El Ejecutivo prometió en 2004 regular el derecho a acceder a la información de la Administración

Parecía que este año era el momento, pero continúa en el cajón
El PP acelera su ley de transparencia ante la pasividad del Gobierno

Roberto R. Ballesteros. La GACETA Madrid

Alguna razón paraliza la ley de transparencia prometida por el presidente del Gobierno nada más llegar a La Moncloa. Pocos meses después de revalidar la presidencia, el 7 de octubre de 2008, José Luis Rodríguez Zapatero reiteró su promesa. El Gobierno, dijo, promoverá "una nueva ley que garantice el mayor acceso posible a la información pública en España".
Sin embargo, seis años después de la primera promesa, los ciudadanos siguen sin noticias de la normativa. Ante la pasividad del Gobierno, el portavoz del PP, Esteban González Pons, anunció el pasado 6 de julio en la Universidad Rey Juan Carlos que su partido preparaba una proposición no de ley con objeto de presionar al Gobierno. Días después, ERC se adelantó al PP y presentó su propia proposición en el Congreso. Durante estos días, informan fuentes populares, el partido acelera los trámites para presentar "cuanto antes" la propuesta, que podría dejar en evidencia a Zapatero.
España es, junto a Grecia, el único país de más de un millón de habitantes de la Unión Europea que continúa sin legislar esta materia. Suecia cuenta con una normativa desde 1776. La
Freedom of Information Act de Estados Unidos ha superado ya los 40 años de vida. El presidente americano, Barack Obama, apostó por desarrollarla aún más al acceder al poder. Y cumplió su promesa, a diferencia del jefe del Ejecutivo español.
En Estados Unidos es fácil acceder a las filmaciones de las intervenciones del presidente, a las instituciones y empresas que aportan fondos a uno u otro congresista e incluso a las facturas de las compras efectuadas por la Administración Obama. Según los expertos consultados, el desarrollo legislativo de esta norma no se queda sólo en la aprobación de la misma. Es necesario organizar los datos de forma clara para que los ciudadanos accedan a ellos sin dificultades administrativas farragosas que echen para atrás, facilitar las peticiones, crear sistemas para aligerar las respuestas y, en definitiva, destinar un presupuesto suficiente para mantener recursos humanos y sistemas informáticos.
Una ley que protegiera el derecho al acceso a la información pública evitaría cualquier duda sobre el patrimonio de José Bono y los contratos que otorgó como presidente de Castilla-La Mancha, revelaría si Miguel Barroso participó o no en el diseño de la nueva TDT y ayudaría a conocer los informes que elaboró el presidente de la oficina económica de Moncloa sobre la crisis antes de fichar por la patronal inmobiliaria.