Derecho a saber del público

Derecho a saber del público
Ayer el diario el País daba cuenta del proyecto de Ley que próximamente será aprobado en Consejo de Ministros para garantizar el derecho a saber del público, hoy en una editorial titulada "no es una utopía" felicitaba al Gobierno por la decisión de promulgar una Ley que garantice la transparencia de la Administración y el acceso de los ciudadanos a la información pública.
En realidad el proyecto es una promesa electoral inexplicablemente incumplida por el PSOE desde 2004, lo que le había valido innumerables quejas de la sociedad civil, todas ellas desatendidas. Sin embargo el proyecto se presenta ahora, súbitamente y sin previo aviso, a pesar de ser un tema transcendental para la democracia. Llama la atención que esta precipitación se produzca después de que Esteban González Pons en una conferencia que pronuncio el pasado 6 de julio de 2010 “Los partidos políticos en red” tras describir la escandalosa situación de opacidad que se está viviendo en España anunciase que el Partido Popular presentaría una proposición no de Ley para obligar al Gobierno a legislar sobre esta materia, sin embargo fue ERC quien se anticipo y presento la PNL a finales de julio cuando estaba a punto de concluir el periodo de sesiones, a la que se adhirió el PSOE, sin duda para evitar el tener que recibir otro vergonzante rapapolvo en materia de derechos civiles como el recibido a causa del escándalo generado con la interceptación de las comunicaciones telefónicas a través de SITEL.

A estas alturas resulta incomprensible que no exista en España una Ley que garantice el acceso a la información pública, en Suecia existe desde 1776. Sin embargo junto a Grecia somos los dos únicos países de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene una ley reguladora del derecho de acceso a la información, casualmente los dos Países en los que la crisis económica se ha cebado, debido en gran parte a la opacidad informativa que ha impedido a los ciudadanos el tener acceso a una información veraz y contrastada.

La Ley proyectada, no solo es un avance en la lucha contra la corrupción también es un paso en la dirección de la E-Democracia. Respecto de lo primero si los ciudadanos hubiéramos tenido acceso a los contratos públicos, a los informes previos, escándalos como GÜRTEL habrían sido evitables o al menos detectables, ahora podremos saber que informes elaboró el Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno David Taguas, sobre la crisis del sector inmobiliario, antes de fichar precisamente por la patronal del sector de la construcción, o si Miguel Barroso, durante su época de Secretario de Estado de Comunicación intervino en el diseño de la TDT de de pago, que luego aprobaría su mujer Carme Chacón, o acceder a los contratos de la Comunidad de Castilla la Mancha en la época en que Bono era Presidente de la Comunidad, o saber en que invierte la SGAE el dinero del canon. Sin duda todo esto aportara una mayor transparencia al Gobierno y la Administración.

En relación con lo segundo, la E-democracia se articula en tres principios básicos: comunicación, transparencia y participación, a fin de hacer más abierta a los ciudadanos la Administración y el Gobierno descentralizando el debate político y ampliando la participación de los ciudadanos en las decisiones de gobierno. Lo que implica la adopción de otras medidas tales como:
1º) Hacer accesible mediante la adopción de licencias de contenido abierto tipo “Creative Commons” para todos los contenidos de las web oficiales.
2º) Eliminar las barreras tecnológicas para compartir: no basta con hacer legalmente accesibles los contenidos, sino que esa "libertad digital" debe ser posible con la tecnología que se utilice y debe ser compatible con las arquitecturas abiertas para permitir un aprovechamiento mejor por los ciudadanos y un acceso sin límites algo imprescindible en una democracia transparente y conectada.
3º) Ampliación del dominio público: los documentos, proyectos, informaciones y en general los bienes intangibles que han sido generados con recursos públicos deben incorporarse al dominio público y ponerse a disposición de la ciudadanía.
4º) Libre competencia: es preciso no favorecer a unos medios o plataformas sobre el resto para la comunicación y difusión de la información oficial y aprovechar la disponibilidad y el acceso de los ciudadanos a plataformas libres y abiertas.
5º) Por ultimo la neutralidad de la red para garantizar que toda la información solicitada con independencia de a quien favorezca será tratada por igual y no sufrirá discriminación.

De no adoptarse este tipo de medidas complementarias de desarrollo los principios legales quedaran inertes igual que ha sucedido con el tan cacareado Código del Buen Gobierno y la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, como recientemente se ha puesto de manifiesto a raíz de la denuncia por conflicto de intereses contra la Ministra de Cultura Ángeles González Sinde.