A vueltas con la justicia
Creado 2012-01-22 08:54
Entradilla:
Pedro Martínez. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo funcionan los órganos judiciales. Publicado en la Gaceta
La Justicia en una sociedad democrática avanzada debe ser contemplada no sólo como poder judicial, sino también como servicio público. Sin embargo, desde que en España iniciamos el actual periodo democrático, ha primado la visión de la Justicia como poder. Es cierto que, durante el régimen franquista, la Justicia carecía de independencia, quedando en manos del Ejecutivo, lo que se oficializó en 1952, con la creación del Consejo Judicial, órgano gubernamental encargado de calificar a los jueces y magistrados para ascensos, nombramientos, etc. y de unidad jurisdiccional, existiendo junto a la jurisdicción ordinaria, la canónica, la militar, con una extensión desmesurada, y la de orden público creada a fines de 1963, con fundamento en la Ley de Orden Público de 1959. Esta situación fue motivo de preocupación preferente para el legislador constituyente, que quiso devolver a la Justicia la legitimidad democrática que la dictadura le había arrebatado al romper la separación de poderes; así pues, la Constitución de 1978 le dio legitimidad pero no eficacia, ya que la eficacia es atributo del servicio público pero no del poder, y esto no fue contemplado.
Pero ahora que nos encontramos en una fase de normalidad democrática, las encuestas y los medios de comunicación resaltan la falta de eficacia de la Justicia, su hermetismo, incluso “su lenguaje”, y sobre todo su incapacidad para justificar sus decisiones y comunicarse con la sociedad. Los ciudadanos la perciben como una burocracia pesada, lenta y opaca, obsesionada con el papel y la escritura, intransigente con las nuevas tecnologías de la comunicación. A la vez que resulta implacable para el ciudadano, lo primero que exige es el sacrificio del tiempo, los desplazamientos, las esperas, las suspensiones, la ausencia de explicaciones. En algunos casos, incluso, como es el de las víctimas y testigos protegidos, resulta hasta cruel, ya que les exige una colaboración extrema, en ocasiones heroica, sin preocuparse por su indemnidad, provocando una segunda victimización.
Por consiguiente, debemos reconocer que el actual sistema es injusto y resulta un anacronismo en la sociedad de la transparencia y la información.
La Justicia necesita un gestor externo que la racionalice, modernice y le dé eficiencia. Los de dentro, los jueces, fiscales, funcionarios, incluso abogados... no hacen más que justificar su papeleo, su lenguaje del XVIII, su falta de organización informatizada, sus larguísimas sentencias. Visite usted un juzgado y comprobará que parece una oficina de la época de la Ilustración y no un centro de trabajo de la era digital. Por más dinero y personal que se aporte, la Justicia seguirá igual de lenta y cargante para el ciudadano, porque los que estamos dentro de su viciado sistema carecemos de capacidad de reorganizarla en profundidad. No se trata, pues, de clonar juzgados, extendiendo un sistema de islotes de conocimiento que impide que la información se comparta y pueda ser reutilizada por el conjunto del sistema, reduciendo costes, duplicidades, tiempo y evitando que se produzca una cadena de errores judiciales como la que determinó el caso Mari Luz, perfectamente evitable con un sistema de información compartida.
El Ministerio de Justicia, en el formato constitucional que reintroduce la separación de poderes, debería haber sido ese “gestor externo”, pero ha estado más preocupado por el poder que por la gestión, por influenciar en los nombramientos judiciales que por los ciudadanos, por las estadísticas que por la calidad del servicio... Tampoco el legislador ha demostrado sensibilidad suficiente; así la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, al excluir a la Administración de Justicia de su ámbito de aplicación, ahonda en el retraso secular de la Justicia, que continúa obsesionada con el secretismo y el papel. Por el contrario, es preciso una Administración de Justicia digital, en la que la nueva oficina judicial deba relacionarse con los ciudadanos mediante los nuevos canales, de los que Internet es la estrella, acercando los servicios a los despachos de los profesionales y a los hogares de los ciudadanos. Eso supone que los trámites abandonen el formato del papel, y pasen a realizarse en un fichero electrónico.
Por otra parte, en una democracia avanzada la transparencia debe ser la regla y el secreto la excepción, porque el peligro de abuso del poder y de corrupción se incrementa cuando se actúa en secreto. Por eso la Justicia, en cuanto administración, debe estar regida por el principio de transparencia sin perjuicio de que en cada trámite se deba estar a lo establecido en las leyes procesales. Conviene recordar que ya los pensadores de la Ilustración introdujeron la publicidad como una garantía del proceso y proscribieron los juicios secretos; pues bien, en el s. XXI, en pleno desarrollo de la sociedad de la información, la publicidad del proceso no es suficiente garantía; es preciso la transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo funcionan los órganos judiciales, su nivel de eficacia, su tiempo de respuesta, incluso el coste de sus investigaciones…
En conclusión, la modernización y adaptación de la Justicia a la era digital no es sólo una cuestión de euros que multiplique lo ya existente, sino de una nueva configuración de la Administración de Justicia en la que prime el servicio público y retomar esa función de gestor externo.
*Pedro Martínez es fiscal de la Comunidad de Madrid.
Liga española pro derechos humanos
Liga española pro derechos humanos
viernes, 13 de abril de 2012
domingo, 10 de julio de 2011
Wikileaks, es una exigencia de la transparencia democrática.
Wikileaks, es una exigencia de la transparencia democrática.
El mundo ha cambiado, Internet está haciendo que el mundo se vuelva transparente. Y la política es uno de esos aspectos que más está cambiando, de hecho está perdiendo su turbiedad.
El derecho de acceso a la información, reconocido por la legislación internacional y en toda la Unión Europea menos en España, nos otorga a todos ,el derecho a saber qué hacen nuestros Gobiernos. El principio fundamental del derecho a saber es que las autoridades públicas trabajan en nombre de los ciudadanos y no para poderes ocultos, en consecuencia, la transparencia debe ser la regla y el secreto la excepción. En una sociedad democrática el secreto es justificable únicamente si la publicación pudiera desencadenar un daño grave a la seguridad nacional o los derechos de los ciudadanos. Pero la vergüenza pública no es un daño grave.
Wikileaks es uno de esos proyectos que está haciendo que la política pierda su opacidad y empieza a levantar el velo. Por primera vez podemos ver como funciona la política realmente y, esto hace que la percepción de corrupción se generalice y los ciudadanos reclamen cambios. Muchos de los documentos de Wikileaks humillan directamente a algunos Gobiernos porque muestran los tejemanejes detrás de los focos, demuestran como engañan a los ciudadanos, como dicen una cosa frente al público y a sus espaldas hacen lo contrario. El caso Couso, o el traslado ilegal de prisioneros a Guantánamo haciendo escala en España, es un claro ejemplo. Sin embargo a pesar de la gravedad de los hechos y, el impacto producido al saberse que no solo el Gobierno, sino que también el propio Fiscal General, había sido clave para frenar y manipular las actuaciones de la justicia, no solo, no se le han exigido explicaciones, sino que pretenden promocionarlo a magistrado del Tribunal Constitucional. Es una clara humillación a los ciudadanos.
¿Pero por que surge Wikileaks ? Por que es la naturaleza misma de Internet, esta en su origen. En los fundamentos de Internet está el compartir, para eso surgió. Sus protocolos, las reglas que lo hacen posible, fueron creados con esa idea, para que la información y el conocimiento no se destruyera, incluso en el caso de un desastre nuclear y, que en las peores circunstancias se adaptará, se reconectará y, se reconfigurará de una manera distinta. Nunca se pensó en un Internet para ocultar o restringir, va en contra de su naturaleza. Por eso Wikileaks esta en la filosofía de internet y, si Wikileaks desaparee surgirá otro proyecto.
Internet esta haciendo que la transparencia sea una realidad y cuando los Gobiernos ocultan información clave para una ciudadanía responsable, como es el caso de España, en donde sin ir más lejos, el mismo proyecto de ley de transparencia tuvo que ser filtrado, ya que el Gobierno negaba a través del silencio el acceso al mismo, la presión se acumula y las informaciones son finalmente filtradas.
La forma de funcionar la sociedad esta cambiando, Internet hace que resulte cada vez mas difícil ocultar la información y todo esto repercute en la política. Hoy tenemos protestas de ciudadanos no adscritos a ninguna corriente en particular, que han disparado movimiento civiles de largo alcance como la Spanish Revolution; se trata de protestas autorganizadas, sin líderes en las que participan todo el que quiere, y todo esta soportado en Internet. Esto significa que las reglas del juego están cambiando y la política no volverá a ser la misma porque de ahora en adelante el público exigirá mayor transparencia, más honestidad y mejor rendición de cuentas, sin embargo los políticos tradicionales ni se han dado cuenta de ello. Al contrario, algunos intentan pararlo y llegan hasta el uso de la fuerza en su desesperación.
El mundo ha cambiado, Internet está haciendo que el mundo se vuelva transparente. Y la política es uno de esos aspectos que más está cambiando, de hecho está perdiendo su turbiedad.
El derecho de acceso a la información, reconocido por la legislación internacional y en toda la Unión Europea menos en España, nos otorga a todos ,el derecho a saber qué hacen nuestros Gobiernos. El principio fundamental del derecho a saber es que las autoridades públicas trabajan en nombre de los ciudadanos y no para poderes ocultos, en consecuencia, la transparencia debe ser la regla y el secreto la excepción. En una sociedad democrática el secreto es justificable únicamente si la publicación pudiera desencadenar un daño grave a la seguridad nacional o los derechos de los ciudadanos. Pero la vergüenza pública no es un daño grave.
Wikileaks es uno de esos proyectos que está haciendo que la política pierda su opacidad y empieza a levantar el velo. Por primera vez podemos ver como funciona la política realmente y, esto hace que la percepción de corrupción se generalice y los ciudadanos reclamen cambios. Muchos de los documentos de Wikileaks humillan directamente a algunos Gobiernos porque muestran los tejemanejes detrás de los focos, demuestran como engañan a los ciudadanos, como dicen una cosa frente al público y a sus espaldas hacen lo contrario. El caso Couso, o el traslado ilegal de prisioneros a Guantánamo haciendo escala en España, es un claro ejemplo. Sin embargo a pesar de la gravedad de los hechos y, el impacto producido al saberse que no solo el Gobierno, sino que también el propio Fiscal General, había sido clave para frenar y manipular las actuaciones de la justicia, no solo, no se le han exigido explicaciones, sino que pretenden promocionarlo a magistrado del Tribunal Constitucional. Es una clara humillación a los ciudadanos.
¿Pero por que surge Wikileaks ? Por que es la naturaleza misma de Internet, esta en su origen. En los fundamentos de Internet está el compartir, para eso surgió. Sus protocolos, las reglas que lo hacen posible, fueron creados con esa idea, para que la información y el conocimiento no se destruyera, incluso en el caso de un desastre nuclear y, que en las peores circunstancias se adaptará, se reconectará y, se reconfigurará de una manera distinta. Nunca se pensó en un Internet para ocultar o restringir, va en contra de su naturaleza. Por eso Wikileaks esta en la filosofía de internet y, si Wikileaks desaparee surgirá otro proyecto.
Internet esta haciendo que la transparencia sea una realidad y cuando los Gobiernos ocultan información clave para una ciudadanía responsable, como es el caso de España, en donde sin ir más lejos, el mismo proyecto de ley de transparencia tuvo que ser filtrado, ya que el Gobierno negaba a través del silencio el acceso al mismo, la presión se acumula y las informaciones son finalmente filtradas.
La forma de funcionar la sociedad esta cambiando, Internet hace que resulte cada vez mas difícil ocultar la información y todo esto repercute en la política. Hoy tenemos protestas de ciudadanos no adscritos a ninguna corriente en particular, que han disparado movimiento civiles de largo alcance como la Spanish Revolution; se trata de protestas autorganizadas, sin líderes en las que participan todo el que quiere, y todo esta soportado en Internet. Esto significa que las reglas del juego están cambiando y la política no volverá a ser la misma porque de ahora en adelante el público exigirá mayor transparencia, más honestidad y mejor rendición de cuentas, sin embargo los políticos tradicionales ni se han dado cuenta de ello. Al contrario, algunos intentan pararlo y llegan hasta el uso de la fuerza en su desesperación.
viernes, 8 de julio de 2011
Rubalcaba, la ESGAE y el sacrificio del Príncipe.
Rubalcaba, la ESGAE y, sacrificio del Principe.
Ahora todo el mundo reclama el protagonismo en la reciente investigación de la SGAE y Rubalcaba no podía ser menos, y se ufana de haber mandado la investigación. Así el miércoles 6 de julio ha argumentado, en rueda de prensa, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) "Hay quien me pide responsabilidades. No voy a negar que la Guardia Civil depende de mí y por lo tanto, la responsabilidad de la investigación es mía, eso es todo lo que tengo que decir. A partir de ahí hay una investigación y vamos a esperar a que acabe".
En realidad las cosas no son así. No se puede negar que orgánicamente la Guardia Civil esta encuadrada en el ministerio del interior, pero en cuanto policía judicial, que es, depende de los jueces y fiscales. De todas formas, si Rubalcaba quiere dar explicaciones, que empiece por explicar las razones por las cuales la investigación de la Guardia Civil se inicia tardíamente, permitiendo que la situación antijurídica denunciada en 2007 se perpetúe en el tiempo hasta 2011, con perjuicio para el erario publico, los propios socios y los ciudadanos en general.
Todos tenemos derecho a saber si una mano negra ha tratado de paralizar la investigación primero y controlarla después, para impedir, entre otras cosas, el ingreso en prisión de Teddy Bautista, que en estos momentos se presenta como el enemigo numero uno de la sociedad, pero la Fiscalia no intereso su prisión, cuando en imputaciones mucho mas livianas, caso Gurtel por ejemplo, si que lo ha hecho. Por otra parte, a pesar de todas las maldades que se han publicado sobre las actividades que venia desarrollando al frente de la SGAE, da la sensación de que todo el mundo lo sabia, o lo sospechaba, pero todos callaban, unos por el negocio, otros por conveniencia, algunos por temor, a la vista de como las gastaba el Sr Teddy, pero pocos por convicción y amistad. Ahora parece que todos se alegran, no quieren saber nada de aquellos con los que compartieron lemas y pancartas. El propio Zapatero ha negado cualquier vinculo o amistad con ellos y ahora quieren sacar beneficio del proceso. No solo Rubalcaba reclama su parte de la piel del oso, al jactarse de haber propiciado la investigación para descabecar a tan malévola institución, también los propios socios utilizan el Auto del juez Ruz para reclamar nuevas elecciones y mas transparencia y, los propios denunciantes pugnan entre ellos para atribuirse el mérito de una estrategia de la que carecen.
Pero la SGAE aunque descabezada y noqueada, no esta muerta conserva una gran capacidad de influencia en la política nacional y reconocimiento internacional y, al igual que el PSOE , en un ejercicio de hipocresía nunca visto, intenta reinventarse ofreciendo todo lo contrario de las políticas que practicadas durante su gobierno, lanzando guiños al movimiento gay, al 15m, a las feministas...la Sgae intentara lo mismo, y ambos pretenderán salvar la situación en la que se encuentran ofreciendo la cabeza de su respectivo príncipe en el altar de la crisis.
Pero al igual que las las políticas sociales y económicas seguirán igual con Rubalcaba como Presidente del Gobierno, en el hipotético casoy de que el PESOE ganara las elecciones, la Sgae seguirá con idénticos modelos de negocio, incluso con idénticas alianzas y, el proceso judicial, que difícilmente progresara sino se persona un acusador particular, solo habrá servido para que aparezca un nuevo Rubalcaba al frente de la SGAE. En definitiva, mas de lo mismo pero con diferentes caras.
Ahora todo el mundo reclama el protagonismo en la reciente investigación de la SGAE y Rubalcaba no podía ser menos, y se ufana de haber mandado la investigación. Así el miércoles 6 de julio ha argumentado, en rueda de prensa, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) "Hay quien me pide responsabilidades. No voy a negar que la Guardia Civil depende de mí y por lo tanto, la responsabilidad de la investigación es mía, eso es todo lo que tengo que decir. A partir de ahí hay una investigación y vamos a esperar a que acabe".
En realidad las cosas no son así. No se puede negar que orgánicamente la Guardia Civil esta encuadrada en el ministerio del interior, pero en cuanto policía judicial, que es, depende de los jueces y fiscales. De todas formas, si Rubalcaba quiere dar explicaciones, que empiece por explicar las razones por las cuales la investigación de la Guardia Civil se inicia tardíamente, permitiendo que la situación antijurídica denunciada en 2007 se perpetúe en el tiempo hasta 2011, con perjuicio para el erario publico, los propios socios y los ciudadanos en general.
Todos tenemos derecho a saber si una mano negra ha tratado de paralizar la investigación primero y controlarla después, para impedir, entre otras cosas, el ingreso en prisión de Teddy Bautista, que en estos momentos se presenta como el enemigo numero uno de la sociedad, pero la Fiscalia no intereso su prisión, cuando en imputaciones mucho mas livianas, caso Gurtel por ejemplo, si que lo ha hecho. Por otra parte, a pesar de todas las maldades que se han publicado sobre las actividades que venia desarrollando al frente de la SGAE, da la sensación de que todo el mundo lo sabia, o lo sospechaba, pero todos callaban, unos por el negocio, otros por conveniencia, algunos por temor, a la vista de como las gastaba el Sr Teddy, pero pocos por convicción y amistad. Ahora parece que todos se alegran, no quieren saber nada de aquellos con los que compartieron lemas y pancartas. El propio Zapatero ha negado cualquier vinculo o amistad con ellos y ahora quieren sacar beneficio del proceso. No solo Rubalcaba reclama su parte de la piel del oso, al jactarse de haber propiciado la investigación para descabecar a tan malévola institución, también los propios socios utilizan el Auto del juez Ruz para reclamar nuevas elecciones y mas transparencia y, los propios denunciantes pugnan entre ellos para atribuirse el mérito de una estrategia de la que carecen.
Pero la SGAE aunque descabezada y noqueada, no esta muerta conserva una gran capacidad de influencia en la política nacional y reconocimiento internacional y, al igual que el PSOE , en un ejercicio de hipocresía nunca visto, intenta reinventarse ofreciendo todo lo contrario de las políticas que practicadas durante su gobierno, lanzando guiños al movimiento gay, al 15m, a las feministas...la Sgae intentara lo mismo, y ambos pretenderán salvar la situación en la que se encuentran ofreciendo la cabeza de su respectivo príncipe en el altar de la crisis.
Pero al igual que las las políticas sociales y económicas seguirán igual con Rubalcaba como Presidente del Gobierno, en el hipotético casoy de que el PESOE ganara las elecciones, la Sgae seguirá con idénticos modelos de negocio, incluso con idénticas alianzas y, el proceso judicial, que difícilmente progresara sino se persona un acusador particular, solo habrá servido para que aparezca un nuevo Rubalcaba al frente de la SGAE. En definitiva, mas de lo mismo pero con diferentes caras.
martes, 5 de julio de 2011
La SGAE y la piel del Oso
Decía en la tribuna anterior que me preocupaba el tiempo transcurrido desde que se formaliza la denuncia contra la SGAE ante la Fiscalía Anticorrupción, noviembre de 2007, hasta que esta decide judicializarla en 2010 y desde entonces hasta los registros y detenciones actuales. ¿Qué investigaciones ha llevado a cabo la Fiscalía antes de judicializar el tema? ¿Por qué, una vez en sede judicial aparentemente se inicia la actividad procesal tan tardíamente?, añadía, que las interrogantes sin duda deben tener una respuesta razonable, ya que un periodo de tiempo tan prolongado, casi cuatro años, puede significar la prescripción de los delitos investigados.
Ahora quiero facilitar normas y datos para que cada uno saque sus conclusiones. La norma que rige las investigaciones de la Fiscalia es la contenida en el articulo 5 de su estatuto orgánico que dice así : "El Fiscal podrá recibir denuncias, envidándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo, cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante...Igualmente, y para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan en los atestados de los que conozca, puede llevar a cabo u ordenar diligencias ... A tal fin, el Fiscal recibirá declaración al sospechoso...La duración de esas diligencias habrá de ser proporcionada a la naturaleza del hecho investigado, sin que pueda exceder de seis meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del Fiscal General del Estado...Transcurrido el oportuno plazo, si la investigación hubiera evidenciado hechos de significación penal y sea cual fuese el estado de las diligencias, el Fiscal procederá a su judicialización, formulando al efecto la oportuna denuncia o querella, a menos que resultara procedente su archivo".
Sobre esta norma veamos las fechas que se extraen del propio auto del juez Ruz. La denuncia originaria es de noviembre de 2007, pero las diligencias de investigación son las 4/09, es decir se incoaron en 2009 -primera irregularidad- se sobreapasa el plazo, las diligencias de investigación tienen que abrirse al recibirse la denuncia en ese periodo inicial y solicitar la prorroga en el plazo legal, que en el caso que nos ocupa en atención a la naturaleza de los delitos denunciados podría ser de un año, pero aun así el plazo se sobrepasa con creces. Da la sensación de que dejaron la denuncia durmiendo en un cajón, hasta que a raíz de que los denunciantes reclaman a la Fiscalia, se despiertan y deciden incoar las diligencias de investigación 4/09.
Al día de hoy se desconoce el contenido de estas diligencias de investigación, pero es evidente que se no recibieron declaraciones a los denunciados, ni hacen nada de lo que dice el articulo mencionado, de ser así se habría sabido, y acto seguido las mandan al Juzgado sin formular querella alguna. Es decir, casi tres años después sin hacer aparentemente nada y sin informar a los denunciantes remiten la denuncia originaria al Juzgado y, en su virtud por Auto de fecha 17.03.10 se incoan en marzo de 2010 las Previas nº 90/10 en el Juzgado Central de Instrucción numero 5 de la Audiencia Nacional, en aquel momento dirigido por Garzon y, por Auto de 25.03.10 se acordó el secreto de las actuaciones. Pero en aquella época Garzón estaba muy tocado, de hecho dos meses mas tarde, en mayo de 2010 abandona definitivamente el Juzgado. Eso significa que es el juez Ruz quien realmente dirige la investigación de una forma efectiva.
Todo esto da motivo para pensar que la investigación es muy tardía y puede haber prescripción. En todo caso es algo que pongo sobre la mesa y, a los denunciantes y perjudicados mas les valdría personarse en el procedimiento para colaborar con la justicia y no pelearse por la piel de un oso que esta muy vivo.
Ahora quiero facilitar normas y datos para que cada uno saque sus conclusiones. La norma que rige las investigaciones de la Fiscalia es la contenida en el articulo 5 de su estatuto orgánico que dice así : "El Fiscal podrá recibir denuncias, envidándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo, cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante...Igualmente, y para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan en los atestados de los que conozca, puede llevar a cabo u ordenar diligencias ... A tal fin, el Fiscal recibirá declaración al sospechoso...La duración de esas diligencias habrá de ser proporcionada a la naturaleza del hecho investigado, sin que pueda exceder de seis meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del Fiscal General del Estado...Transcurrido el oportuno plazo, si la investigación hubiera evidenciado hechos de significación penal y sea cual fuese el estado de las diligencias, el Fiscal procederá a su judicialización, formulando al efecto la oportuna denuncia o querella, a menos que resultara procedente su archivo".
Sobre esta norma veamos las fechas que se extraen del propio auto del juez Ruz. La denuncia originaria es de noviembre de 2007, pero las diligencias de investigación son las 4/09, es decir se incoaron en 2009 -primera irregularidad- se sobreapasa el plazo, las diligencias de investigación tienen que abrirse al recibirse la denuncia en ese periodo inicial y solicitar la prorroga en el plazo legal, que en el caso que nos ocupa en atención a la naturaleza de los delitos denunciados podría ser de un año, pero aun así el plazo se sobrepasa con creces. Da la sensación de que dejaron la denuncia durmiendo en un cajón, hasta que a raíz de que los denunciantes reclaman a la Fiscalia, se despiertan y deciden incoar las diligencias de investigación 4/09.
Al día de hoy se desconoce el contenido de estas diligencias de investigación, pero es evidente que se no recibieron declaraciones a los denunciados, ni hacen nada de lo que dice el articulo mencionado, de ser así se habría sabido, y acto seguido las mandan al Juzgado sin formular querella alguna. Es decir, casi tres años después sin hacer aparentemente nada y sin informar a los denunciantes remiten la denuncia originaria al Juzgado y, en su virtud por Auto de fecha 17.03.10 se incoan en marzo de 2010 las Previas nº 90/10 en el Juzgado Central de Instrucción numero 5 de la Audiencia Nacional, en aquel momento dirigido por Garzon y, por Auto de 25.03.10 se acordó el secreto de las actuaciones. Pero en aquella época Garzón estaba muy tocado, de hecho dos meses mas tarde, en mayo de 2010 abandona definitivamente el Juzgado. Eso significa que es el juez Ruz quien realmente dirige la investigación de una forma efectiva.
Todo esto da motivo para pensar que la investigación es muy tardía y puede haber prescripción. En todo caso es algo que pongo sobre la mesa y, a los denunciantes y perjudicados mas les valdría personarse en el procedimiento para colaborar con la justicia y no pelearse por la piel de un oso que esta muy vivo.
lunes, 4 de julio de 2011
NO ES TIEMPO PARA LA SGAE
No es tiempo para la SGAE
04-07-2011 | 5
La SGAE y el ministerio van de la mano en la defensa de los intereses corporativos de la gestora,
Pedro Martínez
Después del tremendo impacto mediático producido por la detención del presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Teddy Bautista, y otras ocho personas más entre las que figuran el director financiero de la SGAE, Ricardo Azcoaga, el director general de la filial digital (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, y el director general de la SGAE, Enrique Loras, por el presunto desvío de fondos en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a través de un complejo entramado societario creado ad hoc, que sin duda se irá aclarando a lo largo de la instrucción que se presume larga y compleja, resulta inevitable que se produzcan ciertos interrogantes, que determinan también otro ámbito de responsabilidades.
La primera cuestión es el tiempo transcurrido desde que se formaliza la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, noviembre de 2007, hasta que esta decide judicializarla en 2010 y desde entonces hasta los registros y detenciones actuales. ¿Qué investigaciones ha llevado a cabo la Fiscalía antes de judicializar el tema? ¿Por qué, una vez en sede judicial aparentemente se inicia la actividad procesal tan tardíamente? Estas interrogantes sin duda deben tener una respuesta razonable, ya que un periodo de tiempo tan prolongado, casi cuatro años, puede significar la prescripción de los delitos investigados.
La segunda cuestión, es cómo esto ha podido suceder en un organismo como la SGAE que se encuentra bajo la tutela del Ministerio de Cultura que debe fiscalizar sus cuentas y, por consiguiente, se debería haber percatado de las irregularidades. Además, en 2007, los medios de comunicación ya airearon la cuestión; de hecho es lo publicado por estos medios la base de la denuncia original, razón de más para justificar la intervención del Ministerio de Cultura. Sin embargo, lo que hemos visto es que la SGAE y el ministerio marchan de la mano en la defensa de los intereses corporativos de la gestora, primando el derecho individual de autor sobre el derecho colectivo a la cultura, con un claro distanciamiento con el sentir social. La plataforma No les votes –que participa en el movimiento 15-M y se gestó precisamente durante la tramitación de la ley Sinde como forma de articular una respuesta al desafío que suponía la ley– es un claro ejemplo de esta ruptura.
Por otra parte, es preciso resaltar que el nombramiento de la controvertida ministra de Cultura, Ángeles González- Sinde, generó un rechazo tan profundo en la Red, sólo superado por los acontecimientos actuales, que dio lugar a una concentración de protesta bajo el lema “Por los derechos civiles, la universalidad y neutralidad de la Red” ante el Ministerio de Cultura, que se celebró el 24 de mayo de 2009, promovida por la Asociación de Internautas según un manifiesto apoyado por organizaciones tan heterogéneas como la Liga Española Pro-Derechos Humanos, otras de carácter político –como Nuevas Generaciones–, algunas de carácter empresarial –como Apemic–, otras en representación de proyectos culturales de vanguardia –como el Cosmonauta–... en lo que puede calificarse como la primera concentración de indignados. Posteriormente se sucederían nuevos acontecimientos, la crisis fundamentalmente, y se irían superponiendo nuevos manifiestos y grupos con nuevas reivindicaciones, entre los que tampoco faltan los antisistema, hasta llegar al momento actual. Pero, en los orígenes de todo esto, un Internet libre y neutral ha sido algo más que una herramienta, también ha sido una reivindicación.
Tampoco se debe olvidar que la ministra fue demandada por afectarle de forma directa y singular las causas de inhibición que establece la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno. La cuestión se encuentra sub iúdice precisamente en la Audiencia Nacional.
Por último, y con independencia de lo que suceda con el procedimiento judicial en el que deben primar las garantías procesales, parece que la SGAE desprende un aparente aroma a corrupción y responde a un modelo de gestión de derechos de autor represivo, que pretende criminalizar a los adolescentes que se descargan una película o a los subsaharianos que venden un DVD en la calle, al grito de “¡nos roban!”. Sin embargo, ahora reclaman la presunción de inocencia. Es un modelo opaco y gastado, en donde no todos tienen derecho a voto y para quienes lo tienen ni siquiera todos los votos valen lo mismo, que carece de transparencia para los socios y para los ciudadanos, que no podemos saber adónde va a parar el dinero que se recauda con el canon que pagamos todos.
En definitiva, es incompatible con las exigencias de una sociedad democrática, defiende un modelo de negocio que no puede competir en el nuevo escenario tecnológico en el que se desarrolla la creación cultural y ha demostrado su fracaso en la necesidad de buscar fórmulas que concilien el derecho individual de autor con el derecho de todos a la cultura y el conocimiento. Por eso sólo –y no por el proceso– tiene que desaparecer.
*Pedro Martinez es jurista
04-07-2011 | 5
La SGAE y el ministerio van de la mano en la defensa de los intereses corporativos de la gestora,
Pedro Martínez
Después del tremendo impacto mediático producido por la detención del presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Teddy Bautista, y otras ocho personas más entre las que figuran el director financiero de la SGAE, Ricardo Azcoaga, el director general de la filial digital (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, y el director general de la SGAE, Enrique Loras, por el presunto desvío de fondos en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a través de un complejo entramado societario creado ad hoc, que sin duda se irá aclarando a lo largo de la instrucción que se presume larga y compleja, resulta inevitable que se produzcan ciertos interrogantes, que determinan también otro ámbito de responsabilidades.
La primera cuestión es el tiempo transcurrido desde que se formaliza la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, noviembre de 2007, hasta que esta decide judicializarla en 2010 y desde entonces hasta los registros y detenciones actuales. ¿Qué investigaciones ha llevado a cabo la Fiscalía antes de judicializar el tema? ¿Por qué, una vez en sede judicial aparentemente se inicia la actividad procesal tan tardíamente? Estas interrogantes sin duda deben tener una respuesta razonable, ya que un periodo de tiempo tan prolongado, casi cuatro años, puede significar la prescripción de los delitos investigados.
La segunda cuestión, es cómo esto ha podido suceder en un organismo como la SGAE que se encuentra bajo la tutela del Ministerio de Cultura que debe fiscalizar sus cuentas y, por consiguiente, se debería haber percatado de las irregularidades. Además, en 2007, los medios de comunicación ya airearon la cuestión; de hecho es lo publicado por estos medios la base de la denuncia original, razón de más para justificar la intervención del Ministerio de Cultura. Sin embargo, lo que hemos visto es que la SGAE y el ministerio marchan de la mano en la defensa de los intereses corporativos de la gestora, primando el derecho individual de autor sobre el derecho colectivo a la cultura, con un claro distanciamiento con el sentir social. La plataforma No les votes –que participa en el movimiento 15-M y se gestó precisamente durante la tramitación de la ley Sinde como forma de articular una respuesta al desafío que suponía la ley– es un claro ejemplo de esta ruptura.
Por otra parte, es preciso resaltar que el nombramiento de la controvertida ministra de Cultura, Ángeles González- Sinde, generó un rechazo tan profundo en la Red, sólo superado por los acontecimientos actuales, que dio lugar a una concentración de protesta bajo el lema “Por los derechos civiles, la universalidad y neutralidad de la Red” ante el Ministerio de Cultura, que se celebró el 24 de mayo de 2009, promovida por la Asociación de Internautas según un manifiesto apoyado por organizaciones tan heterogéneas como la Liga Española Pro-Derechos Humanos, otras de carácter político –como Nuevas Generaciones–, algunas de carácter empresarial –como Apemic–, otras en representación de proyectos culturales de vanguardia –como el Cosmonauta–... en lo que puede calificarse como la primera concentración de indignados. Posteriormente se sucederían nuevos acontecimientos, la crisis fundamentalmente, y se irían superponiendo nuevos manifiestos y grupos con nuevas reivindicaciones, entre los que tampoco faltan los antisistema, hasta llegar al momento actual. Pero, en los orígenes de todo esto, un Internet libre y neutral ha sido algo más que una herramienta, también ha sido una reivindicación.
Tampoco se debe olvidar que la ministra fue demandada por afectarle de forma directa y singular las causas de inhibición que establece la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno. La cuestión se encuentra sub iúdice precisamente en la Audiencia Nacional.
Por último, y con independencia de lo que suceda con el procedimiento judicial en el que deben primar las garantías procesales, parece que la SGAE desprende un aparente aroma a corrupción y responde a un modelo de gestión de derechos de autor represivo, que pretende criminalizar a los adolescentes que se descargan una película o a los subsaharianos que venden un DVD en la calle, al grito de “¡nos roban!”. Sin embargo, ahora reclaman la presunción de inocencia. Es un modelo opaco y gastado, en donde no todos tienen derecho a voto y para quienes lo tienen ni siquiera todos los votos valen lo mismo, que carece de transparencia para los socios y para los ciudadanos, que no podemos saber adónde va a parar el dinero que se recauda con el canon que pagamos todos.
En definitiva, es incompatible con las exigencias de una sociedad democrática, defiende un modelo de negocio que no puede competir en el nuevo escenario tecnológico en el que se desarrolla la creación cultural y ha demostrado su fracaso en la necesidad de buscar fórmulas que concilien el derecho individual de autor con el derecho de todos a la cultura y el conocimiento. Por eso sólo –y no por el proceso– tiene que desaparecer.
*Pedro Martinez es jurista
sábado, 2 de julio de 2011
LIBERTADES Y TECNOLOGÍA
LIBERTADES Y TECNOLOGÍA
En relación con la reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que impone la necesidad de destruir todos los datos interceptados por Sitel una vez concluido el proceso por considerar que se vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones, es preciso recordar, que es en el Siglo XVIII cuando aparecen las primeras declaraciones de derechos fundamentales que en ese primer momento se concretaron en los derechos civiles y los derechos de participación política, los primeros consagran espacios de libertad y de autonomía del individuo frente al poder e integran el concepto de ciudadano, como la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, la intimidad….
Ahora bien, el presupuesto tecnológico de ese momento nada tiene que ver con el actual y las modernas redes de comunicación electrónica y la ingente cantidad de información que son capaces de trasmitir, sin embargo las garantías procesales para limitar el secreto de las comunicaciones en gran medida sigue estando ajustada a esa tecnología obsoleta, como ocurre con la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1882. Es pues ineludible una adaptación que contemple toda la complejidad de las nuevas redes y las tecnologías de interceptación y vigilancia como SITEL, que no solo es un sistema de escucha, sino de geolocalizacion capaz de revelar muchos datos acerca de nosotros, desde los lugares visitados hasta los hábitos de vida.
En la actualidad nos encontramos en una encrucijada, ya que el nuevo marco tecnológico permite penetrar cada vez con mayor intensidad y de una forma imperceptible en la vida de los ciudadanos, algo que interesa no solo a los Gobiernos, sino también a las operadoras y compañías que explotan internet y las redes sociales para generar nuevas expectativas de negocio en base al conocimiento de nuestros gustos y preferencias. Es preciso preguntarse ¿Qué tipo de sociedad queremos? En este momento son posibles dos alternativas: El Gobierno abierto, basado en la transparencia, en la que se comparte la información con los ciudadanos para generar conocimiento, nuevos modelos de negocio y ampliar la participación ciudadana en la gobernación o, la sociedad de la vigilancia, en la que el ciudadano es de cristal y el Poder almacena progresivamente una cantidad mayor de información. Pero quien mejor ha definido el concepto de la sociedad de la vigilancia, ha sido el Ministro Rubalcaba en un enfrentamiento con el diputado Carlos Floriano con motivo de un debate sobre Sitel, en donde pronuncio su famosa frase "veo todo lo que hacéis y escucho todo lo que decís".
Tres datos objetivos corroboran la afirmación del Ministro Rubalcaba:
1º) Sitel, una tecnología para interceptar las comunicaciones deficientemente regulada y sin control judicial efectivo, ¿Cómo se puede controlar una tecnología cuyos principios básicos de funcionamiento son ignorados por los jueces? Conforme pasa el tiempo los juristas van conociendo mejor el funcionamiento de SITEL y su posibilidad de abuso; se promueven recursos y, el Tribunal Supremo incorpora mayores cautelas, como la firma digital, la destrucción de las grabaciones en poder de Sitel una vez concluido el proceso, la prohibición de utilizar la información para fines distintos de los autorizados... pero cada vez se anulan mas escuchas, por falta de control judicial efectivo, las ultimas las del caso ballena blanca. Pero el tratamiento jurisprudencial es necesariamente casuístico, lo que conduce a una regulación fragmentaria e insuficiente. Mientras tanto la sensación de que Sitel se utiliza para fines no autorizados, se instala con mayor fuerza en la sociedad.
2º) La incumplida promesa de una ley de transparencia: España es el único país de la U.E que carece de una norma que garantice el derecho a saber del público, a pesar que desde 2004 el PSOE la está prometiendo. La clave de este incumplimiento está en evitar que ciertos datos negativos sean conocidos por la opinión pública. Sirva un botón como muestra, el nuevo Gobierno de CIU ha revelado que en Cataluña se falsearon las cuentas públicas y calcula un agujero de de unos 7.000 millones de euros, que habría dejado Montilla.
3º) La Ley de “conservación de datos de las comunicaciones electrónicas”: Es cierto que la norma nacional es una transposición de la Directiva 2006/24/CE del 15 de marzo de 2006, pero es evidente que Países como Reino Unido no lo han hecho, otros como Alemania han declarado inconstitucional la Ley que la trasponía y, en general asistimos a un proceso de revisión de esa legislación que trata a todos los ciudadanos como sospechosos.
Frente a este sistema agotado que ha corrompido los principios democráticos es posible la alternativa de las libertades y la regeneración democrática tendiendo un puente al siglo XVIII, que permita recuperar el espíritu originario y garantizar su vigencia en el nuevo escenario tecnológico para ensanchar las fronteras del conocimiento y las libertades.
En relación con la reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que impone la necesidad de destruir todos los datos interceptados por Sitel una vez concluido el proceso por considerar que se vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones, es preciso recordar, que es en el Siglo XVIII cuando aparecen las primeras declaraciones de derechos fundamentales que en ese primer momento se concretaron en los derechos civiles y los derechos de participación política, los primeros consagran espacios de libertad y de autonomía del individuo frente al poder e integran el concepto de ciudadano, como la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, la intimidad….
Ahora bien, el presupuesto tecnológico de ese momento nada tiene que ver con el actual y las modernas redes de comunicación electrónica y la ingente cantidad de información que son capaces de trasmitir, sin embargo las garantías procesales para limitar el secreto de las comunicaciones en gran medida sigue estando ajustada a esa tecnología obsoleta, como ocurre con la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1882. Es pues ineludible una adaptación que contemple toda la complejidad de las nuevas redes y las tecnologías de interceptación y vigilancia como SITEL, que no solo es un sistema de escucha, sino de geolocalizacion capaz de revelar muchos datos acerca de nosotros, desde los lugares visitados hasta los hábitos de vida.
En la actualidad nos encontramos en una encrucijada, ya que el nuevo marco tecnológico permite penetrar cada vez con mayor intensidad y de una forma imperceptible en la vida de los ciudadanos, algo que interesa no solo a los Gobiernos, sino también a las operadoras y compañías que explotan internet y las redes sociales para generar nuevas expectativas de negocio en base al conocimiento de nuestros gustos y preferencias. Es preciso preguntarse ¿Qué tipo de sociedad queremos? En este momento son posibles dos alternativas: El Gobierno abierto, basado en la transparencia, en la que se comparte la información con los ciudadanos para generar conocimiento, nuevos modelos de negocio y ampliar la participación ciudadana en la gobernación o, la sociedad de la vigilancia, en la que el ciudadano es de cristal y el Poder almacena progresivamente una cantidad mayor de información. Pero quien mejor ha definido el concepto de la sociedad de la vigilancia, ha sido el Ministro Rubalcaba en un enfrentamiento con el diputado Carlos Floriano con motivo de un debate sobre Sitel, en donde pronuncio su famosa frase "veo todo lo que hacéis y escucho todo lo que decís".
Tres datos objetivos corroboran la afirmación del Ministro Rubalcaba:
1º) Sitel, una tecnología para interceptar las comunicaciones deficientemente regulada y sin control judicial efectivo, ¿Cómo se puede controlar una tecnología cuyos principios básicos de funcionamiento son ignorados por los jueces? Conforme pasa el tiempo los juristas van conociendo mejor el funcionamiento de SITEL y su posibilidad de abuso; se promueven recursos y, el Tribunal Supremo incorpora mayores cautelas, como la firma digital, la destrucción de las grabaciones en poder de Sitel una vez concluido el proceso, la prohibición de utilizar la información para fines distintos de los autorizados... pero cada vez se anulan mas escuchas, por falta de control judicial efectivo, las ultimas las del caso ballena blanca. Pero el tratamiento jurisprudencial es necesariamente casuístico, lo que conduce a una regulación fragmentaria e insuficiente. Mientras tanto la sensación de que Sitel se utiliza para fines no autorizados, se instala con mayor fuerza en la sociedad.
2º) La incumplida promesa de una ley de transparencia: España es el único país de la U.E que carece de una norma que garantice el derecho a saber del público, a pesar que desde 2004 el PSOE la está prometiendo. La clave de este incumplimiento está en evitar que ciertos datos negativos sean conocidos por la opinión pública. Sirva un botón como muestra, el nuevo Gobierno de CIU ha revelado que en Cataluña se falsearon las cuentas públicas y calcula un agujero de de unos 7.000 millones de euros, que habría dejado Montilla.
3º) La Ley de “conservación de datos de las comunicaciones electrónicas”: Es cierto que la norma nacional es una transposición de la Directiva 2006/24/CE del 15 de marzo de 2006, pero es evidente que Países como Reino Unido no lo han hecho, otros como Alemania han declarado inconstitucional la Ley que la trasponía y, en general asistimos a un proceso de revisión de esa legislación que trata a todos los ciudadanos como sospechosos.
Frente a este sistema agotado que ha corrompido los principios democráticos es posible la alternativa de las libertades y la regeneración democrática tendiendo un puente al siglo XVIII, que permita recuperar el espíritu originario y garantizar su vigencia en el nuevo escenario tecnológico para ensanchar las fronteras del conocimiento y las libertades.
sábado, 25 de diciembre de 2010
Declaración conjunta sobre Wikileaks
Comunicado Conjunto
Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección
y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión
Relatora Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
21 de diciembre de 2010 – Ante los acontecimientos relacionados con la divulgación de comunicaciones diplomáticas por parte de la organización Wikileaks y la posterior publicación de dicha información en los medios masivos de comunicación, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideran oportuno poner de presente una serie de principios jurídicos internacionales. Los relatores hacen un llamado a los Estados y a los demás actores relevantes para que tengan en cuenta los mencionados principios al responder a los acontecimientos mencionados.
1. El derecho de acceso a la información en poder de autoridades públicas es un derecho humano fundamental sometido a un estricto régimen de excepciones. El derecho a la libertad de expresión protege el derecho de toda persona a tener libre acceso a la información pública y a conocer las actuaciones de los gobiernos. Se trata de un derecho particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos, por lo cual ha recibido un alto grado de atención por parte de la comunidad internacional. Sin la garantía de este derecho sería imposible conocer la verdad, exigir una adecuada rendición de cuentas y ejercer de manera integral los derechos de participación política. Las autoridades nacionales deben adoptar medidas activas a fin de asegurar el principio de máxima transparencia, derrotar la cultura del secreto que todavía prevalece en muchos países y aumentar el flujo de información sujeta a divulgación.
2. En todo caso, el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un sistema limitado de excepciones, orientadas a proteger intereses públicos o privados preeminentes, como la seguridad nacional o los derechos y la seguridad de las personas. Las leyes que regulan el carácter secreto de la información deben definir con exactitud el concepto de seguridad nacional y especificar claramente los criterios que deben aplicarse para determinar si cierta información puede o no declararse secreta. Las excepciones al derecho de acceso a la información basadas, entre otras razones, en la seguridad nacional deberán aplicarse únicamente cuando exista un riesgo cierto de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea superior al interés general del público de consultar dicha información. Resulta contrario a los estándares internacionales considerar información reservada o clasificada la referente a violaciones de derechos humanos.
3. Es responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas y sus funcionarios mantener la confidencialidad de la información legítimamente reservada que se encuentre bajo su control. Las otras personas, como los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés público, no deben ser sometidas a sanciones por violación del deber de reserva, a menos que hubiesen cometido fraude u otro delito para obtenerla. Los denunciantes ("whistleblowers") que, siendo empleados gubernamentales, divulguen información sobre violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, o violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario deberán estar protegidos frente sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de buena fe. Cualquier intento de imponer sanciones ulteriores contra quienes difunden información reservada debe fundamentarse en leyes previamente establecidas aplicadas por órganos imparciales e independientes con garantías plenas de debido proceso, incluyendo el derecho de recurrir el fallo.
4. La injerencia ilegítima o las presiones directas o indirectas de los gobiernos respecto de cualquier expresión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, para incidir en su contenido por razones políticas, deben estar prohibidas por la ley. Esta injerencia ilegítima incluye las acciones interpuestas por motivos políticos contra periodistas y medios de comunicación independientes, y el bloqueo de sitios web y dominios de Internet por causas políticas. En particular, es inaceptable que los funcionarios públicos sugieran la comisión de actos ilegítimos de represalia contra quienes han difundido información reservada.
5. Los bloqueos o sistemas de filtración de Internet no controlados por usuarios finales, impuestos por un proveedor gubernamental o comercial del servicio son una forma de censura previa y no pueden ser justificados. Las empresas que proveen servicios de Internet deben esforzarse para asegurar que se respeten los derechos de sus clientes de usar Internet sin interferencias arbitrarias.
6. Los mecanismos periodísticos de autorregulación han contribuido significativamente a desarrollar buenas prácticas sobre cómo abordar y comunicar temas complejos y sensibles. La responsabilidad periodística es especialmente necesaria cuando se reporta información de fuentes confidenciales que puede afectar valiosos bienes jurídicamente protegidos como los derechos fundamentales o la seguridad de las personas. Los códigos de ética para periodistas deben contemplar la necesidad de evaluar el interés público en conocer la información. Dichos códigos también resultan de utilidad para las nuevas formas de comunicación y para los nuevos medios, los cuales deben adoptar voluntariamente buenas prácticas éticas para asegurar, entre otras cosas, que la información publicada sea precisa, presentada imparcialmente, y que no cause daño sustancial y desproporcionado a bienes jurídicos legítimamente protegidos por las leyes como los derechos humanos.
Catalina Botero Marino
Relatora Especial de la para la Libertad de Expresión
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Frank LaRue
Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección
y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión
Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección
y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión
Relatora Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
21 de diciembre de 2010 – Ante los acontecimientos relacionados con la divulgación de comunicaciones diplomáticas por parte de la organización Wikileaks y la posterior publicación de dicha información en los medios masivos de comunicación, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideran oportuno poner de presente una serie de principios jurídicos internacionales. Los relatores hacen un llamado a los Estados y a los demás actores relevantes para que tengan en cuenta los mencionados principios al responder a los acontecimientos mencionados.
1. El derecho de acceso a la información en poder de autoridades públicas es un derecho humano fundamental sometido a un estricto régimen de excepciones. El derecho a la libertad de expresión protege el derecho de toda persona a tener libre acceso a la información pública y a conocer las actuaciones de los gobiernos. Se trata de un derecho particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos, por lo cual ha recibido un alto grado de atención por parte de la comunidad internacional. Sin la garantía de este derecho sería imposible conocer la verdad, exigir una adecuada rendición de cuentas y ejercer de manera integral los derechos de participación política. Las autoridades nacionales deben adoptar medidas activas a fin de asegurar el principio de máxima transparencia, derrotar la cultura del secreto que todavía prevalece en muchos países y aumentar el flujo de información sujeta a divulgación.
2. En todo caso, el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un sistema limitado de excepciones, orientadas a proteger intereses públicos o privados preeminentes, como la seguridad nacional o los derechos y la seguridad de las personas. Las leyes que regulan el carácter secreto de la información deben definir con exactitud el concepto de seguridad nacional y especificar claramente los criterios que deben aplicarse para determinar si cierta información puede o no declararse secreta. Las excepciones al derecho de acceso a la información basadas, entre otras razones, en la seguridad nacional deberán aplicarse únicamente cuando exista un riesgo cierto de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea superior al interés general del público de consultar dicha información. Resulta contrario a los estándares internacionales considerar información reservada o clasificada la referente a violaciones de derechos humanos.
3. Es responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas y sus funcionarios mantener la confidencialidad de la información legítimamente reservada que se encuentre bajo su control. Las otras personas, como los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés público, no deben ser sometidas a sanciones por violación del deber de reserva, a menos que hubiesen cometido fraude u otro delito para obtenerla. Los denunciantes ("whistleblowers") que, siendo empleados gubernamentales, divulguen información sobre violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, o violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario deberán estar protegidos frente sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de buena fe. Cualquier intento de imponer sanciones ulteriores contra quienes difunden información reservada debe fundamentarse en leyes previamente establecidas aplicadas por órganos imparciales e independientes con garantías plenas de debido proceso, incluyendo el derecho de recurrir el fallo.
4. La injerencia ilegítima o las presiones directas o indirectas de los gobiernos respecto de cualquier expresión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, para incidir en su contenido por razones políticas, deben estar prohibidas por la ley. Esta injerencia ilegítima incluye las acciones interpuestas por motivos políticos contra periodistas y medios de comunicación independientes, y el bloqueo de sitios web y dominios de Internet por causas políticas. En particular, es inaceptable que los funcionarios públicos sugieran la comisión de actos ilegítimos de represalia contra quienes han difundido información reservada.
5. Los bloqueos o sistemas de filtración de Internet no controlados por usuarios finales, impuestos por un proveedor gubernamental o comercial del servicio son una forma de censura previa y no pueden ser justificados. Las empresas que proveen servicios de Internet deben esforzarse para asegurar que se respeten los derechos de sus clientes de usar Internet sin interferencias arbitrarias.
6. Los mecanismos periodísticos de autorregulación han contribuido significativamente a desarrollar buenas prácticas sobre cómo abordar y comunicar temas complejos y sensibles. La responsabilidad periodística es especialmente necesaria cuando se reporta información de fuentes confidenciales que puede afectar valiosos bienes jurídicamente protegidos como los derechos fundamentales o la seguridad de las personas. Los códigos de ética para periodistas deben contemplar la necesidad de evaluar el interés público en conocer la información. Dichos códigos también resultan de utilidad para las nuevas formas de comunicación y para los nuevos medios, los cuales deben adoptar voluntariamente buenas prácticas éticas para asegurar, entre otras cosas, que la información publicada sea precisa, presentada imparcialmente, y que no cause daño sustancial y desproporcionado a bienes jurídicos legítimamente protegidos por las leyes como los derechos humanos.
Catalina Botero Marino
Relatora Especial de la para la Libertad de Expresión
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Frank LaRue
Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección
y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión
jueves, 23 de diciembre de 2010
La ‘ley Sinde’ se estrella
La llamada ley Sinde nace debido a las presiones de los lobbies de derechos de autor en España, pero sobre todo de la industria cultural de EE UU hasta el extremo de que el Gobierno norteamericano ha influenciado abiertamente sobre diversos estamentos de la administración española. A todo esto, hay que unir la patológica necesidad del propio presidente Zapatero de buscar un reconocimiento por parte de EE UU y en especial de Obama, como de manera clara y evidente revela la secuencia de documentos filtrados por WikiLeaks.
Pero éste no ha sido el único intento para introducir un procedimiento similar, recordemos que la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) ya quita a los jueces la exclusividad para retirar contenidos de las páginas web, y por dos veces durante su tramitación el Gobierno intentó introducir un procedimiento sin precedentes en el derecho español, llamado de “notificación y retirada”, es decir, una auténtica patada digital, ya que habilitaba a las gestoras de derechos de autor para que, sin declaración judicial alguna, tras unas simples notificaciones, pudieran exigir a los proveedores de Internet que retiren los contenidos de las páginas que albergan. Actualmente, tras varios intentos se logró introducir en la Ley de Economía Sostenible un paquete normativo que no tiene nada que ver con ella.
El proyecto no permite la desconexión de quienes bajen material ilícito, pero sí el cierre de las páginas que contengan material ilícito o faciliten su acceso, pero el Gobierno no ve en esto violación de derechos fundamentales, por eso no le parece necesario introducir una tutela judicial plena. Por contra, el principal partido de la oposición, el PP entiende que sí, y en su enmienda, se remite al procedimiento especial de protección reforzada de los derechos fundamentales previsto en el artículo 53.2 de la Constitución Española, introduciendo un nuevo artículo el 122 bis en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.
Tanto entonces como ahora, la movilización ciudadana ha sido notable y no ha pasado desapercibida, aunque se hayan producido comportamientos poco cívicos al haberse atacado páginas web de altos organismos de la nación, como el Congreso de los Diputados, o partidos políticos, privando a nuestros representantes de su libertad de expresión y al resto de los ciudadanos del derecho a acceder a sus servicios. Pero esta postura radical y fascista, no deslegitima para nada el discurso de defensa de las libertades. Al contrario pone en evidencia la necesidad de perfeccionar los mecanismos jurídicos para garantizar la libertad de expresión en Internet.
El motivo que ha impedido sacar la ley Sinde, ha sido la falta de apoyos del PSOE. Las razones han sido diversas: el PNV, por ejemplo, ponía el dedo en la llaga al anunciar Erkoreka “creemos que la solución que se arbitra no es la idónea, que es preciso reflexionar mucho más sobre la convergencia de las nuevas tecnologías con la propiedad intelectual, ambos bienes son dignos de ser protegidos por el ordenamiento jurídico”. Las razones de CIU fueron más interesadas al exigir a cambio un paquete de medidas fiscales en materia de vivienda e iniciativas medioambientales, educativas y energéticas. A su vez el PP, que de entrada exigía la abolición del canon, no quiso rebajar el umbral de garantías.
Pero el hecho de que la ley no haya sido aprobada, no significa que se haya resuelto el problema, al contrario el problema persiste y no sólo afecta a la industria cultural, sino también a la imagen exterior de España. Por tanto, se requiere, con premura, una solución legislativa, que respetando el sistema de garantías permita retirar de las páginas web, los contenidos ilícitos, sin necesidad de cerrarlas. Pero también es preciso articular nuevos modelos de negocio y gestión de la propiedad intelectual en sintonía con el nuevo marco tecnológico en el que se produce la creación artística y, tampoco debe olvidarse la necesidad de educar en los nuevos valores cívicos, para que la idea de que lo digital carece de valor y es gratuito, quede definitivamente desterrada.
Debe quedar claro que nadie niega a los creadores el derecho a la explotación de su obra, pero la cultura y el conocimiento también es de todos, por consiguiente es preciso compatibilizar ese derecho individual de autor, con el de general todos, y garantizar de una forma efectiva la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento y la cultura. En palabras de Víctor Hugo: “El libro, como libro, pertenece al autor, pero como pensamiento el libro pertenece al género humano. Todas las inteligencias tienen derecho de acceder a ese pensamiento. Si uno de los dos derechos, el derecho del escritor y el derecho del espíritu humano, debiera ser sacrificado, debería ser el derecho del escritor, pues el interés público es nuestra mayor preocupación, y todos, lo declaro, deben estar antes que nosotros.” (Discours d’ouverture du Congrès littéraire international de 1878.)
*Pedro Martínez es fiscal de la Comunidad de Madrid.
Pero éste no ha sido el único intento para introducir un procedimiento similar, recordemos que la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) ya quita a los jueces la exclusividad para retirar contenidos de las páginas web, y por dos veces durante su tramitación el Gobierno intentó introducir un procedimiento sin precedentes en el derecho español, llamado de “notificación y retirada”, es decir, una auténtica patada digital, ya que habilitaba a las gestoras de derechos de autor para que, sin declaración judicial alguna, tras unas simples notificaciones, pudieran exigir a los proveedores de Internet que retiren los contenidos de las páginas que albergan. Actualmente, tras varios intentos se logró introducir en la Ley de Economía Sostenible un paquete normativo que no tiene nada que ver con ella.
El proyecto no permite la desconexión de quienes bajen material ilícito, pero sí el cierre de las páginas que contengan material ilícito o faciliten su acceso, pero el Gobierno no ve en esto violación de derechos fundamentales, por eso no le parece necesario introducir una tutela judicial plena. Por contra, el principal partido de la oposición, el PP entiende que sí, y en su enmienda, se remite al procedimiento especial de protección reforzada de los derechos fundamentales previsto en el artículo 53.2 de la Constitución Española, introduciendo un nuevo artículo el 122 bis en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.
Tanto entonces como ahora, la movilización ciudadana ha sido notable y no ha pasado desapercibida, aunque se hayan producido comportamientos poco cívicos al haberse atacado páginas web de altos organismos de la nación, como el Congreso de los Diputados, o partidos políticos, privando a nuestros representantes de su libertad de expresión y al resto de los ciudadanos del derecho a acceder a sus servicios. Pero esta postura radical y fascista, no deslegitima para nada el discurso de defensa de las libertades. Al contrario pone en evidencia la necesidad de perfeccionar los mecanismos jurídicos para garantizar la libertad de expresión en Internet.
El motivo que ha impedido sacar la ley Sinde, ha sido la falta de apoyos del PSOE. Las razones han sido diversas: el PNV, por ejemplo, ponía el dedo en la llaga al anunciar Erkoreka “creemos que la solución que se arbitra no es la idónea, que es preciso reflexionar mucho más sobre la convergencia de las nuevas tecnologías con la propiedad intelectual, ambos bienes son dignos de ser protegidos por el ordenamiento jurídico”. Las razones de CIU fueron más interesadas al exigir a cambio un paquete de medidas fiscales en materia de vivienda e iniciativas medioambientales, educativas y energéticas. A su vez el PP, que de entrada exigía la abolición del canon, no quiso rebajar el umbral de garantías.
Pero el hecho de que la ley no haya sido aprobada, no significa que se haya resuelto el problema, al contrario el problema persiste y no sólo afecta a la industria cultural, sino también a la imagen exterior de España. Por tanto, se requiere, con premura, una solución legislativa, que respetando el sistema de garantías permita retirar de las páginas web, los contenidos ilícitos, sin necesidad de cerrarlas. Pero también es preciso articular nuevos modelos de negocio y gestión de la propiedad intelectual en sintonía con el nuevo marco tecnológico en el que se produce la creación artística y, tampoco debe olvidarse la necesidad de educar en los nuevos valores cívicos, para que la idea de que lo digital carece de valor y es gratuito, quede definitivamente desterrada.
Debe quedar claro que nadie niega a los creadores el derecho a la explotación de su obra, pero la cultura y el conocimiento también es de todos, por consiguiente es preciso compatibilizar ese derecho individual de autor, con el de general todos, y garantizar de una forma efectiva la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento y la cultura. En palabras de Víctor Hugo: “El libro, como libro, pertenece al autor, pero como pensamiento el libro pertenece al género humano. Todas las inteligencias tienen derecho de acceder a ese pensamiento. Si uno de los dos derechos, el derecho del escritor y el derecho del espíritu humano, debiera ser sacrificado, debería ser el derecho del escritor, pues el interés público es nuestra mayor preocupación, y todos, lo declaro, deben estar antes que nosotros.” (Discours d’ouverture du Congrès littéraire international de 1878.)
*Pedro Martínez es fiscal de la Comunidad de Madrid.
martes, 7 de diciembre de 2010
El derecho a la información diplomática
EL PAÍS - Opinión - 07-12-2010
Las últimas filtraciones de Wikileaks han aportado súbitamente una gran transparencia al campo de la diplomacia internacional. Este Cablegate plantea, entre otras, la pregunta de si quien publicó la información actuó legal o éticamente. Existe, sin embargo, otra forma de acercarse a esta cuestión: ¿actuaron legal o éticamente aquellos que a priori debían pero no hicieron pública la información?
El derecho de acceso a la información, reconocido por la legislación internacional y por más de 80 leyes a nivel nacional (no en España), nos otorga a todos el derecho a saber qué hacen nuestros Gobiernos. Incluye no solo nuestro derecho a saber lo que hacen nuestros Gobiernos a nivel nacional, sino también lo que hacen cuando nos representan a nivel internacional. Estamos en nuestro derecho a exigir a aquellos que nos representan una rendición de cuentas completa, también cuando nos representan internacionalmente, y esto implica recibir información completa.
Las solicitudes de información solo pueden ser rechazadas si su publicación pudiese causar un daño demostrable sobre ciertos intereses legítimos, tales como la seguridad nacional y la privacidad de las personas. El secreto es justificable únicamente si la publicación pudiera desencadenar un daño grave. La vergüenza pública no es un daño grave.
Muchos de los documentos de la última filtración de Wikileaks humillan directamente a algunos Gobiernos porque muestran los tejemanejes de estos detrás de los focos. Los Gobiernos no tienen un "derecho" a decir una cosa frente al público y otra a sus espaldas.
El principio fundamental del derecho a saber es que las autoridades públicas trabajan en nombre de los ciudadanos y que, en consecuencia, la transparencia debe ser la regla y el secreto la excepción. Sin embargo, algunos representantes de Gobiernos alegan la existencia de un derecho de los Gobiernos a comunicarse entre ellos en secreto y añaden que este derecho es inherente a la soberanía de los Estados. Esta postura es propia del siglo XIX. A principios del siglo XXI, los intereses de las naciones soberanas no son otros sino aquellos de sus ciudadanos, quienes tienen el derecho a saber qué es lo que se ha dicho y hecho en su nombre.
Hillary Clinton, entre otros, ha calificado esta filtración como un robo y un ataque a la comunidad internacional. Este juicio a Julian Assange, fundador de Wikileaks, y a los medios que han publicado dicha información, parece completamente injustificado. En primer lugar, Wikileaks no es más que el receptor de una información que ha difundido utilizando un criterio de periodismo profesional y ponderando el interés público de la información en cuestión. En cuanto a la posterior publicación de esta información por parte de otros medios, no es, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un delito dado que la información estaba ya en el dominio público y, además, fue previamente sometida a un exhaustivo trabajo de investigación periodística, desarrollado con diligencia y profesionalidad.
La cuestión no es quién cometió el crimen de filtrar la información, sino qué crímenes puede desvelar esta información. Si los documentos filtrados revelan que ciertos Gobiernos han estado espiando a organizaciones internacionales o que están involucrados en casos de tortura, estos serían los verdaderos crímenes. En concreto, aún no se le han exigido explicaciones a los que intentaron frenar las actuaciones de la justicia española en, por ejemplo, el caso Couso; tampoco a los que trasladaron ilegalmente a prisioneros a Guantánamo haciendo escala en España; y tampoco a los que intentaron silenciar a la ciudadanía española, que ejercía su derecho de libertad de expresión al criticar la guerra de Irak.
Un analista se refirió al lunes de la semana pasada como "el día en que la diplomacia murió". La diplomacia no ha muerto, a menos que esa sea la consecuencia del aumento de la transparencia y de la participación en los Gobiernos. Lo que sí es verdad es que la diplomacia no volverá a ser la misma porque de ahora en adelante el público exigirá mayor transparencia, más honestidad y mejor rendición de cuentas.
Cualquier Gobierno que no atienda a estas llamadas de atención se encontrará con que la presión aumentará y ocurrirán filtraciones. Access Info Europe ha sido testigo una y otra vez de cómo cuando los Gobiernos ocultan información clave para una ciudadanía responsable, la presión se acumula y las informaciones son finalmente filtradas. España es un ejemplo perfecto de un país en el que reina la cultura de las filtraciones por este mismo motivo; sin ir más lejos, el mismo proyecto de ley de transparencia tuvo que ser filtrado, ya que el Gobierno negaba a través del silencio el acceso al mismo.
La información nunca debería ser filtrada y Wikileaks no debería ser necesario. Pero hasta que los Gobiernos no apliquen las reglas adecuadas de transparencia e informen a la sociedad sobre lo que hacen con los poderes y el dinero públicos, las filtraciones seguirán existiendo. La cantidad de información filtrada no debería ser un indicador de actividad criminal por parte de los funcionarios o de los periodistas, sino un indicador del fracaso en el respeto del derecho de todos a saber.
HELEN DARBISHARE / PAM BARTLETT
Las últimas filtraciones de Wikileaks han aportado súbitamente una gran transparencia al campo de la diplomacia internacional. Este Cablegate plantea, entre otras, la pregunta de si quien publicó la información actuó legal o éticamente. Existe, sin embargo, otra forma de acercarse a esta cuestión: ¿actuaron legal o éticamente aquellos que a priori debían pero no hicieron pública la información?
El derecho de acceso a la información, reconocido por la legislación internacional y por más de 80 leyes a nivel nacional (no en España), nos otorga a todos el derecho a saber qué hacen nuestros Gobiernos. Incluye no solo nuestro derecho a saber lo que hacen nuestros Gobiernos a nivel nacional, sino también lo que hacen cuando nos representan a nivel internacional. Estamos en nuestro derecho a exigir a aquellos que nos representan una rendición de cuentas completa, también cuando nos representan internacionalmente, y esto implica recibir información completa.
Las solicitudes de información solo pueden ser rechazadas si su publicación pudiese causar un daño demostrable sobre ciertos intereses legítimos, tales como la seguridad nacional y la privacidad de las personas. El secreto es justificable únicamente si la publicación pudiera desencadenar un daño grave. La vergüenza pública no es un daño grave.
Muchos de los documentos de la última filtración de Wikileaks humillan directamente a algunos Gobiernos porque muestran los tejemanejes de estos detrás de los focos. Los Gobiernos no tienen un "derecho" a decir una cosa frente al público y otra a sus espaldas.
El principio fundamental del derecho a saber es que las autoridades públicas trabajan en nombre de los ciudadanos y que, en consecuencia, la transparencia debe ser la regla y el secreto la excepción. Sin embargo, algunos representantes de Gobiernos alegan la existencia de un derecho de los Gobiernos a comunicarse entre ellos en secreto y añaden que este derecho es inherente a la soberanía de los Estados. Esta postura es propia del siglo XIX. A principios del siglo XXI, los intereses de las naciones soberanas no son otros sino aquellos de sus ciudadanos, quienes tienen el derecho a saber qué es lo que se ha dicho y hecho en su nombre.
Hillary Clinton, entre otros, ha calificado esta filtración como un robo y un ataque a la comunidad internacional. Este juicio a Julian Assange, fundador de Wikileaks, y a los medios que han publicado dicha información, parece completamente injustificado. En primer lugar, Wikileaks no es más que el receptor de una información que ha difundido utilizando un criterio de periodismo profesional y ponderando el interés público de la información en cuestión. En cuanto a la posterior publicación de esta información por parte de otros medios, no es, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un delito dado que la información estaba ya en el dominio público y, además, fue previamente sometida a un exhaustivo trabajo de investigación periodística, desarrollado con diligencia y profesionalidad.
La cuestión no es quién cometió el crimen de filtrar la información, sino qué crímenes puede desvelar esta información. Si los documentos filtrados revelan que ciertos Gobiernos han estado espiando a organizaciones internacionales o que están involucrados en casos de tortura, estos serían los verdaderos crímenes. En concreto, aún no se le han exigido explicaciones a los que intentaron frenar las actuaciones de la justicia española en, por ejemplo, el caso Couso; tampoco a los que trasladaron ilegalmente a prisioneros a Guantánamo haciendo escala en España; y tampoco a los que intentaron silenciar a la ciudadanía española, que ejercía su derecho de libertad de expresión al criticar la guerra de Irak.
Un analista se refirió al lunes de la semana pasada como "el día en que la diplomacia murió". La diplomacia no ha muerto, a menos que esa sea la consecuencia del aumento de la transparencia y de la participación en los Gobiernos. Lo que sí es verdad es que la diplomacia no volverá a ser la misma porque de ahora en adelante el público exigirá mayor transparencia, más honestidad y mejor rendición de cuentas.
Cualquier Gobierno que no atienda a estas llamadas de atención se encontrará con que la presión aumentará y ocurrirán filtraciones. Access Info Europe ha sido testigo una y otra vez de cómo cuando los Gobiernos ocultan información clave para una ciudadanía responsable, la presión se acumula y las informaciones son finalmente filtradas. España es un ejemplo perfecto de un país en el que reina la cultura de las filtraciones por este mismo motivo; sin ir más lejos, el mismo proyecto de ley de transparencia tuvo que ser filtrado, ya que el Gobierno negaba a través del silencio el acceso al mismo.
La información nunca debería ser filtrada y Wikileaks no debería ser necesario. Pero hasta que los Gobiernos no apliquen las reglas adecuadas de transparencia e informen a la sociedad sobre lo que hacen con los poderes y el dinero públicos, las filtraciones seguirán existiendo. La cantidad de información filtrada no debería ser un indicador de actividad criminal por parte de los funcionarios o de los periodistas, sino un indicador del fracaso en el respeto del derecho de todos a saber.
HELEN DARBISHARE / PAM BARTLETT
lunes, 6 de diciembre de 2010
Comunicado en relación con la declaración del Estado de Alarma para controlar el absentismo laboral de lo controladores aéreos
Dudas sobre la procedencia oportunidad y constitucionalidad de la declaración del Estado de Alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo
Para determinar la situación jurídica de los controladores, que a partir del pasado viernes, han paralizado los aeropuertos españoles, tenemos que analizar distintas situaciones: los hechos y la reacción gubernamental.
En cuanto a lo primero. Desde el momento en que los controladores han iniciado su huelga salvaje están incurriendo en un delito de sedición previsto en el art. 20 de la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea (LPPNA), que castiga con penas de prisión de seis meses a ocho años cuando "el hecho se comete con la intención de interrumpir la navegación", ya que la LPPNA es de aplicación preferente, por aplicación del principio de especialidad, tanto ante el Código Penal Ordinario, como al Código Penal Militar. Por consiguiente se trata de una cuestión de actuación de la jurisdicción ordinaria, que debería haber reaccionado desde el primer momento y no por estímulos tan exacerbados.
¿Pero cuál ha sido la respuesta gubernamental? La militarización y, la declaración del Estado de Alarma.
A.- ) En relación con la primera cuestión. La militarización, ya hemos dicho que la LPPNA sigue siendo 'lex specialis' frente a la 'lex generalis' del Código Penal Militar y que dicha militarización se produce en base a la Ley 50/1969, de 26 de abril, Básica de Movilización Nacional, una ley preconstitucional, y, en segundo lugar, porque, como se deduce del Preámbulo de dicha Ley, estamos ante una norma que está pensando primordialmente en "la defensa de la Nación" frente a conflictos armados, lo que evidentemente no es el caso.
B.-) En cuanto a la segunda cuestión, referente a la procedencia de la declaración del estado de Alarma, es preciso recordar la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, ex artículo 4º establece que: “El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución podrá declarar el Estado de Alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:
Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.
Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.”
Evidentemente el supuesto que contempla el Real Decreto 1673/2010 prima facie quedaría amparado en el apartado, c) del artículo 4º de la referida Ley, al haberse producido la paralización de servicios públicos esenciales de la Comunidad, en este caso el transporte aéreo, ya que al ser la huelga ilegal, no se han pactado servicios mínimos para garantizar el cumplimiento de esos servicios esenciales.
Esta sería la primera puntualización que conviene tener presente para evitar situaciones equivocas, y es que estas medidas excepcionales, como es el Estado de Alarma, no es posible acordarlas para garantizar la plenitud del servicio por esencial que este sea. Si fuera así determinados colectivos como la sanidad, transportes públicos, colectivos vinculados a la protección civil, incluso los jueces no podrían hacer huelga y esto ha sucedido y no se ha declarado el Estado de Alarma. Al contrario, estos acontecimientos seguirán sucediendo gracias a que vivimos en una sociedad que gestiona sus conflictos de una forma democrática.
No se trata pues de negar a los controladores aéreos un derecho fundamental como es la huelga, sino el haberla planteado unilateralmente de forma egoísta y abusiva, con desprecio a los procedimientos legales vigentes, lo que ha impedido establecer unos servicios mínimos, y sobre todo con desprecio al resto de ciudadanos, sean o no usuarios de tales servicios públicos de transporte aéreo. Esto les acarrea unas responsabilidades penales severas establecidas en la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea (LPPNA).
En consecuencia: la Ley exige dos requisitos: el primero, consiste en que se trate de la paralización de un servicio esencial cuando no se garanticen los servicios mínimos, requisito que evidentemente se da en este caso, el segundo, ( y este es es el quid de la cuestión), consiste en que además debe concurrir alguna de las circunstancias contenidas en el referido artículo. Algo que es este caso no sucede ya que no se trata de ninguna catástrofe natural como las enumeradas, terremotos, incendios, inundaciones, ni de una grave crisis sanitaria, ni existe riesgo de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
La razón de que la Ley exija este segundo requisito, es clara desde una perspectiva constitucional y de defensa de los derechos fundamentales, en este caso la protección del derecho fundamental al derecho de huelga contenido en el artículo 28 de la C.E, ya que si no fuera así siempre que una huelga no respetara los servicios mínimos, por ejemplo la huelga reciente del metro de Madrid, conllevaría la declaración del estado de alarma y esto supondría de facto una limitación severa del derecho a la huelga.
En conclusión, el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, es desproporcionado, viola la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. Y, lo peor es inútil ya que la militarización es ficticia, pues los tipos penales aplicables como hemos referenciado son los de la LPPNA, y, no los del Código Penal de Justicia Militar que por otra parte son mucho más livianos.
La Liga Española Pro Derechos Humanos confía en que Congreso de los Diputados, impida que esta situación antijurídica e inútil persista y se vuelva a la normalidad constitucional.
LIGA ESPAÑOLA PRO DERECHOS HUMANOS
Para determinar la situación jurídica de los controladores, que a partir del pasado viernes, han paralizado los aeropuertos españoles, tenemos que analizar distintas situaciones: los hechos y la reacción gubernamental.
En cuanto a lo primero. Desde el momento en que los controladores han iniciado su huelga salvaje están incurriendo en un delito de sedición previsto en el art. 20 de la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea (LPPNA), que castiga con penas de prisión de seis meses a ocho años cuando "el hecho se comete con la intención de interrumpir la navegación", ya que la LPPNA es de aplicación preferente, por aplicación del principio de especialidad, tanto ante el Código Penal Ordinario, como al Código Penal Militar. Por consiguiente se trata de una cuestión de actuación de la jurisdicción ordinaria, que debería haber reaccionado desde el primer momento y no por estímulos tan exacerbados.
¿Pero cuál ha sido la respuesta gubernamental? La militarización y, la declaración del Estado de Alarma.
A.- ) En relación con la primera cuestión. La militarización, ya hemos dicho que la LPPNA sigue siendo 'lex specialis' frente a la 'lex generalis' del Código Penal Militar y que dicha militarización se produce en base a la Ley 50/1969, de 26 de abril, Básica de Movilización Nacional, una ley preconstitucional, y, en segundo lugar, porque, como se deduce del Preámbulo de dicha Ley, estamos ante una norma que está pensando primordialmente en "la defensa de la Nación" frente a conflictos armados, lo que evidentemente no es el caso.
B.-) En cuanto a la segunda cuestión, referente a la procedencia de la declaración del estado de Alarma, es preciso recordar la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, ex artículo 4º establece que: “El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución podrá declarar el Estado de Alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:
Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.
Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.”
Evidentemente el supuesto que contempla el Real Decreto 1673/2010 prima facie quedaría amparado en el apartado, c) del artículo 4º de la referida Ley, al haberse producido la paralización de servicios públicos esenciales de la Comunidad, en este caso el transporte aéreo, ya que al ser la huelga ilegal, no se han pactado servicios mínimos para garantizar el cumplimiento de esos servicios esenciales.
Esta sería la primera puntualización que conviene tener presente para evitar situaciones equivocas, y es que estas medidas excepcionales, como es el Estado de Alarma, no es posible acordarlas para garantizar la plenitud del servicio por esencial que este sea. Si fuera así determinados colectivos como la sanidad, transportes públicos, colectivos vinculados a la protección civil, incluso los jueces no podrían hacer huelga y esto ha sucedido y no se ha declarado el Estado de Alarma. Al contrario, estos acontecimientos seguirán sucediendo gracias a que vivimos en una sociedad que gestiona sus conflictos de una forma democrática.
No se trata pues de negar a los controladores aéreos un derecho fundamental como es la huelga, sino el haberla planteado unilateralmente de forma egoísta y abusiva, con desprecio a los procedimientos legales vigentes, lo que ha impedido establecer unos servicios mínimos, y sobre todo con desprecio al resto de ciudadanos, sean o no usuarios de tales servicios públicos de transporte aéreo. Esto les acarrea unas responsabilidades penales severas establecidas en la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea (LPPNA).
En consecuencia: la Ley exige dos requisitos: el primero, consiste en que se trate de la paralización de un servicio esencial cuando no se garanticen los servicios mínimos, requisito que evidentemente se da en este caso, el segundo, ( y este es es el quid de la cuestión), consiste en que además debe concurrir alguna de las circunstancias contenidas en el referido artículo. Algo que es este caso no sucede ya que no se trata de ninguna catástrofe natural como las enumeradas, terremotos, incendios, inundaciones, ni de una grave crisis sanitaria, ni existe riesgo de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
La razón de que la Ley exija este segundo requisito, es clara desde una perspectiva constitucional y de defensa de los derechos fundamentales, en este caso la protección del derecho fundamental al derecho de huelga contenido en el artículo 28 de la C.E, ya que si no fuera así siempre que una huelga no respetara los servicios mínimos, por ejemplo la huelga reciente del metro de Madrid, conllevaría la declaración del estado de alarma y esto supondría de facto una limitación severa del derecho a la huelga.
En conclusión, el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, es desproporcionado, viola la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. Y, lo peor es inútil ya que la militarización es ficticia, pues los tipos penales aplicables como hemos referenciado son los de la LPPNA, y, no los del Código Penal de Justicia Militar que por otra parte son mucho más livianos.
La Liga Española Pro Derechos Humanos confía en que Congreso de los Diputados, impida que esta situación antijurídica e inútil persista y se vuelva a la normalidad constitucional.
LIGA ESPAÑOLA PRO DERECHOS HUMANOS
viernes, 26 de noviembre de 2010
La Fiscalia de la Audiencia Nacional se posiciona al lado del Reino de Marruecos
CONTRA LA FALACIA
El informe emitido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional el día de ayer 25 de noviembre, sostiene el carácter preferente de las jurisdicciones del lugar donde se comete el delito por encima de la española.
Así pues, el fiscal expone que para respetar la primacía de la jurisdicción de Marruecos, es preciso que se envíe a la zona una comisión rogatoria para solicitar información sobre la realidad de la investigación anunciada por la Fiscalía de El Aaiún y sobre los hechos denunciados por los querellantes
Es cierto que el artículo 23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2009 en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial limita el alcance del principio de “Justicia Universal” exigiendo determinados puntos de conexión con España que antes no se requerían y, establece un principio de subsidiariedad de la justicia española en aplicación del principio de “justicia universal”, de forma que el proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o cuando un Tribunal internacional haya iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.
Hasta aquí llega la Ley, pero el Derecho es algo más complejo que una Ley oportunista y la reforma no desautoriza la jurisprudencia anterior sobre la Jurisdicción Universal, en particular la sentencia 237/2005, de 26 de septiembre de 2005 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, en la que asienta sus fundamentos, al decir: La jurisdicción universal "no se rige por el principio de subsidiariedad, sino por el de concurrencia, pues precisamente su finalidad es evitar la impunidad", aplicándose el principio de no necesidad de intervención cuando está actuando la jurisdicción territorial. Esto no faculta para exigir la acreditación plena de la inactividad de dicha jurisdicción territorial para admitir la querella, sino la aportación de indicios razonables de que los crímenes denunciados no han sido hasta la fecha perseguidos de modo efectivo, lo que se desprende en este caso de la documentación aportada.
Es decir se tiene que esperar para comprobar si la investigación es realmente efectiva, lo que significa que España no archivaría nunca esos procedimientos sino que se suspenden hasta que se pueda comprobar que se ha producido una investigación efectiva de los hechos.
Pero, por otra parte, es preciso resaltar que cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial en el reformado artículo 23. 4, se refiere a la previa existencia de un procedimiento, debe ser entendido como un procedimiento judicial, tal y como lo concibe nuestro Ordenamiento jurídico. Es decir que reúna los principios y garantías introducidas por la Constitución Española en su artículo 24 y desarrolladas por la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir el respeto al “procedimiento debido”, lo cual no ampara cualquier investigación, sino solo a aquellas que soportan unas exigencias jurídicas mínimas de respeto a los derechos humanos establecidas por las sociedades democráticas y plasmadas en sus documentos constitucionales, y tratados internacionales, como los Tratados de Roma de 25 de marzo de 1957, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).
Evidentemente la investigación iniciada por la fiscalía de Marruecos no cumple estos requisitos, ya que el Reino de Marruecos, no es un régimen democrático, ni es un Estado de Derecho, ni tiene un Poder Judicial independiente y, mucho menos lo es la fiscalía de ese país. Por consiguiente esa argumentación es pura falacia: Es decir la Justicia de Marruecos no inspira confianza a las sociedades democráticas, no reúne las garantías mínimas exigibles desde la comunidad democrática internacional, como lo demuestra el hecho de que el propio Parlamento de la Unión Europea en su sesión del 25 de noviembre entre otros acuerdos negó a la justicia y las instituciones de Marruecos la objetividad e imparcialidad precisa para llevar acabo una investigación veraz sobre los hechos al establecer que “las Naciones Unidas serían el órgano más adecuado para llevar a cabo una investigación independiente a nivel internacional para esclarecer los hechos, las muertes y las desapariciones y en este sentido debe ser interpretado el nuevo artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo contrario sería reconocer la vigencia de los procedimientos inquisitivos que incluyen la tortura y todo tipo de violación de los derechos humanos y tratos degradantes como técnicas de investigación.
Por otra parte se debe recordad que Marruecos, es el único país africano que actualmente no es miembro de la Unión Africana (UA) ya que en 1984 la asamblea de la Organización para la Unidad Africana (OUA) predecesora de la UA aceptó como miembro a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ocupada militarmente por Marruecos desde 1975 con los únicos votos en contra de Marruecos y su aliada Zaire.
El informe emitido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional el día de ayer 25 de noviembre, sostiene el carácter preferente de las jurisdicciones del lugar donde se comete el delito por encima de la española.
Así pues, el fiscal expone que para respetar la primacía de la jurisdicción de Marruecos, es preciso que se envíe a la zona una comisión rogatoria para solicitar información sobre la realidad de la investigación anunciada por la Fiscalía de El Aaiún y sobre los hechos denunciados por los querellantes
Es cierto que el artículo 23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2009 en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial limita el alcance del principio de “Justicia Universal” exigiendo determinados puntos de conexión con España que antes no se requerían y, establece un principio de subsidiariedad de la justicia española en aplicación del principio de “justicia universal”, de forma que el proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o cuando un Tribunal internacional haya iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.
Hasta aquí llega la Ley, pero el Derecho es algo más complejo que una Ley oportunista y la reforma no desautoriza la jurisprudencia anterior sobre la Jurisdicción Universal, en particular la sentencia 237/2005, de 26 de septiembre de 2005 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, en la que asienta sus fundamentos, al decir: La jurisdicción universal "no se rige por el principio de subsidiariedad, sino por el de concurrencia, pues precisamente su finalidad es evitar la impunidad", aplicándose el principio de no necesidad de intervención cuando está actuando la jurisdicción territorial. Esto no faculta para exigir la acreditación plena de la inactividad de dicha jurisdicción territorial para admitir la querella, sino la aportación de indicios razonables de que los crímenes denunciados no han sido hasta la fecha perseguidos de modo efectivo, lo que se desprende en este caso de la documentación aportada.
Es decir se tiene que esperar para comprobar si la investigación es realmente efectiva, lo que significa que España no archivaría nunca esos procedimientos sino que se suspenden hasta que se pueda comprobar que se ha producido una investigación efectiva de los hechos.
Pero, por otra parte, es preciso resaltar que cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial en el reformado artículo 23. 4, se refiere a la previa existencia de un procedimiento, debe ser entendido como un procedimiento judicial, tal y como lo concibe nuestro Ordenamiento jurídico. Es decir que reúna los principios y garantías introducidas por la Constitución Española en su artículo 24 y desarrolladas por la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir el respeto al “procedimiento debido”, lo cual no ampara cualquier investigación, sino solo a aquellas que soportan unas exigencias jurídicas mínimas de respeto a los derechos humanos establecidas por las sociedades democráticas y plasmadas en sus documentos constitucionales, y tratados internacionales, como los Tratados de Roma de 25 de marzo de 1957, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).
Evidentemente la investigación iniciada por la fiscalía de Marruecos no cumple estos requisitos, ya que el Reino de Marruecos, no es un régimen democrático, ni es un Estado de Derecho, ni tiene un Poder Judicial independiente y, mucho menos lo es la fiscalía de ese país. Por consiguiente esa argumentación es pura falacia: Es decir la Justicia de Marruecos no inspira confianza a las sociedades democráticas, no reúne las garantías mínimas exigibles desde la comunidad democrática internacional, como lo demuestra el hecho de que el propio Parlamento de la Unión Europea en su sesión del 25 de noviembre entre otros acuerdos negó a la justicia y las instituciones de Marruecos la objetividad e imparcialidad precisa para llevar acabo una investigación veraz sobre los hechos al establecer que “las Naciones Unidas serían el órgano más adecuado para llevar a cabo una investigación independiente a nivel internacional para esclarecer los hechos, las muertes y las desapariciones y en este sentido debe ser interpretado el nuevo artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo contrario sería reconocer la vigencia de los procedimientos inquisitivos que incluyen la tortura y todo tipo de violación de los derechos humanos y tratos degradantes como técnicas de investigación.
Por otra parte se debe recordad que Marruecos, es el único país africano que actualmente no es miembro de la Unión Africana (UA) ya que en 1984 la asamblea de la Organización para la Unidad Africana (OUA) predecesora de la UA aceptó como miembro a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ocupada militarmente por Marruecos desde 1975 con los únicos votos en contra de Marruecos y su aliada Zaire.
jueves, 25 de noviembre de 2010
Sáhara Occidental: El Parlamento Europeo pide una investigación independiente de la ONU
Estrasburgo, 25 de noviembre de 2010
La Eurocámara ha aprobado hoy una resolución en la que "condena con firmeza" los violentos incidentes que se produjeron en el campamento de Agdaym Izik en el Sáhara Occidental. Los diputados consideran que la ONU sería el órgano más adecuado para llevar a cabo "una investigación independiente a nivel internacional" para esclarecer los hechos.
El texto, aprobado en votación a mano alzada, ha sido pactado por los grupos PPE, socialistas y demócratas, liberales, verdes, izquierda unitaria y conservadores y reformistas.
En la resolución, el Parlamento Europeo manifiesta "su más profunda preocupación" por el notable deterioro de la situación en el Sáhara Occidental, y "condena con firmeza" los violentos incidentes que se produjeron el pasado 8 de noviembre, cuando un número todavía desconocido de personas murieron durante la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes dirigida a desmantelar el campamento de protesta de Agdaym Izik, cerca de El Aaiún.
Los diputados toman nota de la constitución por parte del Parlamento marroquí de una comisión de investigación encargada de investigar los hechos, pero consideran que "las Naciones Unidas serían el órgano más adecuado para llevar a cabo una investigación independiente a nivel internacional para esclarecer los hechos, las muertes y las desapariciones".
La Eurocámara también "pide a todas las partes que mantengan la calma y se abstengan de llevar a cabo cualquier nuevo acto de violencia".
Por otra parte, la resolución lamenta los ataques contra la libertad de prensa y de información que han sufrido numerosos periodistas europeos, y pide a Marruecos que permita el libre acceso de la prensa, los observadores independientes y las organizaciones humanitarias al Sáhara Occidental y su libre circulación dentro del territorio.
Próximos pasos
Además de reclamar una investigación independiente, el PE insiste en la necesidad de establecer un mecanismo de control de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Igualmente, pide a la Comisión que incremente la ayuda humanitaria destinada a los refugiados saharauis que viven en la región de Tinduf, cuyo número se estima entre 90.000 y 165.000, para ayudarles a cubrir sus necesidades básicas de alimentos, agua, alojamiento y servicios médicos.
La UE apoya plenamente los esfuerzos del Secretario General de Naciones Unidas y de su Enviado Personal en favor de una solución "política justa, duradera y mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo saharaui".
La comisión de Asuntos Exteriores acogerá el próximo 1 de diciembre un debate sobre este tema con representantes de todas las partes implicadas en el conflicto.
Debate
En el debate celebrado ayer por la tarde participaron los siguientes eurodiputados españoles (por orden de intervención):
José Ignacio SALAFRANCA (PPE) recordó que, aunque Marruecos es un socio estratégico de la UE, no por ello el PE puede "mirar a otro lado", sino que debe alzar la voz y proclamar sus principios y valores democráticos. Salafranca dijo que la moderación en la defensa de los derechos humanos "es una debilidad y una cobardía" que, como representante de los ciudadanos de la UE, no se puede permitir la Eurocámara.
Raül ROMEVA I RUEDA (Verdes/ALE) condenó "de forma alta, clara y firme" la manera en que se desmanteló el campamento de Agdaym Izik. Además, exigió una investigación independiente supervisada por la ONU. "No se puede poner al mismo nivel a las dos partes, no todos tienen la misma responsabilidad ni usan las mismas armas. Debemos pedir a Marruecos que cese su hostilidad con el pueblo saharaui".
Willy MEYER (GUE/NGL) señaló que "es inaceptable la intromisión permanente de la administración marroquí en esta institución. Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental, por lo tanto este Parlamento tiene que lanzar un mensaje muy claro a la comunidad internacional y a los saharauis, que son los que tienen que decidir su futuro mediante un referéndum de autodeterminación".
Antonio MASIP HIDALGO (S&D) recalcó que "el campamento es paradigma de la distancia entre Marruecos y el pueblo saharaui" y añadió que "Marruecos reprime con odio a quien considera pueblo distinto". "Evitemos la liquidación de un pueblo digno, heroico, amigo de Europa", concluyó.
María MUÑIZ (S&D) dejó claro que "es necesaria una resolución justa en el marco de Naciones Unidas" y pidió a Marruecos "que redoble esfuerzos para llegar a una solución negociada". También solicitó al Frente Polisario que "mantenga la calma y no recurra a la violencia". Finalmente, valoró positivamente la apertura de una investigación por parte de Marruecos, aunque "esto no reemplaza la libertad informativa", dijo.
Izaskun BILBAO (ALDE) solicitó a la ONU una investigación independiente para aclarar lo ocurrido porque "no hay información fiable". Pidió calma a las partes, pues "resolver este problema requiere un diálogo permanente entre Marruecos y el pueblo Saharaui, basado en el respeto mutuo". "Hay que denunciar siempre las vulneraciones de los derechos humanos. No importa quiénes, ni dónde, ni cómo, ni por qué las protagonicen", destacó.
Santiago FISAS (PPE) declaró que "Marruecos es un amigo de la Unión Europea y entre amigos no es bueno que haya dudas o malentendidos". Consideró "imprescindible una investigación internacional y que la MINURSO amplíe su mandato para vigilar el respeto de los derechos humanos". "El gobierno de España no puede mirar a otro lado", concluyó.
La Eurocámara ha aprobado hoy una resolución en la que "condena con firmeza" los violentos incidentes que se produjeron en el campamento de Agdaym Izik en el Sáhara Occidental. Los diputados consideran que la ONU sería el órgano más adecuado para llevar a cabo "una investigación independiente a nivel internacional" para esclarecer los hechos.
El texto, aprobado en votación a mano alzada, ha sido pactado por los grupos PPE, socialistas y demócratas, liberales, verdes, izquierda unitaria y conservadores y reformistas.
En la resolución, el Parlamento Europeo manifiesta "su más profunda preocupación" por el notable deterioro de la situación en el Sáhara Occidental, y "condena con firmeza" los violentos incidentes que se produjeron el pasado 8 de noviembre, cuando un número todavía desconocido de personas murieron durante la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes dirigida a desmantelar el campamento de protesta de Agdaym Izik, cerca de El Aaiún.
Los diputados toman nota de la constitución por parte del Parlamento marroquí de una comisión de investigación encargada de investigar los hechos, pero consideran que "las Naciones Unidas serían el órgano más adecuado para llevar a cabo una investigación independiente a nivel internacional para esclarecer los hechos, las muertes y las desapariciones".
La Eurocámara también "pide a todas las partes que mantengan la calma y se abstengan de llevar a cabo cualquier nuevo acto de violencia".
Por otra parte, la resolución lamenta los ataques contra la libertad de prensa y de información que han sufrido numerosos periodistas europeos, y pide a Marruecos que permita el libre acceso de la prensa, los observadores independientes y las organizaciones humanitarias al Sáhara Occidental y su libre circulación dentro del territorio.
Próximos pasos
Además de reclamar una investigación independiente, el PE insiste en la necesidad de establecer un mecanismo de control de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Igualmente, pide a la Comisión que incremente la ayuda humanitaria destinada a los refugiados saharauis que viven en la región de Tinduf, cuyo número se estima entre 90.000 y 165.000, para ayudarles a cubrir sus necesidades básicas de alimentos, agua, alojamiento y servicios médicos.
La UE apoya plenamente los esfuerzos del Secretario General de Naciones Unidas y de su Enviado Personal en favor de una solución "política justa, duradera y mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo saharaui".
La comisión de Asuntos Exteriores acogerá el próximo 1 de diciembre un debate sobre este tema con representantes de todas las partes implicadas en el conflicto.
Debate
En el debate celebrado ayer por la tarde participaron los siguientes eurodiputados españoles (por orden de intervención):
José Ignacio SALAFRANCA (PPE) recordó que, aunque Marruecos es un socio estratégico de la UE, no por ello el PE puede "mirar a otro lado", sino que debe alzar la voz y proclamar sus principios y valores democráticos. Salafranca dijo que la moderación en la defensa de los derechos humanos "es una debilidad y una cobardía" que, como representante de los ciudadanos de la UE, no se puede permitir la Eurocámara.
Raül ROMEVA I RUEDA (Verdes/ALE) condenó "de forma alta, clara y firme" la manera en que se desmanteló el campamento de Agdaym Izik. Además, exigió una investigación independiente supervisada por la ONU. "No se puede poner al mismo nivel a las dos partes, no todos tienen la misma responsabilidad ni usan las mismas armas. Debemos pedir a Marruecos que cese su hostilidad con el pueblo saharaui".
Willy MEYER (GUE/NGL) señaló que "es inaceptable la intromisión permanente de la administración marroquí en esta institución. Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental, por lo tanto este Parlamento tiene que lanzar un mensaje muy claro a la comunidad internacional y a los saharauis, que son los que tienen que decidir su futuro mediante un referéndum de autodeterminación".
Antonio MASIP HIDALGO (S&D) recalcó que "el campamento es paradigma de la distancia entre Marruecos y el pueblo saharaui" y añadió que "Marruecos reprime con odio a quien considera pueblo distinto". "Evitemos la liquidación de un pueblo digno, heroico, amigo de Europa", concluyó.
María MUÑIZ (S&D) dejó claro que "es necesaria una resolución justa en el marco de Naciones Unidas" y pidió a Marruecos "que redoble esfuerzos para llegar a una solución negociada". También solicitó al Frente Polisario que "mantenga la calma y no recurra a la violencia". Finalmente, valoró positivamente la apertura de una investigación por parte de Marruecos, aunque "esto no reemplaza la libertad informativa", dijo.
Izaskun BILBAO (ALDE) solicitó a la ONU una investigación independiente para aclarar lo ocurrido porque "no hay información fiable". Pidió calma a las partes, pues "resolver este problema requiere un diálogo permanente entre Marruecos y el pueblo Saharaui, basado en el respeto mutuo". "Hay que denunciar siempre las vulneraciones de los derechos humanos. No importa quiénes, ni dónde, ni cómo, ni por qué las protagonicen", destacó.
Santiago FISAS (PPE) declaró que "Marruecos es un amigo de la Unión Europea y entre amigos no es bueno que haya dudas o malentendidos". Consideró "imprescindible una investigación internacional y que la MINURSO amplíe su mandato para vigilar el respeto de los derechos humanos". "El gobierno de España no puede mirar a otro lado", concluyó.
martes, 23 de noviembre de 2010
Ciber-acción por el Sahara
Ciber-acción europarlamentarios/as: escríbeles lo que piensas y muéstrales tu repulsa
El día diez de octubre comenzó una gran protesta pacífica, en la que más de 20.000 saharauis reivindicaban su derecho al trabajo, a la no discriminación y al usufructo de sus recursos naturales, estableciendo un campamento de 7000 haimas a 15 kilómetros de la ciudad de El Aaiún. 30 días después el gobierno de Marruecos ordenó a su ejército el asalto y la destrucción del campamento saharaui de Agdaym Iziken. Ha habido 28 personas muertas, 723 heridas y 159 desaparecidas, sin contar a quienes se encuentran en los cuarteles militares o la cárcel, ni en los hospitales.
Al mismo tiempo, las fuerzas de ocupación han instigado y armado a colonos de la ciudad de El Aaiún que, junto a policías de paisano, asaltan domicilios, negocios y queman vehículos de propiedad saharaui. El ejército marroquí ha declarado el Estado de sitio en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental.
No existe la opción del silencio como no existe la posibilidad de parar las justas demandas del pueblo saharaui. Lo que sí existe es la posibilidad de proteger a quienes están sufriendo represión. Por ello hemos creado esta herramienta, para transmitir por todos los canales posibles la demanda universal de justicia, dignidad y respeto por la vida de quienes hoy son perseguidas por militares profesionales y cuadrillas paramilitares a través de las calles de El Aaiún. Entre todas las que usemos esta herramienta podemos colaborar para exigir al Europarlamento que se pronuncie.
Propuestas a tener en cuenta en la redacción de tu mensaje:
Pideles la suspension de todo acuerdo comercial con el reino de Marruecos hasta que la justici aclare lo sucedido
Explícales brevemente con tus propias palabras lo que está sucediendo, cuéntales como te sientes y que deberían hacer en tu nombre.
Pídeles que le exijan al gobierno marroquí el cese de la violencia que está ejerciendo contra la población saharaui en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental.
Explícales con tus propias palabras que la ONU debe de tomar cartas en el asunto haciendo cumplir el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como las resoluciones adoptadas para los Territorios No Autónomos.
Explícales que deben pedir a la ONU que el Consejo de Seguridad otorgue a la MINURSO la capacidad de monitorizar los Derechos Humanos, informando directamente al Consejo de Seguridad.
Recuérdales que la ONU tiene la obligación de proteger a la población de un Territorio No Autónomo, mientras permanecen a la espera de la celebración del Referéndum de Autodeterminación, en conformidad con las Resoluciones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad y de la Unión Africana.
Reclama al Gobierno de Zapatero que detenga de inmediato la venta de armas al gobierno alauita, con las que el ejército de ocupación asesina, tortura y reprime al pueblo saharaui.
Pídeles que alcen la voz para permitir la entrada de civiles que puedan hacer la labor de observación internacional, al igual que libre acceso a la prensa.
Exígeles que se pronuncien ante el Parlamento Europeo, demandando la intervención de éste y del resto de la comunidad internacional.
Pídeles que exijan la liberación inmediata de las saharauis detenidas ilegalmente, hay cientos de personas desaparecidas-detenidas.
--------------------------------------------------------------------------------
Rellenando el siguiente formulario puedes enviar un mensaje a todos tus representantes en el Europarlamento, pídeles que exijan al gobierno marroquí el cese de la violencia contra la población saharaui además de tus demandas. Escríbeles lo que consideres oportuno pero sé respetuoso, solo de esta manera nuestras peticiones serán escuchadas.
El formulario se encuentra en:
http://saharaindependiente.org/spip.php?article917
El día diez de octubre comenzó una gran protesta pacífica, en la que más de 20.000 saharauis reivindicaban su derecho al trabajo, a la no discriminación y al usufructo de sus recursos naturales, estableciendo un campamento de 7000 haimas a 15 kilómetros de la ciudad de El Aaiún. 30 días después el gobierno de Marruecos ordenó a su ejército el asalto y la destrucción del campamento saharaui de Agdaym Iziken. Ha habido 28 personas muertas, 723 heridas y 159 desaparecidas, sin contar a quienes se encuentran en los cuarteles militares o la cárcel, ni en los hospitales.
Al mismo tiempo, las fuerzas de ocupación han instigado y armado a colonos de la ciudad de El Aaiún que, junto a policías de paisano, asaltan domicilios, negocios y queman vehículos de propiedad saharaui. El ejército marroquí ha declarado el Estado de sitio en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental.
No existe la opción del silencio como no existe la posibilidad de parar las justas demandas del pueblo saharaui. Lo que sí existe es la posibilidad de proteger a quienes están sufriendo represión. Por ello hemos creado esta herramienta, para transmitir por todos los canales posibles la demanda universal de justicia, dignidad y respeto por la vida de quienes hoy son perseguidas por militares profesionales y cuadrillas paramilitares a través de las calles de El Aaiún. Entre todas las que usemos esta herramienta podemos colaborar para exigir al Europarlamento que se pronuncie.
Propuestas a tener en cuenta en la redacción de tu mensaje:
Pideles la suspension de todo acuerdo comercial con el reino de Marruecos hasta que la justici aclare lo sucedido
Explícales brevemente con tus propias palabras lo que está sucediendo, cuéntales como te sientes y que deberían hacer en tu nombre.
Pídeles que le exijan al gobierno marroquí el cese de la violencia que está ejerciendo contra la población saharaui en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental.
Explícales con tus propias palabras que la ONU debe de tomar cartas en el asunto haciendo cumplir el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como las resoluciones adoptadas para los Territorios No Autónomos.
Explícales que deben pedir a la ONU que el Consejo de Seguridad otorgue a la MINURSO la capacidad de monitorizar los Derechos Humanos, informando directamente al Consejo de Seguridad.
Recuérdales que la ONU tiene la obligación de proteger a la población de un Territorio No Autónomo, mientras permanecen a la espera de la celebración del Referéndum de Autodeterminación, en conformidad con las Resoluciones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad y de la Unión Africana.
Reclama al Gobierno de Zapatero que detenga de inmediato la venta de armas al gobierno alauita, con las que el ejército de ocupación asesina, tortura y reprime al pueblo saharaui.
Pídeles que alcen la voz para permitir la entrada de civiles que puedan hacer la labor de observación internacional, al igual que libre acceso a la prensa.
Exígeles que se pronuncien ante el Parlamento Europeo, demandando la intervención de éste y del resto de la comunidad internacional.
Pídeles que exijan la liberación inmediata de las saharauis detenidas ilegalmente, hay cientos de personas desaparecidas-detenidas.
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Rellenando el siguiente formulario puedes enviar un mensaje a todos tus representantes en el Europarlamento, pídeles que exijan al gobierno marroquí el cese de la violencia contra la población saharaui además de tus demandas. Escríbeles lo que consideres oportuno pero sé respetuoso, solo de esta manera nuestras peticiones serán escuchadas.
El formulario se encuentra en:
http://saharaindependiente.org/spip.php?article917
domingo, 21 de noviembre de 2010
NOTA DE PRENSA DE LA LIGA ESPAÑOLA PRO DERECHOS HUMANOS
En relación con la querella presentada el día 15 de noviembre ante la Audiencia Nacional por la masacre del Aaiún el pasado 8 de noviembre, quiere hacer algunas puntualizaciones: 1º).- La imposibilidad de ofrecer mayor precisión en los hechos mientras no se acuerde la protección de testigos, para no comprometer la vida, ni la integridad de quienes los presenciaron. 2ª).- Mañana lunes 24 los familiares del asesinado Baby Hamday Buyema, presentaran una querella con la misma representación y dirección letrada que la Liga Española pro Derechos Humanos. 3º).- la Liga Española pro Derechos Humanos presentara ante el Juzgado correspondiente de la Audiencia Nacional un escrito solicitando que se incorpore al procedimiento toda la información que el CNI pudiera tener sobre la masacre del Aaiún y ofrecerá la lista de aquellos testigos, que por ser personalidades de notoriedad pública y altos cargos del frente Polisario han mostrado su conformidad para declarar sin que su identidad sea mantenida en secreto. Esto demuestra la confianza puesta por la población saharaui y sus líderes en la Liga Española pro Derechos Humanos y en la Justicia española.
Es precisamente por esto, por lo que ante el llamamiento efectuado por el frente Polisario a la población saharaui para tomar las armas contra el Reino de Marruecos, la Liga Española pro Derechos Humanos quiere dejar claro que repudia toda forma de violencia, provenga de donde provenga, al tiempo que proclama el respeto por el Derecho Internacional, los derechos humanos y la Justicia como única forma de solución del conflicto y, esto no será posible hasta que el pueblo saharaui ejerza el derecho a elegir su futuro sobre su territorio por ser de Justicia y sobre todo su patria.
La Liga Española pro Derechos Humanos quiere recordar, que el Reino de Marruecos, ni cuando se firmaron los fatídicos acuerdos de Madrid de 1975 promovidos por la dictadura franquista era una democracia, ni es un Estado de Derecho de corte occidental, ni lo es ahora, ni tiene soberanía alguna en relación con el territorio del Sahara Occidental, ya que tales acuerdos carecen de validez alguna. Por consiguiente, para Naciones Unidas y el Derecho Internacional el territorio del Sahara Occidental, aun hoy, sigue estando en la lista de territorios no autónomos pendiente de descolonización y la democracia española tiene el deber de asumir sus responsabilidades con la Comunidad Internacional, y conducir el territorio a su plena emancipación.
Madrid 21 de noviembre de 2010
Es precisamente por esto, por lo que ante el llamamiento efectuado por el frente Polisario a la población saharaui para tomar las armas contra el Reino de Marruecos, la Liga Española pro Derechos Humanos quiere dejar claro que repudia toda forma de violencia, provenga de donde provenga, al tiempo que proclama el respeto por el Derecho Internacional, los derechos humanos y la Justicia como única forma de solución del conflicto y, esto no será posible hasta que el pueblo saharaui ejerza el derecho a elegir su futuro sobre su territorio por ser de Justicia y sobre todo su patria.
La Liga Española pro Derechos Humanos quiere recordar, que el Reino de Marruecos, ni cuando se firmaron los fatídicos acuerdos de Madrid de 1975 promovidos por la dictadura franquista era una democracia, ni es un Estado de Derecho de corte occidental, ni lo es ahora, ni tiene soberanía alguna en relación con el territorio del Sahara Occidental, ya que tales acuerdos carecen de validez alguna. Por consiguiente, para Naciones Unidas y el Derecho Internacional el territorio del Sahara Occidental, aun hoy, sigue estando en la lista de territorios no autónomos pendiente de descolonización y la democracia española tiene el deber de asumir sus responsabilidades con la Comunidad Internacional, y conducir el territorio a su plena emancipación.
Madrid 21 de noviembre de 2010
sábado, 20 de noviembre de 2010
ESPAÑA RESPONSABLE DE LA DESCOLONIZACIÓN DEL SAHARA
Este es un articulo de Jaime de Piniés Bianche hijo del Embajador Jaime de Pinies Rubio que cuenta de primera mano, lo que ya su padre afortunadamente dejo escrito y en un libro sobre el abandono del sahara.
Publicado en el Mundo, en la edicion del viernes 19 de noviembre de 2010
Publicado en el Mundo, en la edicion del viernes 19 de noviembre de 2010
jueves, 18 de noviembre de 2010
miércoles, 17 de noviembre de 2010
Razón de Estado y Sáhara
Publicado en la Gaceta el miercoles, 17 de noviembre de 2010
En sus orígenes, la filosofía de lo que hoy llamamos Estado de Derecho pretendía ofrecer una solución al problema de los limites que el poder político no podía transgredir y, estos, según sus principales teóricos, no podían ser más que éticos. Tras la revolución Industrial y burguesa que culmino con la independencia de las 13 colonias y el fin del absolutismo en Francia, con el ajusticiamiento de Luis XVI, el estado de derecho liberal identifica estos límites con el respeto a los derechos del hombre y del ciudadano, y establece una serie de mecanismos que imponen frenos al ejercicio del poder estatal, tales como la división de poderes, el imperio de la Ley o las independencia del poder judicial.En sus orígenes, la filosofía de lo que hoy llamamos Estado de Derecho pretendía ofrecer una solución al problema de los limites que el poder político no podía transgredir y, estos, según sus principales teóricos, no podían ser más que éticos. Tras la revolución Industrial y burguesa que culmino con la independencia de las 13 colonias y el fin del absolutismo en Francia, con el ajusticiamiento de Luis XVI, el estado de derecho liberal identifica estos límites con el respeto a los derechos del hombre y del ciudadano, y establece una serie de mecanismos que imponen frenos al ejercicio del poder estatal, tales como la división de poderes, el imperio de la Ley o las independencia del poder judicial.Estos límites, que en España nacieron viciados tras la Constitución de 1978 con una legislación especial como fue la ley antiterrorista que introdujo la excepción en la propia normalidad, fueron incapaces de evitar el GAL y los 26 asesinatos cometidos entre 1983 y 1987. Aun así, cuando los hechos irremisiblemente fueron conocidos, desde un decrépito Gobierno desbordado por los problemas de corrupción y una crisis económica galopante, se intentaron justificar, como ahora sucede con la masacre del Sáhara, en la razón de Estado. Entonces la ciudadanía dejó constancia de su madurez democrática y lo demostró rechazando esta argumentación en las elecciones de 1996. Sin embargo, ahora, cuando todos creíamos que el nuevo PSOE había aprendido la lección y estos episodios estaban asumidos, superados y por lo tanto eran irrepetibles en una democracia -si no avanzada, sí al menos madura-, las declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vertidas desde Seúl referidas a la masacre del Sáhara, producen perplejidad e inquietud. "Los intereses de España son los que el Gobierno tiene que poner por delante", declaró el jefe del Ejecutivo.
Este sentimiento fue y sigue siendo tan poderoso que a nadie extrañó la ausencia del PSOE en la multitudinaria manifestación del sábado pasado en Madrid, que aglutinó a líderes políticos, como el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons; el coordinador general de IU, Cayo Lara; la presidenta de UPyD, Rosa Díez, o los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CC OO, Ignacio Fernández Toxo. Además de a representantes del mundo de la cultura, como Pilar y Javier Bardem, y Rosa María Sardá, y de organizaciones humanitarias, como la Liga Pro Derechos Humanos, representada por su presidente, Francisco José Alonso. Pero, repito, lo que realmente resultó lacerante para los demócratas, lo que es una vergüenza dolorosa para todos los españoles, no fue la esperada ausencia del PSOE, sino el pronunciamiento del presidente Zapatero evocando la siniestra "razón de Estado" para amparar crímenes de lesa humanidad contra la nación saharaui.
El Gobierno, a través del fiscal general del Estado, debería reaccionar con el imperio de la ley, impulsando con base en el principio de justicia universal los procedimientos judiciales oportunos, sin esperar a que sean las indefensas víctimas o asociaciones como la mencionada Liga Pro Derechos Humanos quienes lo hagan. Y no sólo porque alguno de los muertos tenga la nacionalidad española, sino por los especiales vínculos del Sáhara occidental con España. Todos los saharauis son o han sido españoles real o potencialmente. Por otra parte, un informe de 2002 de Naciones Unidas señala que en el Acuerdo de Madrid (1975) España no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora. "España por sí sola no podía haber transferido unilateralmente", de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, y al hacerlo ha incurrido en dejación de funciones.
La investigación que la querella exige es complicada, ya que no se refiere sólo a hechos pasados, sino a lo que ahora mismo está sucediendo. Por otra parte, la información es difusa, imprecisa y difícil de verificar, ya que no han sido admitidos observadores imparciales, lo que resta veracidad a la versión de los querellados. Sin embargo, no es imposible, ya que estamos en la sociedad de la información y mucho material de vídeo y audio está disponible a través de Internet. Por otra parte, existen testigos presenciales, pero tienen miedo y se precisa una garantía de indemnidad para ellos y sus familias.
Pero lo prioritario en estos momentos no es la investigación de la masacre y el intento de destruir la nación saharaui, sino que ésta se detenga y que se respete el estatus jurídico establecido por las Naciones Unidas. Que esto sea posible algún día no es una cuestión de argumentos, sino de músculo. Es indispensable que una fuerza internacional evite esa masacre y haga aquello a lo que España renunció en su momento: tutelar a la nación saharaui hasta su emancipación.
*Pedro Martínez es fiscal en representación de la Liga ESpañolapro derechos humanos
En sus orígenes, la filosofía de lo que hoy llamamos Estado de Derecho pretendía ofrecer una solución al problema de los limites que el poder político no podía transgredir y, estos, según sus principales teóricos, no podían ser más que éticos. Tras la revolución Industrial y burguesa que culmino con la independencia de las 13 colonias y el fin del absolutismo en Francia, con el ajusticiamiento de Luis XVI, el estado de derecho liberal identifica estos límites con el respeto a los derechos del hombre y del ciudadano, y establece una serie de mecanismos que imponen frenos al ejercicio del poder estatal, tales como la división de poderes, el imperio de la Ley o las independencia del poder judicial.En sus orígenes, la filosofía de lo que hoy llamamos Estado de Derecho pretendía ofrecer una solución al problema de los limites que el poder político no podía transgredir y, estos, según sus principales teóricos, no podían ser más que éticos. Tras la revolución Industrial y burguesa que culmino con la independencia de las 13 colonias y el fin del absolutismo en Francia, con el ajusticiamiento de Luis XVI, el estado de derecho liberal identifica estos límites con el respeto a los derechos del hombre y del ciudadano, y establece una serie de mecanismos que imponen frenos al ejercicio del poder estatal, tales como la división de poderes, el imperio de la Ley o las independencia del poder judicial.Estos límites, que en España nacieron viciados tras la Constitución de 1978 con una legislación especial como fue la ley antiterrorista que introdujo la excepción en la propia normalidad, fueron incapaces de evitar el GAL y los 26 asesinatos cometidos entre 1983 y 1987. Aun así, cuando los hechos irremisiblemente fueron conocidos, desde un decrépito Gobierno desbordado por los problemas de corrupción y una crisis económica galopante, se intentaron justificar, como ahora sucede con la masacre del Sáhara, en la razón de Estado. Entonces la ciudadanía dejó constancia de su madurez democrática y lo demostró rechazando esta argumentación en las elecciones de 1996. Sin embargo, ahora, cuando todos creíamos que el nuevo PSOE había aprendido la lección y estos episodios estaban asumidos, superados y por lo tanto eran irrepetibles en una democracia -si no avanzada, sí al menos madura-, las declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vertidas desde Seúl referidas a la masacre del Sáhara, producen perplejidad e inquietud. "Los intereses de España son los que el Gobierno tiene que poner por delante", declaró el jefe del Ejecutivo.
Este sentimiento fue y sigue siendo tan poderoso que a nadie extrañó la ausencia del PSOE en la multitudinaria manifestación del sábado pasado en Madrid, que aglutinó a líderes políticos, como el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons; el coordinador general de IU, Cayo Lara; la presidenta de UPyD, Rosa Díez, o los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CC OO, Ignacio Fernández Toxo. Además de a representantes del mundo de la cultura, como Pilar y Javier Bardem, y Rosa María Sardá, y de organizaciones humanitarias, como la Liga Pro Derechos Humanos, representada por su presidente, Francisco José Alonso. Pero, repito, lo que realmente resultó lacerante para los demócratas, lo que es una vergüenza dolorosa para todos los españoles, no fue la esperada ausencia del PSOE, sino el pronunciamiento del presidente Zapatero evocando la siniestra "razón de Estado" para amparar crímenes de lesa humanidad contra la nación saharaui.
El Gobierno, a través del fiscal general del Estado, debería reaccionar con el imperio de la ley, impulsando con base en el principio de justicia universal los procedimientos judiciales oportunos, sin esperar a que sean las indefensas víctimas o asociaciones como la mencionada Liga Pro Derechos Humanos quienes lo hagan. Y no sólo porque alguno de los muertos tenga la nacionalidad española, sino por los especiales vínculos del Sáhara occidental con España. Todos los saharauis son o han sido españoles real o potencialmente. Por otra parte, un informe de 2002 de Naciones Unidas señala que en el Acuerdo de Madrid (1975) España no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora. "España por sí sola no podía haber transferido unilateralmente", de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, y al hacerlo ha incurrido en dejación de funciones.
La investigación que la querella exige es complicada, ya que no se refiere sólo a hechos pasados, sino a lo que ahora mismo está sucediendo. Por otra parte, la información es difusa, imprecisa y difícil de verificar, ya que no han sido admitidos observadores imparciales, lo que resta veracidad a la versión de los querellados. Sin embargo, no es imposible, ya que estamos en la sociedad de la información y mucho material de vídeo y audio está disponible a través de Internet. Por otra parte, existen testigos presenciales, pero tienen miedo y se precisa una garantía de indemnidad para ellos y sus familias.
Pero lo prioritario en estos momentos no es la investigación de la masacre y el intento de destruir la nación saharaui, sino que ésta se detenga y que se respete el estatus jurídico establecido por las Naciones Unidas. Que esto sea posible algún día no es una cuestión de argumentos, sino de músculo. Es indispensable que una fuerza internacional evite esa masacre y haga aquello a lo que España renunció en su momento: tutelar a la nación saharaui hasta su emancipación.
*Pedro Martínez es fiscal en representación de la Liga ESpañolapro derechos humanos
domingo, 14 de noviembre de 2010
El Sáhara no es un desierto, el olvido sí
Tribuna de opnio de Esteban Gonzalez Pons
El Sáhara no es un desierto. Es una tierra y una patria. Es un pueblo. Y, lo más importante, quiere seguir siendo todo eso. Hasta hace poco también fue una provincia española, pero desde hace mucho España se enfrenta al dilema de recordarlo, y amparar a quienes viven allí, o desentenderse cómodamente de lo que ocurra con ellos.
Algo así me dijo una adolescente saharaui, mientras lloraba y me apretaba la mano, y me repetía que no quería llorar. Marchábamos juntos en una manifestación para protestar una vez más por la represión que están sufriendo los habitantes de nuestra antigua colonia. Estaba muy nerviosa y hablaba deprisa, pero sus palabras se me enganchaban como anzuelos. "Pareces convencido de hacer lo correcto aunque no hagas lo suficiente, pero un político nunca hace lo correcto si no hace lo suficiente", me espetó. ¿Y si no está en mi mano?, le pregunté. Y otra vez que no lloraba aunque llorase.
A su padre lo mataron de una paliza y de su madre no tiene noticias desde que la policía asaltó el campamento en el que se encontraba refugiada. Una vez consiguió hablar con ella por teléfono pero la llamada se cortó antes de que pudiera decirle "mamá no llores", mientras lloraba. Me contaba que está acogida por una familia gallega con la que comparte sufrimiento y sueños, y que hoy la ha traído a Madrid para clamar contra la indiferencia con que el Gobierno de España contempla la destrucción a la que están sometiendo a los suyos. No comprende que podamos permanecer impasibles ante la tortura y la humillación sin límites sólo porque nos pueda convenir cerrar los ojos y silbar.
"El Presidente de tu país no condena la actitud genocida que los saharauis sufrimos por sus intereses políticos y comerciales, ¿verdad?". Mi silencio fue una respuesta elocuente. "Pues si los intereses se anteponen a los derechos humanos, ¿puedes explicarme qué tipo de lección estáis dando a vuestros hijos?". De nuevo no supe contestarle. "Mírame a los ojos. Tú y yo somos iguales y cualquiera de los dos puede morirse ahora mismo, y nada importará lo que tengas ahorrado, te tragará la tierra como a mí que soy pobre. ¿Lo entiendes?, las personas te guardarán en su corazón si les has ayudado, los objetos y el dinero no, por más atención que les dediques". Seguí callado.
Me pareció que llovía porque yo tampoco estaba dispuesto a aceptar que estuviera llorando. "Yo no quiero una bañera de mármol, ni unos zapatos de marca o una moto, me conformo con pasar las noches en una jaima junto a mi madre y mis hermanos y me parece increíble que eso pueda chocar con ningún interés nacional".
En la Cárcel Negra de El Aaiún dicen que había una higuera vieja pero generosa que quiso secarse para no escuchar cada noche hasta el alba los lamentos de los presos políticos. En la Cárcel Negra de El Aaiún dicen que los presos políticos duermen hacinados, pasan días sin comer y semanas sin ducharse, y cuando mueren desaparecen sus cuerpos. En la Cárcel Negra de El Aaiún los presos son casi todos políticos, simpatizantes con la causa de la independencia del Sáhara y dicen que sus invisibles verdugos parecen especialistas en degradar detenidos hasta dejarles la dignidad pelada de todo signo de esperanza. Si es verdad lo que dicen, esos carceleros y sus víctimas están ahí al lado, pero no miramos. O no los queremos ver.
¿Qué hacer mientras aún tenemos oportunidad? Después de 35 años de invasión lenta, continua y descarada, del Sáhara occidental ante la mirada distraída de España, potencia administradora del territorio, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, respecto de lo que ha pasado y lo que pueda pasar. Como mínimo podemos encender la luz para que el mundo vea lo que sucede, lo que están sangrando algunos de los hombres y mujeres más pobres de África. Hay naciones con el desierto afuera, en la piel, pero a otras el desierto se les puede poner adentro, en las entrañas. Y asumir que haya alguna política más importante que las personas es abrir un extenso desierto interior.
El respeto a los derechos humanos es una obligación universal y su violación nos concierne siempre. No hay razón política que justifique disimular el disgusto o taparse la nariz ante la demolición de las garantías mínimas del contrato social a nuestro alrededor. La joven saharaui tiene razón, si los intereses de España se confrontan con el respeto a los derechos humanos, el verdadero interés de todos es que prevalezcan los derechos. Por eso, debemos condenar la ocupación por la fuerza del antiguo Sahara Español, no sólo porque esté geográficamente cerca, ni siquiera porque sean nuestros hermanos, más bien porque son parte de nosotros mismos. Sí, porque muchos aún conservan su nacionalidad española, pero también porque sus derechos son nuestros derechos. Los de todos los hombres.
"No estoy llorando", me decía mientras lloraba y me clavaba sus uñas en la mano, "no quiero darte pena". Y no me la daba, sólo me entristecía pensar que, si los ingleses o los franceses hubieran sido responsables de un Sáhara con su nombre de apellido, no lo habrían desatendido como nosotros al Español. Porque el Sáhara no es un desierto, pero el olvido sí.
El Sáhara no es un desierto. Es una tierra y una patria. Es un pueblo. Y, lo más importante, quiere seguir siendo todo eso. Hasta hace poco también fue una provincia española, pero desde hace mucho España se enfrenta al dilema de recordarlo, y amparar a quienes viven allí, o desentenderse cómodamente de lo que ocurra con ellos.
Algo así me dijo una adolescente saharaui, mientras lloraba y me apretaba la mano, y me repetía que no quería llorar. Marchábamos juntos en una manifestación para protestar una vez más por la represión que están sufriendo los habitantes de nuestra antigua colonia. Estaba muy nerviosa y hablaba deprisa, pero sus palabras se me enganchaban como anzuelos. "Pareces convencido de hacer lo correcto aunque no hagas lo suficiente, pero un político nunca hace lo correcto si no hace lo suficiente", me espetó. ¿Y si no está en mi mano?, le pregunté. Y otra vez que no lloraba aunque llorase.
A su padre lo mataron de una paliza y de su madre no tiene noticias desde que la policía asaltó el campamento en el que se encontraba refugiada. Una vez consiguió hablar con ella por teléfono pero la llamada se cortó antes de que pudiera decirle "mamá no llores", mientras lloraba. Me contaba que está acogida por una familia gallega con la que comparte sufrimiento y sueños, y que hoy la ha traído a Madrid para clamar contra la indiferencia con que el Gobierno de España contempla la destrucción a la que están sometiendo a los suyos. No comprende que podamos permanecer impasibles ante la tortura y la humillación sin límites sólo porque nos pueda convenir cerrar los ojos y silbar.
"El Presidente de tu país no condena la actitud genocida que los saharauis sufrimos por sus intereses políticos y comerciales, ¿verdad?". Mi silencio fue una respuesta elocuente. "Pues si los intereses se anteponen a los derechos humanos, ¿puedes explicarme qué tipo de lección estáis dando a vuestros hijos?". De nuevo no supe contestarle. "Mírame a los ojos. Tú y yo somos iguales y cualquiera de los dos puede morirse ahora mismo, y nada importará lo que tengas ahorrado, te tragará la tierra como a mí que soy pobre. ¿Lo entiendes?, las personas te guardarán en su corazón si les has ayudado, los objetos y el dinero no, por más atención que les dediques". Seguí callado.
Me pareció que llovía porque yo tampoco estaba dispuesto a aceptar que estuviera llorando. "Yo no quiero una bañera de mármol, ni unos zapatos de marca o una moto, me conformo con pasar las noches en una jaima junto a mi madre y mis hermanos y me parece increíble que eso pueda chocar con ningún interés nacional".
En la Cárcel Negra de El Aaiún dicen que había una higuera vieja pero generosa que quiso secarse para no escuchar cada noche hasta el alba los lamentos de los presos políticos. En la Cárcel Negra de El Aaiún dicen que los presos políticos duermen hacinados, pasan días sin comer y semanas sin ducharse, y cuando mueren desaparecen sus cuerpos. En la Cárcel Negra de El Aaiún los presos son casi todos políticos, simpatizantes con la causa de la independencia del Sáhara y dicen que sus invisibles verdugos parecen especialistas en degradar detenidos hasta dejarles la dignidad pelada de todo signo de esperanza. Si es verdad lo que dicen, esos carceleros y sus víctimas están ahí al lado, pero no miramos. O no los queremos ver.
¿Qué hacer mientras aún tenemos oportunidad? Después de 35 años de invasión lenta, continua y descarada, del Sáhara occidental ante la mirada distraída de España, potencia administradora del territorio, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, respecto de lo que ha pasado y lo que pueda pasar. Como mínimo podemos encender la luz para que el mundo vea lo que sucede, lo que están sangrando algunos de los hombres y mujeres más pobres de África. Hay naciones con el desierto afuera, en la piel, pero a otras el desierto se les puede poner adentro, en las entrañas. Y asumir que haya alguna política más importante que las personas es abrir un extenso desierto interior.
El respeto a los derechos humanos es una obligación universal y su violación nos concierne siempre. No hay razón política que justifique disimular el disgusto o taparse la nariz ante la demolición de las garantías mínimas del contrato social a nuestro alrededor. La joven saharaui tiene razón, si los intereses de España se confrontan con el respeto a los derechos humanos, el verdadero interés de todos es que prevalezcan los derechos. Por eso, debemos condenar la ocupación por la fuerza del antiguo Sahara Español, no sólo porque esté geográficamente cerca, ni siquiera porque sean nuestros hermanos, más bien porque son parte de nosotros mismos. Sí, porque muchos aún conservan su nacionalidad española, pero también porque sus derechos son nuestros derechos. Los de todos los hombres.
"No estoy llorando", me decía mientras lloraba y me clavaba sus uñas en la mano, "no quiero darte pena". Y no me la daba, sólo me entristecía pensar que, si los ingleses o los franceses hubieran sido responsables de un Sáhara con su nombre de apellido, no lo habrían desatendido como nosotros al Español. Porque el Sáhara no es un desierto, pero el olvido sí.
sábado, 13 de noviembre de 2010
Miles de personas marchan en Madrid por la libertad de los saharauis
MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
Miles de personas, entre las que se encontraban líderes políticos y sindicales además de representantes del mundo de la cultura, se han manifestado por el centro de Madrid para denunciar la represión marroquí en el Sáhara Occidental y pedir al Gobierno español que no se supedite a sus intereses con el reino alauí y condene la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes en El Aaiún la última semana.
La manifestación ha comenzado en Atocha y ha estado encabezada por una pancarta que rezaba "Marruecos. Fuera del Sáhara 35 años después", tras la que se han situado el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, y el presidente de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, así como los líderes de IU y UPyD, Cayo Lara y Rosa Díez respectivamente, y los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.
Una de las personalidades políticas cuya asistencia había sido anunciada era la del secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, quien finalmente ha decidido no acudir. De hecho, a los únicos socialistas que se ha visto en la marcha, aunque fuera de la cabecera, ha sido al alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, y al diputado Antonio Gutiérrez.
En la cabecera también se han situado representantes del mundo de la cultura, principalmente actores y directores de cine, como Javier y Pilar Bardem, Rosa María Sardá, Fernando Colomo, Lola Dueñas o Eduardo Noriega.
ACTORES Y POLÍTICOS EN LA CABECERA
El actor Javier Bardem ha sido uno de los primeros en tomar la palabra para calificar al Ejecutivo marroquí como "gobierno entre comillas" y acusarle de "hacer prisionero" al pueblo saharaui durante 35 años. "La relación de interés de España con Marruecos no puede estar por encima de la violación de los Derechos Humanos, incluidos la tortura y los asesinatos. Lo que puede llegar a pasar es lo que parece que quieren que pase, que es el conflicto bélico", ha advertido.
Después de que algunos manifestantes le increparan al gritarle que se fuera, González Pons ha cargado también contra la actuación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero porque "los Derechos Humanos no pueden someterse a los intereses" de España, los cuales, ha añadido, no son los que están "manchados de sangre", sino que "tienen que estar siempre limpios".
Para Cayo Lara, es "inconcebible" que el Gobierno español no haya condenado los sucesos en El Aaiún, pero ha augurado que la "protesta popular" se irá "intensificando", ya que, en su opinión, en el Sáhara Occidental se ha cometido una "violación flagrante de los Derechos Humanos", de modo que ha exigido tanto al Ejecutivo como a la UE y la ONU que "tomen medidas" contra Rabat.
Los secretarios generales de UGT y CCOO han criticado al Gobierno español por su "indiferencia" y no tomar partido en el conflicto saharaui y le han pedido "reflexionar seriamente" en este asunto. Méndez ha ido más allá al "lamentar profundamente la indiferencia de la UE", pues el convenio de asociación que mantiene con Marruecos "exige claramente el respeto a los Derechos Humanos".
Como los demás, Rosa Díez ha hecho hincapié en la defensa de los Derechos Humanos y la legalidad internacional porque "no se puede ceder en una causa justa como esta". "Se ha masacrado a la gente más débil, los políticos no pueden poner sus intereses por encima de sus principios", ha añadido.
QUEMA DE BANDERAS
La marcha, que ha comenzado pasadas las 12.00 horas, se ha ido desarrollando lentamente debido a la gran afluencia de participantes, que han llenado la calle Atocha hasta llegar a la Puerta del Sol. Durante el recorrido, varios saharauis han quemado banderas de Marruecos y han roto varias fotos del rey Mohamed VI.
Entre gritos de 'Zapatero traidor', 'Marruecos culpable, España responsable', 'Queremos guerra' o 'Sáhara libertad, Polisario vencerá', así como pancartas con la foto del niño saharaui muerto por disparos de la Policía marroquí el pasado mes de octubre, la manifestación ha llegado a la Puerta del Sol, que ha quedado atestada de gente poco antes de las 14.00 horas. Allí, Javier Bardem y Rosa María Sardá han sido los encargados de leer el manifiesto en solidaridad con el pueblo saharaui.
"El régimen marroquí muestra una vez más al mundo entero que sólo conoce el lenguaje de la violencia, el odio y la violación de los Derechos Humanos", ha señalado Sardá. Por su parte, Bardem ha instado a la UE y al Gobierno español a condenar la "brutal represión" llevada a cabo por las fuerzas marroquíes y a "hacer un llamamiento al rey de Marruecos para que ponga fin a esta violencia injustificada, desproporcionada y cruel".
Representantes de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) han sido también muy críticos con la actuación del Gobierno español al denunciar las declaraciones de esta semana del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien dijo que el Ejecutivo no podía influir en la decisión de Marruecos de vetar el acceso a la prensa a El Aaiún porque "la admisión en territorio forma parte del núcleo de la soberanía de un país".
También han lamentado que la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, haya faltado a la manifestación, ya que, según han recordado, era habitual su asistencia a este tipo de marchas "portando la bandera saharaui".
CONCENTRACIÓN EN FERRAZ
Una vez finalizado el acto en la Puerta del Sol, alrededor de 200 personas han continuado la protesta en la sede socialista de la calle Ferraz, donde aproximadamente una veintena de agentes de la Policía Nacional se han visto obligados a cortar el tráfico.
Los policías han situado un furgón para impedir el paso al grupo de personas que avanzaba hacia la sede del PSOE. Al grito de 'PSOE patrocina, Marruecos asesina' y 'No sois socialistas, sois unos fascistas', los manifestantes, acompañados de los actores Willy Toledo y Alberto San Juan, han ocupado la calzada y, de forma pacífica, se han quedado detrás del cordón policial. Después han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas saharauis.
Miles de personas, entre las que se encontraban líderes políticos y sindicales además de representantes del mundo de la cultura, se han manifestado por el centro de Madrid para denunciar la represión marroquí en el Sáhara Occidental y pedir al Gobierno español que no se supedite a sus intereses con el reino alauí y condene la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes en El Aaiún la última semana.
La manifestación ha comenzado en Atocha y ha estado encabezada por una pancarta que rezaba "Marruecos. Fuera del Sáhara 35 años después", tras la que se han situado el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, y el presidente de Nuevas Generaciones, Nacho Uriarte, así como los líderes de IU y UPyD, Cayo Lara y Rosa Díez respectivamente, y los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.
Una de las personalidades políticas cuya asistencia había sido anunciada era la del secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, quien finalmente ha decidido no acudir. De hecho, a los únicos socialistas que se ha visto en la marcha, aunque fuera de la cabecera, ha sido al alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, y al diputado Antonio Gutiérrez.
En la cabecera también se han situado representantes del mundo de la cultura, principalmente actores y directores de cine, como Javier y Pilar Bardem, Rosa María Sardá, Fernando Colomo, Lola Dueñas o Eduardo Noriega.
ACTORES Y POLÍTICOS EN LA CABECERA
El actor Javier Bardem ha sido uno de los primeros en tomar la palabra para calificar al Ejecutivo marroquí como "gobierno entre comillas" y acusarle de "hacer prisionero" al pueblo saharaui durante 35 años. "La relación de interés de España con Marruecos no puede estar por encima de la violación de los Derechos Humanos, incluidos la tortura y los asesinatos. Lo que puede llegar a pasar es lo que parece que quieren que pase, que es el conflicto bélico", ha advertido.
Después de que algunos manifestantes le increparan al gritarle que se fuera, González Pons ha cargado también contra la actuación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero porque "los Derechos Humanos no pueden someterse a los intereses" de España, los cuales, ha añadido, no son los que están "manchados de sangre", sino que "tienen que estar siempre limpios".
Para Cayo Lara, es "inconcebible" que el Gobierno español no haya condenado los sucesos en El Aaiún, pero ha augurado que la "protesta popular" se irá "intensificando", ya que, en su opinión, en el Sáhara Occidental se ha cometido una "violación flagrante de los Derechos Humanos", de modo que ha exigido tanto al Ejecutivo como a la UE y la ONU que "tomen medidas" contra Rabat.
Los secretarios generales de UGT y CCOO han criticado al Gobierno español por su "indiferencia" y no tomar partido en el conflicto saharaui y le han pedido "reflexionar seriamente" en este asunto. Méndez ha ido más allá al "lamentar profundamente la indiferencia de la UE", pues el convenio de asociación que mantiene con Marruecos "exige claramente el respeto a los Derechos Humanos".
Como los demás, Rosa Díez ha hecho hincapié en la defensa de los Derechos Humanos y la legalidad internacional porque "no se puede ceder en una causa justa como esta". "Se ha masacrado a la gente más débil, los políticos no pueden poner sus intereses por encima de sus principios", ha añadido.
QUEMA DE BANDERAS
La marcha, que ha comenzado pasadas las 12.00 horas, se ha ido desarrollando lentamente debido a la gran afluencia de participantes, que han llenado la calle Atocha hasta llegar a la Puerta del Sol. Durante el recorrido, varios saharauis han quemado banderas de Marruecos y han roto varias fotos del rey Mohamed VI.
Entre gritos de 'Zapatero traidor', 'Marruecos culpable, España responsable', 'Queremos guerra' o 'Sáhara libertad, Polisario vencerá', así como pancartas con la foto del niño saharaui muerto por disparos de la Policía marroquí el pasado mes de octubre, la manifestación ha llegado a la Puerta del Sol, que ha quedado atestada de gente poco antes de las 14.00 horas. Allí, Javier Bardem y Rosa María Sardá han sido los encargados de leer el manifiesto en solidaridad con el pueblo saharaui.
"El régimen marroquí muestra una vez más al mundo entero que sólo conoce el lenguaje de la violencia, el odio y la violación de los Derechos Humanos", ha señalado Sardá. Por su parte, Bardem ha instado a la UE y al Gobierno español a condenar la "brutal represión" llevada a cabo por las fuerzas marroquíes y a "hacer un llamamiento al rey de Marruecos para que ponga fin a esta violencia injustificada, desproporcionada y cruel".
Representantes de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) han sido también muy críticos con la actuación del Gobierno español al denunciar las declaraciones de esta semana del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien dijo que el Ejecutivo no podía influir en la decisión de Marruecos de vetar el acceso a la prensa a El Aaiún porque "la admisión en territorio forma parte del núcleo de la soberanía de un país".
También han lamentado que la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, haya faltado a la manifestación, ya que, según han recordado, era habitual su asistencia a este tipo de marchas "portando la bandera saharaui".
CONCENTRACIÓN EN FERRAZ
Una vez finalizado el acto en la Puerta del Sol, alrededor de 200 personas han continuado la protesta en la sede socialista de la calle Ferraz, donde aproximadamente una veintena de agentes de la Policía Nacional se han visto obligados a cortar el tráfico.
Los policías han situado un furgón para impedir el paso al grupo de personas que avanzaba hacia la sede del PSOE. Al grito de 'PSOE patrocina, Marruecos asesina' y 'No sois socialistas, sois unos fascistas', los manifestantes, acompañados de los actores Willy Toledo y Alberto San Juan, han ocupado la calzada y, de forma pacífica, se han quedado detrás del cordón policial. Después han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas saharauis.
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