Política 2.0

Fecha artículo: 2010-06-09 00:24:27 - url artículo: http://www.internautas.org/html/6189.html
PEDRO MARTÍNEZ GARCÍA

El día uno de su mandato Barack Obama firmó una orden ejecutiva y dos memorandos presidenciales anunciando lo que él calificó como una "nueva era de apertura". La orden ejecutiva revocaba los cambios hechos por el presidente Bush en la Ley de Documentos Presidenciales y los dos memorandos propugnaban la apertura de la administración y la libertad de información. En una palabra, el fin del secretismo sobre los actos de Gobierno y la Administración, tal como había prometido en su campaña caracterizada por el uso de Internet y las redes sociales. También abogaba por la neutralidad de la red, el uso de licencias abiertas tipo Creative Comons y la eliminación de las barreras tecnológicas para compartir la información.
No se trata de un gesto de ruptura con la política informativa de la anterior Administración. Es un cambio radical en la forma de entender la información pública y el Gobierno. Es una nueva forma de hacer política en la era digital en la que con el arsenal tecnológico disponible no tiene sentido que el ciudadano sea un simple espectador de lo público limitado a elegir a sus representantes cada cuatro años. Al contrario, se necesita una democracia que funcione todos los días. En definitiva se trata de un primer paso hacia las otras promesas, como una democracia conectada y transparente, que garantice el acceso online de los ciudadanos a los datos de la Administración, a los contratos públicos y el fomento de la participación ciudadana a través de consultas y comentarios sobre los proyectos legislativos.

España es el país de la Unión Europea en que mayor impacto ha tenido la era Bush al incorporar normas y técnicas inspirada en la Patriot Act, que han supuesto un retroceso en el Estado de Derecho, como lo demuestra la irregular puesta en marcha del sistema de interceptación de las comunicaciones SITEL, sin cobertura legal alguna, o permitiendo la conservación de los datos de las comunicaciones electrónicas de toda la población (Ley 25/2007, de 18 de octubre), lo que nos convierte a todos en sospechosos y hace posible el rastreo de todas nuestras comunicaciones a través de Internet y de los teléfonos incluida nuestra localización. Algo que algunos Estados como Reino Unido no han querido incorporar a sus legislaciones y, en otros que si lo hicieron como es el caso de Alemania, recientemente el Tribunal Federal lo declaró inconstitucional. En el resto de países de la Unión Europea estas normas se encuentran en revisión.

Lo peor es que todo esto se produce sigilosamente y sin discusión pública; el Gobierno no informó y los medios no fomentaron el debate y no advirtieron del recorte de libertades que se estaba efectuando renunciando a su función de contrapoder. Pero olvidaron que con Internet ya no es posible silenciar aquello que no interesa, y no ha pasado desapercibida la lucha que algunos grupos de defensa de los derechos civiles liderados por la Asociación de Internautas están manteniendo contra el uso perverso de la tecnología como sistema de control social. Por fin, un partido, el PP y en gran medida debido a la gestión de su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, ha presentado una proposición de Ley Orgánica sobre interceptación de las comunicaciones que supone un primer paso para garantizar la libertad de las comunicaciones, la intimidad y la privacidad de los datos en el nuevo escenario tecnológico. Ahora el proyecto legislativo está en el Parlamento y los diversos grupos deberán posicionarse sobre las libertades y esto sucederá antes de las elecciones generales. Un elemento más para saber a quién votar.

Nos encontramos en un momento de crisis, que no solo es económica sino también moral, como en días pasados recordaban algunos medios extranjeros. Los ciudadanos no están interesados en la política, se alejan de los partidos y las instituciones y les da lo mismo a quién se vote. Pero una nueva forma de entender la política ha surgido y, se extiende a través de los medios digitales participativos impulsados por una nueva clase de activistas: Blogs, redes sociales como Facebook, portales como menéame.net, picotea, banda ancha, ojo buscador...o el propio de la Asociación de internautas constituyen la nueva esfera pública, que a diferencia de su predecesora, conformada por los medios de comunicación tradicionales, que tenía carácter unidireccional, ahora es pluridireccional y participativa. En torno a ella, la nueva visión de la cosa pública se articula en tres principios: comunicación, trasparencia y participación a fin de descentralizar el debate político y ampliar la participación de los ciudadanos en la gobernación.

El presupuesto ineludible de este nuevo modelo deliberativo exige dos cosas: que se garantice el derecho a saber del público en todo momento y la neutralidad de la red para asegurar que efectivamente la información no será discriminada. Lo primero es una promesa electoral incumplida por el Gobierno desde 2004, y consiste en facilitar el acceso a la información que se encuentra en manos del poder público, o entidades privadas que realizan funciones públicas, mediante un procedimiento sencillo y rápido, en el que baste con identificarse y facilitar la descripción de la información buscada, sin que sea necesario explicar ni por qué, ni para qué se quiere la información. En cuanto a lo segundo basta con recordar que el Gobierno se ha puesto del lado de las operadoras lo que implica de entrada la tasa Google y una red de varias velocidades en la que será posible discriminar la información. Por otra parte, el Gobierno acaba de suprimir la Dirección General de la Sociedad de la Información, dando la espalda al futuro.

En definitiva, nos encontramos ante un sistema opaco, corroído y gastado que por su falta de trasparencia favorece la corrupción y carece de fortaleza moral para seguir adelante.

Pedro Martínez García Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Semanal Digital

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