La ‘ley Sinde’ se estrella

La llamada ley Sinde nace debido a las presiones de los lobbies de derechos de autor en España, pero sobre todo de la industria cultural de EE UU hasta el extremo de que el Gobierno norteamericano ha influenciado abiertamente sobre diversos estamentos de la administración española. A todo esto, hay que unir la patológica necesidad del propio presidente Zapatero de buscar un reconocimiento por parte de EE UU y en especial de Obama, como de manera clara y evidente revela la secuencia de documentos filtrados por WikiLeaks.
Pero éste no ha sido el único intento para introducir un procedimiento similar, recordemos que la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) ya quita a los jueces la exclusividad para retirar contenidos de las páginas web, y por dos veces durante su tramitación el Gobierno intentó introducir un procedimiento sin precedentes en el derecho español, llamado de “notificación y retirada”, es decir, una auténtica patada digital, ya que habilitaba a las gestoras de derechos de autor para que, sin declaración judicial alguna, tras unas simples notificaciones, pudieran exigir a los proveedores de Internet que retiren los contenidos de las páginas que albergan. Actualmente, tras varios intentos se logró introducir en la Ley de Economía Sostenible un paquete normativo que no tiene nada que ver con ella.
El proyecto no permite la desconexión de quienes bajen material ilícito, pero sí el cierre de las páginas que contengan material ilícito o faciliten su acceso, pero el Gobierno no ve en esto violación de derechos fundamentales, por eso no le parece necesario introducir una tutela judicial plena. Por contra, el principal partido de la oposición, el PP entiende que sí, y en su enmienda, se remite al procedimiento especial de protección reforzada de los derechos fundamentales previsto en el artículo 53.2 de la Constitución Española, introduciendo un nuevo artículo el 122 bis en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.
Tanto entonces como ahora, la movilización ciudadana ha sido notable y no ha pasado desapercibida, aunque se hayan producido comportamientos poco cívicos al haberse atacado páginas web de altos organismos de la nación, como el Congreso de los Diputados, o partidos políticos, privando a nuestros representantes de su libertad de expresión y al resto de los ciudadanos del derecho a acceder a sus servicios. Pero esta postura radical y fascista, no deslegitima para nada el discurso de defensa de las libertades. Al contrario pone en evidencia la necesidad de perfeccionar los mecanismos jurídicos para garantizar la libertad de expresión en Internet.
El motivo que ha impedido sacar la ley Sinde, ha sido la falta de apoyos del PSOE. Las razones han sido diversas: el PNV, por ejemplo, ponía el dedo en la llaga al anunciar Erkoreka “creemos que la solución que se arbitra no es la idónea, que es preciso reflexionar mucho más sobre la convergencia de las nuevas tecnologías con la propiedad intelectual, ambos bienes son dignos de ser protegidos por el ordenamiento jurídico”. Las razones de CIU fueron más interesadas al exigir a cambio un paquete de medidas fiscales en materia de vivienda e iniciativas medioambientales, educativas y energéticas. A su vez el PP, que de entrada exigía la abolición del canon, no quiso rebajar el umbral de garantías.
Pero el hecho de que la ley no haya sido aprobada, no significa que se haya resuelto el problema, al contrario el problema persiste y no sólo afecta a la industria cultural, sino también a la imagen exterior de España. Por tanto, se requiere, con premura, una solución legislativa, que respetando el sistema de garantías permita retirar de las páginas web, los contenidos ilícitos, sin necesidad de cerrarlas. Pero también es preciso articular nuevos modelos de negocio y gestión de la propiedad intelectual en sintonía con el nuevo marco tecnológico en el que se produce la creación artística y, tampoco debe olvidarse la necesidad de educar en los nuevos valores cívicos, para que la idea de que lo digital carece de valor y es gratuito, quede definitivamente desterrada.
Debe quedar claro que nadie niega a los creadores el derecho a la explotación de su obra, pero la cultura y el conocimiento también es de todos, por consiguiente es preciso compatibilizar ese derecho individual de autor, con el de general todos, y garantizar de una forma efectiva la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento y la cultura. En palabras de Víctor Hugo: “El libro, como libro, pertenece al autor, pero como pensamiento el libro pertenece al género humano. Todas las inteligencias tienen derecho de acceder a ese pensamiento. Si uno de los dos derechos, el derecho del escritor y el derecho del espíritu humano, debiera ser sacrificado, debería ser el derecho del escritor, pues el interés público es nuestra mayor preocupación, y todos, lo declaro, deben estar antes que nosotros.” (Discours d’ouverture du Congrès littéraire international de 1878.)
*Pedro Martínez es fiscal de la Comunidad de Madrid.