LIBERTADES Y TECNOLOGÍA

LIBERTADES Y TECNOLOGÍA

En relación con la reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que impone la necesidad de destruir todos los datos interceptados por Sitel una vez concluido el proceso por considerar que se vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones, es preciso recordar, que es en el Siglo XVIII cuando aparecen las primeras declaraciones de derechos fundamentales que en ese primer momento se concretaron en los derechos civiles y los derechos de participación política, los primeros consagran espacios de libertad y de autonomía del individuo frente al poder e integran el concepto de ciudadano, como la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, la intimidad….
Ahora bien, el presupuesto tecnológico de ese momento nada tiene que ver con el actual y las modernas redes de comunicación electrónica y la ingente cantidad de información que son capaces de trasmitir, sin embargo las garantías procesales para limitar el secreto de las comunicaciones en gran medida sigue estando ajustada a esa tecnología obsoleta, como ocurre con la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1882. Es pues ineludible una adaptación que contemple toda la complejidad de las nuevas redes y las tecnologías de interceptación y vigilancia como SITEL, que no solo es un sistema de escucha, sino de geolocalizacion capaz de revelar muchos datos acerca de nosotros, desde los lugares visitados hasta los hábitos de vida.
En la actualidad nos encontramos en una encrucijada, ya que el nuevo marco tecnológico permite penetrar cada vez con mayor intensidad y de una forma imperceptible en la vida de los ciudadanos, algo que interesa no solo a los Gobiernos, sino también a las operadoras y compañías que explotan internet y las redes sociales para generar nuevas expectativas de negocio en base al conocimiento de nuestros gustos y preferencias. Es preciso preguntarse ¿Qué tipo de sociedad queremos? En este momento son posibles dos alternativas: El Gobierno abierto, basado en la transparencia, en la que se comparte la información con los ciudadanos para generar conocimiento, nuevos modelos de negocio y ampliar la participación ciudadana en la gobernación o, la sociedad de la vigilancia, en la que el ciudadano es de cristal y el Poder almacena progresivamente una cantidad mayor de información. Pero quien mejor ha definido el concepto de la sociedad de la vigilancia, ha sido el Ministro Rubalcaba en un enfrentamiento con el diputado Carlos Floriano con motivo de un debate sobre Sitel, en donde pronuncio su famosa frase "veo todo lo que hacéis y escucho todo lo que decís".
Tres datos objetivos corroboran la afirmación del Ministro Rubalcaba:
1º) Sitel, una tecnología para interceptar las comunicaciones deficientemente regulada y sin control judicial efectivo, ¿Cómo se puede controlar una tecnología cuyos principios básicos de funcionamiento son ignorados por los jueces? Conforme pasa el tiempo los juristas van conociendo mejor el funcionamiento de SITEL y su posibilidad de abuso; se promueven recursos y, el Tribunal Supremo incorpora mayores cautelas, como la firma digital, la destrucción de las grabaciones en poder de Sitel una vez concluido el proceso, la prohibición de utilizar la información para fines distintos de los autorizados... pero cada vez se anulan mas escuchas, por falta de control judicial efectivo, las ultimas las del caso ballena blanca. Pero el tratamiento jurisprudencial es necesariamente casuístico, lo que conduce a una regulación fragmentaria e insuficiente. Mientras tanto la sensación de que Sitel se utiliza para fines no autorizados, se instala con mayor fuerza en la sociedad.
2º) La incumplida promesa de una ley de transparencia: España es el único país de la U.E que carece de una norma que garantice el derecho a saber del público, a pesar que desde 2004 el PSOE la está prometiendo. La clave de este incumplimiento está en evitar que ciertos datos negativos sean conocidos por la opinión pública. Sirva un botón como muestra, el nuevo Gobierno de CIU ha revelado que en Cataluña se falsearon las cuentas públicas y calcula un agujero de de unos 7.000 millones de euros, que habría dejado Montilla.
3º) La Ley de “conservación de datos de las comunicaciones electrónicas”: Es cierto que la norma nacional es una transposición de la Directiva 2006/24/CE del 15 de marzo de 2006, pero es evidente que Países como Reino Unido no lo han hecho, otros como Alemania han declarado inconstitucional la Ley que la trasponía y, en general asistimos a un proceso de revisión de esa legislación que trata a todos los ciudadanos como sospechosos.

Frente a este sistema agotado que ha corrompido los principios democráticos es posible la alternativa de las libertades y la regeneración democrática tendiendo un puente al siglo XVIII, que permita recuperar el espíritu originario y garantizar su vigencia en el nuevo escenario tecnológico para ensanchar las fronteras del conocimiento y las libertades.