Liga española pro derechos humanos

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martes, 31 de agosto de 2010

¿Debería ser la universalidad de la banda ancha un derecho fundamental?

Articulo publicado originariamente en la web de la Asociación de Internautas
Fecha artículo: 2008-08-15 12:25:31 - url artículo: http://www.internautas.org/html/5093.html
Ha pesar de que este articulo fue escrito antes incluso de que Finlandia iniciara una reforma constitucional para que el acceso a Internet fuera reconocido como un derecho fundamental, ya dábamos argumentos para que fuera reconocido como tal. Aunque la verdad es que en aquel momento me pareció bastante atrevido el proponer que la universalidad de la banda ancha fuera un derecho fundamental, ahora después de que la banda ancha en Finlandia, desde 2010 tenga el reconocimiento de derecho fundamental, lo que esta pasando con la neutralidad de la red, la rapidez con que se ha implantado la sociedad de la vigilancia, tengo claro que el modelo actual esta corrompido y gastado y es preciso una regeneración democrática mediante leyes de transparencia y el reconocimiento de nuevos derechos, como la universalidad de la banda ancha y la neutralidad de la red.

"Días pasados, leía en el sitio web de la Asociación de Internautas un articulo referente al crecimiento de la banda ancha en España, o mejor dicho sobre su falta de crecimiento. Hoy, en el diario El País aparece una noticia sobre la financiación del servicio universal; según esa noticia las operadoras de la telefonía móvil también deberán correr con los gastos del servicio universal, algo justo, ya que participan en el negocio.
Eso dicho así, parece correcto. ¿Pero, alguien sabe qué es el servicio universal? El servicio universal pretende garantizar una prestación a nivel de comunicaciones igual para todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde se encuentren y de la rentabilidad de la línea y, proporcionar tarifas de llamadas especiales para discapacitados y jubilados. Es decir, aunque se trate de una aldea situada en el lugar mas recóndito de la geografía mientras una sola persona viva en ese lugar y solicite una línea fija, telefónica deberá proporcionársela sin poder cobrar más que la tarifa oficial con independencia del coste de mantenimiento. Pero en la era digital en la que nos encontramos este modelo es claramente insuficiente, la comunicación es algo más que la transmisión electrónica de una conversación, es transferencia de archivos, por otra parte el papel esta dejando de ser el soporte del conocimiento, y esta pasando a formato digital. Google afirma que ellos solos digitalizan del orden de 4000 libros diarios y, no solo los libros, mapas, dibujos, fotografías, arte, música, video...se esta digitalizando.Todo el conocimiento acumulado a lo largo de la historia de la humanidad, con independencia de su protección por los derechos de autor, está pasando a la red convirtiéndose así en el centro universal del saber, pero lo mas importante no es eso, sino su accesibilidad desde cualquier punto del planeta. Es decir las tecnologías de las información y comunicación están haciendo posible la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento. Pero para que esa igualdad sea real es preciso que se garantice también la universalidad de la banda ancha.La tecnología es el motor de la historia como en otros tiempos lo fue la rueda, o la imprenta ahora es el “bit" esa unidad mínima de información capaz de convertir todo el saber en una secuencia de 0 y 1, está transformando la realidad y ensanchando las fronteras del conocimiento humano hasta limites hasta hace poco incluidos en el territorio de la fantasía, nanotecnologia, medicina regenerativa, nuevos materiales, conocimiento del espacio exterior...No estamos entre quienes opinan que este nuevo paradigma suponga necesariamente la desaparición del sistema de valores que la Ilustración lego al Mundo, como expuso Jan Söderqvist y Alexander Bard en su magnifico análisis “la Netocracia”, pero tampoco con quienes como Francis Fukuyama en el “El fin de la historia y el último hombre” sostienen la imposibilidad de un paradigma post-ilustración. Al contrario creemos que esos principios pueden y deber ser superados, de no ser así el riesgo es que desaparezcan, ya que ni la democracia ha existido siempre, ni la democracia representativa ha sido su única manifestación. Pensamos que debemos repensar y adaptar a la nueva era ese sistema de valores para evitar una utilización perversa de la tecnología dirigida a controlar al ciudadano y sigan existiendo los derechos civiles, en cuanto zonas de libertad inmunes a la, Intervención del Estado: domicilio, comunicaciones, propia imagen.... en este contexto el acceso libre a Internet sin que se puedan censurar los contenidos debe formar parte de lo que ahora se denomina el derecho de comunicación publica. Es decir aquello que casi tres siglos atrás los Ilustrados llamaron "libertad de expresión".En el ámbito de los derechos políticos que tienen por objeto regular la participación de los ciudadanos en la política, es preciso asumir que en un sistema de información compartida, como el que nos ofrece Internet, la figura del representante deja de tener sentido y deberán reasignársele otras funciones dentro de un modelo de democracia mas directa en consonancia con el modelo informacional.Los llamados derechos de cuarta generación o derechos colectivos, como Medio Ambiente, Patrimonio Cultural, deben contemplar la nueva realidad, y referirse a la cultura y al conocimiento incluyendo la universalidad de la banda ancha como el presupuesto tecnológico sin el cual no sera posible garantizar su acceso. ¿ Que sentido tiene un libro que no puede ser leído?. La cultura no es posible mas que con la transmisión de datos, lo que implica la necesidad de que la banda ancha llegue a todas partes con independencia de la rentabilidad de las líneas y que se garantice la neutralidad de la red de forma que las “Isp” no puedan bajo ningún concepto priorizar ni jerarquizar contenidos".

jueves, 26 de agosto de 2010

La domadora

Fecha artículo: 2009-04-14 09:41:32 - url artículo: http://www.internautas.org/html/5514.html

Tiempo atrás en una Tribuna de Opinión, titulada ¿Controlar Internet? , describía el origen militar de Internet, construida bajo el síndrome de un inminente ataque nuclear y devastador, como refleja la impresionante película dirigida por el maestro Stanley Kubrick “Teléfono rojo Volamos hacia Moscú”. Ante esta situación temida en los años 60, el Ejercito de EE.UU, recibió el encargo de construir una red de comunicación que pudiera estar operativa, incluso ante un desastre de tales dimensiones. Esto suponía que si unos nodos de comunicación resultaban destruidos los paquetes de información deberían buscar otros activos, hasta llegar a su destino, incluso aunque este estuviera situado a 100 metros de distancia, y tuvieran que dar la vuelta al mundo.
Al contrario de las redes de comunicación hasta entonces conocidas, basadas en la comunicación directa, el nuevo sistema de comunicación establecía otro principio “no se trata de buscar el camino mas corto, sino el mas inmediato”. De esta forma se imposibilitaban las interferencias y sin saberlo, ni pretenderlo se crearon las bases para “un sistema universal y libre de intercambio de información”, que unos años más tarde, en 1990, seria la popular World Wide Web (www).

Concluía ese articulo recordando un post leído en Kriptópolis . “Los militares norteamericanos engendraron un monstruo llamado Internet. No dejemos ahora que nadie lo domestique”

Por esto, al escuchar que la nueva Ministra pretende "ordenar Internet", ordenanza que nadie reclama, salvo los que tienen intereses lucrativos, me provoca pavor. Ya que Internet es una ventana abierta a todo el Planeta para “participar” en un espacio de libertad global, y por primera vez en la historia de la humanidad garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento y la cultura.

Pienso que por fin, los poderosos lobbies, incapaces de asumir que su modelo de negocio no puede competir en el nuevo escenario tecnológico en el que se desarrolla la creación cultural y que tiene que desaparecer, han encontrado a la persona idónea, que por su candidez se ofrece a domar al Monstruo. Se trata de la controvertida Ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, a quien la Asociación de Internautas, tras un documento debidamente informado pide que se reconsidere su continuación en el Gobierno ya que le afectan de forma directa y singular las causas de inhibición que establece la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Es decir, en teminos llanos, ( como emplea un post que circula estos días por Internet) su nombramiento como Ministra de Cultura, seria algo así como haber nombrado a Florentino Pérez Ministro de Fomento. La diferencia, el Sr Florentino Pérez, no habría aceptado el cargo.

Pero su intención manifestada de “controlar Internet”, me indigna, y quiero traer al presente un hito en la breve historia de Internet, que ya recordado en otras ocasiones, la ultima en una tribuna de opinion sobre un pleito entre Tele 5 contra You Tube, seguido en el Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid. Me refiero a uno de esos escasos momentos en que la jurisprudencia, se torna en poesía de la libertad construyendo un puente entre el pensamiento de la Ilustración y el paradigma de la sociedad emergente.

El suceso es el siguiente. El 26 de junio de 1997 en una sesión histórica la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó una sentencia de la Corte del Distrito Este de Pensilvania (Circuit Court): el "American Civil Liberties Union versus Janet Reno". En él se ventilaba la constitucionalidad de la Ley de decencia de las comunicaciones. Los altos jueces, conocidos como los "nueve escorpiones", decidieron otorgar a Internet las protecciones de la Primera Enmienda para garantizar la libertad de expresión.

La sentencia define a Internet como “una conversación universal sin fin”. Y dice así: "El Gobierno, no puede, a través de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, interrumpir esa conversación. Como la forma participativa de expresión de masas más desarrollada jamás conocida, Internet merece la más estricta protección frente a la intromisión gubernamental. Es cierto que muchos encuentran algunas de las expresiones o manifestaciones en Internet ofensivas y es cierto, también, que, en medio del estruendo del ciberespacio, muchos oyen voces que consideran indecentes. La ausencia de regulación gubernativa de los contenidos de Internet ha producido, incuestionablemente, una especie de caos".

Pero, seguía razonando el Tribunal Supremo: “lo que ha hecho de Internet un éxito es el caos que representa. La fuerza de Internet es ese caos. Como sea que la fuerza de Internet es el caos, la fuerza de nuestra libertad depende del caos y de la cacofonía de la expresión sin trabas que protege la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”. Por esas razones, la ley fue declarada inconstitucional.

Esa fuerza a la que se refiere la sentencia es la propia y genuina fuerza de la democracia, que no olvidemos reside en el PUEBLO y no en los Lobbies.

Esta sentencia “sabia”, como pocas supo construir un puente entre el viejo paradigma de la ilustración y a la nueva sociedad emergente para garantizar la continuidad de sus valores. Parece ser que ahora se pretende destruir ese puente, para garantizar el negocio de unos pocos ya enriquecidos.

Pedro Martínez Gracia es Fiscal de la Comunidad de Madrid


RECHAZO MASIVO EN INTERNET AL NOMBRAMIENTO DE GONZÁLEZ SINDE COMO MINISTRA DE CULTURA.

-Víctor Domingo: 'Un ministro debe ser ministro de todos, no representante de una sola parte':: Periodista Digital

-González-Sinde, DOA (Dead On Arrival):: El Blog de Enrique Dans

-Un voto contra Sinde en las elecciones europeas:: ClipSet
-P2P el momento de la verdad :: Pixel y Dixel

-"Hay que ordenar Internet":: La Sexta
-González Sinde depende de las subvenciones :: Alfonso Basallo en La Nación

-Charlamos con Víctor Domingo (Asociación de las Internautas) y Jaume D´Urgell (PSOE) para que nos den su visión sobre el nombramiento de Ángeles González-Sinde como ministra. :: Carlos Otto-Reuss en Tinta Digital

-Internet, en pie de guerra contra la nueva Ministra de Cultura:: Carlos Zahumenszky en El Correo Digital

-González-Sinde, un disparate en toda regla:: Manuel M Almeida en Mangas Verdes

-Los enredos de González-Sinde en el universo virtual:: Inés Martín Rodrigo en ABC.es

-"Ni un solo dia de gracia", para la jefa de los de los subvencionados de la "ceja":: joseblog-2puntocero en blogdetodos

-No es posible que González-Sinde sea socialista:: Gregorio Verdugo en Jack Daniel¨s Blog

-Una ministra con conflicto de intereses:: Juan Varela en Periodistas 21

-A por ellos, sin piedad:: Javier Cuchí en El Incordio

-Ordenando los ordenadores:: Linda Caritza Street

-La controvertida González-Sinde le da su primer disgusto serio a ZP::Elsemanaldigital.com

-Vota contra el nombramiento de González-Sinde:: McShuibhne

-Ángeles González-Sinde pírate :: 19.375 miembros en Facebook

Por fin parece que algo se mueve:

La Asociación de Internautas, recogiendo las quejas que han ido apareciendo estos días en relación con la consulta de la Comisión Europea sobre la neutralidad de la red, en el ejerció del derecho de petición que corresponde a todas las personas físicas o jurídicas de la Unión Europea, acaba de presentar al Presidente del Parlamento Europeo una queja, por la falta de transparencia en la consulta sobre la red abierta y neutral, a fin de que se amplié el plazo y, se subsanen los defectos que se denuncian para que la participación ciudadana que se pretende convocar sea real y no algo ficticio.
La cuestión de la neutralidad de la red unida a la universalidad de la banda ancha son de vital importancia para el desarrollo social y económico de de Unión Europea.
Estamos viviendo un tiempo en que la conexión a Internet se está convirtiendo en algo tan esencial como la de estar conectado a la red eléctrica o al suministro de agua. Y no sólo los consumidores, también las empresas son cada vez más dependiente de las tecnologías de Internet para alimentar y sostener su crecimiento.
El debate sobre la neutralidad de la red va más allá de la tecnología o de los derechos de los consumidores, es una discusión sobre qué es lo más beneficioso para la sociedad. ¿Queremos seguir manteniendo una red igual y sin discriminación por razón del origen, contenido, o destino de los paquetes como hasta ahora?, lo que sin duda favorece a la innovación, cualquier idea pude circular y difundirse y llegara a ser la próxima gran idea, sin acondicionamientos previos de tipo geográfico, económico, o de otra índole. Una conexión de banda ancha proporciona a un consumidor su propia rampa de acceso a Internet.
¿Qué pasaría si mañana las operadoras empezaran a discriminar el tráfico que circula por sus redes? Pues que se crearían autopistas de peaje para unos y caminos polvorientos para los que no pudieran pagar, lo que frenaría la innovación, o por lo menos no tendría el carácter espontáneo e individualista que impera hoy en día.
Por otra parte, también el debate sobre neutralidad de red esta cobrando una dimensión política. Las democracias actuales deben evolucionar a sistemas abiertos en los que la comunicación, la transparencia son esenciales para fomentar participación ciudadana a través de consultas y comentarios sobre los proyectos legislativos, para descentralizar el debate político de forma que las decisiones que conciernen a todos sean tomadas en el conjunto de la ciudadanía. Para que esto sea posible es preciso garantizar la universalidad de la banda ancha y la neutralidad de la red de forma que los proveedores de red de acceso no se aprovechen de su control sobre la misma, para dar forma infraestructura de la banda ancha y de los servicios y de esta manera satisfacer sus intereses privados en lugar de los intereses de la sociedad en general.

Texto del escrito de queja http://www.internautas.org/html/6270.html

martes, 24 de agosto de 2010

La E Administración de Justicia

Publicado en la edicion de Madrid del diario "El Mundo" del domingo dia 22 de agosto, no esta en la edicion digital de acceso libre.

La esencia de la democracia reside en la legitimidad. La Constitución dio legitimidad al Poder Judicial, pero no eficacia, ya que la eficacia es atributo del servicio público, pero no del poder y, la Justicia en esta dimensión de servicio público no ha sido contemplada en el periodo democratico.
Los ciudadanos perciben la Justicia como una burocracia pesada y opaca, obsesionada con el papel y la escritura, que exige siempre, lo primero el sacrificio del tiempo, los desplazamientos, las colas de espera. En otros casos, como el de las víctimas y testigos protegidos, se les pide una colaboración que en ocasiones llega al heroísmo y produce una segunda victimización.
Las encuestas y los medios de comunicación resaltan la lentitud, el hermetismo, incluso «su lenguaje», y sobre todo su incapacidad para justificar sus decisiones y comunicar con la sociedad. Debemos pues reconocer que el actual sistema está agotado.
Para regenerar esta situación adaptándola a las exigencias de una democracia adentrada en la sociedad de la información, lo primero que se debe hacer, es facilitar atención a las víctimas y testigos. Con esta finalidad la Fiscalia Superior de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de la Comunidad están desarrollando un ambicioso proyecto, pionero en toda España, de atención a las víctimas, testigos y perjudicados, que en una primera fase se ha centrado en la protección de testigos y situaciones de riesgo.
Próximamente, con un cierto retraso, entrara una segunda fase, dirigida a todas las víctimas, en el que las 34 oficinas judiciales de atención al ciudadano de la Consejería de Justicia de la Comunidad en conexión con los Juzgados, y la policía, facilitarán a las víctimas servicios como, orientación jurídica, gestión procesal básica y apoyo psicosocial.
El objetivo es proporcionarles una información sencilla sobre el proceso, sus derechos, las ayudas a las que pueden acceder, la tramitación de peticiones y ayudas, así como el apoyo psicosocial necesario ante las situaciones de estrés postraumático que se presenten y la preparación psicológica de la víctima ante el procedimiento judicial afín de evitarle el sufrimiento, lo que incluye acompañarla a los actos procesales.
Pero junto a lo urgente, se impone una visión de la Justicia y del justiciable que los contemple como servicio público y como usuario que reclama calidad.
Para ello es preciso incorporar las tecnologías de la información y comunicación, a fin de garantizar la prestación de los servicios de una forma accesible, eficaz y transparente, aunque respetando el régimen de garantías, lo que implica el reconocimiento explícito del derecho a saber del público sin más limitaciones que las establecidas en las leyes procesales.
Desde esta perspectiva la anunciada Ley de acceso a la Información, vuelve a incurrir en el mismo error que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, al excluir a la Justicia de su ámbito de aplicación y, al igual que entonces se desperdicio una oportunidad para modernizarla. Si no se corrige el proyecto anunciado se perpetuara un modelo más próximo a la Inquisición del siglo XVII que a la sociedad del conocimiento.
El futuro no son los Campus de la Justicia, sino la E-Administración, en donde los servicios giren en torno a los ciudadanos y se acerquen a los hogares y los despachos de los profesionales y no al revés, evitando los desplazamientos y la pérdida de tiempo.

Pedro Martínez es Fiscal Coordinador del Servicio de Protección de Víctimas y Perjudicados de la Fiscalia superior de Madrid

lunes, 23 de agosto de 2010

Ciudadanos de cristal

Lunes, 23/8/2010
Publicado origiginalmente EL PAÍS 12/11/2007
URL.http://www.elpais.com/articulo/opinion/Ciudadanos/cristal/elpepiopi/20071112elpepiopi_5/Tes?print=1

El derecho a la intimidad y la vida privada son el santuario de la persona. Pero no emergieron de la nada; al contrario, son el resultado de un largo proceso histórico, en el camino se derramó mucha sangre, sudor y lágrimas para convertir al siervo en ciudadano. Pero la necesidad de defenderse de los enemigos sigue siendo una amenaza para la sociedad civil. Un maestro masón como Benjamin Franklin, en su Patria de las Libertades, con gran clarividencia, advirtió de ese peligro. "Aquellos que sacrifican una libertad imprescindible para conseguir una seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad".
Ahora, Internet y las demás tecnologías de la información y comunicación nos ofrecen un mundo impensable hace tan sólo unos años, que debería conducirnos a la sociedad del conocimiento, pero no olvidemos que también son medios que permiten acceder con una precisión cada vez mayor, y de forma imperceptible, a los aspectos más íntimos de nuestras vidas. Un uso irracional de esos medios, bajo el pretexto de la Seguridad, haría realidad la amenaza del ciudadano de cristal, cada vez más transparente ante el Poder, en una nueva sociedad de la vigilancia, que progresivamente se distancia de las libertades que dice defender.
Mantenernos alerta contra aquellas tentaciones políticas que, al albur de la seguridad, pretenden sacrificar derechos individuales debe ser ahora nuestro reto, pues, como decía El Roto, en una reciente viñeta, "cada vez que oigo hablar de seguridad me entra el pánico".
Tocqueville, entusiasmado por lo bien que se había asentado la democracia, escribió que EE UU era el país donde el futuro llegaba antes. Es el mismo país que, ahora, tras el 11-S, y bajo el eslogan de "Un Mundo más seguro" y con la USA Patriot como referente, está desarrollando una legislación restrictiva de los derechos civiles, sobre todo en lo referente a la intimidad.
En Europa, ese futuro ya ha llegado y se manifiesta en la Directiva 2006/24/CE, que establece la obligación para las compañías de telecomunicaciones de retener por un periodo de entre 6 y 24 meses numerosos datos de comunicaciones telefónicas y de Internet de todos los ciudadanos. Mediante la interpretación de estos datos se producen injerencias de alta intensidad en la privacidad, ya que los desplazamientos de las personas pueden ser vigilados, e, incluso los comportamientos, las relaciones personales y los gustos, pueden ser analizados. Y todo ello sin que el ciudadano dé motivo alguno para ser tratado como sospechoso, pero puede sentirse intimidado aun actuando dentro de la Ley. En esa vigilancia estatal hay un riesgo de abuso y muchas personas pueden tener el sentimiento de ser observadas.
España ha sido pionera en Europa a la hora de incorporar la controvertida directiva mediante un proyecto de ley, que será aprobado antes de concluir la legislatura, pero incomprensiblemente no ha generado polémica alguna, sin duda porque su gestión y desarrollo no ha trascendido a la opinión pública, y no por la falta de interés de los ciudadanos.
El proyecto carece de garantías sobre la utilización de los datos, ya que si bien es preceptiva la autorización judicial para la entrega de la información sobre los ciudadanos, la disponibilidad de esa información, es gubernativa y no judicial, es decir, quien la manejara es la policía no los jueces.
Esta ausencia de control judicial permitirá que se reinvente la práctica desterrada por el Tribunal Supremo, y la Fiscalía General del Estado (Circular 1/99), de realizar investigaciones predelictuales o de prospección desligadas de un hecho delictivo concreto, para ver si se descubre algo de alguien, por puro azar, pero sin saber qué se quiere descubrir.
Pocos van a discutir que el Estado no utilice la tecnología para la lucha contra la delincuencia. Pero un Estado democrático exige que el Poder sea transparente, no los ciudadanos, por eso las medidas a utilizar, además de respetuosas con el régimen de garantías, deben ser públicas y conocidas, pues es la única forma que tiene el ciudadano para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto de sus derechos. Seguridad sí, pero no a costa de derechos que tanto han costado conseguir.

© EDICIONES EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200

sábado, 21 de agosto de 2010

Política 2.0

Fecha artículo: 2010-06-09 00:24:27 - url artículo: http://www.internautas.org/html/6189.html
PEDRO MARTÍNEZ GARCÍA

El día uno de su mandato Barack Obama firmó una orden ejecutiva y dos memorandos presidenciales anunciando lo que él calificó como una "nueva era de apertura". La orden ejecutiva revocaba los cambios hechos por el presidente Bush en la Ley de Documentos Presidenciales y los dos memorandos propugnaban la apertura de la administración y la libertad de información. En una palabra, el fin del secretismo sobre los actos de Gobierno y la Administración, tal como había prometido en su campaña caracterizada por el uso de Internet y las redes sociales. También abogaba por la neutralidad de la red, el uso de licencias abiertas tipo Creative Comons y la eliminación de las barreras tecnológicas para compartir la información.
No se trata de un gesto de ruptura con la política informativa de la anterior Administración. Es un cambio radical en la forma de entender la información pública y el Gobierno. Es una nueva forma de hacer política en la era digital en la que con el arsenal tecnológico disponible no tiene sentido que el ciudadano sea un simple espectador de lo público limitado a elegir a sus representantes cada cuatro años. Al contrario, se necesita una democracia que funcione todos los días. En definitiva se trata de un primer paso hacia las otras promesas, como una democracia conectada y transparente, que garantice el acceso online de los ciudadanos a los datos de la Administración, a los contratos públicos y el fomento de la participación ciudadana a través de consultas y comentarios sobre los proyectos legislativos.

España es el país de la Unión Europea en que mayor impacto ha tenido la era Bush al incorporar normas y técnicas inspirada en la Patriot Act, que han supuesto un retroceso en el Estado de Derecho, como lo demuestra la irregular puesta en marcha del sistema de interceptación de las comunicaciones SITEL, sin cobertura legal alguna, o permitiendo la conservación de los datos de las comunicaciones electrónicas de toda la población (Ley 25/2007, de 18 de octubre), lo que nos convierte a todos en sospechosos y hace posible el rastreo de todas nuestras comunicaciones a través de Internet y de los teléfonos incluida nuestra localización. Algo que algunos Estados como Reino Unido no han querido incorporar a sus legislaciones y, en otros que si lo hicieron como es el caso de Alemania, recientemente el Tribunal Federal lo declaró inconstitucional. En el resto de países de la Unión Europea estas normas se encuentran en revisión.

Lo peor es que todo esto se produce sigilosamente y sin discusión pública; el Gobierno no informó y los medios no fomentaron el debate y no advirtieron del recorte de libertades que se estaba efectuando renunciando a su función de contrapoder. Pero olvidaron que con Internet ya no es posible silenciar aquello que no interesa, y no ha pasado desapercibida la lucha que algunos grupos de defensa de los derechos civiles liderados por la Asociación de Internautas están manteniendo contra el uso perverso de la tecnología como sistema de control social. Por fin, un partido, el PP y en gran medida debido a la gestión de su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, ha presentado una proposición de Ley Orgánica sobre interceptación de las comunicaciones que supone un primer paso para garantizar la libertad de las comunicaciones, la intimidad y la privacidad de los datos en el nuevo escenario tecnológico. Ahora el proyecto legislativo está en el Parlamento y los diversos grupos deberán posicionarse sobre las libertades y esto sucederá antes de las elecciones generales. Un elemento más para saber a quién votar.

Nos encontramos en un momento de crisis, que no solo es económica sino también moral, como en días pasados recordaban algunos medios extranjeros. Los ciudadanos no están interesados en la política, se alejan de los partidos y las instituciones y les da lo mismo a quién se vote. Pero una nueva forma de entender la política ha surgido y, se extiende a través de los medios digitales participativos impulsados por una nueva clase de activistas: Blogs, redes sociales como Facebook, portales como menéame.net, picotea, banda ancha, ojo buscador...o el propio de la Asociación de internautas constituyen la nueva esfera pública, que a diferencia de su predecesora, conformada por los medios de comunicación tradicionales, que tenía carácter unidireccional, ahora es pluridireccional y participativa. En torno a ella, la nueva visión de la cosa pública se articula en tres principios: comunicación, trasparencia y participación a fin de descentralizar el debate político y ampliar la participación de los ciudadanos en la gobernación.

El presupuesto ineludible de este nuevo modelo deliberativo exige dos cosas: que se garantice el derecho a saber del público en todo momento y la neutralidad de la red para asegurar que efectivamente la información no será discriminada. Lo primero es una promesa electoral incumplida por el Gobierno desde 2004, y consiste en facilitar el acceso a la información que se encuentra en manos del poder público, o entidades privadas que realizan funciones públicas, mediante un procedimiento sencillo y rápido, en el que baste con identificarse y facilitar la descripción de la información buscada, sin que sea necesario explicar ni por qué, ni para qué se quiere la información. En cuanto a lo segundo basta con recordar que el Gobierno se ha puesto del lado de las operadoras lo que implica de entrada la tasa Google y una red de varias velocidades en la que será posible discriminar la información. Por otra parte, el Gobierno acaba de suprimir la Dirección General de la Sociedad de la Información, dando la espalda al futuro.

En definitiva, nos encontramos ante un sistema opaco, corroído y gastado que por su falta de trasparencia favorece la corrupción y carece de fortaleza moral para seguir adelante.

Pedro Martínez García Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Semanal Digital

Saber más sobre la Interceptación de las Comunicaciones en España

viernes, 20 de agosto de 2010

¿Por qué es importante preservar la neutralidad de la red?

El principio fundamental de la neutralidad de red que establece que los usuarios finales puedan decidir el contenido que desean enviar y recibir en Internet así como que servicios, aplicaciones, hardware y software quieren usar a tales efectos - es fundamental para preservar el carácter libre y neutral de Internet. Esto significa que los proveedores de servicios de Internet deben proporcionar a sus usuarios la posibilidad de acceder a Internet de una manera abierta y sólida. Sin embargo, el debate sobre la neutralidad de la red va más allá de la tecnología o de los derechos de los consumidores, es una discusión sobre qué es lo más beneficioso para la sociedad. ¿Pensamos que la innovación en la "era" de Internet es la clave del éxito?, o por el contrario ¿pensamos que la innovación centralizada y regulada - ya sea por el gobierno o por los proveedores de servicios de Internet garantizará un entorno estable para la industria, de tal manera que esta pueda absorber y aprovechar la tecnología, aunque sea a su propio ritmo? Si nos centramos en la cuestión de donde se produce la innovación, debemos tener claro que esta no sólo se produce porque se invierte dinero en I + D, porque miles de puestos de trabajo están en juego, o debido a las grandes inversiones que se realizan. En realidad, la innovación exponencial se debe a la interconexión entre millones de personas, donde una idea brillante puede ser fácilmente recogida por otras personas o grupos y tiene la capacidad de transformarse en la próxima gran idea.
Internet ha facilitado increíblemente poner en marcha nuevas ideas, fallar y volver a usar las ideas existentes de una manera en la que anteriormente no estaba definida. Millones de usuarios y empresas interconectadas puedan aprovechar las ideas de otros usuarios y construir nuevas ideas y conceptos en torno a ellas.
La naturaleza esencial de Internet abierto y público es crear condiciones en las que cualquier persona o pequeña empresa con grandes ideas pueden tener un impacto enorme y un gran éxito. Internet ha revolucionado el espíritu empresarial y hecho posible que personas de todos los rincones del mundo, puedan crear empresas de éxito, independientemente de la geografía.
La historia nos muestra lo que sucederá si los proveedores de servicios de Internet, tienen la oportunidad de vetar que una aplicación (o el contenido en su caso) puede viajar por su red o no. La razón del éxito de Internet, impulsado por el desarrollo de los servicios, consiste precisamente en el hecho de que Internet permite, lo que Vint Cerf ha llamado, "la innovación sin permiso".
La realidad actual nos muestra como una conexión de banda ancha, proporciona a un consumidor su propia rampa de acceso a Internet. Esta conexión a Internet se está convirtiendo en algo tan esencial como la de estar conectado a la red eléctrica o al suministro de agua. Y no sólo los consumidores, también las empresas son cada vez más dependiente de las tecnologías de Internet para alimentar y sostener su crecimiento. Internet y las tecnologías de las TIC se han convertido en impulsores clave para casi todos los aspectos de la economía.
¿Podemos confiar en el mercado únicamente para ofrecer a los consumidores y a las empresas un acceso a Internet sin límites, abierto y sólido? Un acceso que les permite visitar el sitio web de su elección, que les permita subir y descargar cualquier contenido (legal) que ellos consideren conveniente? Un acceso que también permite a las empresas ofrecer nuevos servicios sin tener que pedir a un proveedor de servicios de Internet si pueden hacerlo? Un acceso que permite a los propios usuarios a elegir el teléfono o cualquier otro dispositivo que sea de su elección para acceder a Internet?
Si bien hoy en Europa todavía somos capaces de responder a estas preguntas afirmativamente, la situación actual no ofrece garantías para el futuro. El debate sobre neutralidad de red es descrito a veces como un debate Americano, alimentado por una falta de competencia, no obstante, es evidente que únicamente la existencia de competencia (siempre que haya competencia - que no es ciertamente el caso en todas partes en Europa) no garantizan el mantenimiento de la neutralidad de la red.
En los próximos años, tanto la capacidad y el incentivo de los proveedores de internet de banda ancha para interferir con el contenido que viaja por sus redes se incrementará.
Innovaciones basadas en Internet han traído servicios de telefonía, televisión, música, etc a los consumidores de una manera que los proveedores de telecomunicaciones tradicionales nunca habrían soñado. Este tipo de ofertas sin embargo, pueden ser percibidos por los propietarios de redes integrados verticalmente como una amenaza grave para su actual oferta de productos.
El consumo por parte de los usuarios de cada vez más cantidad de contenidos de vídeo y audio a través de Internet, está suponiendo para los propietarios de redes de banda ancha, que deban enfrentarse a una mayor competencia a sus tradicionalmente cerrados modelos de negocio.
Hace un par de años atrás, la capacidad de los agentes tradicionales de telecomunicaciones para interferir en los contenidos a través de la red era, tanto jurídica como técnicamente, bastante limitado. Por ejemplo, la posibilidad de bloquear los servicios de VoIP era bastante difícil y relativamente fácil de detectar. En estos días, la evolución de tecnologías como Deep Packet Inspection (DPI) ofrece a los propietarios de red de acceso de última milla la capacidad única y preocupante de mirar en el flujo de comunicación de usuarios individuales y, potencialmente retrasar o interrumpir el tráfico.
Preservar una Internet abierta, neutral y transparente no significa que los proveedores de acceso a Internet de banda ancha se vean impedidos a la gestión de sus redes. Los propietarios de la red deberían ser capaces de abordar verdaderos problemas comunes con respecto a la red y cuestiones de congestión, así como proteger a los consumidores contra los problemas de malware, spam y otros similares. La gestión de la red debe limitarse a esfuerzos de ingeniería y orientados a la protección del consumidor y no orientados a limitar la elección de los consumidores o crear una escasez arbitraria.
Tampoco preservar una Internet abierta, neutral y transparente significa que los operadores se vean reducidos a ser simples canutos o que no puedan experimentar con nuevos modelos de negocio. Por el contrario, se reconoce que los operadores tradicionales de telecomunicaciones deben tener la capacidad para explorar nuevas formas de atraer ingresos, siempre y cuando no suponga y no implique favorecer o desfavorecer determinados contenidos o aplicaciones según su origen. Proveedores de red y proveedores de contenidos y servicios forman parte del mismo ecosistema y la evolución de ambos es necesaria para impulsar el crecimiento de la economía y la sociedad en general.
No obstante y si bien los proveedores de red deben tener la libertad para experimentar con diferentes modelos de negocio, el desarrollo de arquitectura de redes y otras prácticas contrarias a una red abierta, pueden consolidarse si se les permite crecer sin control y convertirse en un hecho extremadamente costoso (para el caso de que fuese posible) de corregir después de que se haya producido. La liberalización de los mercados de telecomunicaciones llevó décadas, debemos ser cautelosos para que la historia no se repita.
Es evidente por tanto, que la magnitud de los efectos positivos que se derivan de una Internet abierta y sólida, exige que deba estar claramente descartada la posibilidad de que los proveedores de red de acceso de ultima milla, se aprovechen de su control sobre la misma, para dar forma a los usos y la evolución futura de la infraestructura de la banda ancha y de los servicios y de esta manera satisfacer sus intereses privados en lugar de los intereses de la sociedad en general.
El costo para la economía y la sociedad sería, sencillamente, demasiado grande.
La última versión de la legislación europea de telecomunicaciones presta suficiente atención a la noción de neutralidad de red, pero se basa esencialmente en la competencia para garantizar la naturaleza abierta de Internet. Una orientación adicional por parte de los reguladores es necesaria para dejar bien claro que el carácter innovador de Internet es algo que no puede y no debe reducirse en beneficio de unos pocos y en detrimento de la economía en su conjunto

Bárbara Navarro
Directora Europea Asuntos Institucionales y del
Gobierno, Google España
Bárbara Navarro comenzó su carrera profesional en el despacho de abogados GOMEZ -ACEBO & POMBO, posteriormente se incorporó a Clarke, Modet & Co., multinacional especializada en Propiedad Industrial e Intelectual, donde dirigió el Departamento Internacional de marcas. Tras casi 8 años en Clarke, Modet, se incorporó a NBC Universal, como Directora de Desarrollo de Propiedad Intelectual.
Actualmente es Directora Europea de Asuntos Institucionales y Gobierno de Google España y
Portugal. Como complemento a su trabajo, es profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid
Es Licenciada en Derecho y Master en Práctica Jurídica por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), Diplomada en Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid y Executive MBA por la Universidad de Navarra IESE.

jueves, 19 de agosto de 2010

OBSERVACIONES A LA CONSULTA DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE UNA INTERNET ABIERTA Y LA NEUTRALIDAD DE LA RED EN EUROPA

El 30 de junio la Dirección General para la Sociedad de la Información y los Medios de la Comisión Europea sobre Política de Comunicaciones Electrónicas dio a conocer un cuestionario para l a consulta pública sobre una Internet abierta y la neutralidad de red en Europa. Esto dicho así en principio parece la puesta en practica de los principios de la e-democracia entendida como una conversación constante entre el poder y los ciudadanos, pero si observamos algunos detalles sobre la forma en que ha sido construida y difundida la encuesta y los antecedentes de la cuestión, vemos que en realidad lo que pretende la consulta es eludir la participación directa de los ciudadanos en la elaboración de las normas, es decir se trata de un acto en fraude de esos principios en los que dice inspirarse y quiere aplicar.

En principio el fin de la consulta no es otro mas que saber si los ciudadanos de la Unión Europea quieren que Internet siga siendo como hasta ahora, es decir una red libre y abierta, en la que los paquetes informativos que circulan por ella no sufran discriminación alguna en razón de su origen, contenido, o destino, o por el contrario quieren que se primen determinados paquetes y están dispuestos a pagar por ello.
Sin embargo a pesar de que la pregunta podría haberse formulado de una forma sencilla y asequible a todas las inteligencias la técnica del cuestionario y la forma de hacerlo llegar a la ciudadanía no ha sido precisamente esa. Veamos:
1º).- El texto de la Comisión Europea esta en Ingles, no existe una traducción oficial y autorizada de la encuesta a los distintos idiomas de la Unión Europea, tampoco el Ministerio de Industria se ha molestado en hacer una traducción y difundirla, las que circulan lo son a titulo particular y difundidazas por los colectivos de internautas.
2º).- Mala difusión: Por poner un adjetivo suave, son esos mismos colectivos a los que me referia quienes la difunden a traves de la red, la Comision no ha puesto en parctica ningun programa para garantizar su difusión, tampoco lo ha hecho el Gobierno de España que nada mas concluir la reunión de Ministros de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Unión Europea, celebrada entre el 18 y el 20 de abril, en Granada, en la que resulto aprobada la denominada Declaración de Granada, la cual serviría de base para el desarrollo de la nueva Estrategia Digital 2010-2015 suprimió la Dirección General de la Sociedad de la Información. Lo cual por si solo demuestra el nulo compromiso del gobierno de España con los principios que fueron aprobados, por eso no es de extrañar que en España a diferencia de lo que ocurre en otros países del entorno europeo en los que desde los poderes públicos se esta promoviendo un debate publico sobre la neutralidad de la red avivado por el polémico acuerdo entre goougle y verizon, el tema de la encuesta de la comisión europea este pasando desapercibido pro
3º).- Las fechas de la consulta, finaliza el 30 de septiembre, cogiendo por lo tanto los meses de vacaciones no podían ser mas desafortunadas para obtener una participación masiva.
4º).- El texto explicativo esta lleno de tecnicismos y resulta farragoso, parece mas un documento dirigido a expertos que a ciudadanos corrientes. Por otra parte la estructura de la encuesta es extremadamente compleja y en ocasiones resulta desconcertante.
Por otra parte es preciso no olvidar los antecedentes, todos recordamos como súbitamente hace tres años, también en verano, cuando se tramitaba el paquete Telecom se presentaron las “enmiendas torpedo” y la polémica y enfrentamientos subsiguientes, todavía sin resolver. La Declaración de Granada podía haber resuelto estas cuestiones pues estaba previsto que se abordase la neutralidad de la red y la elaboración y difusión de una “Carta de derechos fundamentales de los ciudadanos en el entorno digital”, que refuerce la seguridad jurídica y la transparencia, y sistematice los derechos que asisten a consumidores y empresas en el entorno digital, pero se pospuso para un momento posterior.
En lo que se refiere a la neutralidad de la red ese momento parece que ha llegado pero esta no es la E-democracia participativa y deliberativa que nosotros defendemos, mas bien es pura y llanamente un fraude a la participación de la ciudadanía. Aun así debemos suplir la inactividad de los órganos de la Comisión y del Gobierno, difundir el documento, explicarlo, orientar a los internautas para que puedan contestarlo y facilitarles apoyo e información, pero paralelamente se debe denunciar ante la opinión publica y en el ejerció del derecho de petición ante el Presidente del Parlamento Europeo las anomalías de la consulta y la pasividad de las Autoridades Españolas.




CONTRA EL TIEMPO

Publicado originariamente por la Asociación de Internautas. Fecha artículo: 2010-08-12 02:23:18 - url artículo: http://www.internautas.org/html/6227.html

Con la Ilustración llego la luz de la razón que ilumino a la humanidad y, toda una concepción teocrática del poder que durante siglos había dominado al mundo se desvaneció dejando paso al tercer estado (el pueblo) que hasta entonces solo había contado para trabajar, luchar por sus señores y pagar impuestos, para que fuera el verdadero protagonista de la historia.
Ahora, asistimos al final del paradigma de la Ilustración, como advirtiera Fucuyama en su obra maestra, “el final de la historia y el último hombre” y, al igual que entonces lo viejo se resiste a lo nuevo, solo que a diferencia de entonces, en que el transito aunque convulso fue pausado, ahora los cambios acontecen a velocidad de vértigo y son universales.

En esta nueva era poshistórica, caracterizada por el auge de la tecnología, asistimos a una nueva reorganización de la sociedad en donde la dialéctica izquierda derecha ya no sirve para interpretar la realidad y, a la democracia representativa se le agota el tiempo para adaptar el legado del siglo de la luces al nuevo código.

Sobre estas cuestiones, aunque bajo el titulo más modesto de “Los partidos políticos en red” se explayo Esteban González Pons, en la conferencia que pronuncio el pasado martes 6 de julio de 2010 en la Universidad Rey Juan Carlos I. Fue emocionante ver como un político se adentraba por los piélagos oscuros y tenebrosos del informacionalismo y la Política 2.0 y como se esforzaba en trasmitir la necesidad de que en una sociedad organizada en red entorno a una plataforma de comunicación instantánea pluridireccional y participativa como Internet, la democracia no puede basarse en una consulta cada cuatro años. Necesitamos una democracia que funcione todos los días, dijo.

Inspirándose en Obama, de quien resalto que su puesta en escena política había sido formidable, en gran medida gracias a su campaña caracterizada por el uso de Internet y las redes sociales, señalo que los presupuestos necesarios del nuevo modelo deliberativo, son comunicación, transparencia y participación, para lo que resulta indispensable garantizar el derecho a saber del público en todo momento y, la neutralidad de la red para asegurar que efectivamente la información sea compartida y no discriminada.

Respecto de lo primero, dijo: “que consiste en facilitar el acceso a la información que se encuentra en manos del poder público, o entidades privadas que realizan funciones públicas, mediante un procedimiento sencillo y rápido, en el que baste con identificarse y facilitar la descripción de la información buscada, sin que sea necesario explicar ni por qué, ni para qué se quiere la información”. Recordó que en Suecia existe una Ley que desde 1776 reconoce este derecho y, que es una promesa electoral inexplicablemente incumplida por el Gobierno desde 2004, anunció que el Partido Popular presentara en breve un Proposición no de Ley para que el Gobierno regule la materia. Sobre lo segundo se limito a recordar que el Ministro de Industria se ha posicionado al lado de las operadoras en contra de la neutralidad de la red, pero no anuncio ninguna medida legislativa inmediata.

También se pronuncio por la universalidad de la banda ancha y, tras resaltar que “por primera vez en la historia de la humanidad tenemos tecnología capaz de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento. Solo se necesita un ordenador y una conexión de banda ancha”. Recordó que en Finlandia se ha convertido en el primer país del mundo en que el tras una reforma constitucional “el acceso universal” es un derecho fundamental. Todo ciudadano finlandés tiene derecho, a partir del 1 de Julio, a tener acceso a banda ancha de 1Mbps.

Alrededor del 96% de la población ya tiene acceso a la web de 1Mbps o más, sin embargo, el gobierno de Finlandia, pretende ofrecer un mínimo de 100 Mbps para cada residente en 2015, por lo que la ley actual es sólo el primer paso.


Para quienes defendemos la vigencia de los derechos fundamentales en el nuevo escenario tecnológico esto ha sido un paso histórico, equiparable a cuando primero se impuso la enseñanza obligatoria y después el derechos a la educación se incorporo al acervo de los derechos fundamentales, pues supone una nueva visión de los derechos fundamentales desde la perspectiva del informacionalismo. Por primera vez se reconoce que Internet ya no se utiliza sólo para el entretenimiento, al contrario ahora es una herramienta indispensable para la educación y para incrementar el desarrollo, tanto económico, como social y cultural. Abogo por que en un futuro en España también sea así, pero tras facilitar los datos de un informe de la Asociación de Internautas según el cual los internautas españoles disponen del 2º Adsl más caro de la Zona Euro y el 3ª de la Unión Europea., dijo que estábamos todavía muy lejos y que esto no parecía preocupar al Gobierno.

Pero también al igual que el paradigma de la Ilustración nos trajo la democracia y las libertades puede que no le sobrevivan. Me explico: La primera amenaza para las libertades en Internet es la ignorancia de nuestros gobernantes y políticos sobre el proceso tecnológico en que estamos inmersos y sus consecuencias, por eso lo de ayer fue un alivio y una gran satisfacción. Pero desde hace tiempo una serie de entidades privadas con grandes intereses, al margen de los gobiernos y de la población en general y, por tanto fuera de las reglas del juego democrático, están tomando el control sobre una serie de cosas, como las comunicaciones a través de internet, que limitan nuestros derechos fundamentales, como está sucediendo en la negociación del Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA ).

También, con preocupación, vemos como este mundo global cada vez esta mas influenciado por una serie de empresas construidas en torno a Internet y las nuevas tecnologías, tales como, Google, Microsoft, Apple, Cisco, facebook ….por citar solo algunas y sin referirnos a los gigantes de la telefonía móvil, que tienen en común el tener cada vez más capacidad de controlar el consumo y capacidad para generar deseo. Venden todo lo que producen ya sean bienes o servicios. Todo el mundo quiere tener un Iphone, un iPad… estar conectado, participar en sus redes sociales, dentro de poco el mundo virtual habrá ganado la batalla al mundo real y, quien no esté conectado será como si no existiera y, ya veremos que nos depara la nueva red semántica.

Desde esta perspectiva resulta todavía más encomiable el esfuerzo de una nueva generación de políticos, por tender un puente al Siglo XVIII que haga posible recuperar el sentido de la ciudadanía en la nueva era y mediante una sociedad en red mantener una conversación ininterrumpida de los ciudadanos con el poder para que participen en la deliberación y en la mejora de sus comunidades y la sociedad en general. Pero la batalla de las libertades no está ganada, ahora toca librarla en el campo de la tecnología pero sin dar la espalda al tiempo.


miércoles, 18 de agosto de 2010

“Los partidos Políticos en red”

Texto integro de la conferencia de Esteban González Pons, el pasado martes 6 de julio de 2010 en la Universidad Rey Juan Carlos I.


Vivimos en el siglo XXI y a la vista de los precedentes las transformaciones serán profundas y vertiginosas. El mundo de nuestros hijos estará más lejos del de sus abuelos que el nuestro del Antiguo Régimen y, ahora al igual que entonces lo viejo se defiende frente a lo nuevo, ya que la tecnología está convirtiendo en pasado el futuro de millones y millones de personas.
Pero al igual que la ilustración terminó con las monarquías absolutistas y la creencia en el origen divino del poder trasladándolo al pueblo, lo que supuso una redefinición radical de la forma de funcionar la sociedad, ahora estamos en la era digital y asistimos a una nueva redefinición social sin precedentes históricos tanto por su velocidad como por la universalidad de su expansión.

El fundamento de esta nueva revolución está en la tecnología, y su filosofía es compartir el conocimiento, tal y como el nobel George Bernard Shaw anticipó al decir: “Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana, e intercambiamos las manzanas, entonces tanto tú como yo seguiremos teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea, e intercambiamos ideas, entonces ambos tendremos dos ideas”.
Pues bien, por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos tecnología suficiente para garantizar que no sólo se intercambien las manzanas, sino para que el conocimiento se comparta.
Estamos pues, en la sociedad de la información que debe conducirnos a una sociedad basada en el conocimiento. Eso supone que estamos inmersos en un nuevo proceso revolucionario que vuelve a cambiar la forma de funcionar la sociedad, lo que afecta tanto a los negocios, como a la cultura, y a la política, ya que en un sistema de información compartida el “representante” deja de tener sentido.
Por lo tanto, la democracia representativa necesita redefinirse y debe ser más abierta y más participativa para adaptarse a la democracia del conocimiento compartido emergente que le va a exigir que funcione todos los días y no cada cuatro años.
Importancia para el poder público
Desde esta perspectiva, es innegable que el Presidente Obama no sólo conoce la sociedad de la información, sino que además, ha hecho una campaña desde dentro de la democracia del conocimiento compartido basándose en el uso de Internet y las redes sociales y el uso de licencias abiertas tipo Creative Comons, como modo de mantener una conversación con esa nueva sociedad emergente y generar ilusión con el fin de producir un cambio positivo.

El día uno de su mandato, Barack Obama, firmó una orden ejecutiva y dos memorandos presidenciales que suponían el fin del secretismo sobre los actos de Gobierno y la Administración anunciando lo que él calificó como una “nueva era de apertura”.
En una palabra, se produjo un cambio radical en la forma de entender la información pública y el Gobierno basada en la transparencia informativa, la neutralidad de la red y eliminar las barreras tecnológicas para compartir la información. La política 2.0.
Importancia en campañas electorales.
Quizás, Obama no termine cumpliendo todas las expectativas generadas, pero es demasiado pronto para afirmarlo. Por ahora, lo indudable es el éxito sin precedentes de su campaña, en gran parte basado en las redes sociales e Internet, que ha dejado perplejos a gran número de políticos de renombre mundial. Ahora, todos pretenden imitarle. Incluso el PSOE acaba de lanzar la pagina web creaprogreso.es. en la que reconoce explícitamente su inspiración.
Es cierto que la angustia hace generar una imagen salvadora, y que atravesamos tiempos difíciles.
Puede que la imagen de Obama se haya beneficiado del clima de la inseguridad, del miedo y de la crisis actual. Pero en todo caso su puesta en escena ha sido soberbia.
Otra experiencia de la política 2.0 es la protagonizada por el líder liberal demócrata, Nick Clegg, viceprimer ministro en el nuevo gobierno de coalición en el Reino Unido que lanzó una pregunta a través de una web del gobierno ¿Qué ley cambiaría usted si mañana le permitiesen convertirse en legislador?. Y la respuesta fue tan efusiva que, en su primer día en activo, la página se colapsó en varias ocasiones debido al alto tráfico.
En el lanzamiento de la página, Clegg pidió a los ciudadanos que pensasen en aquellas leyes “que han tomado vuestra libertad e interfieren con vuestras actividades diarias” y solicitó ayuda a la hora de identificar leyes innecesarias.
La página, titulada “Tu libertad” (Your freedom) se organiza en torno a tres posibles temáticas: restaurar las libertades civiles (¿Qué leyes querría eliminar o cambiar porque restringen su libertad civil?), eliminar leyes innecesarias (¿Qué delitos deberían eliminarse o cambiar y por qué?), y cortar las regulaciones que afectan a la industria o el sector público (¿Qué regulaciones deberían cambiarse o derogarse para hacer que administrar tu negocio sea lo más simple posible?).
En la España de hace medio siglo habría tenido todo su sentido una campaña electoral tradicional, viajes de políticos a explicar su programa, exhibición de masas, difusión de cartelería y de símbolos, mailing… Pero todo eso ha dejado de ser actual; y, sobre todo, de ser el único instrumento eficaz. Los ciudadanos llegan a las urnas con una idea clara de qué van a votar, una idea que no se borra con un megáfono, dos trípticos o una carta del líder de turno.
Ya no debe quedar político de relevancia que no esté en las redes sociales. No estar no es una opción, porque cada vez más electores, y en especial los ciudadanos más cultos, mejor formados y más susceptibles de razonar a fondo su voto, es decir, el llamado “votante informado”, está una parte significativa del día conectado a Internet. No hablemos ya de los nuevos votantes.
Del mismo modo que Internet ha cambiado la comunicación de las empresas, está arrasando en la comunicación política. Seguramente a los políticos que empezaron en la Transición les cuesta en especial entender las diferencias que implica el cambio de soporte, y se enfadan porque no entienden de qué se está hablando. Y antes de la crisis aún podía haber dinero para caprichos nostálgicos, pero ya no. La renovación de las formas para hacerlas a la vez más baratas, más modernas y eficaces es una apremiante necesidad.
La Sociedad en Red exige convertir los proyectos políticos cerrados en proyectos compartidos por los ciudadanos, no sólo como difusores sino como verdaderos protagonistas de la acción política.
Un partido político tiene que comprender que su relación con Internet va mucho más allá de utilizar la web como un nuevo canal de información e influencia: supone cambiar la manera de hacer política y la manera de organizarse.
Hoy día, los partidos políticos todavía sufrimos una brecha digital entre las posibilidades tecnológicas y la cultura política.

La acción de los partidos políticos en Internet debe respetar la forma de actuar de la Sociedad en Red:

1º rechaza los proyectos y los mensajes teledirigidos y cerrados donde no se le pide la opinión o ésta no es tenida en cuenta

2º evita los controles y las prohibiciones;

3º participa en la medida que recibe protagonismo y reconocimiento
Internet ofrece a los partidos políticos evolucionar desde la información y la publicidad a la auténtica comunicación.

4º Una comunicación que no sea vertical sino que forme parte de una acción política realizada en colaboración con los ciudadanos.

Hacia donde debemos caminar.
Una nueva forma de entender la política ha surgido (la política 2.0) y, se extiende a través de los medios digitales participativos impulsados por una nueva clase de activistas: blogs, redes sociales y foros, constituyen la nueva esfera pública, que a diferencia de su predecesora, conformada por los medios de comunicación tradicionales, que tenía carácter unidireccional, ahora es pluridireccional y participativa, que permite por primera vez, mantener una conversación sostenible e ininterrumpida entre el poder y los ciudadanos para que piensen sobre los temas políticos y se comprometan en la mejora de sus comunidades.
En torno a ella, la nueva visión de la cosa pública se articula en tres principios: comunicación, trasparencia y participación, a fin de descentralizar el debate político y ampliar la participación de los ciudadanos en las decisiones de gobierno.

El presupuesto ineludible de este nuevo modelo de democracia deliberativa exige que se garantice el derecho a saber del público en todo momento y, la neutralidad de la red para asegurar que efectivamente la información no será discriminada.
Lo primero, es una promesa electoral inexplicablemente incumplida por el Gobierno desde 2004. Por ello, anuncio que vamos a presentar en el Congreso una Proposición No de Ley para que se regule en España el derecho a saber del público sobre la Administración, iniciativa que consiste en facilitar el acceso a la información que se encuentra en manos del poder público, o entidades privadas que realizan funciones públicas, mediante un procedimiento sencillo y rápido, en el que baste con identificarse y facilitar la descripción de la información buscada, sin que sea necesario explicar ni por qué, ni para qué se quiere la información. Sobre lo segundo, basta con recordar que el Ministro de Industria se ha posicionado al lado de las operadoras en contra de la neutralidad de la red, lo que implica de entrada la tasa Google y, una red de varias velocidades en la que será posible discriminar la información.

Qué tenemos ahora mismo en España
Nos encontramos ante un sistema con una absoluta falta de trasparencia. A estas alturas resulta incomprensible que no exista una Ley que garantice el acceso a la información pública, en Suecia existe desde 1776. Al contrario, junto a Grecia somos los dos únicos países de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene una ley reguladora del derecho de acceso a la información, a pesar de que el programa electoral del PSOE en las generales de 2004 y 2008 incluía el compromiso de adoptar una legislación específica al respecto.
Como ejemplo de la falta de trasparencia y de la imposibilidad de tener acceso a la información pública en España, basta citar como es imposible saber qué informes elaboró el Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno David Taguas, sobre la crisis del sector inmobiliario, antes de fichar precisamente por la patronal del sector de la construcción. Tampoco podemos saber si Miguel Barroso, a quien se le considera incluido en el círculo más próximo a Rodríguez Zapatero y, que es un hombre del entorno del empresario catalán Jaume Roures, propietario de Mediapro, intervino en el diseño de la TDT de pago en su época de Secretario de Estado de Comunicación. Ni cómo emplea la SGAE el dinero que recibe del Canon o por ingreso de las obras huérfanas. ¿Por qué no podemos conocer como deliberan los miembros de la Comisión Ejecutiva del Banco de España y sí leer con nombres y apellidos las deliberaciones de los miembros de la Reserva Federal de los Estados Unidos?

Ante esta situación, parece claro que el Gobierno de España no termina de dar los pasos en la dirección correcta, aparte de lo que acabo de mencionar pondré otros ejemplos que lo confirman con contundencia: En la Era de la Información, el gobierno acaba de suprimir la Dirección General de la Sociedad de la Información dando la espalda al futuro.
Otra cuestión que no acaba de encauzarse es la Administración Digital, de forma que sea posible acercar los servicios a los despachos profesionales y a los hogares de los ciudadanos y no al revés.
En este capítulo de lo pendiente, merece especial mención el tema de la banda ancha, porque significa una nueva forma de discriminación y analfabetización digital de los más desfavorecidos. Y lo explicaré.
En la actualidad la cultura y el conocimiento se están digitalizando, el papel ya no es su soporte, ni las universidades y bibliotecas sus santuarios, ahora
todo está en la red y, dentro de poco lo que no esté en ella no existirá.
Por primera vez en la historia de la humanidad tenemos tecnología capaz de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento. Sólo se necesita un ordenador y una conexión de banda ancha.
Finlandia, se ha convertido en el primer país que ha realizado una reforma constitucional con el fin de garantizar constitucionalmente el principio llamado “acceso universal” a Internet y la libertad de acceder a las tecnologías de información, comunicaciones, cualquiera que sea el medio utilizado o la localización geográfica de los usuarios.
Pero esto parece no importar al gobierno, ya que según un informe de la Asociación de Internautas sobre el coste del ADSL en la Unión Europea, tras comparar: ofertas, velocidades y precios que ofrecen 27 operadoras dominantes, los resultados indican que los internautas españoles pagamos el 2º Adsl más caro de la Zona Euro y el 3ª de la Unión Europea. Es decir, estamos en las antípodas del acceso universal y la situación se agravará con el anunciado canon sobre el ADSL para financiar a la Tv pública por la falta de ingresos de la publicidad.
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Final:
Nos encontramos ante un sistema administrativo opaco que, por su falta de trasparencia, favorece la corrupción, y no puede arreglarse mediante una alternancia basada en más de lo mismo, sino mediante un proceso de regeneración democrática.
En definitiva, se trata de recuperar el sentido de la ciudadanía y avanzar hacia una democracia conectada y trasparente que estimule a las personas, para que mediante un diálogo permanente con el poder se movilicen para mejorar sus comunidades y la sociedad en general mediante su contribución en el proceso de deliberación y toma de decisiones.

martes, 17 de agosto de 2010

Tarjetas prepago y control de la población.

La Ley 25/2007 de Conservación de Datos de las comunicaciones ele trónicas obliga a las operadoras a dar de baja cualquier número que no tuviera un dueño conocido y registrado a partir del pasado 8 de noviembre, lo cierto es que en muchos establecimientos se burla la norma y circulan impunemente tarjetas telefónicas sin dueño identificable como las que se utilizaron para provocar la matanza del 11 de marzo de 2004, que acabó con la vida de 192 personas en Madrid, quienes las adquieren son fundamentalmente personas que no pueden identificarse por carecer de documentación como es el caso de extranjeros irregulares, o quienes no quieren identificarse para no dejar rastro y utilizan estas tarjetas, aunque lo más fácil y lo que menos rastro deja es robarlas utilizarlas y hacerlas desaparecer.
Ahora la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza dice que se encargará “personalmente” de pedir explicaciones al Ministerio del Interior. “No vigilar que se cumpla la ley es como no haberla aprobado, y esto demuestra que no se está haciendo ningún seguimiento de la misma”. Personalmente y con el máximo respeto que merece la ATV pensamos que se equivoca si pretende conseguir un mundo más seguro basado en un mundo menos libre y con menos derechos.

La ley de conservación de datos es consecuencia de la trasposición de una directiva europea (D 2006/24) y por si no lo recuerdan, el debate acerca de la retención de datos fue muy intenso, ya que los grupos de defensa de los derechos civiles se opusieron frontalmente alegando que la norma nos convierte a todos en sospechosos y hace posible el rastreo de todas nuestras comunicaciones a través de Internet y de los teléfonos incluida nuestra localización y si finalmente salió adelante en el Parlamento Europeo fue precisamente porque recogía expresamente la limitación de la entrega de los datos a los casos de persecución de delitos graves. Sin embargo algunos Estados como Reino Unido no han querido incorporar a su legislación interna la Directiva por la fuerte oposición de sus ciudadanos y, en otros que si lo hicieron como es el caso de Alemania, recientemente el Tribunal Federal declaró la Ley inconstitucional por tratarnos a todos los ciudadanos como sospechosos, no niega que no se puedan conservar los datos de determinadas personas por causas justificadas y fundadas, pero sí que se haga de forma generalizada y sin discriminar, como también es el caso de España. En el resto de países de la Unión Europea estas normas se encuentran en revisión.

Lo malo del caso español es que todo esto se produjo sigilosamente y sin discusión pública; el Gobierno no informó y los medios no fomentaron el debate y no advirtieron del recorte de libertades que se estaba efectuando. Pero lo peor es que la Ley que acabó con las tarjetas prepago y nos ha convertido a todos en sospechosos, ha resultado inútil ya que precisamente el sector de población potencialmente peligrosa que debería ser controlado la burla con facilidad y, somos los ciudadanos con DNI, NIF, que domiciliamos nuestros pagos incluidos los Impuestos y figuramos en un montón de Registros Públicos a quienes se nos vigila. Esto demuestra o bien que la Ley no tiene por objetivo la lucha contra el terrorismo sino el control de la población y vigilar a los ciudadanos o es un absoluto fracaso.

Derecho a saber del público

Derecho a saber del público
Ayer el diario el País daba cuenta del proyecto de Ley que próximamente será aprobado en Consejo de Ministros para garantizar el derecho a saber del público, hoy en una editorial titulada "no es una utopía" felicitaba al Gobierno por la decisión de promulgar una Ley que garantice la transparencia de la Administración y el acceso de los ciudadanos a la información pública.
En realidad el proyecto es una promesa electoral inexplicablemente incumplida por el PSOE desde 2004, lo que le había valido innumerables quejas de la sociedad civil, todas ellas desatendidas. Sin embargo el proyecto se presenta ahora, súbitamente y sin previo aviso, a pesar de ser un tema transcendental para la democracia. Llama la atención que esta precipitación se produzca después de que Esteban González Pons en una conferencia que pronuncio el pasado 6 de julio de 2010 “Los partidos políticos en red” tras describir la escandalosa situación de opacidad que se está viviendo en España anunciase que el Partido Popular presentaría una proposición no de Ley para obligar al Gobierno a legislar sobre esta materia, sin embargo fue ERC quien se anticipo y presento la PNL a finales de julio cuando estaba a punto de concluir el periodo de sesiones, a la que se adhirió el PSOE, sin duda para evitar el tener que recibir otro vergonzante rapapolvo en materia de derechos civiles como el recibido a causa del escándalo generado con la interceptación de las comunicaciones telefónicas a través de SITEL.

A estas alturas resulta incomprensible que no exista en España una Ley que garantice el acceso a la información pública, en Suecia existe desde 1776. Sin embargo junto a Grecia somos los dos únicos países de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene una ley reguladora del derecho de acceso a la información, casualmente los dos Países en los que la crisis económica se ha cebado, debido en gran parte a la opacidad informativa que ha impedido a los ciudadanos el tener acceso a una información veraz y contrastada.

La Ley proyectada, no solo es un avance en la lucha contra la corrupción también es un paso en la dirección de la E-Democracia. Respecto de lo primero si los ciudadanos hubiéramos tenido acceso a los contratos públicos, a los informes previos, escándalos como GÜRTEL habrían sido evitables o al menos detectables, ahora podremos saber que informes elaboró el Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno David Taguas, sobre la crisis del sector inmobiliario, antes de fichar precisamente por la patronal del sector de la construcción, o si Miguel Barroso, durante su época de Secretario de Estado de Comunicación intervino en el diseño de la TDT de de pago, que luego aprobaría su mujer Carme Chacón, o acceder a los contratos de la Comunidad de Castilla la Mancha en la época en que Bono era Presidente de la Comunidad, o saber en que invierte la SGAE el dinero del canon. Sin duda todo esto aportara una mayor transparencia al Gobierno y la Administración.

En relación con lo segundo, la E-democracia se articula en tres principios básicos: comunicación, transparencia y participación, a fin de hacer más abierta a los ciudadanos la Administración y el Gobierno descentralizando el debate político y ampliando la participación de los ciudadanos en las decisiones de gobierno. Lo que implica la adopción de otras medidas tales como:
1º) Hacer accesible mediante la adopción de licencias de contenido abierto tipo “Creative Commons” para todos los contenidos de las web oficiales.
2º) Eliminar las barreras tecnológicas para compartir: no basta con hacer legalmente accesibles los contenidos, sino que esa "libertad digital" debe ser posible con la tecnología que se utilice y debe ser compatible con las arquitecturas abiertas para permitir un aprovechamiento mejor por los ciudadanos y un acceso sin límites algo imprescindible en una democracia transparente y conectada.
3º) Ampliación del dominio público: los documentos, proyectos, informaciones y en general los bienes intangibles que han sido generados con recursos públicos deben incorporarse al dominio público y ponerse a disposición de la ciudadanía.
4º) Libre competencia: es preciso no favorecer a unos medios o plataformas sobre el resto para la comunicación y difusión de la información oficial y aprovechar la disponibilidad y el acceso de los ciudadanos a plataformas libres y abiertas.
5º) Por ultimo la neutralidad de la red para garantizar que toda la información solicitada con independencia de a quien favorezca será tratada por igual y no sufrirá discriminación.

De no adoptarse este tipo de medidas complementarias de desarrollo los principios legales quedaran inertes igual que ha sucedido con el tan cacareado Código del Buen Gobierno y la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, como recientemente se ha puesto de manifiesto a raíz de la denuncia por conflicto de intereses contra la Ministra de Cultura Ángeles González Sinde.

domingo, 15 de agosto de 2010

LA E-DEMOCRACIA Y LOS NUEVOS DERECHOS



La era digital está aquí y está generando una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad, basado fundamentalmente en la capacidad de intercambio directo y en la libre aportación de contenidos y conocimiento.
La democracia no es más que un dialogo entre el Poder y los ciudadanos a través de los representantes, pero Internet ha logrado generar un sistema de información global y compartida, en donde la manipulación es cada vez más difícil y el ciudadano está dejando de ser parte de la masa indiferenciada para cobra un nuevo protagonismo.
En este nuevo escenario tecnológico es posible un diálogo directo entre los ciudadanos entre sí y, con los poderes públicos, perdiendo sentido la figura del intermediario. No se trata pues de un cambio en el marketing político que pone en manos de los políticos nuevas herramientas para transmitir sus mensajes llámense Facebook o Twitter. Si como parece, esto es lo que piensan están muy equivocados. A la democracia representativa se le agota el tiempo y debe ajustarse al nuevo escenario tecnológico y volverse más participativa, más directa, más informacional, en consonancia con la sociedad emergente.
Desde esta perspectiva, queremos decirle a los partidos políticos, al Gobierno, en definitiva a nuestros “representantes”, que nos encontramos ante un sistema agotado, que la dialéctica de izquierdas y derechas ya no es un método valido para interpretar la realidad, pero siguen teniendo la responsabilidad de garantizar la continuidad de esa conversación esencial entre poder y ciudadanos que se inicio en el siglo XVIII, actualizando el paradigma con nuevos principios o redefiniendo algunos no tan nuevos.
1.- OPEN ACCES y OPEN DATA (TRANSPARENCIA).

Un Estado democrático exige que el Poder sea transparente, no los ciudadanos, por eso resulta imprescindible que la Ley garantice el acceso de los ciudadanos a la información pública (open acces) mediante un procedimiento breve y sencillo, y establecer un sistema de Open Data (datos abiertos), que obligue a las Administraciones a publicar a través de internet toda la información, antes incluso que alguien la solicite, de forma que las empresas y profesionales puedan emplear toda la información que gestiona la administración para generar nuevos servicios.
Esto implica el desarrollo de una verdadera administración digital sin barreras tecnológicas que dificulten la difusión de la información y que también haga posible que los servicios giren sobre los ciudadanos y no a la inversa, como sucede ahora, de forma que sean los servicios los que se acerquen a los hogares de los ciudadanos y a los despachos de los profesionales.

2º.- LIBERTAD Y SECRETO DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS.
Si algo resulta esencial en la sociedad de la información es la libertad de las comunicaciones lo cual no es posible si no se garantiza el secreto de las mismas, sin embargo en los últimos tiempos, bajo el pretexto de la Seguridad, de la defensa de la infancia, de los derechos de autor... poco importa cuál sea la disculpa, se está imponiendo una filosofía de la vigilancia en la que el Estado observa a todos los ciudadanos sin que éstos tengan manera de saber si están siendo vigilados o no. Por ello advertimos de la necesidad de reconsiderar la, Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones y la necesidad de revisar la normativa por la que se rige Sitel y todos los sistemas de vigilancia electrónica a fin de adoptar las medidas necesarias para preservar las libertades civiles e impedir los abusos del poder ejecutivo en el futuro.

3º.- DERECHO DE ACCESO UNIVERSAL A INTERNET.

Finlandia, se ha convertido en el primer país que ha realizado una reforma constitucional con el fin de garantizar constitucionalmente el principio llamado “acceso universal” a Internet y la libertad de acceder a las tecnologías de información, comunicaciones, cualquiera que sea el medio utilizado o la localización geográfica de los usuarios, por esto y para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la información, y el disfrute pleno de derechos sociales básicos como la educación y la sanidad es ineludible que se reconozca la banda ancha como un derecho fundamental y fijar los valores mínimos exigibles a los proveedores en el ancho de banda, independientemente del método de acceso elegido.

4º.- NEUTRALIDAD DE LA RED.

La neutralidad de la red es uno de los grandes principios sobre los que se ha construido Internet. Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, la neutralidad de la red equivale al principio de igualdad y no discriminación de la información y su defensa resulta esencial de cara a que los derechos fundamentales se respeten en Internet y evitar que en el futuro Internet acabe bajo el control de unos pocos.

5º.- CULTURA Y CONOCIMIENTO.

En un período de cambio tecnológico y social acelerado como el actual los derechos sobre bienes inmateriales están sometidos a una terrible tensión y, si bien deben ser respetados y tutelados, las medidas que se adopten para protegerlos no pueden desconocer los derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, la intimidad, el secreto de las comunicaciones o la privacidad de los datos.
Por otra parte el dominio público cumple cada vez más un papel esencial en la participación cultural y la innovación, no en vano a lo largo de la historia ha sido la regla y, sigue siendo la cantera común de donde seguimos extrayendo los materiales para construir la civilización y por lo tanto debe seguir estando activo, pero no brinda protección a los creadores que renunciando a los derechos de explotación quieren mantener la integridad de su obra y su condición moral de autor o inventor, por eso es preciso reconocer que las licencias publicas tipo GNU, Copyleft, Creative Commons son susceptibles de protección judicial aunque no exista un perjuicio comercial directo para evitar que alguien se apropie de la invención de otro.

6.- GOBIERNO ABIERTO.

El objetivo final es una democracia conectada y transparente, que garantice no solo el acceso online de los ciudadanos a los datos de la Administración, a los contratos públicos, a las cuentas y al gasto público, sino también capaz de fomentar la participación ciudadana a través de consultas y comentarios sobre los proyectos legislativos, a fin de descentralizar el debate político de forma que las decisiones que conciernen a todos sean tomadas en el conjunto de la ciudadanía.