Tarjetas prepago y control de la población.

La Ley 25/2007 de Conservación de Datos de las comunicaciones ele trónicas obliga a las operadoras a dar de baja cualquier número que no tuviera un dueño conocido y registrado a partir del pasado 8 de noviembre, lo cierto es que en muchos establecimientos se burla la norma y circulan impunemente tarjetas telefónicas sin dueño identificable como las que se utilizaron para provocar la matanza del 11 de marzo de 2004, que acabó con la vida de 192 personas en Madrid, quienes las adquieren son fundamentalmente personas que no pueden identificarse por carecer de documentación como es el caso de extranjeros irregulares, o quienes no quieren identificarse para no dejar rastro y utilizan estas tarjetas, aunque lo más fácil y lo que menos rastro deja es robarlas utilizarlas y hacerlas desaparecer.
Ahora la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza dice que se encargará “personalmente” de pedir explicaciones al Ministerio del Interior. “No vigilar que se cumpla la ley es como no haberla aprobado, y esto demuestra que no se está haciendo ningún seguimiento de la misma”. Personalmente y con el máximo respeto que merece la ATV pensamos que se equivoca si pretende conseguir un mundo más seguro basado en un mundo menos libre y con menos derechos.

La ley de conservación de datos es consecuencia de la trasposición de una directiva europea (D 2006/24) y por si no lo recuerdan, el debate acerca de la retención de datos fue muy intenso, ya que los grupos de defensa de los derechos civiles se opusieron frontalmente alegando que la norma nos convierte a todos en sospechosos y hace posible el rastreo de todas nuestras comunicaciones a través de Internet y de los teléfonos incluida nuestra localización y si finalmente salió adelante en el Parlamento Europeo fue precisamente porque recogía expresamente la limitación de la entrega de los datos a los casos de persecución de delitos graves. Sin embargo algunos Estados como Reino Unido no han querido incorporar a su legislación interna la Directiva por la fuerte oposición de sus ciudadanos y, en otros que si lo hicieron como es el caso de Alemania, recientemente el Tribunal Federal declaró la Ley inconstitucional por tratarnos a todos los ciudadanos como sospechosos, no niega que no se puedan conservar los datos de determinadas personas por causas justificadas y fundadas, pero sí que se haga de forma generalizada y sin discriminar, como también es el caso de España. En el resto de países de la Unión Europea estas normas se encuentran en revisión.

Lo malo del caso español es que todo esto se produjo sigilosamente y sin discusión pública; el Gobierno no informó y los medios no fomentaron el debate y no advirtieron del recorte de libertades que se estaba efectuando. Pero lo peor es que la Ley que acabó con las tarjetas prepago y nos ha convertido a todos en sospechosos, ha resultado inútil ya que precisamente el sector de población potencialmente peligrosa que debería ser controlado la burla con facilidad y, somos los ciudadanos con DNI, NIF, que domiciliamos nuestros pagos incluidos los Impuestos y figuramos en un montón de Registros Públicos a quienes se nos vigila. Esto demuestra o bien que la Ley no tiene por objetivo la lucha contra el terrorismo sino el control de la población y vigilar a los ciudadanos o es un absoluto fracaso.