NO ES TIEMPO PARA LA SGAE

No es tiempo para la SGAE
04-07-2011 | 5
La SGAE y el ministerio van de la mano en la defensa de los intereses corporativos de la gestora,
Pedro Martínez
Después del tremendo impacto mediático producido por la detención del presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Teddy Bautista, y otras ocho personas más entre las que figuran el director financiero de la SGAE, Ricardo Azcoaga, el director general de la filial digital (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, y el director general de la SGAE, Enrique Loras, por el presunto desvío de fondos en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a través de un complejo entramado societario creado ad hoc, que sin duda se irá aclarando a lo largo de la instrucción que se presume larga y compleja, resulta inevitable que se produzcan ciertos interrogantes, que determinan también otro ámbito de responsabilidades.
La primera cuestión es el tiempo transcurrido desde que se formaliza la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, noviembre de 2007, hasta que esta decide judicializarla en 2010 y desde entonces hasta los registros y detenciones actuales. ¿Qué investigaciones ha llevado a cabo la Fiscalía antes de judicializar el tema? ¿Por qué, una vez en sede judicial aparentemente se inicia la actividad procesal tan tardíamente? Estas interrogantes sin duda deben tener una respuesta razonable, ya que un periodo de tiempo tan prolongado, casi cuatro años, puede significar la prescripción de los delitos investigados.
La segunda cuestión, es cómo esto ha podido suceder en un organismo como la SGAE que se encuentra bajo la tutela del Ministerio de Cultura que debe fiscalizar sus cuentas y, por consiguiente, se debería haber percatado de las irregularidades. Además, en 2007, los medios de comunicación ya airearon la cuestión; de hecho es lo publicado por estos medios la base de la denuncia original, razón de más para justificar la intervención del Ministerio de Cultura. Sin embargo, lo que hemos visto es que la SGAE y el ministerio marchan de la mano en la defensa de los intereses corporativos de la gestora, primando el derecho individual de autor sobre el derecho colectivo a la cultura, con un claro distanciamiento con el sentir social. La plataforma No les votes –que participa en el movimiento 15-M y se gestó precisamente durante la tramitación de la ley Sinde como forma de articular una respuesta al desafío que suponía la ley– es un claro ejemplo de esta ruptura.
Por otra parte, es preciso resaltar que el nombramiento de la controvertida ministra de Cultura, Ángeles González- Sinde, generó un rechazo tan profundo en la Red, sólo superado por los acontecimientos actuales, que dio lugar a una concentración de protesta bajo el lema “Por los derechos civiles, la universalidad y neutralidad de la Red” ante el Ministerio de Cultura, que se celebró el 24 de mayo de 2009, promovida por la Asociación de Internautas según un manifiesto apoyado por organizaciones tan heterogéneas como la Liga Española Pro-Derechos Humanos, otras de carácter político –como Nuevas Generaciones–, algunas de carácter empresarial –como Apemic–, otras en representación de proyectos culturales de vanguardia –como el Cosmonauta–... en lo que puede calificarse como la primera concentración de indignados. Posteriormente se sucederían nuevos acontecimientos, la crisis fundamentalmente, y se irían superponiendo nuevos manifiestos y grupos con nuevas reivindicaciones, entre los que tampoco faltan los antisistema, hasta llegar al momento actual. Pero, en los orígenes de todo esto, un Internet libre y neutral ha sido algo más que una herramienta, también ha sido una reivindicación.
Tampoco se debe olvidar que la ministra fue demandada por afectarle de forma directa y singular las causas de inhibición que establece la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno. La cuestión se encuentra sub iúdice precisamente en la Audiencia Nacional.
Por último, y con independencia de lo que suceda con el procedimiento judicial en el que deben primar las garantías procesales, parece que la SGAE desprende un aparente aroma a corrupción y responde a un modelo de gestión de derechos de autor represivo, que pretende criminalizar a los adolescentes que se descargan una película o a los subsaharianos que venden un DVD en la calle, al grito de “¡nos roban!”. Sin embargo, ahora reclaman la presunción de inocencia. Es un modelo opaco y gastado, en donde no todos tienen derecho a voto y para quienes lo tienen ni siquiera todos los votos valen lo mismo, que carece de transparencia para los socios y para los ciudadanos, que no podemos saber adónde va a parar el dinero que se recauda con el canon que pagamos todos.
En definitiva, es incompatible con las exigencias de una sociedad democrática, defiende un modelo de negocio que no puede competir en el nuevo escenario tecnológico en el que se desarrolla la creación cultural y ha demostrado su fracaso en la necesidad de buscar fórmulas que concilien el derecho individual de autor con el derecho de todos a la cultura y el conocimiento. Por eso sólo –y no por el proceso– tiene que desaparecer.
*Pedro Martinez es jurista