El Parlamento Europeo ha aprobado el Informe Gallo que criminaliza a los usuarios y promueve todas las medidas exigidas por los lobbies para convertir Internet en una finca de caza con una pieza a batir que no son los infractores de material protegido por “copyright”, son todos los usuarios.
Los europarlamentarios han aprobado la adopción del informe por 328 votos a favor, 245 en contra y 80 abstenciones. La derecha de la Cámara, el Partido Popular Europeo de la ponente Marielle Gallo, el Grupo de los conservadores (británicos) y reformistas (realmente partidos muy conservadores) y la extrema-derecha votaron a favor. Socialistas, verdes y la Izquierda Unitaria se opusieron. El grueso de los eurodiputadis de ALDE (liberales por un lado y demócratas o centristas por el otro) se abstuvieron, si bien hubo algunas “escisiones” tanto a favor del informe como en contra, es el caso de los liberales de D66, el partido de centro-izquierda holandés al que pertenece la eurodiputada que invitó a Julian Assange al Parlamento Europeo. 83 diputados no participaron en la votación.
En líneas generales el informe GALLO dice defender a los creadores, pero en realidad lo que defiende es un sistema ya gastado y aunque se aportan distintas propuestas para abordar el tema de la piratería y la falsificación, permanece anclado en el pasado y no tiene más objetivo que la represión desfasada negándose a aceptar las nuevas formas de concebir el derecho de autor.
Por otra parte la filosofía general del texto es muy sesgada, ya que sostiene, sin prueba alguna, que las infracciones a la propiedad intelectual son una amenaza para la economía y los gobiernos y se centra en la represión de la compartición de la información, sin considerar que esas medidas pueden suponer un obstáculo para los pequeños emprendedores europeos en el mundo del arte y la cultura que cada vez utilizan mas internet para la promoción de sus productos
En el informe, aunque expresamente no se diga, flota la recuperación de la idea de la desconexión de los usuarios de Internet (three strikes & out), o que puedan legitimarse prácticas abusivas de filtrado, uso de spyware o abuso del DRM, (sobre todo en países como España en donde la copia privada ya esta admitida). Por otra parte el incrementar las responsabilidades legales de los ISP’s es extremadamente peligroso porque los convierte en auténticas policías del copyright vaciando de contenido a los jueces.
La negación del Poder Judicial como pilar básico de cualquier democracia en garantía de los derechos fundamentales para ser sustituido por una "justicia" administrativa de dudosa imparcialidad eliminando las garantías de los ciudadanos, (algo bastante similar a lo que en España se ha denominado "Ley Sinde") es el aspecto más desconcertante y espinoso del informe Gallo. En nuestro Ordenamiento la suspensión de derechos fundamentales como puede ser el cierre de una página web es, y debe seguir siendo competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales.
Por otra parte los derechos de propiedad intelectual no pueden ponerse en plano de igualdad con los derechos fundamentales tal y como destaco el Consejo Fiscal de la Fiscalia General del Estado en un informe sobre la Ley Sinde. Tampoco el intercambio de archivos vía redes P2P siempre que sea sin ánimo de lucro es delito en España, como deja claro la CIRCULAR 1/2006 del Fiscal General del Estado sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, ni está prohibida la copia privada, por lo que el uso del DRM en la medida en que impida este derecho no sería licito.
El Informe Gallo es sólo una iniciativa de carácter no legislativo. Funciona como consejo para todos los estados miembros de Europa y ofrece a los gobiernos locales y grupos de presión un trampolín para impulsar medidas contra la 'piratería' como el ACTA, considerada positiva por los autores del informe.
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