido para interpretar la realidad, pero siguen teniendo la responsabilidad de garantizar la continuidad de esa conversación esencial entre poder y ciudadanos que se inicio en el siglo XVIII, actualizando el paradigma con nuevos principios o redefiniendo algunos no tan nuevos.
1.- OPEN ACCES y OPEN DATA (TRANSPARENCIA).

Un Estado democrático exige que el Poder sea transparente, no los ciudadanos, por eso resulta imprescindible que la Ley garantice el acceso de los ciudadanos a la información pública (open acces) mediante un procedimiento breve y sencillo, y establecer un sistema de Open Data (datos abiertos), que obligue a las Administraciones a publicar a través de internet toda la información, antes incluso que alguien la solicite, de forma que las empresas y profesionales puedan emplear toda la información que gestiona la administración para generar nuevos servicios.
Esto implica el desarrollo de una verdadera administración digital sin barreras tecnológicas que dificulten la difusión de la información y que también haga posible que los servicios giren sobre los ciudadanos y no a la inversa, como sucede ahora, de forma que sean los servicios los que se acerquen a los hogares de los ciudadanos y a los despachos de los profesionales.

2º.- LIBERTAD Y SECRETO DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS.
Si algo resulta esencial en la sociedad de la información es la libertad de las comunicaciones lo cual no es posible si no se garantiza el secreto de las mismas, sin embargo en los últimos tiempos, bajo el pretexto de la Seguridad, de la defensa de la infancia, de los derechos de autor... poco importa cuál sea la disculpa, se está imponiendo una filosofía de la vigilancia en la que el Estado observa a todos los ciudadanos sin que éstos tengan manera de saber si están siendo vigilados o no. Por ello advertimos de la necesidad de reconsiderar la, Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones y la necesidad de revisar la normativa por la que se rige Sitel y todos los sistemas de vigilancia electrónica a fin de adoptar las medidas necesarias para preservar las libertades civiles e impedir los abusos del poder ejecutivo en el futuro.

3º.- DERECHO DE ACCESO UNIVERSAL A INTERNET.

Finlandia, se ha convertido en el primer país que ha realizado una reforma constitucional con el fin de garantizar constitucionalmente el principio llamado “acceso universal” a Internet y la libertad de acceder a las tecnologías de información, comunicaciones, cualquiera que sea el medio utilizado o la localización geográfica de los usuarios, por esto y para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la información, y el disfrute pleno de derechos sociales básicos como la educación y la sanidad es ineludible que se reconozca la banda ancha como un derecho fundamental y fijar los valores mínimos exigibles a los proveedores en el ancho de banda, independientemente del método de acceso elegido.

4º.- NEUTRALIDAD DE LA RED.

La neutralidad de la red es uno de los grandes principios sobre los que se ha construido Internet. Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, la neutralidad de la red equivale al principio de igualdad y no discriminación de la información y su defensa resulta esencial de cara a que los derechos fundamentales se respeten en Internet y evitar que en el futuro Internet acabe bajo el control de unos pocos.

5º.- CULTURA Y CONOCIMIENTO.

En un período de cambio tecnológico y social acelerado como el actual los derechos sobre bienes inmateriales están sometidos a una terrible tensión y, si bien deben ser respetados y tutelados, las medidas que se adopten para protegerlos no pueden desconocer los derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, la intimidad, el secreto de las comunicaciones o la privacidad de los datos.
Por otra parte el dominio público cumple cada vez más un papel esencial en la participación cultural y la innovación, no en vano a lo largo de la historia ha sido la regla y, sigue siendo la cantera común de donde seguimos extrayendo los materiales para construir la civilización y por lo tanto debe seguir estando activo, pero no brinda protección a los creadores que renunciando a los derechos de explotación quieren mantener la integridad de su obra y su condición moral de autor o inventor, por eso es preciso reconocer que las licencias publicas tipo GNU, Copyleft, Creative Commons son susceptibles de protección judicial aunque no exista un perjuicio comercial directo para evitar que alguien se apropie de la invención de otro.

6.- GOBIERNO ABIERTO.

El objetivo final es una democracia conectada y transparente, que garantice no solo el acceso online de los ciudadanos a los datos de la Administración, a los contratos públicos, a las cuentas y al gasto público, sino también capaz de fomentar la participación ciudadana a través de consultas y comentarios sobre los proyectos legislativos, a fin de descentralizar el debate político de forma que las decisiones que conciernen a todos sean tomadas en el conjunto de la ciudadanía.

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