A vueltas con la justicia
Creado 2012-01-22 08:54
Entradilla:
Pedro Martínez. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo funcionan los órganos judiciales. Publicado en la Gaceta
La Justicia en una sociedad democrática avanzada debe ser contemplada no sólo como poder judicial, sino también como servicio público. Sin embargo, desde que en España iniciamos el actual periodo democrático, ha primado la visión de la Justicia como poder. Es cierto que, durante el régimen franquista, la Justicia carecía de independencia, quedando en manos del Ejecutivo, lo que se oficializó en 1952, con la creación del Consejo Judicial, órgano gubernamental encargado de calificar a los jueces y magistrados para ascensos, nombramientos, etc. y de unidad jurisdiccional, existiendo junto a la jurisdicción ordinaria, la canónica, la militar, con una extensión desmesurada, y la de orden público creada a fines de 1963, con fundamento en la Ley de Orden Público de 1959. Esta situación fue motivo de preocupación preferente para el legislador constituyente, que quiso devolver a la Justicia la legitimidad democrática que la dictadura le había arrebatado al romper la separación de poderes; así pues, la Constitución de 1978 le dio legitimidad pero no eficacia, ya que la eficacia es atributo del servicio público pero no del poder, y esto no fue contemplado.
Pero ahora que nos encontramos en una fase de normalidad democrática, las encuestas y los medios de comunicación resaltan la falta de eficacia de la Justicia, su hermetismo, incluso “su lenguaje”, y sobre todo su incapacidad para justificar sus decisiones y comunicarse con la sociedad. Los ciudadanos la perciben como una burocracia pesada, lenta y opaca, obsesionada con el papel y la escritura, intransigente con las nuevas tecnologías de la comunicación. A la vez que resulta implacable para el ciudadano, lo primero que exige es el sacrificio del tiempo, los desplazamientos, las esperas, las suspensiones, la ausencia de explicaciones. En algunos casos, incluso, como es el de las víctimas y testigos protegidos, resulta hasta cruel, ya que les exige una colaboración extrema, en ocasiones heroica, sin preocuparse por su indemnidad, provocando una segunda victimización.
Por consiguiente, debemos reconocer que el actual sistema es injusto y resulta un anacronismo en la sociedad de la transparencia y la información.
La Justicia necesita un gestor externo que la racionalice, modernice y le dé eficiencia. Los de dentro, los jueces, fiscales, funcionarios, incluso abogados... no hacen más que justificar su papeleo, su lenguaje del XVIII, su falta de organización informatizada, sus larguísimas sentencias. Visite usted un juzgado y comprobará que parece una oficina de la época de la Ilustración y no un centro de trabajo de la era digital. Por más dinero y personal que se aporte, la Justicia seguirá igual de lenta y cargante para el ciudadano, porque los que estamos dentro de su viciado sistema carecemos de capacidad de reorganizarla en profundidad. No se trata, pues, de clonar juzgados, extendiendo un sistema de islotes de conocimiento que impide que la información se comparta y pueda ser reutilizada por el conjunto del sistema, reduciendo costes, duplicidades, tiempo y evitando que se produzca una cadena de errores judiciales como la que determinó el caso Mari Luz, perfectamente evitable con un sistema de información compartida.
El Ministerio de Justicia, en el formato constitucional que reintroduce la separación de poderes, debería haber sido ese “gestor externo”, pero ha estado más preocupado por el poder que por la gestión, por influenciar en los nombramientos judiciales que por los ciudadanos, por las estadísticas que por la calidad del servicio... Tampoco el legislador ha demostrado sensibilidad suficiente; así la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, al excluir a la Administración de Justicia de su ámbito de aplicación, ahonda en el retraso secular de la Justicia, que continúa obsesionada con el secretismo y el papel. Por el contrario, es preciso una Administración de Justicia digital, en la que la nueva oficina judicial deba relacionarse con los ciudadanos mediante los nuevos canales, de los que Internet es la estrella, acercando los servicios a los despachos de los profesionales y a los hogares de los ciudadanos. Eso supone que los trámites abandonen el formato del papel, y pasen a realizarse en un fichero electrónico.
Por otra parte, en una democracia avanzada la transparencia debe ser la regla y el secreto la excepción, porque el peligro de abuso del poder y de corrupción se incrementa cuando se actúa en secreto. Por eso la Justicia, en cuanto administración, debe estar regida por el principio de transparencia sin perjuicio de que en cada trámite se deba estar a lo establecido en las leyes procesales. Conviene recordar que ya los pensadores de la Ilustración introdujeron la publicidad como una garantía del proceso y proscribieron los juicios secretos; pues bien, en el s. XXI, en pleno desarrollo de la sociedad de la información, la publicidad del proceso no es suficiente garantía; es preciso la transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo funcionan los órganos judiciales, su nivel de eficacia, su tiempo de respuesta, incluso el coste de sus investigaciones…
En conclusión, la modernización y adaptación de la Justicia a la era digital no es sólo una cuestión de euros que multiplique lo ya existente, sino de una nueva configuración de la Administración de Justicia en la que prime el servicio público y retomar esa función de gestor externo.
*Pedro Martínez es fiscal de la Comunidad de Madrid.
Liga española pro derechos humanos
Liga española pro derechos humanos
viernes, 13 de abril de 2012
domingo, 10 de julio de 2011
Wikileaks, es una exigencia de la transparencia democrática.
Wikileaks, es una exigencia de la transparencia democrática.
El mundo ha cambiado, Internet está haciendo que el mundo se vuelva transparente. Y la política es uno de esos aspectos que más está cambiando, de hecho está perdiendo su turbiedad.
El derecho de acceso a la información, reconocido por la legislación internacional y en toda la Unión Europea menos en España, nos otorga a todos ,el derecho a saber qué hacen nuestros Gobiernos. El principio fundamental del derecho a saber es que las autoridades públicas trabajan en nombre de los ciudadanos y no para poderes ocultos, en consecuencia, la transparencia debe ser la regla y el secreto la excepción. En una sociedad democrática el secreto es justificable únicamente si la publicación pudiera desencadenar un daño grave a la seguridad nacional o los derechos de los ciudadanos. Pero la vergüenza pública no es un daño grave.
Wikileaks es uno de esos proyectos que está haciendo que la política pierda su opacidad y empieza a levantar el velo. Por primera vez podemos ver como funciona la política realmente y, esto hace que la percepción de corrupción se generalice y los ciudadanos reclamen cambios. Muchos de los documentos de Wikileaks humillan directamente a algunos Gobiernos porque muestran los tejemanejes detrás de los focos, demuestran como engañan a los ciudadanos, como dicen una cosa frente al público y a sus espaldas hacen lo contrario. El caso Couso, o el traslado ilegal de prisioneros a Guantánamo haciendo escala en España, es un claro ejemplo. Sin embargo a pesar de la gravedad de los hechos y, el impacto producido al saberse que no solo el Gobierno, sino que también el propio Fiscal General, había sido clave para frenar y manipular las actuaciones de la justicia, no solo, no se le han exigido explicaciones, sino que pretenden promocionarlo a magistrado del Tribunal Constitucional. Es una clara humillación a los ciudadanos.
¿Pero por que surge Wikileaks ? Por que es la naturaleza misma de Internet, esta en su origen. En los fundamentos de Internet está el compartir, para eso surgió. Sus protocolos, las reglas que lo hacen posible, fueron creados con esa idea, para que la información y el conocimiento no se destruyera, incluso en el caso de un desastre nuclear y, que en las peores circunstancias se adaptará, se reconectará y, se reconfigurará de una manera distinta. Nunca se pensó en un Internet para ocultar o restringir, va en contra de su naturaleza. Por eso Wikileaks esta en la filosofía de internet y, si Wikileaks desaparee surgirá otro proyecto.
Internet esta haciendo que la transparencia sea una realidad y cuando los Gobiernos ocultan información clave para una ciudadanía responsable, como es el caso de España, en donde sin ir más lejos, el mismo proyecto de ley de transparencia tuvo que ser filtrado, ya que el Gobierno negaba a través del silencio el acceso al mismo, la presión se acumula y las informaciones son finalmente filtradas.
La forma de funcionar la sociedad esta cambiando, Internet hace que resulte cada vez mas difícil ocultar la información y todo esto repercute en la política. Hoy tenemos protestas de ciudadanos no adscritos a ninguna corriente en particular, que han disparado movimiento civiles de largo alcance como la Spanish Revolution; se trata de protestas autorganizadas, sin líderes en las que participan todo el que quiere, y todo esta soportado en Internet. Esto significa que las reglas del juego están cambiando y la política no volverá a ser la misma porque de ahora en adelante el público exigirá mayor transparencia, más honestidad y mejor rendición de cuentas, sin embargo los políticos tradicionales ni se han dado cuenta de ello. Al contrario, algunos intentan pararlo y llegan hasta el uso de la fuerza en su desesperación.
El mundo ha cambiado, Internet está haciendo que el mundo se vuelva transparente. Y la política es uno de esos aspectos que más está cambiando, de hecho está perdiendo su turbiedad.
El derecho de acceso a la información, reconocido por la legislación internacional y en toda la Unión Europea menos en España, nos otorga a todos ,el derecho a saber qué hacen nuestros Gobiernos. El principio fundamental del derecho a saber es que las autoridades públicas trabajan en nombre de los ciudadanos y no para poderes ocultos, en consecuencia, la transparencia debe ser la regla y el secreto la excepción. En una sociedad democrática el secreto es justificable únicamente si la publicación pudiera desencadenar un daño grave a la seguridad nacional o los derechos de los ciudadanos. Pero la vergüenza pública no es un daño grave.
Wikileaks es uno de esos proyectos que está haciendo que la política pierda su opacidad y empieza a levantar el velo. Por primera vez podemos ver como funciona la política realmente y, esto hace que la percepción de corrupción se generalice y los ciudadanos reclamen cambios. Muchos de los documentos de Wikileaks humillan directamente a algunos Gobiernos porque muestran los tejemanejes detrás de los focos, demuestran como engañan a los ciudadanos, como dicen una cosa frente al público y a sus espaldas hacen lo contrario. El caso Couso, o el traslado ilegal de prisioneros a Guantánamo haciendo escala en España, es un claro ejemplo. Sin embargo a pesar de la gravedad de los hechos y, el impacto producido al saberse que no solo el Gobierno, sino que también el propio Fiscal General, había sido clave para frenar y manipular las actuaciones de la justicia, no solo, no se le han exigido explicaciones, sino que pretenden promocionarlo a magistrado del Tribunal Constitucional. Es una clara humillación a los ciudadanos.
¿Pero por que surge Wikileaks ? Por que es la naturaleza misma de Internet, esta en su origen. En los fundamentos de Internet está el compartir, para eso surgió. Sus protocolos, las reglas que lo hacen posible, fueron creados con esa idea, para que la información y el conocimiento no se destruyera, incluso en el caso de un desastre nuclear y, que en las peores circunstancias se adaptará, se reconectará y, se reconfigurará de una manera distinta. Nunca se pensó en un Internet para ocultar o restringir, va en contra de su naturaleza. Por eso Wikileaks esta en la filosofía de internet y, si Wikileaks desaparee surgirá otro proyecto.
Internet esta haciendo que la transparencia sea una realidad y cuando los Gobiernos ocultan información clave para una ciudadanía responsable, como es el caso de España, en donde sin ir más lejos, el mismo proyecto de ley de transparencia tuvo que ser filtrado, ya que el Gobierno negaba a través del silencio el acceso al mismo, la presión se acumula y las informaciones son finalmente filtradas.
La forma de funcionar la sociedad esta cambiando, Internet hace que resulte cada vez mas difícil ocultar la información y todo esto repercute en la política. Hoy tenemos protestas de ciudadanos no adscritos a ninguna corriente en particular, que han disparado movimiento civiles de largo alcance como la Spanish Revolution; se trata de protestas autorganizadas, sin líderes en las que participan todo el que quiere, y todo esta soportado en Internet. Esto significa que las reglas del juego están cambiando y la política no volverá a ser la misma porque de ahora en adelante el público exigirá mayor transparencia, más honestidad y mejor rendición de cuentas, sin embargo los políticos tradicionales ni se han dado cuenta de ello. Al contrario, algunos intentan pararlo y llegan hasta el uso de la fuerza en su desesperación.
viernes, 8 de julio de 2011
Rubalcaba, la ESGAE y el sacrificio del Príncipe.
Rubalcaba, la ESGAE y, sacrificio del Principe.
Ahora todo el mundo reclama el protagonismo en la reciente investigación de la SGAE y Rubalcaba no podía ser menos, y se ufana de haber mandado la investigación. Así el miércoles 6 de julio ha argumentado, en rueda de prensa, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) "Hay quien me pide responsabilidades. No voy a negar que la Guardia Civil depende de mí y por lo tanto, la responsabilidad de la investigación es mía, eso es todo lo que tengo que decir. A partir de ahí hay una investigación y vamos a esperar a que acabe".
En realidad las cosas no son así. No se puede negar que orgánicamente la Guardia Civil esta encuadrada en el ministerio del interior, pero en cuanto policía judicial, que es, depende de los jueces y fiscales. De todas formas, si Rubalcaba quiere dar explicaciones, que empiece por explicar las razones por las cuales la investigación de la Guardia Civil se inicia tardíamente, permitiendo que la situación antijurídica denunciada en 2007 se perpetúe en el tiempo hasta 2011, con perjuicio para el erario publico, los propios socios y los ciudadanos en general.
Todos tenemos derecho a saber si una mano negra ha tratado de paralizar la investigación primero y controlarla después, para impedir, entre otras cosas, el ingreso en prisión de Teddy Bautista, que en estos momentos se presenta como el enemigo numero uno de la sociedad, pero la Fiscalia no intereso su prisión, cuando en imputaciones mucho mas livianas, caso Gurtel por ejemplo, si que lo ha hecho. Por otra parte, a pesar de todas las maldades que se han publicado sobre las actividades que venia desarrollando al frente de la SGAE, da la sensación de que todo el mundo lo sabia, o lo sospechaba, pero todos callaban, unos por el negocio, otros por conveniencia, algunos por temor, a la vista de como las gastaba el Sr Teddy, pero pocos por convicción y amistad. Ahora parece que todos se alegran, no quieren saber nada de aquellos con los que compartieron lemas y pancartas. El propio Zapatero ha negado cualquier vinculo o amistad con ellos y ahora quieren sacar beneficio del proceso. No solo Rubalcaba reclama su parte de la piel del oso, al jactarse de haber propiciado la investigación para descabecar a tan malévola institución, también los propios socios utilizan el Auto del juez Ruz para reclamar nuevas elecciones y mas transparencia y, los propios denunciantes pugnan entre ellos para atribuirse el mérito de una estrategia de la que carecen.
Pero la SGAE aunque descabezada y noqueada, no esta muerta conserva una gran capacidad de influencia en la política nacional y reconocimiento internacional y, al igual que el PSOE , en un ejercicio de hipocresía nunca visto, intenta reinventarse ofreciendo todo lo contrario de las políticas que practicadas durante su gobierno, lanzando guiños al movimiento gay, al 15m, a las feministas...la Sgae intentara lo mismo, y ambos pretenderán salvar la situación en la que se encuentran ofreciendo la cabeza de su respectivo príncipe en el altar de la crisis.
Pero al igual que las las políticas sociales y económicas seguirán igual con Rubalcaba como Presidente del Gobierno, en el hipotético casoy de que el PESOE ganara las elecciones, la Sgae seguirá con idénticos modelos de negocio, incluso con idénticas alianzas y, el proceso judicial, que difícilmente progresara sino se persona un acusador particular, solo habrá servido para que aparezca un nuevo Rubalcaba al frente de la SGAE. En definitiva, mas de lo mismo pero con diferentes caras.
Ahora todo el mundo reclama el protagonismo en la reciente investigación de la SGAE y Rubalcaba no podía ser menos, y se ufana de haber mandado la investigación. Así el miércoles 6 de julio ha argumentado, en rueda de prensa, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) "Hay quien me pide responsabilidades. No voy a negar que la Guardia Civil depende de mí y por lo tanto, la responsabilidad de la investigación es mía, eso es todo lo que tengo que decir. A partir de ahí hay una investigación y vamos a esperar a que acabe".
En realidad las cosas no son así. No se puede negar que orgánicamente la Guardia Civil esta encuadrada en el ministerio del interior, pero en cuanto policía judicial, que es, depende de los jueces y fiscales. De todas formas, si Rubalcaba quiere dar explicaciones, que empiece por explicar las razones por las cuales la investigación de la Guardia Civil se inicia tardíamente, permitiendo que la situación antijurídica denunciada en 2007 se perpetúe en el tiempo hasta 2011, con perjuicio para el erario publico, los propios socios y los ciudadanos en general.
Todos tenemos derecho a saber si una mano negra ha tratado de paralizar la investigación primero y controlarla después, para impedir, entre otras cosas, el ingreso en prisión de Teddy Bautista, que en estos momentos se presenta como el enemigo numero uno de la sociedad, pero la Fiscalia no intereso su prisión, cuando en imputaciones mucho mas livianas, caso Gurtel por ejemplo, si que lo ha hecho. Por otra parte, a pesar de todas las maldades que se han publicado sobre las actividades que venia desarrollando al frente de la SGAE, da la sensación de que todo el mundo lo sabia, o lo sospechaba, pero todos callaban, unos por el negocio, otros por conveniencia, algunos por temor, a la vista de como las gastaba el Sr Teddy, pero pocos por convicción y amistad. Ahora parece que todos se alegran, no quieren saber nada de aquellos con los que compartieron lemas y pancartas. El propio Zapatero ha negado cualquier vinculo o amistad con ellos y ahora quieren sacar beneficio del proceso. No solo Rubalcaba reclama su parte de la piel del oso, al jactarse de haber propiciado la investigación para descabecar a tan malévola institución, también los propios socios utilizan el Auto del juez Ruz para reclamar nuevas elecciones y mas transparencia y, los propios denunciantes pugnan entre ellos para atribuirse el mérito de una estrategia de la que carecen.
Pero la SGAE aunque descabezada y noqueada, no esta muerta conserva una gran capacidad de influencia en la política nacional y reconocimiento internacional y, al igual que el PSOE , en un ejercicio de hipocresía nunca visto, intenta reinventarse ofreciendo todo lo contrario de las políticas que practicadas durante su gobierno, lanzando guiños al movimiento gay, al 15m, a las feministas...la Sgae intentara lo mismo, y ambos pretenderán salvar la situación en la que se encuentran ofreciendo la cabeza de su respectivo príncipe en el altar de la crisis.
Pero al igual que las las políticas sociales y económicas seguirán igual con Rubalcaba como Presidente del Gobierno, en el hipotético casoy de que el PESOE ganara las elecciones, la Sgae seguirá con idénticos modelos de negocio, incluso con idénticas alianzas y, el proceso judicial, que difícilmente progresara sino se persona un acusador particular, solo habrá servido para que aparezca un nuevo Rubalcaba al frente de la SGAE. En definitiva, mas de lo mismo pero con diferentes caras.
martes, 5 de julio de 2011
La SGAE y la piel del Oso
Decía en la tribuna anterior que me preocupaba el tiempo transcurrido desde que se formaliza la denuncia contra la SGAE ante la Fiscalía Anticorrupción, noviembre de 2007, hasta que esta decide judicializarla en 2010 y desde entonces hasta los registros y detenciones actuales. ¿Qué investigaciones ha llevado a cabo la Fiscalía antes de judicializar el tema? ¿Por qué, una vez en sede judicial aparentemente se inicia la actividad procesal tan tardíamente?, añadía, que las interrogantes sin duda deben tener una respuesta razonable, ya que un periodo de tiempo tan prolongado, casi cuatro años, puede significar la prescripción de los delitos investigados.
Ahora quiero facilitar normas y datos para que cada uno saque sus conclusiones. La norma que rige las investigaciones de la Fiscalia es la contenida en el articulo 5 de su estatuto orgánico que dice así : "El Fiscal podrá recibir denuncias, envidándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo, cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante...Igualmente, y para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan en los atestados de los que conozca, puede llevar a cabo u ordenar diligencias ... A tal fin, el Fiscal recibirá declaración al sospechoso...La duración de esas diligencias habrá de ser proporcionada a la naturaleza del hecho investigado, sin que pueda exceder de seis meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del Fiscal General del Estado...Transcurrido el oportuno plazo, si la investigación hubiera evidenciado hechos de significación penal y sea cual fuese el estado de las diligencias, el Fiscal procederá a su judicialización, formulando al efecto la oportuna denuncia o querella, a menos que resultara procedente su archivo".
Sobre esta norma veamos las fechas que se extraen del propio auto del juez Ruz. La denuncia originaria es de noviembre de 2007, pero las diligencias de investigación son las 4/09, es decir se incoaron en 2009 -primera irregularidad- se sobreapasa el plazo, las diligencias de investigación tienen que abrirse al recibirse la denuncia en ese periodo inicial y solicitar la prorroga en el plazo legal, que en el caso que nos ocupa en atención a la naturaleza de los delitos denunciados podría ser de un año, pero aun así el plazo se sobrepasa con creces. Da la sensación de que dejaron la denuncia durmiendo en un cajón, hasta que a raíz de que los denunciantes reclaman a la Fiscalia, se despiertan y deciden incoar las diligencias de investigación 4/09.
Al día de hoy se desconoce el contenido de estas diligencias de investigación, pero es evidente que se no recibieron declaraciones a los denunciados, ni hacen nada de lo que dice el articulo mencionado, de ser así se habría sabido, y acto seguido las mandan al Juzgado sin formular querella alguna. Es decir, casi tres años después sin hacer aparentemente nada y sin informar a los denunciantes remiten la denuncia originaria al Juzgado y, en su virtud por Auto de fecha 17.03.10 se incoan en marzo de 2010 las Previas nº 90/10 en el Juzgado Central de Instrucción numero 5 de la Audiencia Nacional, en aquel momento dirigido por Garzon y, por Auto de 25.03.10 se acordó el secreto de las actuaciones. Pero en aquella época Garzón estaba muy tocado, de hecho dos meses mas tarde, en mayo de 2010 abandona definitivamente el Juzgado. Eso significa que es el juez Ruz quien realmente dirige la investigación de una forma efectiva.
Todo esto da motivo para pensar que la investigación es muy tardía y puede haber prescripción. En todo caso es algo que pongo sobre la mesa y, a los denunciantes y perjudicados mas les valdría personarse en el procedimiento para colaborar con la justicia y no pelearse por la piel de un oso que esta muy vivo.
Ahora quiero facilitar normas y datos para que cada uno saque sus conclusiones. La norma que rige las investigaciones de la Fiscalia es la contenida en el articulo 5 de su estatuto orgánico que dice así : "El Fiscal podrá recibir denuncias, envidándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo, cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante...Igualmente, y para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan en los atestados de los que conozca, puede llevar a cabo u ordenar diligencias ... A tal fin, el Fiscal recibirá declaración al sospechoso...La duración de esas diligencias habrá de ser proporcionada a la naturaleza del hecho investigado, sin que pueda exceder de seis meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del Fiscal General del Estado...Transcurrido el oportuno plazo, si la investigación hubiera evidenciado hechos de significación penal y sea cual fuese el estado de las diligencias, el Fiscal procederá a su judicialización, formulando al efecto la oportuna denuncia o querella, a menos que resultara procedente su archivo".
Sobre esta norma veamos las fechas que se extraen del propio auto del juez Ruz. La denuncia originaria es de noviembre de 2007, pero las diligencias de investigación son las 4/09, es decir se incoaron en 2009 -primera irregularidad- se sobreapasa el plazo, las diligencias de investigación tienen que abrirse al recibirse la denuncia en ese periodo inicial y solicitar la prorroga en el plazo legal, que en el caso que nos ocupa en atención a la naturaleza de los delitos denunciados podría ser de un año, pero aun así el plazo se sobrepasa con creces. Da la sensación de que dejaron la denuncia durmiendo en un cajón, hasta que a raíz de que los denunciantes reclaman a la Fiscalia, se despiertan y deciden incoar las diligencias de investigación 4/09.
Al día de hoy se desconoce el contenido de estas diligencias de investigación, pero es evidente que se no recibieron declaraciones a los denunciados, ni hacen nada de lo que dice el articulo mencionado, de ser así se habría sabido, y acto seguido las mandan al Juzgado sin formular querella alguna. Es decir, casi tres años después sin hacer aparentemente nada y sin informar a los denunciantes remiten la denuncia originaria al Juzgado y, en su virtud por Auto de fecha 17.03.10 se incoan en marzo de 2010 las Previas nº 90/10 en el Juzgado Central de Instrucción numero 5 de la Audiencia Nacional, en aquel momento dirigido por Garzon y, por Auto de 25.03.10 se acordó el secreto de las actuaciones. Pero en aquella época Garzón estaba muy tocado, de hecho dos meses mas tarde, en mayo de 2010 abandona definitivamente el Juzgado. Eso significa que es el juez Ruz quien realmente dirige la investigación de una forma efectiva.
Todo esto da motivo para pensar que la investigación es muy tardía y puede haber prescripción. En todo caso es algo que pongo sobre la mesa y, a los denunciantes y perjudicados mas les valdría personarse en el procedimiento para colaborar con la justicia y no pelearse por la piel de un oso que esta muy vivo.
lunes, 4 de julio de 2011
NO ES TIEMPO PARA LA SGAE
No es tiempo para la SGAE
04-07-2011 | 5
La SGAE y el ministerio van de la mano en la defensa de los intereses corporativos de la gestora,
Pedro Martínez
Después del tremendo impacto mediático producido por la detención del presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Teddy Bautista, y otras ocho personas más entre las que figuran el director financiero de la SGAE, Ricardo Azcoaga, el director general de la filial digital (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, y el director general de la SGAE, Enrique Loras, por el presunto desvío de fondos en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a través de un complejo entramado societario creado ad hoc, que sin duda se irá aclarando a lo largo de la instrucción que se presume larga y compleja, resulta inevitable que se produzcan ciertos interrogantes, que determinan también otro ámbito de responsabilidades.
La primera cuestión es el tiempo transcurrido desde que se formaliza la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, noviembre de 2007, hasta que esta decide judicializarla en 2010 y desde entonces hasta los registros y detenciones actuales. ¿Qué investigaciones ha llevado a cabo la Fiscalía antes de judicializar el tema? ¿Por qué, una vez en sede judicial aparentemente se inicia la actividad procesal tan tardíamente? Estas interrogantes sin duda deben tener una respuesta razonable, ya que un periodo de tiempo tan prolongado, casi cuatro años, puede significar la prescripción de los delitos investigados.
La segunda cuestión, es cómo esto ha podido suceder en un organismo como la SGAE que se encuentra bajo la tutela del Ministerio de Cultura que debe fiscalizar sus cuentas y, por consiguiente, se debería haber percatado de las irregularidades. Además, en 2007, los medios de comunicación ya airearon la cuestión; de hecho es lo publicado por estos medios la base de la denuncia original, razón de más para justificar la intervención del Ministerio de Cultura. Sin embargo, lo que hemos visto es que la SGAE y el ministerio marchan de la mano en la defensa de los intereses corporativos de la gestora, primando el derecho individual de autor sobre el derecho colectivo a la cultura, con un claro distanciamiento con el sentir social. La plataforma No les votes –que participa en el movimiento 15-M y se gestó precisamente durante la tramitación de la ley Sinde como forma de articular una respuesta al desafío que suponía la ley– es un claro ejemplo de esta ruptura.
Por otra parte, es preciso resaltar que el nombramiento de la controvertida ministra de Cultura, Ángeles González- Sinde, generó un rechazo tan profundo en la Red, sólo superado por los acontecimientos actuales, que dio lugar a una concentración de protesta bajo el lema “Por los derechos civiles, la universalidad y neutralidad de la Red” ante el Ministerio de Cultura, que se celebró el 24 de mayo de 2009, promovida por la Asociación de Internautas según un manifiesto apoyado por organizaciones tan heterogéneas como la Liga Española Pro-Derechos Humanos, otras de carácter político –como Nuevas Generaciones–, algunas de carácter empresarial –como Apemic–, otras en representación de proyectos culturales de vanguardia –como el Cosmonauta–... en lo que puede calificarse como la primera concentración de indignados. Posteriormente se sucederían nuevos acontecimientos, la crisis fundamentalmente, y se irían superponiendo nuevos manifiestos y grupos con nuevas reivindicaciones, entre los que tampoco faltan los antisistema, hasta llegar al momento actual. Pero, en los orígenes de todo esto, un Internet libre y neutral ha sido algo más que una herramienta, también ha sido una reivindicación.
Tampoco se debe olvidar que la ministra fue demandada por afectarle de forma directa y singular las causas de inhibición que establece la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno. La cuestión se encuentra sub iúdice precisamente en la Audiencia Nacional.
Por último, y con independencia de lo que suceda con el procedimiento judicial en el que deben primar las garantías procesales, parece que la SGAE desprende un aparente aroma a corrupción y responde a un modelo de gestión de derechos de autor represivo, que pretende criminalizar a los adolescentes que se descargan una película o a los subsaharianos que venden un DVD en la calle, al grito de “¡nos roban!”. Sin embargo, ahora reclaman la presunción de inocencia. Es un modelo opaco y gastado, en donde no todos tienen derecho a voto y para quienes lo tienen ni siquiera todos los votos valen lo mismo, que carece de transparencia para los socios y para los ciudadanos, que no podemos saber adónde va a parar el dinero que se recauda con el canon que pagamos todos.
En definitiva, es incompatible con las exigencias de una sociedad democrática, defiende un modelo de negocio que no puede competir en el nuevo escenario tecnológico en el que se desarrolla la creación cultural y ha demostrado su fracaso en la necesidad de buscar fórmulas que concilien el derecho individual de autor con el derecho de todos a la cultura y el conocimiento. Por eso sólo –y no por el proceso– tiene que desaparecer.
*Pedro Martinez es jurista
04-07-2011 | 5
La SGAE y el ministerio van de la mano en la defensa de los intereses corporativos de la gestora,
Pedro Martínez
Después del tremendo impacto mediático producido por la detención del presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Teddy Bautista, y otras ocho personas más entre las que figuran el director financiero de la SGAE, Ricardo Azcoaga, el director general de la filial digital (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, y el director general de la SGAE, Enrique Loras, por el presunto desvío de fondos en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a través de un complejo entramado societario creado ad hoc, que sin duda se irá aclarando a lo largo de la instrucción que se presume larga y compleja, resulta inevitable que se produzcan ciertos interrogantes, que determinan también otro ámbito de responsabilidades.
La primera cuestión es el tiempo transcurrido desde que se formaliza la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, noviembre de 2007, hasta que esta decide judicializarla en 2010 y desde entonces hasta los registros y detenciones actuales. ¿Qué investigaciones ha llevado a cabo la Fiscalía antes de judicializar el tema? ¿Por qué, una vez en sede judicial aparentemente se inicia la actividad procesal tan tardíamente? Estas interrogantes sin duda deben tener una respuesta razonable, ya que un periodo de tiempo tan prolongado, casi cuatro años, puede significar la prescripción de los delitos investigados.
La segunda cuestión, es cómo esto ha podido suceder en un organismo como la SGAE que se encuentra bajo la tutela del Ministerio de Cultura que debe fiscalizar sus cuentas y, por consiguiente, se debería haber percatado de las irregularidades. Además, en 2007, los medios de comunicación ya airearon la cuestión; de hecho es lo publicado por estos medios la base de la denuncia original, razón de más para justificar la intervención del Ministerio de Cultura. Sin embargo, lo que hemos visto es que la SGAE y el ministerio marchan de la mano en la defensa de los intereses corporativos de la gestora, primando el derecho individual de autor sobre el derecho colectivo a la cultura, con un claro distanciamiento con el sentir social. La plataforma No les votes –que participa en el movimiento 15-M y se gestó precisamente durante la tramitación de la ley Sinde como forma de articular una respuesta al desafío que suponía la ley– es un claro ejemplo de esta ruptura.
Por otra parte, es preciso resaltar que el nombramiento de la controvertida ministra de Cultura, Ángeles González- Sinde, generó un rechazo tan profundo en la Red, sólo superado por los acontecimientos actuales, que dio lugar a una concentración de protesta bajo el lema “Por los derechos civiles, la universalidad y neutralidad de la Red” ante el Ministerio de Cultura, que se celebró el 24 de mayo de 2009, promovida por la Asociación de Internautas según un manifiesto apoyado por organizaciones tan heterogéneas como la Liga Española Pro-Derechos Humanos, otras de carácter político –como Nuevas Generaciones–, algunas de carácter empresarial –como Apemic–, otras en representación de proyectos culturales de vanguardia –como el Cosmonauta–... en lo que puede calificarse como la primera concentración de indignados. Posteriormente se sucederían nuevos acontecimientos, la crisis fundamentalmente, y se irían superponiendo nuevos manifiestos y grupos con nuevas reivindicaciones, entre los que tampoco faltan los antisistema, hasta llegar al momento actual. Pero, en los orígenes de todo esto, un Internet libre y neutral ha sido algo más que una herramienta, también ha sido una reivindicación.
Tampoco se debe olvidar que la ministra fue demandada por afectarle de forma directa y singular las causas de inhibición que establece la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno. La cuestión se encuentra sub iúdice precisamente en la Audiencia Nacional.
Por último, y con independencia de lo que suceda con el procedimiento judicial en el que deben primar las garantías procesales, parece que la SGAE desprende un aparente aroma a corrupción y responde a un modelo de gestión de derechos de autor represivo, que pretende criminalizar a los adolescentes que se descargan una película o a los subsaharianos que venden un DVD en la calle, al grito de “¡nos roban!”. Sin embargo, ahora reclaman la presunción de inocencia. Es un modelo opaco y gastado, en donde no todos tienen derecho a voto y para quienes lo tienen ni siquiera todos los votos valen lo mismo, que carece de transparencia para los socios y para los ciudadanos, que no podemos saber adónde va a parar el dinero que se recauda con el canon que pagamos todos.
En definitiva, es incompatible con las exigencias de una sociedad democrática, defiende un modelo de negocio que no puede competir en el nuevo escenario tecnológico en el que se desarrolla la creación cultural y ha demostrado su fracaso en la necesidad de buscar fórmulas que concilien el derecho individual de autor con el derecho de todos a la cultura y el conocimiento. Por eso sólo –y no por el proceso– tiene que desaparecer.
*Pedro Martinez es jurista
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