Liga española pro derechos humanos

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martes, 28 de septiembre de 2010

Salvad a Sakineh y preguntad por Teresa

Copio el post de Esteban González Pons, porque es una importante reflexión sobre la pena de muerte y la vergonzosa hipocresía con la que enfrentamos esta realidad.
El problema no es la lapidación, la crucifixión o el ahorcamiento, por referirme a tres culturas de la venganza. El problema es la pena de muerte en sí misma, es el atavismo del placer de la muerte como venganza. "Ojo por ojo y el mundo se quedará ciego", dijo una vez Mahatma Gandhi y seguimos intentándolo. La venganza, es un sistema de suma -1, en el que todos perdemos. Por contra, un derecho penal democrático debe buscar la reparación de la víctima y la rehabilitación del delincuente, es decir un sistema de suma +1 en la que todos ganamos.


Sakineh Mohammadi Ashtianí, pese a ser viuda fue acusada en 2006 de adulterio y condenada a muerte por lapidación en Irán. A ser enterrada hasta el pecho para inmovilizarla y recibir después un chaparrón de piedras, ni tan pequeñas como para sólo hacerle daño ni tan grandes como para matarla a la primera. Es una muerte terrible que al menos han sufrido 136 personas que se sepa desde la proclamación de la República Islámica. Por eso, por lo injusto de la causa, por lo salvaje del método de ejecución y porque nadie duda que la antigua Persia es hoy un Estado terrible, todos los medios de comunicación libres se hicieron eco del caso, se conmovió la opinión pública internacional y finalmente, después de una gran polémica, las autoridades cambiaron la acusación de adulterio por la de asesinato y su lapidación por una horca.

Teresa Lewis también fue condenada a muerte pero en Estados Unidos. En 2003 se le imputó que convenciese a dos hombres con sexo y dinero para que asesinaran a su marido y a su hijastro, y cobrar así el seguro de vida. Los dos sicarios fueron castigados con la cárcel mientras que a Teresa se le impuso la pena capital pese a ser retrasada. Es cierto que estamos ante un crimen abominable, que el fallecimiento por inyección letal es presuntamente poco doloroso y que la prisión de Greensville en Virginia es un lugar civilizado y por eso no hubo protestas mundiales, sólo se contó en los periódicos porque el reo era una mujer deficiente. Y en la puerta del centro penitenciario en el que la ejecutaron nada más que hubo 14 personas con sus pancartas.

Estados Unidos no es Irán; la ley norteamericana, democrática y racional, no es el código coránico; el asesinato del propio esposo y su hijo no es comparable con el adulterio contra la memoria del cónyuge fallecido; bien, pero, con mayor o menor crueldad, la pena de muerte es igual de inmoral en todos los casos en los que se aplique. No es Irán quien se comporta como occidente al elegir la horca frente a la lapidación, es al revés. Somos nosotros quienes perdemos la dignidad al aceptar naturalmente que, en el llamado "mundo civilizado", la muerte siga siendo un castigo aceptable.

Si consideramos que matar es un delito es porque matar es injusto y, si es injusto, lo será mate quien mate. Por lo tanto, el Estado no puede matar sin cometer con ello un acto injusto.

Nadie puede cometer delitos, y el Estado tampoco. Y lo mismo que nos parece obvio que en nombre del Estado no se pueda robar, violar, esclavizar o torturar, nos debería parecer inaceptable que se pueda matar en algún país. ¿Por qué aplicar la ley del ojo por ojo al asesinato si no maltratamos al maltratador o drogamos al traficante? Estoy contra la muerte de Sakineh pero con igual fuerza contra la de Teresa, estoy por el derecho y contra la venganza

Teresa Lewis, como un adolescente, pidió para su última cena un pollo frito de Kentucky y un refresco, un Dr. Peppers, lo que la resume bien y nos retrata a los demás. Ante su ejecución, no puedo decir aquello de que moralmente hemos muerto un poco todos menos ella, porque no es verdad. Todos nos hemos rebajado sí, pero sólo Teresa está muerta. Y tampoco puedo decir que no la olvidaremos, ya que la inmensa mayoría de nosotros ni siquiera llego a saber que estuvo viva. Me trago las palabras lleno de vergüenza.

miércoles, 22 de septiembre de 2010

Hadopi, saca pecho después del triunfo en el Parlamento Europeo




El Parlamento Europeo ha aprobado el Informe Gallo que criminaliza a los usuarios y promueve todas las medidas exigidas por los lobbies para convertir Internet en una finca de caza con una pieza a batir que no son los infractores de material protegido por “copyright”, son todos los usuarios.
Los europarlamentarios han aprobado la adopción del informe por 328 votos a favor, 245 en contra y 80 abstenciones. La derecha de la Cámara, el Partido Popular Europeo de la ponente Marielle Gallo, el Grupo de los conservadores (británicos) y reformistas (realmente partidos muy conservadores) y la extrema-derecha votaron a favor. Socialistas, verdes y la Izquierda Unitaria se opusieron. El grueso de los eurodiputadis de ALDE (liberales por un lado y demócratas o centristas por el otro) se abstuvieron, si bien hubo algunas “escisiones” tanto a favor del informe como en contra, es el caso de los liberales de D66, el partido de centro-izquierda holandés al que pertenece la eurodiputada que invitó a Julian Assange al Parlamento Europeo. 83 diputados no participaron en la votación.
En líneas generales el informe GALLO dice defender a los creadores, pero en realidad lo que defiende es un sistema ya gastado y aunque se aportan distintas propuestas para abordar el tema de la piratería y la falsificación, permanece anclado en el pasado y no tiene más objetivo que la represión desfasada negándose a aceptar las nuevas formas de concebir el derecho de autor.

Por otra parte la filosofía general del texto es muy sesgada, ya que sostiene, sin prueba alguna, que las infracciones a la propiedad intelectual son una amenaza para la economía y los gobiernos y se centra en la represión de la compartición de la información, sin considerar que esas medidas pueden suponer un obstáculo para los pequeños emprendedores europeos en el mundo del arte y la cultura que cada vez utilizan mas internet para la promoción de sus productos

En el informe, aunque expresamente no se diga, flota la recuperación de la idea de la desconexión de los usuarios de Internet (three strikes & out), o que puedan legitimarse prácticas abusivas de filtrado, uso de spyware o abuso del DRM, (sobre todo en países como España en donde la copia privada ya esta admitida). Por otra parte el incrementar las responsabilidades legales de los ISP’s es extremadamente peligroso porque los convierte en auténticas policías del copyright vaciando de contenido a los jueces.

La negación del Poder Judicial como pilar básico de cualquier democracia en garantía de los derechos fundamentales para ser sustituido por una "justicia" administrativa de dudosa imparcialidad eliminando las garantías de los ciudadanos, (algo bastante similar a lo que en España se ha denominado "Ley Sinde") es el aspecto más desconcertante y espinoso del informe Gallo. En nuestro Ordenamiento la suspensión de derechos fundamentales como puede ser el cierre de una página web es, y debe seguir siendo competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales.

Por otra parte los derechos de propiedad intelectual no pueden ponerse en plano de igualdad con los derechos fundamentales tal y como destaco el Consejo Fiscal de la Fiscalia General del Estado en un informe sobre la Ley Sinde. Tampoco el intercambio de archivos vía redes P2P siempre que sea sin ánimo de lucro es delito en España, como deja claro la CIRCULAR 1/2006 del Fiscal General del Estado sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, ni está prohibida la copia privada, por lo que el uso del DRM en la medida en que impida este derecho no sería licito.

El Informe Gallo es sólo una iniciativa de carácter no legislativo. Funciona como consejo para todos los estados miembros de Europa y ofrece a los gobiernos locales y grupos de presión un trampolín para impulsar medidas contra la 'piratería' como el ACTA, considerada positiva por los autores del informe.

martes, 21 de septiembre de 2010

Informe Gallo

El 22 de Septiembre se vota en el Parlamento Europeo el Informe Gallo que según La Quadrature du Net está promovido e influenciado por los lobbys de algunas de las industrias intermediarias discográficas en un intento de criminalizar aún más al ciudadano.

En líneas generales el Informe Gallo dice defender a los creadores pero en realidad lo que defiende son modelos de negocio gastados negándose a abordar el tema de los nuevos modelos de negocio y las nuevas formas de concebir el derecho de autor.
Con pleno respeto a los derechos de autor y el copyright, en la nueva era digital resulta inevitable repensar el sistema de protección en cuanto a su extensión y contenido mediante el establecimiento, en el ámbito de la Unión Europea, de normas, herramientas y códigos de conducta que fomenten, incentiven y defiendan la conciliación del derecho individual de autor con el derecho de todos a la cultura y al conocimiento. Por primera vez en la historia de la humanidad se dispone de tecnología capaz de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento y sería una irresponsabilidad no hacerlo.
Por otra parte la filosofía general del texto es muy sesgada, ya que, según el Informe Gallo, compartir archivos en Internet (o la descarga ilegal) elimina puestos de trabajo!!”, y se centra en la represión de la compartición de la información y el conocimiento dejando de lado que en la era de los intercambios globales, la compartición de la información mejora nuestras sociedades y son cada vez mas quienes señalan que de facto las medidas del informe supondrán un obstáculo para los pequeños emprendedores europeos en el mundo del arte y la cultura que cada vez utilizan mas internet para la promoción de sus productos

Desde la perspectiva del Derecho Español existen claras razones por las que no puede ser compartido:
1º El informe sitúa en un plano de igualdad los derechos de autor con otros derechos fundamentales tal y como puso de relieve el Consejo Fiscal en su informe sobre la Disposición Adicional 1ª de la Ley de Economía Sostenible. Por eso nuestra posición es que hay que defender los derechos de autor y el derecho de propiedad intelectual, pero que éstos no pueden defenderse a costa del derecho a la intimidad, del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la libertad de información, del derecho a la igualdad en el acceso al conocimiento, del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la presunción de inocencia.
2º Entre las medidas más polémicas del informe flota la recuperación de la idea de la desconexión de los usuarios de Internet (three strikes & out), o que puedan legitimarse prácticas abusivas de filtrado o un uso abusivo del DRM y sobre todo la negación del Poder Judicial como pilar básico de cualquier democracia en garantía de los derechos fundamentales para ser sustituido por una "justicia" administrativa de dudosa imparcialidad. (algo bastante similar a lo que en España se ha denominado "Ley Sinde". En nuestro Ordenamiento la suspensión de derechos fundamentales como puede ser el cierre de una página web es, y debe seguir siendo competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales.
3º En España no es delito el intercambio de archivos: el propio Fiscal General del Estado deja claro en una circular del 5 de mayo [PDF 588 KB] que el intercambio de archivos vía redes P2P no es delito siempre que sea sin ánimo de lucro: “…las conductas relacionadas con la utilización de nuevas tecnologías, para la comunicación u obtención de obras protegidas, tales como las de colocar en la Red o bajar de Internet o las de intercambio de archivos través del sistema P2P, sin perjuicio de poder constituir un ilícito civil, frente al que los titulares podrán ejercitar las correspondientes acciones en dicha vía, no reúnen, en principio, los requisitos para su incriminación penal si no concurre en ellas un ánimo de lucro comercial.”
4º El informe propone luchar contra los sitios que ofrecen contenidos protegidos por las leyes de propiedad intelectual. Es decir, atacar a los sitios de enlaces, tal y como propone la Ley de Economía Sostenible, en plena tramitación en España pero no al usuario final, sin embargo no explora otras medidas como la acción civil para exigir responsabilidad al usuario final que disfruta de los bienes protegidos por los derechos de autor.
5º Por último el derecho de copia privada está recogido en la LPI que también regula el canon compensatorio, considerado por muchos un privilegio económico injustificable en un momento de grave crisis económica como el actual.
También es justo señalar que el informe Gallo tiene aspectos positivos como la Creación de un Observatorio Europeo de la Falsificación y la Piratería; señala la importancia de establecer medidas de sensibilización y campañas en el ámbito de los consumidores; la lucha contra la piratería en línea y la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual en Internet; destacando la dimensión internacional e influencia sobre el mercado interno; y la importancia de la lucha contra la delincuencia organizada.

lunes, 13 de septiembre de 2010

El proyecto que nunca existió

En julio, el diario El País ofrecía un extracto del proyecto de ley sobre el derecho a saber del público y anunciaba su inminente aprobación por el Consejo de Ministros. Al mismo tiempo felicitaba editorialmente al Gobierno por la decisión de promulgar una ley que garantizaría la transparencia de la Administración y el acceso de los ciudadanos a la información pública. El proyecto es una promesa electoral del PSOE incumplida desde 2004 y no es ninguna revolución. Leyes de esta naturaleza existen en todas las democracias avanzadas, en Suecia incluso desde 1776.

Tan sólo España y, hasta antes de la crisis, Grecia eran los únicos países de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no disponían de estas garantías. En ambos Estados la ciudadanía sospecha sobre la veracidad de la información difundida. En Grecia, se llegaron a falsear las cuentas públicas. En España, durante la presidencia de la Unión Europea, tras la dura presión ejercida por Francia, Alemania, EE UU y China –y sólo después de la intervención personal del presidente de EE UU, Obama–, el Gobierno reconoció la evidencia y se vio impulsado a poner en práctica drásticas e inesperadas medidas para sanear las cuentas públicas. A partir de estos dolorosos sucesos, para los ojos de Europa, Zapatero se convertía como presidente de la UE en una irrisión. Y, para los españoles, en una vergüenza dolorosa.

Algo parecido debe de suceder con el proyecto de ley, pues no se explica que después de tan largo recorrido y espectacular puesta en escena –al igual que sucedió con la crisis– nunca haya existido. ¿Por qué? La explicación quizá sea la inquietante noticia aparecida estos días sobre la adquisición de sistemas de monitorización del tráfico en Internet, abordada de forma desigual por los medios tradicionales y la propia Red. Los primeros, salvo excepciones, ponían especial énfasis en la queja de los servicios de Inteligencia sobre la transparencia informativa de sus compras. La Red resaltaba que estos sistemas siguen y recopilan las informaciones que publican los internautas y periodistas, lo cual atenta contra las libertades civiles.

Esto es preocupante para los demócratas, pero sobre todo para quienes tenemos Memoria Histórica. El argumento de salvaguardar la seguridad coincide con el utilizado en la anterior época socialista, que sirvió para encubrir los negocios de Roldán y saquear el Estado. Por eso nos inquieta que ahora se pretenda correr un velo protector en relación con el negocio de la ciberseguridad. Por otra parte, la obsesión por la vigilancia ya es historia. El presidente Obama, el 29 de mayo de 2009, en un paradigmático discurso dedicado a la ciberestructura de la nación, fue contundente: “Permítanme también ser muy claro acerca de lo que no haremos. Nuestra búsqueda de la ciberseguridad no incluirá –repito, no incluirá– la monitorización de redes privadas sectoriales o del tráfico de Internet.

Preservaremos y protegeremos la privacidad de las personas y las libertades civiles cuya existencia celebramos como americanos”. Acto seguido anunciaba una nueva era de apertura y transparencia.
En una democracia avanzada la transparencia debe ser la regla y el secreto, la excepción, que debe ceñirse a lo establecido en la Ley de Secretos Oficiales y las normas procesales. Fuera de estos casos, se debe garantizar el acceso de los ciudadanos a la información que se encuentra en manos del poder público o entidades privadas que realizan funciones públicas. Y debe hacerse mediante un procedimiento sencillo, gratuito y rápido, en el que baste con identificarse y facilitar la descripción de la información buscada, sin que sea necesario explicar ni por qué ni para qué se quiere la información y establecer un sistema de open data que obligue a las Administraciones a publicar a través de Internet toda la información, incluso antes de ser solicitada, de forma que no sólo los ciudadanos, sino también las empresas y profesionales puedan reutilizarla.

La transparencia es consustancial a la regeneración democrática, ya que el peligro de abuso y corrupción aumenta allí donde el Ejecutivo actúa en secreto. Además, constituye un primer paso para un Gobierno abierto, que se acerque a los hogares de los ciudadanos y a los despachos profesionales, sin barreras tecnológicas que dificulten la difusión de la información y sin que se discrimine en la red. Es decir, open source y neutralidad de la Red. Pero no basta con el acceso online de los ciudadanos a los datos, a los contratos, a las cuentas y al gasto público. También es preciso fomentar la participación ciudadana a través de consultas y comentarios sobre los proyectos legislativos, de forma que las decisiones que conciernen a todos sean tomadas por el conjunto de la ciudadanía.

*Pedro Martínez García es fiscal y co-administrador del grupo de Facebook ‘Manifiesto por la defensa de los derechos fundamentales en Internet’.

domingo, 12 de septiembre de 2010

El Ejecutivo prometió en 2004 regular el derecho a acceder a la información de la Administración

Parecía que este año era el momento, pero continúa en el cajón
El PP acelera su ley de transparencia ante la pasividad del Gobierno

Roberto R. Ballesteros. La GACETA Madrid

Alguna razón paraliza la ley de transparencia prometida por el presidente del Gobierno nada más llegar a La Moncloa. Pocos meses después de revalidar la presidencia, el 7 de octubre de 2008, José Luis Rodríguez Zapatero reiteró su promesa. El Gobierno, dijo, promoverá "una nueva ley que garantice el mayor acceso posible a la información pública en España".
Sin embargo, seis años después de la primera promesa, los ciudadanos siguen sin noticias de la normativa. Ante la pasividad del Gobierno, el portavoz del PP, Esteban González Pons, anunció el pasado 6 de julio en la Universidad Rey Juan Carlos que su partido preparaba una proposición no de ley con objeto de presionar al Gobierno. Días después, ERC se adelantó al PP y presentó su propia proposición en el Congreso. Durante estos días, informan fuentes populares, el partido acelera los trámites para presentar "cuanto antes" la propuesta, que podría dejar en evidencia a Zapatero.
España es, junto a Grecia, el único país de más de un millón de habitantes de la Unión Europea que continúa sin legislar esta materia. Suecia cuenta con una normativa desde 1776. La
Freedom of Information Act de Estados Unidos ha superado ya los 40 años de vida. El presidente americano, Barack Obama, apostó por desarrollarla aún más al acceder al poder. Y cumplió su promesa, a diferencia del jefe del Ejecutivo español.
En Estados Unidos es fácil acceder a las filmaciones de las intervenciones del presidente, a las instituciones y empresas que aportan fondos a uno u otro congresista e incluso a las facturas de las compras efectuadas por la Administración Obama. Según los expertos consultados, el desarrollo legislativo de esta norma no se queda sólo en la aprobación de la misma. Es necesario organizar los datos de forma clara para que los ciudadanos accedan a ellos sin dificultades administrativas farragosas que echen para atrás, facilitar las peticiones, crear sistemas para aligerar las respuestas y, en definitiva, destinar un presupuesto suficiente para mantener recursos humanos y sistemas informáticos.
Una ley que protegiera el derecho al acceso a la información pública evitaría cualquier duda sobre el patrimonio de José Bono y los contratos que otorgó como presidente de Castilla-La Mancha, revelaría si Miguel Barroso participó o no en el diseño de la nueva TDT y ayudaría a conocer los informes que elaboró el presidente de la oficina económica de Moncloa sobre la crisis antes de fichar por la patronal inmobiliaria.

miércoles, 8 de septiembre de 2010

Intentando entender la realidad

Recomiendo la lectura del artículo de Josep Ramoneda, publicado en diario el País, del viernes 12 de septiembre de 2008 titulado “El verano que cambió las prioridades”, en él realizaba un análisis interesante de la realidad social y política de la actualidad surjida tras el 11-s dejando de manifiesto las dificultades de la democracia para sobrevivir.
El artículo me recuerda el ensayo de Francis Fukuyama “El fin de la historia y el último hombre”, cuya tesis central consiste en la imposibilidad de un paradigma post-ilustración y, por consiguiente la imposición del pensamiento único como insuperable realidad. Pero Ramoneda a partir de la imponente presentación de los Juegos Olímpicos celebrados en China, desliza la idea de que un nuevo paradigma emerge de China y del Sudeste Asiático y, además, este nuevo paradigma no tiene ninguna base cultural ni fundamento ideológico democrático, pero hace gala de un inmenso poderío, industrial, económico, y sobre todo tecnológico. Ante los ojos de una adormecida humanidad se presentan como la clave del futuro, al que tampoco es ajeno el arte ni la cultura.
La crisis económica ha confirmado algo que ya sabíamos y temíamos y, que los Juegos Olímpicos nos permitieron visualizar: El gigante asiático reclama el protagonismo que le corresponde y el fin del paradigma de la ilustración y, sino cómo se explica que un país Comunista y no democrático, repito no democrático se haya convertido en el impulsor de la economía capitalista.
Mientras esto sucede, E.E.U.U durante largo tiempo impasible tras la vulnerabilidad descubierta tras el 11-S de 2001, que les introdujo, parece empezar a reaccionar reinventando la democracia con su nueva política de transparencia y apertura, pero sin poder evitar el ocaso que se avecina.
En Europa en dónde vivimos "el eterno presente" lo asiático cada vez tiene un mayor atractivo y ajenos a lo que está pasando seguimos recortando libertades para defendernos de enemigos que no tienen posibilidad alguna de imponernos nada facilitando el acceso de ese nuevo paradigma no democratico.

domingo, 5 de septiembre de 2010

“América el País donde el futuro llega antes” Alex de Tocqueville




Alex de Tocqueville fue un pensador, jurista, político e historiador francés del siglo XVIII y uno de los más importantes ideólogos del liberalismo, satisfecho por la facilidad y la forma pacífica con que la democracia se había asentado en Estados Unidos en comparación con que estaba pasando en Europa, el mismo estuvo a punto de terminar en la guillotina, pronuncio la famosa sentencia “América es el País donde el futuro llega antes”. Hoy vuelve a cumplirse de nuevo al menos en lo que se refiere a una Internet abierta y la neutralidad de la red, principios esenciales para la democracia en una sociedad conectada.


El tema de la neutralidad se discutió bastante en la última campaña presidencial de los Estados Unidos, Obama se pronunció a favor de la neutralidad de la red y lo vinculo a transparencia, la defensa de los derechos civiles y el Gobierno abierto, lo que le valió un importante apoyo electoral
Posteriormente en diversas ocasiones ha efectuado declaraciones de apoyo a la neutralidad de la red, concretamente el día 29 de mayo de 2009, en un discurso dedicado a la ciberestructura de la nación, el ya presidente renovó su apoyo con una frase contundente:

“Permítanme también ser muy claro acerca de lo que no haremos. Nuestra búsqueda de la ciberseguridad no incluirá – repito, no incluirá – la monitorización de redes privadas sectoriales o del tráfico de Internet. Preservaremos y protegeremos la privacidad de las personas y las libertades civiles cuya existencia celebramos como americanos. Es más, mantengo completamente firme mi compromiso con la neutralidad de la red para que podamos mantener Internet como debe ser – abierto y libre”.

Según la Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC. en sus siglas en Ingles y órgano equivalente en España a la CMT). la neutralidad de la red comprende cuatro principios.
Libertad de Acceso a Contenidos.
Libertad de Uso de aplicaciones
Libertad de conectar Dispositivos Personales.
Libertad de obtener información sobre el Plan de Servicio.
Ahora, el nuevo director de la Comisión Federal de las Comunicaciones Julius Genachowski propone agregar dos más:
Impedir la discriminación por tipo de contenido.
Los proveedores deben ser transparentes sobre su política de gestión de redes.

En pleno siglo XXI, la red es clave como motor de desarrollo económico, innovación y competitividad global. Los tiempos han cambiado e Internet posibilita el intercambio horizontal de información, cultura y de conocimiento entre todos los ciudadanos, y los medios de producción cultural deben adaptarse a esta nueva democracia y no al revés. Desde esta perspectiva configurar el acceso a Internet como un derecho fundamental es algo prioritario y no solo el acceso, también la neutralidad de la red, la universalidad de la banda ancha, como medios para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento.

Pero en EE.UU la cosa ha cambiado, Obama no es el candidato del “ yes we did”, es el presidente de Estados Unidos y las realidades se imponen, ha tenido que enfrentarse a situaciones difíciles, la reforma sanitaria, desastres ecológicos, la guerra que sin duda le han desgastado. En lo que se refiere a la neutralidad de la red sin haber concluido el desafío de Comcast, en que un Juez Federal resolvió en contra de la neutralidad de la red, lo que forzó a la FCC a ununciar soluciones legislativas, ahora se presenta el pacto Goougle-Verizon. En él se contempla la posibilidad de cobrar por parte del operador una prima "servicios especiales" dirigidos a través de una "red priorizada" en Internet móvil y el trato preferencial a los proveedores de contenidos que más paguen al operador.

La Comisión Federal de Comunicaciones FCC, ha anunciado que se decidirá sobre su postura acerca del principio de neutralidad de la Red en noviembre. El regulador ha postergado su decisión hasta después de las elecciones al Senado ya que ésta podría ser utilizada políticamente por los partidos. Igualmente, da más tiempo para que las partes implicadas (proveedores, industria de contenidos y consumidores) muestren sus opiniones.
En lo que respecta a la Unión Europea, la comisaria europea de Sociedad de la Información, Neelie Kroes, abrió una consulta pública sobre la neutralidad de la Red que se puede consultar en la web y está abierta a la participación hasta el próximo 30 de septiembre, y aunque ya hemos manifestado nuestra opinión en relación con esta consulta que consideramos fraudulenta, animamos a participar.

Pero sin duda una vez más será lo que suceda en Estados Unidos lo que marcara la tendencia mundial.

ENTREVISTA A VICTOR DOMINGO EN DEIA


"Internet puede retroceder diez años"
.."Es necesario es que el Gobierno garantice por Ley el acceso universal a internet. Porque hay cuatro millones de ciudadanos de segunda que no tienen acceso a la banda ancha en las zonas donde residen. Y hay que dejar claro que internet no es un producto, es un derecho. No tener acceso a la red es un problema que afecta a los derechos civiles porque afecta al acceso a la cultura y al conocimiento"..

05-09-2010 - C. Lago / Deia Bilbao. Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas y miembro permanente del Consejo Asesor de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información, cree que subir las tarifas es "una decisión absolutamente sorprendente que está causando conmoción en la comunidad de internautas".

¿Mantiene que si las operadoras eliminan la tarifa plana, el acceso a internet retrocedería?

Sí, retrocedería a niveles de hace diez años. La experiencia me indica que cuando se abonaba por minuto de consumo, los niveles de acceso eran mínimos y luego, cuando se impuso la tarifa plana, la audiencia a internet se multiplicó por cinco en un solo año.

¿Le parece injusto un sistema tarifario en el que tanto gastas, tanto pagas...?

Es que no es un producto medible. La luz, el gas o el agua se pueden medir.

Pero ¿cómo mides un archivo o la descarga de una película o de un libro? Es una cuestión a plantear si eso vale más o menos dinero. Lo que habría que discutir es cuánto pagas y qué servicio te ofrecen. Porque lo que no puede ser es que tengamos el quinto ADSL más caro de Europa y encima con una calidad tan limitada.

ICV ha presentado una proposición no de ley para blindar la tarifa plana. ¿Es necesario llegar a esos extremos?

Lo que es necesario es que el Gobierno garantice por Ley el acceso universal a internet. Porque hay cuatro millones de ciudadanos de segunda que no tienen acceso a la banda ancha en las zonas donde residen. Y hay que dejar claro que internet no es un producto, es un derecho. No tener acceso a la red es un problema que afecta a los derechos civiles porque afecta al acceso a la cultura y al conocimiento. Además la propuesta de Telefónica rompe de una manera brutal el anuncio de Industria de que el acceso a la banda ancha sea universal en 2011. Requerimos al ministro para que se manifieste al respecto, esperando que no deje el interés general por un interés corporativo.

Pero Telefónica no está sola. Su visión es compartida por el segundo proveedor, Vodafone, y por el cuarto operador del mercado, Yoigo.

Está claro que a las grandes compañías no les gusta esas tarifas planas, que ellos siempre van a apostar por una tarificación por consumo o por minuto. Otra cosa es que lo puedan o no lo puedan hacer porque ya se ha consolidado como tendencia de mercado.

¿Ve intereses ocultos en lanzar ahora este globo sonda?

Es evidente que el Gobierno se encuentra en un momento de extrema debilidad y que los lobbys más poderosos, como es el caso de Telefónica, siempre juegan sus cartas a ver que pueden sacar de este momento tan delicado.

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Uno de los ADSL más caros y lentos de la UE

Los españoles pagan hasta un 70% más que sus vecinos por disponer de conexión de banda ancha

DEIA .- Carísimo y malo. Según la última comparativa internacional de ofertas de banda ancha, realizada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), los españoles pagan hasta un 71,7% más que sus vecinos europeos por disponer de una conexión de banda ancha y voz (telefonía fija) a velocidad media, es decir, de entre dos y diez megas. Este producto -el combinado ADSL y teléfono- y en la franja media de velocidad es el más contratado y es precisamente el operador histórico, es decir, Telefónica, quien lo ofrece a mayor precio: 58,10 euros al mes frente a los 33,80 euros que cuesta de media el mismo servicio en el conjunto de la Unión Europea.

Si el cálculo se abre a todos los operadores españoles, el coste se modera sensiblemente y la brecha desciende hasta el 10,8%, situándose en 32,30 euros el precio en España, frente a los 29,10 euros de media en Europa. Según el análisis de las ofertas más interesantes en los 27 países de la UE, en España la mejor oferta se puede contratar por 32,3 euros en esa velocidad que aglutinan un 70% del total de las líneas, mientras que la media europea es de 29 euros. Si se toma como referencia la velocidad baja (un 11% de las líneas contratadas) son un 7,7% más baratas; mientras que si la referencia son velocidades superiores a 10 megas, el precio más competitivo del mercado español es un 16,6% superior a la media de la UE.

sábado, 4 de septiembre de 2010

“El medio es el mensaje” McLuhan

Se nos dice que la tecnología, en especial las Tic´s es neutral y, por lo tanto no necesita regulación o esta debe limitarse a los aspectos técnicos, pero no tiene que vincularse con el Derecho ya que su utilización no tiene por qué afectar a los derechos fundamentales. Pero no es así, la nuevas tecnologías en sí mismas comunican un mensaje, tal y como fue descrito por el visionario McLuhan, de forma que el medio con independencia de lo que trasmita, en si mismo encierra un mensaje que no es precisamente neutral. Con un ejemplo lo veremos con claridad: miremos la fotografía del teléfono, no es más que una proyección de oído y, ahora pensemos en el móvil que llevamos en el bolsillo, la primera idea que nos viene a la cabeza es que el de la fotografía es una antigualla inútil, sin embargo ambos sirven para hablar a distancia, pero el de nuestro bolsillo para empezar es móvil, no está atado por un cable a la pared y tiene múltiples aplicaciones relacionadas con la comunicación, el ocio y el entretenimiento pasando por la gestión de archivos. Por ende, si pensamos que una rueda es una extensión de las piernas, la realidad virtual, la revolución digital ¿Es acaso una extensión de nuestro cerebro? ¿De nuestra sensibilidad?
Esas nuevas ventajas de las redes de comunicación electrónica han sobrepasado los límites de la regulación y la hacen ineficaz. Derechos como la intimidad, el secreto a las comunicaciones, la privacidad de los datos quedaran ineficaces, como es el caso de lo sucedido en España con Sitel y la normativa sobre interceptación de comunicaciones.
Al Derecho objetivo le corresponde regular las relaciones sociales, para eso si la tecnología está afectando a la forma de relacionarnos, debe ser regulada pues si no los derechos subjetivos quedaran sin protección.

jueves, 2 de septiembre de 2010

Neutralidad y principio de igualdad

En el post anterior sosteníamos que la red y todo lo que pasa en ella, no es una cuestión meramente tecnológica asequible a unos cuantos expertos en las TIC´s, al contrario decíamos que es una cuestión política de una enorme trascendencia social y económica. Desde esta perspectiva la neutralidad de la red debería incluirse en el elenco de los derechos civiles, podríamos equipararlo al principio de igualdad o según mi entender una nueva extensión implícita en ese principio proyectada al ámbito tecnológico y, podría formularse así: “la Red debe ser idéntica para todos”, frase extraída de la declaración de derechos del hombre y del ciudadano, que dice: “La ley debe ser idéntica para todos, tanto para proteger como para castigar”. Basta cambiar la palabra Ley por Red y suprimir el último párrafo para extraer la definición.
Desde una perspectiva mas acorde con la actualidad, podríamos decir que la neutralidad de la red es uno de los grandes principios sobre los que se ha construido Internet y, consiste en que todo lo que se transmite por la red debe hacerse de la misma forma, sin discriminar ni distinguir el contenido de los paquetes. Neutralidad supone aplicar a todos los datos que circulan por la red el mismo tratamiento, sin que haya prioridad ni jerarquía de unos sobre otros, sin que nadie tenga acceso preferencial y se impida a otros circular o se les disminuya la velocidad.
Esta ha sido la regla desde los orígenes de Internet, pero a medida que Internet se ha convertido en indispensable, no solo para el ocio, sino para los negocios y los servicios, el principio de neutralidad está siendo cuestionado. Todo empezó en Estados Unidos y llego incluso a decirse que era un problema ligado a la falta de competencia en el mercado de telecomunicaciones en EE.UU, pero que no tenia proyección fuera del país, pero estamos viendo que no es así, ha bastado el polémico acuerdo entre Goougle y Verizon para que la cuestión haya saltado a las primeras páginas de la actualidad universal.
Las operadoras, aprovechando la conmoción por el acuerdo y, alegando la excusa de que al ritmo que la gente está demandando servicios de banda ancha (vídeo bajo demanda, música, etc) la infraestructura de Internet se colapsará pronto reivindican sus soluciones, que básicamente consisten en cobrar por el uso que se hace de sus redes esto significa que las grandes empresas que paguen más tendrán prioridad en su despliegue de contenidos de Internet y se las arreglarán sin problemas para pagar lo que les pidan y, los usuarios que seremos los que al final pagaremos las factura encontraremos con más facilidad acceso a los servicios de las empresas favorecidas, pero las pequeñas start-ups o empresas con menos recursos no podrán jugar en igualdad de condiciones.
Si se consiente que las operadoras de telecomunicación empiecen a crear una especie de Internet a su medida con distintos tipos de acceso, algo así como autopistas de "superbanda ancha" para algunos y mantengan pequeñas carreteras polvorientas para los demás a donde relegarían el trafico problemático como el intercambio de archivos en los sistemas Peer-to-pee, las descargas mediante bittorent, o servicios de la competencia como telefonía IP, dando así satisfacción a las industrias culturales, no solo se quebrantaria el diseño y el espíritu de Internet rompiendo el principio de igualdad sino que supondria un freno a la innovación.
Por eso entendemos que la cuestión no es una cuestión tecnológica sino política, que afecta al diseño de la sociedad, a la forma de relacionarnos los seres humanos, al comercio, a la gestión de los servicios públicos, a la cultura y al conocimiento, y por lo tanto debe ser tratado vinculado a otros principios como la universalidad de la banda ancha y en estos momentos también a la tarifa plana mediante un reconocimiento legal expreso con engarce constitucional en el principio de igualdad.

miércoles, 1 de septiembre de 2010

Por un futuro nuevo


El 28 de agosto de 1963 tuvo lugar la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad. La fotografía recoge el momento en que Martin Luther King, desde el Monumento a Lincoln pronunció su histórico discurso "yo tengo un sueño"defendiendo la armonía racial, gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense.Al utilizar esta imagen para referirme al principio de neutralidad de la red, pretendo traer al presente la lucha contra la discriminación para evitar que la vorágine tecnológica que nos rodea nos aparte de nuestro objetivo esencial. Esto no es una cuestión de tecnología, ni de maquinas, ni de adolescentes que se quieren bajar música y películas gratis, esto es una cuestión de derechos y libertades, de igualdad de oportunidades al acceso a la cultura y al conocimiento y, al igual que entonces nos encontramos en la misma lucha por los derechos civiles, solo que en otro tiempo y en otro escenario, ahora no se trata de la discriminación racial, ni de la discriminación por sexo, religión o condición social, ahora nos referimos a la discriminación de la información en la red. La reivindicacion ahora es la accesibilidad universal a internet y una red abierta y neutral, en la que los paquetes que contienen la información que no puedan ser discriminados en atención a su contenido, origen o destino, sino que todos deben ser tratados por igual.
Pero para que esto sea posible, se requiere como cuestión previa, garantizar el acceso a Internet a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, con independencia del lugar donde se encuentren y de la rentabilidad de la línea y, proporcionar tarifas de llamadas especiales para discapacitados y jubilados, tanto en las redes fijas como en las redes inalámbricas y, todo esto a unos precios políticos, lo que supone una banda ancha universal.
Últimamente, a partir del acuerdo entre Google-Verizon, la cuestión de la neutralidad de la red ha sido cuestionada al pretender establecer un estatus especial para las redes inalámbricas en las que no rija el principio de neutralidad y, de paso aprovechando esta coyuntura, Movistar en España ha lanzado la idea de que el actual sistema de tarifa plana es insostenible, pero tenemos que recordar dos cosas: 1º que el espacio radioeléctrico es dominio público y, no nos pueden cobrar por el aire que respiramos. 2º Que la Comisión Europea ha adoptado finalmente una decisión a los efectos de regular el espectro radioeléctrico resultante del paso de la televisión analógica a la digital, un proceso que deberá estar completamente concluido en 2012, (el llamado dividendo digital), lo cual significa que una importante red de banda ancha quedara liberada y permitirá que sea utilizada por los distribuidores de Internet para facilitar una transmisión aún más rápida de información y más barata lo que ha de permitir un mayor desarrollo de los servicios públicos, tal y como estaba previsto originalmente en el paquete Telecom. Por lo tanto el argumento de la insostenibilidad de la tarifa plana no es aceptable sobre todo si la banda ancha que se libere se destina a fines públicos como inicialmente estaba previsto y, por otra parte es preciso resaltar que esa afirmacion parte precisamente de una compañía que ofrece el ADSL mas caro y lento de Europa.
Pero como decíamos este debate no es cuestión solo de tecnológica, es también jurídico e ideológico, afecta a la regeneración democrática: La E-Democracia no solo exige leyes de transparencia y un Gobierno abierto de forma que se garantice la participacion ciudadana en la gobernacion, exige como presupuesto una Internet abierta y una red neutral accesible a todos, lo que conlleva la necesidad de una tarifa plana. Por eso desde este grupo reivindicamos como punto de partida para España y toda Europa no solo el modelo de Finlandia, en que la universalidad de la banda ancha ha sido reconocido como un derecho fundamental, sino que también la neutralidad de la red sea reconocida como un derecho, lo que obviamente lleva implícito la necesidad de una tarifa plana.
En esencia se trata de tender un puente al Siglo XVIII para recuperar la filosofía originaria que inspiro nuestro elenco de derechos y libertades y transmitirla al nuevo escenario tecnológico que nos absorbe, para construir un nuevo futuro que no sea la proyección de la pesadilla mercantilista y especulativa del pasado inmediato.